La seguridad pública sigue siendo una prioridad para la ciudadanía y el Estado mexicano. Este año será el más violento en materia de homicidios dolosos desde que se lleva la estadística del delito el cual se incrementó en 25 entidades del país. La violencia la genera la delincuencia organizada debido a los miles de millones de dólares que sus actividades le reportan, dinero con que compran armamento, infiltran instituciones, destruyen el tejido social, y extienden sus redes hacia otros delitos en el nivel nacional y trasnacional. Por ello, la seguridad pública, la de todos los días, es central para los tres Poderes de la Unión y debiera serlo para las 32 entidades federativas, dado que un Estado que no puede garantizar la vida y los bienes de sus habitantes está en riesgo de disolución.

En  México sólo 900 municipios realmente tienen corporaciones policiales, el gasto en seguridad pública se duplicó en 10 años y la violencia se mantiene, y el mando único para las policías estatales está pendiente; por otra parte, algunos delitos que afectan sustancialmente a las personas se incrementaron, y existen desafíos legislativos que resolver en materia del sistema de justicia penal acusatorio. Todo ello más el proceso de construcción de la Fiscalía General de la República, la transformación de las Fiscalías del país, y la puesta en operación del sistema nacional anticorrupción que supone cambios de envergadura en diversas  instituciones del Estado para iniciar una verdadera campaña contra la corrupción.

En el caso de los delitos y el sistema de justicia penal acusatorio existe una serie de tareas a esclarecer. Como antes se señaló, en México los homicidios dolosos crecieron de forma significativa: en 1997 fueron 16 mil 886 casos; en 2016 fueron 22 mil 967, y a septiembre de 2017 sumaron 18 mil 637. A la violencia de la delincuencia organizada ahora también se suma el mayor uso de armas de fuego en riñas y venganzas, en el robo con violencia, en el robo a transeúnte, y en el robo a casa habitación. Por ejemplo, en el delito de robo a negocio las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNS) muestran que creció en toda la República de modo ostensible: el 66 por ciento de las entidades presentaron incrementos entre el año 2016 así como en 2017.

Mientras tanto la portación de armas no es delito grave. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en cinco años se incrementó el número de armas en los hogares del país: de 145 mil 939 en 2011 a 232 mil 746 en 2016. Por ello, la Conferencia Nacional de Procuradores y la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública solicitaron que los delitos con uso de armas de fuego sean parte del catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa; y que la portación de armas sea considerada un delito grave; estos cambios son parte de la agenda Legislativa que debe atenderse en beneficio de la sociedad.

La seguridad es tarea de todos y si el robo en sus diferentes modalidades con violencia no amerita la prisión preventiva oficiosa porque así está en la ley, pues hay que cambiar la ley para proteger a la sociedad; mismo caso de la prisión preventiva justificada que en unos casos si se concede y en otros no ante quienes roban negocios, casas, y personas. Quienes venden armas difícilmente son llevados a prisión preventiva y menos aún a prisión preventiva justificada, mientras que la cifra de homicidios y de robos con violencia sigue creciendo. Estos son algunos de los desafíos a resolver y que reclaman la acción del Legislador para tener las leyes acordes a la realidad que vivimos.