Me duele vivir en un México en el que a las mujeres y a las niñas las violentan, las violan, las desaparecen, las matan, las dejan tiradas en campos valdíos, en sus propias casas, en el terreno de sus universidades, en las calles. Un país en donde reina la impunidad para los  múltiples (¡y diarios!) casos de feminicidios. 

Un México en el que, cuando las mujeres se levantan y toman las calles exigiendo justicia, el Estado les responde con:

 1. Represión de la protesta, como sucedió en los casos de Guanajuato (22 de agosto), Cuidad de México (28 de septiembre), Estado de México (11 de septiembre), por mencionar algunas.

2. Detenciones arbitrarias en el marco de las manifestaciones (como ejemplo, las más recientes protestas llevadas a cabo en Guanajuato y Chihuahua).

 3. Desligitimación del movimiento feminista, llamándolas infiltradas, falsas feministas, entre otros (des)calificativos en las conferencias mañaneras y en el discurso público.

4. Invisivilización de las cifras reales de violencia de género, como cuando se declaró en el más reciente Informe Presidencial que los feminicidios habían disminuido, mientras que, contrario a lo ahí expuesto y de acuerdo a las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de 2020 se registraron 556 feminicidios, lo que representa un incremento de 5.4 por ciento con respecto a 2019.

5. Desacreditación de quienes apoyan al movimiento feminista, resultando en el despido de una mujer que donó a la Okupa en la Comisión Nacional de Derechos Humanos  (como resultado de las declaraciones de Jefa de Gobierno de CDMX).

6. Bloqueo de recursos para refugios de mujeres en situación de violencia de género durante la pandemia.

7. Propuesta de reducción del presupuesto de INMUJERES para 2021. 

8. Propuesta de extinción de fideicomisos, incluyendo apoyo a protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Y sigue la lista. 

Y, mientras tanto, no hay propuestas puntuales para fortalecer las alertas de género, no se habla de impulsar políticas públicas más eficientes en materia de acceso a la justicia para las mujeres, no se impulsan nuevos programas para prevenir la violencia de género, para construir nuevas masculinidades; no se comprenden las razones de las protestas ni se construyen propuestas con perspectiva de las víctimas, de las mujeres que buscan a sus hijas e hijos, que quieren justicia para sus hijas, para sus familiares víctimas de feminicidio.