Suman más de 15.7 millones de mexicanos sin empleo por la pandemia de COVID-19

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En abril, 15.7 millones de mexicanos manifestaron no tener empleo, en medio de la emergencia sanitaria por COVID-19.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reveló los resultados de su Encuesta Telefónica sobre COVID-19 y Mercado Laboral, aplicada en abril.

De 68.2 millones de personas encuestadas de 18 años y más, 13.6 millones manifestaron ser Personas No Económicamente Activas (PNEA) y 2.1 millones señalaron ser Población Desocupada Abierta.

De los 13.6 millones de mexicanos sin empleo, 11.9 millones manifestaron deseos de trabajar. De estos últimos, cinco millones consideran que retomarán su trabajo al terminar la emergencia sanitaria.

Los trabajos temporalmente perdidos por el coronavirus son en su mayoría (71.1 por ciento) del sector terciario.

Respecto a las 32.9 millones de personas con trabajo, el 23.5 por ciento laboró desde su casa, para el 46.1 por ciento disminuyó su ingreso y el 21.8 por ciento se mantuvo ausente de su trabajo aunque mantuvo su vínculo laboral.

Más de 90% de las empresas ha tenido afectaciones durante la pandemia; solo 7.8% ha recibido apoyo

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El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) presentó este jueves los resultados de las encuestas para identificar el impacto de la pandemia de COVID-19 en la actividad económica y en el mercado laboral del país.

A nivel empresarial, 93.2 por ciento de las empresas del país se han visto de alguna forma afectadas por la emergencia sanitaria decretada por la pandemia.

No obstante que sólo 7.8 por ciento han recibido algún tipo apoyo ya sea del gobierno o de cámaras empresariales para reducir sus afectaciones.

De acuerdo con la Encuesta sobre el Impacto Económico Generado por COVID-19 (ECOVID-IE), entre las principales afectaciones destaca la disminución de los ingresos de las empresas de hasta 56.3 por ciento.

El 91.3 por ciento de las encuestadas, refiere que esa ha sido su principal afectación, principalmente en las más pequeñas.

Mientras en las grandes unidades económicas la disminución promedio de ingresos es de 27.7 por ciento, en las micro alcanza a 56.7 por ciento. Esto se acompaña de baja de demanda, escasez de insumos, reducción del personal y reducción de remuneraciones y prestaciones.

Inegi reportó que 15.4 por ciento de las empresas han reducido personal y lo han hecho hasta en 44.9 por ciento; mientras que 19.1 han reducido salarios y prestaciones hasta en 49.7 por ciento.

Por otra parte, las encuestas elaboradas vía telefónica por el Inegi, dan cuenta también de que seis de cada 10 se mantuvieron en paro técnico por la contingencia sanitaria.

No obstante, los apoyos no han llegada ni a una de cada diez empresas. Entre abril y mayo, 7.8 por ciento tuvo acceso alguno, el 88.8 por ciento provino del gobierno federal; 8.2 por ciento recibió de cámaras y organizaciones empresariales.

Los apoyos varían. Por ejemplo, las microempresas son las que acceden primero a las transferencias en efectivo, mientras los apoyos fiscales y subsidios a la nómina se centran en las grandes.

Entre las principales razones que dan las empresas del por qué no cuentan con un apoyo, 37.4 por ciento dijo no tener conocimiento de ellos. Otro 18.2 por ciento dijo que la solicitud es demasiado complicada y 17.5 dijo pedir el apoyo, pero no lo recibió.

Dependiendo del tamaño de la empresa, creen que se deben reforzar distintas medidas para la situación actual. Por ejemplo, las reducciones o exenciones fiscales son el rubro más reiterado por grandes y medianas y pequeñas empresas, lo mismo el diferimiento de impuestos.

No obstante, las micro abogan por un mayor respaldo en aplazamiento de pagos por servicios y transferencias de efectivo.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Se perdieron en México más de 12 millones de empleos en dos meses.

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El Banco  de México informó que en el país se han perdido más de 12 millones de empleos, entre trabajos formales e informales, en los meses de abril y mayo. 

Con datos del IMSS y del INEGI, Jonathan Heath, subgobernador del Banxico, presentó una tabla en la que destaca que el acumulado de empleos perdidos entre mayo y abril fue de 12 millones 180 mil.

Además detalló que durante estos dos meses, el impacto más fuerte fue en el sector informal, con más de 8.46 millones de trabajos perdidos, mientras que 3.72 fueron trabajos formales. 

En la tabla se puede ver que el impacto más fuerte para el empleo fue en el mes de abril con 12 millones 460 mil trabajos perdidos; en mayo se generaron 280 mil empleos.

Los datos compartidos por el Banxico muestran que el total de empleos perdidos de tiempo completo fue de 20 millones 140 mil. De estos, 7 millones 960 mil personas fueron subempleadas (es decir, les recortaron la jornada laboral a medio tiempo).

Si se le quitan los 7.96 millones a los más de 20 millones de empleos de tiempo completo perdidos, la cantidad de trabajos que se perdieron definitivamente es la de 12 millones 180 mil.

 

 

(Con Información de El Financiero) 

INEGI reporta una inflación de 3.33% en el mes de junio

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De acuerdo a lo que reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el mes de junio el índice de precios al consumidor registró un alza de 0.55% respecto al mes anterior, así como una inflación anual de 3.33%.

Como resultado, los precios de los alimentos procesados y vegetales han sido los que más se encarecieron en el último año, teniendo subidas de 6.59% y 13.44% respectivamente. 

Los energéticos destacaron por se el único grupo de bienes cuyo costo ha bajado entre junio del año pasado y este. El grupo exhibe una disminución de 4.57%, de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Inegi detalló de igual forma que el índice subyacente, donde se comprenden los insumos de precio más estable, se incrementó 0.37% mensual y 3.71% anual: el costo de las mercancías creció 0.6% y los de los servicios 0.11% entre mayo y junio.

En cuanto a la inflación no subyacente, el que se ve afectado por la volatilidad, aumentó 1.12% mensual y 2.16% anual. Al interior de éste, los precios de los productos agropecuarios retrocedieron 2.09%, mientras que los precios de los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 3.85% también en un solo mes.

Por último, se documentó que en Chiapas, Yucatán, San Luis Potosí y ambas Baja California es donde más se encarecieron los bienes y servicios que registra el indicador, mientras que en Nuevo León, Tlaxcala, Puebla, Guerrero y Querétaro fue donde ocurrió la mayor baja. 

Con información de La Jornada

El monstruo de la corrupción

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Uno de los grandes retos de México ha sido enfrentar de manera efectiva la corrupción y sus consecuencias sociales, políticas y económicas. En 2019, el costo calculado de la corrupción fue de 12,770 millones de pesos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. Esto es dos años de presupuesto de Monterrey, aproximadamente. 

Una de las problemáticas ha sido lograr entender en su totalidad su impacto y sus múltiples facetas y presentaciones. Para darnos una idea de cómo se puede presentar la corrupción, les comparto un pequeño listado de las faltas administrativas y delitos de corrupción: cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, soborno, chantaje, procedimientos ilícitos, entre otros tantos. Para complicar más las cosas no hay claridad legal para saber cuándo estos actos serán considerados faltas administrativas y cuándo serán delitos. 

No sólo es una maraña de delitos y faltas administrativas, también son un mundo de instituciones las que deben estar involucradas y coordinadas en la persecución de estos hechos ilegales que plagan nuestro día a día. Desde órganos internos de control, contralorías, auditorías, fiscalías especializadas y juzgados administrativos. Esta coordinación no se ha dado y no parece que haya interés para que se dé. 

En México 62% cree o ha escuchado que existe corrupción en trámites de gobierno, 44% conoce a alguien que refirió actos de corrupción en sus trámites y 15% han experimentado un caso de corrupción en su trámite. En general 87% de la población consideramos que los actos de corrupción son frecuentes. A nivel nacional, el acto más frecuente de corrupción es al tratar con la seguridad pública, y en Nuevo León en segundo y tercer lugar encontramos los trámites de propiedades y trámites para la apertura de empresas respectivamente. También vemos como hay casos donde al hacer un trámite hay largas filas, te pasan de una ventanilla a otra, te mandan a un lugar muy lejano, hay requisitos excesivos, horarios restringidos y costos excesivos. Todas pequeñas acciones que incitan a la corrupción por parte de ciudadanos y funcionarios. 

Durante la presidencia de EPN se cristalizó un esfuerzo de la sociedad civil organizada, donde miles de personas y organizaciones impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), los cuales tienen como objetivo coordinar a los actores nacionales y estatales para desarrollar estrategias y políticas que identifiquen, investiguen y sancionen todos los hechos de corrupción. 

A pesar de estos esfuerzos el cambio de gobierno llegó con un cambio de timón claro en el combate a la corrupción donde el SNA y los SEA no parecen tener cabida. Ya contamos con la legislación, pero el reto entra en su fase crítica de implementación al mismo tiempo que no hay voluntad política que siga impulsando estos sistemas. El Gobierno Federal actual ha declarado una lucha contra la corrupción en el discurso, pero sigue siendo la misma lucha partidista de décadas de defensa a mis amigos y justicia a mis enemigos. 

La corrupción es compleja y prácticamente universal. Hemos visto que puede ir desde un proveedor a nivel municipal, hasta la misma presidencia. Para combatirla efectivamente lo que se necesita es una pelea institucional, donde la identificación, investigación y sanción no dependa de quien está en el poder sino de los contrapesos institucionales. Ya está la ley y las herramientas para recopilar las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los funcionarios, ahora necesitamos líderes políticos que busquen implementar y profesionalizar el sistema. 

El SNA y los SEA son un primer intento para combatir la corrupción, pero urge seguir en esa dirección con contralorías municipales independientes, auditorías apartidistas, análisis de contratos y declaraciones patrimoniales con inteligencia artificial y blockchain para protección de datos personales. Todo esto es posible si desde la sociedad civil, la academia y la ciudadanía seguimos impulsando por enfrentar la corrupción con acciones concretas y no palabras, con expertos y profesionales y no buenas intenciones. Porque si no enfrentamos con instituciones y contrapesos la corrupción seguiremos teniendo Casas Blancas, casas de Bartlett, desvíos de Polevnsky, propiedades de Ackerman y Sandoval, Estafas Maestras y Odebrechts.

Cae actividad económica 17.3% en abril, el peor desplome de registrado: Inegi

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Las afectaciones económicas que han ocasionado la pandemia de Coronavirus (COVID-19) han indicado un hundimiento de 17.3% en la actividad económica durante el mes de abril, el primer mes de la Jornada Nacional de Sana Distancia que obligó a la suspensión temporal de actividades no esenciales.

Este es el desplome productivo más severo del que se tenga registro, ya que fue a partir de febrero del 1993 que se comenzó a publicar este indicador con variación mensual llamado Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE), el cual el INEGI publicó esta mañana. 

Con este resultado, la economía nacional acumula tres meses a la baja, pues desde febrero que tiene una tendencia negativa.

Por un lado, las actividades relacionadas con los servicios presentaron un descalabro sin precedente de 14.4% en abril, las cuales contribuyen con dos terceras partes de la economía y están asociadas al consumo de los hogares en el país. 

Hablando del sector industrial, el cual es el que aporta la otra tercera parte de la economía y está más ligado con el comercio exterior, registró una contracción de 25.1%.

Por último, las actividades agropecuarias se redujeron 6.4%, estas representan menos del 4% de la economía nacional.

La paralización de la producción y el comercio exterior ocasionó importantes daños a la economía. El consumo y las inversiones se frenaron, ocasionando igual fin al crecimiento. Esto se reflejó en una pérdida de más de 555 mil empleos formales en el país solamente durante el mes de abril, esta habría sido la mayor caída en empleo de la historia.

La recesión actual, se argumenta, es la más profunda registrada en décadas, esto lo confirma el desplome de 17.3% en la actividad económica, el cual es cinco veces más profundo al registrado en enero del 2009 de 3.2%.

Inclusive, es tres veces más severa que el retroceso de 6% observado en 1995 cuando ocurrió el llamado ‘error de diciembre‘, que desencadenaría en el Efecto Tequila.

Con información de El Universal 

¿Y la corrupción?

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El combate a la corrupción es uno de los grandes temas que fue abanderado por la actual administración durante las elecciones del 2018. Andrés Manuel López Obrador, ha mencionado múltiples veces que la corrupción es el origen de diversos problemas en México, y que él barrería estas prácticas como a una escalera “de arriba hacía abajo”. Si bien, el análisis es correcto y la corrupción es uno de los grandes temas pendientes, las estrategias y políticas públicas no pueden justificarse sin evidencia científica, ya que no entender el fenómeno de la corrupción impacta de manera considerable en su disminución o aumento. 

Recientemente, el INEGI emitió los datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, y podemos ver que existen aciertos y retrocesos que son importantes insertar dentro del debate público. De acuerdo con dicha encuesta, la percepción ciudadana sobre la frecuencia de la corrupción, tuvo una disminución de 91.1% en 2017 a 87.0% en 2019, ello quiere decir que existe un avance del 4.1%., podemos atribuir la disminución a la narrativa loprezobradorista sobre la ética en el servicio público y la manera discursiva con la cual se ha manejado sobre este tipo de temas. 

Si bien, por primera vez en nuestro país se formuló una Política Nacional Anticorrupción por el Comité Nacional Anticorrupción sumado con el énfasis de López Obrador sobre este tema, lamentablemente, la prevalencia de hechos de corrupción aumentó a una tasa del 15,732 en 2019, una diferencia de 1,097 sobre el 2017. Esto quiere decir que existe una mayor frecuencia de reportes de hechos  relacionado a la corrupción durante el año pasado. Esto va relacionado a un tema muy preocupante que es el aumento costo de la corrupción, ya que respecto al 2017, en 2019 subió un 68%, teniendo un valor total de 12,770 millones de pesos y 3,822 pesos por persona, lo que quiere decir que a la población le está costando de manera significativa la realización de pagos, trámites y solicitudes de servicios públicos, afectando el acceso e ingresos de las personas. Aquí debemos hacer un paréntesis y aclaración, si analizamos los tipos de contactos con la autoridad en donde existió dicho aumento de prevalencia y costo, vemos que en su gran mayoría son temas locales como tenencia o impuestos vehicular, seguridad, educación, etc. Esto es importante que refuerza este señalamiento de diversos académicos y expertos en temas de corrupción, que señalan las estrategias locales son imperativas para poder combatir de manera efectiva la corrupción, ya que son el primer contacto con el ciudadano, haciendo especial énfasis en los ayuntamientos. 

En temas específicos, vemos que la corrupción aumentó en rubros como de servicios municipales que son permisos para vender en vía pública, servicios de agua potable y drenaje, etc. Si bien, los índices de corrupción sobre contacto con elementos de seguridad pública se mantiene casi igual, aún así continúa elevado el porcentaje ya que el 59.5% de la población que tuvo contacto con la policía sufrió de un hecho de corrupción, lo cual nos obliga a atender los orígenes y medios de control para evitar las malas prácticas dentro de los cuerpos policiacos. Todo lo anterior contrasta con la percepción de la confianza en instituciones públicas, ya que se percibe un aumento en la confianza al gobierno federal, gobiernos municipales estatales, jueces y magistrados, policías, etc. 

Otra evaluación que puede sumar al análisis es el índice de Percepción de la Corrupción de 2019 realizado por Transparencia Internacional ya que nuestro país avanzó 8 lugares en dicha evaluación, y lo más importante es que se detuvo la caída que durante 5 años consecutivos se tuvo durante la administración de Enrique Peña Nieto. En gran medida, esto se debe al énfasis de López Obrador en combatir la corrupción y los casos que la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera han llevado a cabo. 

Debemos que repensar la estrategia. Estos datos son reveladles ya que confirma lo que se  ha señalado desde un inicio: no se puede basar la estrategia únicamente en el ejemplo del de arriba. La corrupción es un fenómeno completo con múltiples aristas, la administración pública federal es sólo 1 elementos de los muchos que existen sí queremos tener un avance significativo. Debemos que incluir la perspectiva local y enfatizo a los ayuntamientos ya que son ese primer contacto ciudadano y el aspecto más vulnerable dentro del federalismo mexicano. Tenemos que reforzar el Sistema Nacional Anticorrupción y verlo no cómo una herencia priista sino como una herramienta muy efectiva para el combate a la corrupción. Un tema importante además de la sanción y la impunidad, es la prevención, ya que uno de los pendientes es evitar futuros actos de corrupción, y creo que Andrés Manuel López Obrador debe medir el impacto de su llamada “austeridad republicana” y el recorte al gasto operativo de la administración pública federal, que si bien, aquí existe un tema de impacto negativo en la  eficacia de la gestión pública, es claro que dejar inoperante a los órganos públicos puede incidir en la prevalencia de casos y costos de la corrupción. Considero positivo que existe un interés y voluntad de la actual administración en estos temas, sin embargo, la voluntad política debe ir acompañada de acciones bien pensadas y estructuradas que vayan más allá del discurso y la narrativa. 

reneramirezbenitez@gmail.com 

Mientras la pobreza aumenta a causa de la pandemia, México limita los estímulos a la economía

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Esta columna es parte del análisis Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta este y otros temas haciendo clic en https://bit.ly/Reporte19 

El Financial Times expone que mientras otras naciones aprobaron grandes paquetes de estímulo u ofrecieron exenciones impositivas para ayudar a las empresas a mantenerse a flote y preservar empleos, la principal respuesta del Presidente López Obrador fue otorgar créditos a microempresas.

El único incentivo económico anunciado por el gobierno federal durante la pandemia -los microcréditos- ha tenido un impacto de apenas el 25% de su público objetivo.

Si bien un préstamo de 25,000 pesos podría ayudar a personas con cierto tipo de micronegocios, le sirve de muy poco a pequeñas y medianas empresas. Por ello no se espera que contribuyan considerablemente a proteger los empleos.

Como lo expusimos en Reporte-19, más de 12 millones de personas han visto suspendidas sus actividades laborales según el INEGI, y más de 10 millones de personas tienen riesgo de caer en la pobreza de acuerdo al CONEVAL.

Aproximadamente la mitad de la población mexicana trabaja en el sector informal sin beneficios como cobertura de salud y no existe seguro de desempleo.

Aunque la tendencia global es usar el gasto público para proteger a las familias más vulnerables, proteger el empleo y reactivar la economía, la postura de la administración López Obrador no ha variado.

Esto a pesar de la reciente línea de crédito otorgada a México por el Banco Mundial y la recuperación de 28 mil millones de pesos en impuestos pendientes, que fueron cobrados a multinacionales como Wal-Mart y FEMSA.

México tiene una línea de crédito flexible de 61 mil millones de dólares del FMI, por la cual paga 163 millones al año, incluso si no la aprovecha. Esto podría usarse para financiar un paquete de estímulo económico más amplio.

La decisión del gobierno federal de no brindar apoyo a pequeños y medianos empresarios podría tener un efecto considerable en aumentar la desaprobación de la clase media a la gestión de AMLO.

Mientras tanto, está por verse si el Presidente y su partido apoyan la propuesta del Ingreso Vital de Emergencia.

#PolíticaAPie: “La reversa también es cambio”

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Durante 18 años un tabasqueño señalaba, criticaba y proponía como él si podía con el país, desde cosas fáciles, como perforar un pozo petrolero, hasta ponerse al tu por tu con Donald Trump. Durante sus dos derrotas presidenciales, Andrés Manuel López Obrador parecía ser el un ungido (porque así lo cree él) para darle a nuestro país la gloria que tanto merece, proyectos fantasiosos, difíciles, pero como asegura, con el apoyo del pueblo los consolidaría. Spoiler, no los hace tan buenos como los platicó, no es lo mismo ser borracho, a ser cantinero.

Son dos proyectos los que abanderan la causa (necedad) de la 4ta Transformación: La refinería de Dos Bocas en Tabasco y el Tren Maya en la península de Yucatán, lo cual no suena mal, si fuera 1990, esto cuando la economía y todos los países empiezan la migración a energías limpias y nuestro país puede ser potencia en ese rubro, en el caso del tren, se presenta cuando los países mueven sus trenes de pasajeros con energía eléctrica. Obras que beneficiarían a cualquier país, pero aquí no contábamos con que el presidente se empaña en hacer todo lo contrario a la lógica y a la razón.

La refinería de Dos Bocas llegará a nuestro país, si es que la terminan en su sexenio, después de depredar completamente toda la zona en la cual se planea instalar, además, dentro de los estudios que se hacen para ver la capacidad de producción no es nada alentador, ya que al parecer seguiremos importando gasolina, lo cual, la solución termina siendo parte del problema. Producirá más, pero con el pleito de México con la OPEP, el petróleo mexicano tiene incertidumbre, una cosa es sacarlo, otra venderlo. Ahora el flamante y fraudulento Tren Maya se echo andar la construcción este mes, porque ya le apuraba inaugurar algo al parecer, lo cual sigue lleno de inconsistencias, esta semana el precio de construcción se elevo 13%, se determina que mas del 60% de las especies que habitan la selva están en riesgo y para ponerle la cereza a este pastel que nadie quiere, resulta que el Tren Maya funcionara con diesel, así es, contaminando aún más la zona y dejando a un lado la posibilidad de tener algo bueno en medios de transporte, regresaremos al siglo XX con transporte en base a combustión, lo mas curioso es que México no tiene, ni tendrá con la refinería de Dos Bocas, la capacidad ni la producción de diesel para alimentar al Tren Maya, lo cual hace que sea necesario importar el combustible, ósea que nos saldrá la misma o peor, como les digo, una buena idea en las manos equivocadas puede terminar muy mal.

Cuando pareciera que la 4T no tendría suficientes problemas que solucionar, el neoliberal COVID19, este virus oriental que llego para quedarse, y últimamente solo nos permite ver como el Presidente López Obrador contradice absolutamente todo lo recomendado por Hugo Gatell, que preocupante ver como un epidemiólogo, alguien que le sabe al tema, termina haciéndose a un lado por parte de los constantes dichos de su jefe. Hasta el momento han reportado casi 15,000 decesos y alrededor de 130,000 casos confirmados de coronvirus, registrando nuevos records de contagios diarios, ¡ni el mismo Wuhan pasaba esto! Sabemos que el confinamiento genera perdidas y desesperación en la población, pero de nada servirá si además de poner el semáforo en rojo, las autoridades de salud no se ponen en su papel y promueven medidas de sanidad necesarias en todos los estados. Mientras tanto, ¿Qué hace el presidente?, ¿Qué hace el señor?, pues se dedica a decir en sus conferencias mañaneras que no tengamos miedo y que salgamos a las calles, si de irresponsabilidades hablamos, el Presidente que no usa cubrebocas, es el mejor ejemplo. Seguimos siendo calificados como los peores, normal en esta 4T.

Me encantaría dejar de escribir cosas en las cuales la 4T no ha decepcionado, pero ahora con la difusión de los cinco créditos que ha pedido el Gobierno de López Obrador al Banco Mundial, para financiar sus obras y reparticiones de dinero que abiertamente reparten disfrazadas de “becas”. Con esto, otra vez miente y decepciona al decir en su campaña de 18 años que no pediría créditos, ni deuda para el país, pero al final dijo el ganso que no, que era necesario y que a aparte ya lo había pensado, en fin la hipocresía, o ¿Cómo ven?

Me gustaría dejar de hacerlo, me gustaría, pero a estas alturas del partido, a un año de las elecciones intermedias, defender las ocurrencias del Presidente es masoquismo puro. Hasta la BOA, que termino como un documento todo mal redactado saliendo desde las oficinas de la SEGOB. En fin, el viejo truco de los socialistas, cuando todo sale mal, hay que culpar a alguien más.

Sé que lo cambios no se dan de la noche a la mañana, para algunos el gobierno de Andrés Manuel está justo a tiempo para enderezar el timón y apuestan por su proyecto, pero para algunos, cada vez más, más tiempo significaría más ocurrencias y menos resultados, la violencia sigue su escalada, el INEGI reporta que los ciudadanos perciben en su última medición, altos índices de corrupción en su gobierno, lo cual no cuadra con el mensaje que tanto recalca y que hasta para curar el coronavirus sirve.

Cuidado organismos autónomos, cuidado INE, cuidado AFORES, cuando se le empiecen a acabar las ideas al señor presidente, con la excusa de la corrupción, va a poner la mira en ellos. Ya sabemos cual es el resultado después de que López Obrador se aferra a algo, lo asfixia, lo transforma y lo pone a su servicio, como lo hace actualmente con México.

Cuando prometieron cambio, no sabíamos que la reversa también es cambio.

Es hora de hablar de la policías en México

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La muerte de Giovanni López en manos de cuerpos policiacos en Ixtlahuacán, Jalisco, nos hace revivir un tema que diversos gobiernos han preferido ignorar y no resolver, dejando que crezca y crezca y siga creciendo, generando víctimas: la situación de las policías locales. Independientemente de los tintes políticos del caso, no debemos perder de vista que gran parte del problema y el origen del mismo, es la situación generalizada de las policías locales en México. La agenda pendiente para mejorar la eficacia y situación de las corporaciones policiacas, se debe a una falta de visión integral sobre seguridad pública.

Debemos entender, que las policías locales son ese primer contacto de la ciudadanía con los aparatos del Estado, desde esa perspectiva, podemos afirmar que ellos son los que conocen las dinámicas comunitarias de la violencia, su posición en una comunidad puede tener un impacto positivo para el mejor desarrollo de una comunidad, ya que “este conocimiento es indispensable para atender conductas antisociales y promover una convivencia pacífica entre los vecinos, con un uso mínimo de la fuerza” (López, 2019). Esta perspectiva de primer contacto ciudadano, facilitador de soluciones comunes y su conocimiento de la situación local, nos hace ver lo imperativo de las reformas y políticas públicas en materia de seguridad pública tengan como base estos puntos partida.

Sin embargo, la población tiene un nivel de satisfacción muy bajo de las policías, la segunda peor calificada, conforme a la ENCIG 2019 del INEGI, esto se debe en gran medida a esos comportamientos y acciones sistemáticas y muy arraigadas en muchas instituciones policiacas a nivel local. Si vemos que, conforme a los artículos 41 fracción V, 65, 66, 67, 68 y 69 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se prevé el Certificado Único Policial (CUP), el cual es el aval de capacitación y conocimiento básico en sus tareas, sin embargo, de acuerdo con una investigación de Animal Político, sólo el 27.5% de las policías locales y municipales cuentan con un CUP, lo que se traduce en 1 de cada 4, en términos generales, ninguna entidad federativa cuenta con el 100% de sus cuerpos policiacos certificados. Esto nos muestra una parte del problema, el cual es la falta de capacitación y educación completa, y entender que el ejercicio de la seguridad pública debe ser considerada desde una profesionalización, ya que en la concepción tradicional sólo es considerada como una labor más que ignora su importancia y relevancia social.

Si analizamos el índice de Desarrollo Policial (INDEPOL) desarrollado por la organización Causa en Común, que genera indicadores como la carrera policial, certificación, profesionalización, seguridad social y régimen disciplinario, la organización concluye que “ninguna corporación policial del país cuenta con los mecanismos institucionales para cumplir plenamente con los requisitos mínimo de ley y las corporaciones policiales en el país subsisten precariamente, no se desarrollan“. Esto es de preocuparnos, ya que no se están tomando las medidas adecuadas para que las policías tengan una  formación adecuada. Del INDEPOL 2018 se puede señalar que  en 14 entidades, durante 2015, 2016, y 2017 no sesionó en ninguna ocasión la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, el cual es el órgano encargado de las directrices para formar verdaderos profesionales en las instituciones de seguridad pública.  Así como es importante tomar la carrera policial como una verdadera profesión pública, se debe tener en cuenta que existe una mala educación sobre prácticas apegadas a  los  más altos estándares de derechos humanos, y esto se ve reflejado en el alto índice de quejas y recomendaciones por violaciones a los derechos humanos ante Comisiones locales en la materia. Esto resulta muy importante para obtener buenos resultados, ya que al estar en contacto directo con situaciones no de alto impacto, responder de manera proporcional apegado a prácticas adecuadas en atención ciudad y tener protocolos bien establecidos para la atención de crímenes de alto impacto, abonan a reducir violaciones graves a los derechos humanos y romper con el actual ciclo de abuso de la fuerza. A esto debemos señalar las condiciones adversas con las cuales deben desempeñar sus labores, con salarios ínfimos y con pocas o nulas prestaciones, las cuales tampoco generan un incentivo para profesionalizar o incentivar a los cuerpos policiacos a mejores estándares o prácticas.

Otra dimensión del problema son los recursos públicos para las corporaciones policiacas, ya que  el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) que se transfiere a las entidades federativas el cual pare el 2020 son 7, 436, 542, 144.00 millones de pesos, y vemos que existe una mala aplicación e inversión de dichos recursos, un fenómeno preocupante en los estados es el subejercicio de dicho fondo, ya que la gran mayoría tiene un subejercicio debido a dos grandes factores, primero al “incumplimiento de metas y objetivos del fondo y el segundo, como resultado de la incapacidad o la imposibilidad de ejercer el total del recurso “. La suma de estos factores, nos deja que ver gran parte del problema es que la situación dentro de dichas instituciones no permite grandes avances. Lo que sucedió en el caso de Giovanni no debe volver a ocurrir, y para ello debemos tomarnos el papel de las policías locales enserio. Desafortunadamente, “el diseño institucional que regula la función policial en México las coloca prácticamente como meras espectadoras de los problemas de seguridad”. Es por ello que es urgente una reforma integral al sistema nacional de seguridad pública que impacte a nivel local. Las dinámicas locales tienen una tendencia a ser más efectivas y exitosas, y ese ha sido la reforma pendiente. En ningún momento considero que se pueda (y deba) justificar el actuar de los policías que mataron a Giovanni, sin embargo, la situación deja al descubierto que debemos cambiar la estructura y políticas públicas para evitar a más víctimas en manos de policías. Mejores controles internos, rendición de cuentas y transparencia sobre los programas internos y políticas institucionales son puntos que también se debe exigir a los gobiernos locales. Como lamentablemente señaló la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés): “durante más de dos décadas, sucesivos, gobiernos mexicanos han tomado medidas para crear fuerzas policiales más profesionales, modernas y mejor equipadas. Aunque estas reformas han incluido elementos positivos, no han logrado establecer sólidos controles internos y externos sobre las acciones policiales, lo que permite que continúe un patrón generalizado de abusos y corrupción”.  

reneramirezbenitez@gmail.com 

Twitter: Renesito_