Se cumplen varias semanas de movilizaciones contra el presidente venezolano, Nicolás Maduro. En marzo, catorce países de las Américas solicitaron a Caracas liberar sus presos políticos, permitir la creación de un canal humanitario para luchar contra la escasez, respetar la autonomía del Parlamento, y establecer un calendario electoral. Al 15 de mayo, más de 30 muertos y de quinientos heridos eran el saldo provisorio de este nuevo ciclo de conflicto social.

La situación venezolana viene degradándose desde hace tiempo, en una inexorable pero certera descomposición de la llamada revolución bolivariana. La trama es la misma: el proceso revolucionario bolivariano se enfrenta a una guerra económica, a un golpe continuado y fascista al poder para imponer por la fuerza una contrarrevolución de derecha. O, dicho al revés, la oposición democrática continúa resistiendo el avance de la cubanización de Venezuela dirigido por una trasnochada revolución que es todo menos progresista. Polarización. Hoy, en Venezuela, las instituciones, en vez de distribuir el poder, lo concentran, y por ello su control se convierte en el mayor baluarte de este juego de ajedrez en donde no existe posible ganador.

La crisis empeoró a fines de marzo de 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en manos del oficialismo, intentó adjudicarse las funciones del Legislativo, en manos de la oposición. Se comprueba así, según la oposición, el reino de una dictadura comunista disfrazada en el país. Además de solicitar que se reanudara el calendario electoral que preveía elecciones de gobernadores en 2016, se exigió entonces elecciones presidenciales anticipadas (las próximas están previstas para 2018). La oposición está envalentonada: siete de cada diez venezolanos no apoyan el gobierno de Maduro.

El Palacio de Miraflores (Casa Presidencial) reaccionó de tres formas. Primero, decretó medidas paliativas, como el aumento del salario mínimo mensual de 150,000 a 200,000 bolívares. Se trata de una medida cosmética, pues es Venezuela el país con la inflación más elevada del mundo (el FMI estima que para el 2017, será de 720%). Segundo, planteó la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, lo cual sorprende pues admite que la Carta Magna bolivariana de 1999 debe ser sustituida. Para la oposición, que sólo parece concebir la derrota como desenlace, esta “Asamblea Nacional Prostituyente” no es un chance para revertir el declive, sino un paso en la consolidación del golpe de Estado oficialista iniciado con la suspensión a la elección de gobernadores y el intento de anulación de poderes al poder legislativo. En fin, en medio de fuegos pirotécnicos diplomáticos dignos del chavismo en su apogeo, Venezuela anunció su separación de la Organización de Estados Americanos (OEA). Para Caracas, el ente practica, por medio de su defensa al régimen democrático, una inaceptable injerencia en asuntos soberanos internos.

Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, EE.UU. Honduras, Jamaica, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, y Uruguay, solicitaron al Consejo Permanente de la OEA, desde el 26 de abril, una reunión de cancilleres de las Américas para evaluar la situación. En medio de varios esfuerzos y de mucha decepción, el ente no ha logrado concretizar la reunión (al 15 de mayo, se esperaba que la misma tuviera lugar el último día del mes). Claro, la salida de Venezuela de la organización está lejos de ser un hecho, no solo porque Maduro no puede tomar esa decisión, al menos no en el marco constitucional actual, sino también porque en los 24 meses que tarda el proceso, mucho puede suceder, incluyendo el colapso del gobierno.

Dos signos preocupantes, creo, sin embargo, deben ser resaltados. Primero, la OEA sigue siendo fiel a su persistente incapacidad a constituirse en foro político interregional. Aplicar el artículo 19 de la Carta Democrática Interamericana de nada ayudaría a Venezuela e impondría una auto-exclusión del organismo del escenario nacional (como le sucedió con el caso hondureño en 2009). Segundo, si bien lo sé, hay que evitar ser marioneta de intereses privados (sobre todo en marcos tan polarizados como el venezolano), y soy el primero en argumentar que el primer creador del chavismo fue la miope y egoísta élite venezolana del Pacto de Punto Fijo, que vendió un proyecto de “democracia representativa” que con costos fue tal, se debe tener la lucidez de aceptar que la situación hoy no está bien en ese país: por poco no hay división de poderes, la economía es hoy más dependiente que nunca del petróleo, y el respeto de los derechos de las minorías no parece estar garantizado. ¿Hasta luego Venezuela? Esperemos que no.

Fernando A. Chinchilla

Lima (Perú) y Cholula (México), mayo de 2017