El ex consejero del INE, Marco Antonio Baños, indicó que el Congreso local de Nuevo León debe ejercer su soberanía u , dejando a un lado intereses políticos, sancionar al Gobernador Jaime Rodríguez Calderón con una multa ejemplar y su separación temporal del cargo.
Baños, quien participó en la investigación del Instituto Nacional Electoral sobre el uso de recursos públicos para obtener las firmas de apoyo que requería Rodríguez para su candidatura presidencial en el 2018, dijo que la gravedad de las faltas está acreditada y no pueden darle un castigo “light”.
Por otro lado, lamentó que el Congreso esté a punto de cumplir dos años sin concretar un castigo para el gobernador y el Secretario General de Gobierno, Manuel González, como lo ordenó la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
Además, estimó que la multa debe ser mucho mayor a los 317 mil 022 pesos que se plantearon en el dictamen que se voto el pasado viernes en el Congreso.
“Me parece ridículo que se considere una amonestación pública y una multa apenitas por arriba de los 300 mil pesos, porque si el castigo es una multa, pues esta debe ser ejemplar. Y para ellos debe definirse con exactitud cuántas fueron las horas que estos 572 servidores públicos dedicaron a recabar las firmas del Bronco… y eso debería ser lo que tendría que regresar, más un porcentaje que, en mi opinión, debería de ser de un 50 por ciento más. También se tiene que revisar la posibilidad de una suspensión en el ejercicio del cargo, a lo mejor no una destitución, pero sí una suspensión para que cumpla una sanción, no soy partidario de la destitución, pero sí debe proceder la suspensión”, señaló.
“Más allá de propósitos políticos tiene que establecerse una sanción ejemplar, porque una multa de 300 mil pesos no lo es, muerto de la risa lo vuelve a hacer. Si el Bronco se separó del cargo con una licencia para ir con una candidatura, también se le puede separar para sancionarlo, sin que sea por lo que resta de su gestión, para que no se entienda como una destitución. Sé que están pendientes recursos en la Suprema Corte, pero en ejercicio de su soberanía, el Congreso local debe tomar una decisión ya”.
Cabe recordar que el pasado viernes, luego de incumplir en dos ocasiones con plazos establecidos por el TEPJF para que se castigue a los dos funcionarios por desvío de recursos, el Congreso intentó hacerlo llevando al Pleno una propuesta para amonestarlos públicamente y multarlos con 90 días de su salario a cada uno, dictamen que no fue aprobado, y el expediente regresó a la Comisión Anticorrupción para que se elabore otra propuesta.