Hace unas semanas el gobierno de México presentó una demanda en Massachussets, Estados Unidos vs 11 empresas de armas en ese país por prácticas intencionales y negligentes relacionadas con la producción y comercialización de armas,
Esta demanda es consecuencia del aumento en el tráfico de armas de ese país, inclusive hay modelos de pistolas y rifles cuyo marketing y diseño van descaradamente dirigidas al mercado mexicano, particularmente a la delincuencia organizada. El tema no es menor, el 70% de las armas confiscadas en Mexico al narcotráfico son de origen estadounidense.
La idea no es cambiar las leyes de Estados Unidos, ellos tienen su segunda enmienda que les da el derecho a poseer armas para defensa personal pero esta enmienda no debería beneficiar a lo delincuencia organizada ni darle el derecho a estas empresas a vender sus armas para que terminen siendo llevadas e México, hay una relación directa entre el aumento en la producción de esas armas y la escalada de la violencia en nuestro país.
Curiosamente a ellos como país también les conviene implementar filtros a la venta y movimiento de armas. Cuando Bill Clinton implementó el “Assault Weapons Ban” hubo una disminución sustancial en delitos de alto impacto en varios estados de nuestro país vecino. Tenemos el ejemplo también de California que siendo el estado con las leyes más estrictas en materia de compra y movimiento de armamento es el séptimo con menores indices de violencia con arma de fuego, aún y considerando que son frontera con México y tienen ciudades grandes como Los Ángeles y San Diego con presencia de importantes grupos delictivos.
La ofensiva no solamente es legal sino también diplomática, recientemente México asumió la Presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ya llevó al pleno de este órgano la discusión del tráfico de armas y ha sido respaldada por la mayoría de los países miembros.
Un obstáculo para que proceda esta demanda es la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas que se promulgó en Estados Unidos en tiempos de George Bush para proteger a las empresas de litigios de terceros en Estados Unidos.
Se pronostica que de proceder será una batalla legal larga, con implicaciones políticas y diplomáticas que podrían desencadenar una compensación económica de hasta 10 mil millones de dólares a favor de México o aún mejor verdaderos filtros y normas para evitar el flujo ilegal de armas hacía nuestro país.