La Taquería

Lo pequeño es hermoso: El precio del progreso

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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“Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius–and a lot of courage to move in the opposite direction.”
 — Small is Beautiful, en The Radical Humanist, Vol. 37, No. 5 (agosto de 1973), p. 22

Ya es casi un lugar común decir que lo que ocurre en Nuevo León estos días parece sacado de las escenas más impactantes de Interstellar. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante es que, a pesar de la crisis ambiental, la rutina en el estado apenas cambia. Sí, hay marchas los domingos, organizadas en horarios convenientes, pero parecen más un acto de simulación política que una verdadera exigencia de cambios en las políticas ambientales hacia la industria.

Las imágenes de la contaminación desmedida en la ciudad nos obligan a una reflexión: ¿realmente vale la pena? Cuando la generación de riqueza atenta contra la salud pública, cuando se vuelve “recomendable” no salir de casa, evitar los parques y renunciar a cualquier actividad al aire libre, el costo del progreso se vuelve evidente. Hospitales llenos de niños y adultos con problemas respiratorios nos recuerdan que tal vez sea hora de cuestionarnos si el “cambio está en uno” o si, en realidad, estamos ante un problema estructural que nos rebasa.

La bendita industrialización

Lo menos criticable en las ciudades metropolitanas de nuestro país, como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, es que, sin lugar a dudas, existe una mayor oportunidad de vida profesional. Esto es indiscutible.

En el caso de Monterrey, las raíces industriales se remontan a la época en que el General Porfirio Díaz designó a Bernardo Reyes como Gobernador del Estado. Nuevo León reconfiguró su vocación industrial después de la pérdida de más del 50% de su territorio, lo que acercó la frontera y abrió la puerta a nuevas oportunidades. Mi hipótesis es que, si este hecho histórico no hubiera ocurrido, tal vez Monterrey no sería lo que es hoy. La proximidad al mercado más grande del mundo obligó a la región a establecerse como un proveedor clave, buscando asociarse con dicho gigante económico.

A finales del siglo XIX, las políticas económicas implementadas permitieron reducciones y estímulos fiscales que atrajeron a empresarios de diversas partes del país. Estas medidas fueron suficientes para consolidar algunas de las industrias que aún representan símbolos de la ciudad, como la Cervecería Cuauhtémoc y la Fundidora de Metales. Ambas continúan siendo parte fundamental de la identidad de Monterrey, tanto en el plano social como en el vocacional, atrayendo sectores como la siderurgia y la automotriz, entre otros.

Hoy en día, de cada 10 pesos generados por el Producto Interno Bruto (PIB) en el estado, 4 provienen de las industrias. Es decir, el 40% de la riqueza en Nuevo León se genera a través de la manufactura, el procesamiento y transformación de productos terminados, así como de la construcción, entre otros sectores. Para poner esto en perspectiva, de cada 10 pesos de riqueza generada por la industria en México, 1 proviene de Nuevo León, lo que lo convierte en el principal contribuyente industrial de los 32 estados del país.

Crecimiento y desarrollo

No hace mucho tiempo escribí sobre cómo mi ciudad natal se había convertido en la “ciudad más pobre del país“. En aquel entonces comenté que es común, en teoría, pensar que, en contextos de alto desempeño, las consecuencias sociales se hacen evidentes cuando el crecimiento se sobrepone a otros aspectos esenciales del desarrollo. Realmente creo que existen argumentos que consideran que el desarrollo no es una alternativa al crecimiento, sino que ambos son complementos naturales. El verdadero problema radica en cómo definimos el crecimiento, pues no puede existir desarrollo económico sin una riqueza generada; y, por otro lado, no puede haber crecimiento sostenible sin una economía preparada para impulsarlo de manera equilibrada.

Este análisis sobre el daño que causa la búsqueda de las métricas actuales de crecimiento no es nuevo. En territorios donde la desigualdad es evidente, han surgido personalidades dignas de nuestra atención, que nos invitan a cuestionar, por lo menos, las métricas del sistema vigente. Un ejemplo claro es Amartya Sen, un economista que incorpora cuestiones éticas al debate de las políticas económicas. Para él, el desarrollo no puede medirse únicamente en incrementos de ingresos, ni siquiera a través del aumento del ingreso per cápita. Es necesario un conjunto de mecanismos entrelazados que permitan, progresivamente, el ejercicio pleno de las libertades. Es relevante resaltar el uso de la palabra libertades, pues Sen parte del supuesto de que la pobreza y la desigualdad nacen de la carencia de diversas libertades: sociales, políticas y económicas, las cuales incluyen, por supuesto, la capacidad de disfrutar de un medio ambiente sano. Una de las ideas centrales de este pensador es que la libertad es desarrollo.

¿El crecimiento es infinito?

Creo que esta es una de las preguntas que nos hacemos menos veces de las que deberíamos. ¿Qué tan sostenible es crecer a un ritmo como el que ha dictado la mecánica económica actual desde hace algunas décadas? Esta fue una cuestión que el famoso Club de Roma, compuesto por centenares de científicos, delegó al MIT en los años 70. La respuesta fue un trabajo de investigación que sigue vigente, aunque con ciertos matices, hasta el día de hoy.

Los límites del crecimiento (en inglés The Limits to Growth) es el título del informe que respondió a esta pregunta, publicado en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo. La autora principal, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella Meadows, biofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas. La conclusión obtenida es muy malthusiana y está basada en la simulación informática del programa World 3: si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales siguen sin cambios, alcanzaremos los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años.

Es decir, en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per cápita) no son sostenibles. Y, por si se lo preguntaban, sí, existen nuevas versiones de este reporte que han recreado y comparado los resultados descritos hace 50 años con lo que ha sucedido…

En 2012, se editó en francés el reporte Les limites à la croissance (dans un monde fini). En esta edición, los autores disponen de datos fiables en numerosas áreas (el clima y la biosfera, en particular), según los cuales ya estaríamos alcanzando los límites físicos. La conclusión, por tanto, es menos polémica y los autores no tienen reparos en mostrar, mediante el instrumento de la huella ecológica, que el crecimiento económico de los últimos cuarenta años ha sido una danza en los bordes de un volcán que nos está preparando para una transición inevitable. Además, dedican dos capítulos para proponer posibles transiciones que deben ser rápidas, apoyados en ejemplos, para evitar el temido colapso.

La idea de que existen límites físicos al desarrollo económico ha sido sistemáticamente ignorada o desacreditada, especialmente en el mundo anglosajón. Desde los años 80, se impuso una “Era de la Denegación”, en la que se minimizó el impacto ambiental del capitalismo y se ridiculizó cualquier planteamiento que cuestionara el dogma del crecimiento. La crítica a estos límites fue desechada como “malthusiana”, y los modelos de desarrollo sostenible promovidos por organismos internacionales resultaron ineficaces para detener la crisis ecológica. El dilema central radica en la contradicción entre la naturaleza finita del planeta y la lógica económica de maximización de beneficios.

El inminente colapso 

Para los movimientos post-ecologistas, las crisis que se avecinan serán tanto medioambientales como económicas, desencadenando colapsos parciales, intensificación de conflictos y una creciente desigualdad. La humanidad se enfrentará a un planeta más cálido, con ecosistemas deteriorados y una reducción en la disponibilidad de recursos clave.

La aparición de este informe abrió la puerta a nuevas corrientes de pensamiento, muchas de ellas extremistas, pero necesarias para alertarnos sobre un escenario que no debemos descartar. Para estos movimientos, la clave no está en lograr un desarrollo sostenible, sino en preparar estrategias de resiliencia para un mundo que se degradará progresivamente. Aceptan que el futuro será muy distinto al presente, por lo que abogan por una adaptación pragmática a los límites del planeta.

Ante este panorama, algunos movimientos post-ecologistas, como Dark Mountain o las iniciativas de transición local, se enfocan más en la resiliencia que en la sostenibilidad. Proponen preparar a las comunidades para el colapso, con formas de vida más descentralizadas. A diferencia de la confianza en soluciones tecnocráticas o en la voluntad política de las élites, estos movimientos buscan aceptar que el colapso será inevitable, llevando a la humanidad a enfrentar un planeta más cálido, con ecosistemas deteriorados y menos recursos clave.

El des-desarrollo y el siglo de la prueba

Fundado por los escritores británicos Paul Kingsnorth y Dougald Hine, Dark Mountain es un movimiento que parte de la premisa de que la civilización industrial no puede sostenerse y que el enfoque ecologista centrado en el desarrollo sostenible ha fracasado en su intento por detener la crisis ambiental. En lugar de seguir con la ilusión de que podemos “salvar el planeta” mediante reformas dentro del sistema actual, Dark Mountain propone aceptar el colapso y prepararnos para un mundo radicalmente distinto.

Para este movimiento, el futuro no será una prolongación del presente con tecnologías más limpias, sino que se asemejará más a una “desindustrialización forzada”. La sociedad será más fragmentada, con migraciones masivas y, posiblemente, una militarización de la escasez. Los modelos económicos post-ecologistas abogan por una drástica reducción del consumo, economías locales autosuficientes y una menor dependencia del mercado global. Proponen comunidades que gestionen sus propios recursos energéticos, alimentarios y materiales, priorizando la resiliencia sobre el crecimiento.

Más allá de la existencia o no de una esperanza, este enfoque nos invita a abandonar la ilusión del progreso infinito y a centrarnos en construir nuevas narrativas que nos ayuden a enfrentar un mundo en declive. Se habla de decrecimiento y de una economía basada en la cooperación y el reparto equitativo de los recursos. Sin embargo, estos enfoques siguen siendo marginales y no cuentan con la fuerza suficiente para reemplazar el sistema dominante antes de que el colapso avance. Tal vez, no se trate de evitar la crisis, sino de sobrevivirla con la menor pérdida posible. Para ello, es esencial cambiar nuestra relación con la naturaleza, aceptar los límites biofísicos y replantear el propósito de la economía y la política. El siglo XXI, para los pensadores post-ecologistas, será el Siglo de la Gran Prueba, donde la humanidad decidirá si puede adaptarse o sucumbir ante sus propias contradicciones.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

Exceso de poder: El botón nuclear de los aranceles

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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“In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the… Anyone? Anyone? The Great Depression, passed the… Anyone? Anyone? The tariff bill. The Hawley-Smoot Tariff Act, which… Anyone? Raised or lowered? Raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government.

“Did it work? Anyone. Anyone know the effects?”

Economics teacher continues: “It did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression.”
(Ferris Bueller’s Day Off, 1986)

Ni en la más improbable de las coincidencias habría imaginado que una de las películas mencionadas –aunque no necesariamente nominadas (ya que no es del agrado de la comunidad de La Academia) en los Premios Oscar de este año– retrataría, en gran medida, el pensamiento de uno de los personajes más icónicos de la actualidad. No solo es una figura omnipresente en la cultura pop, sino también uno de los hombres más poderosos del mundo.

Si algo debe reconocerse del actual presidente de Estados Unidos es su habilidad para mantenerse relevante, trasladando su filosofía de vida al ámbito político y moldeando, a su manera, el actuar de una nación entera, como si fuera una extensión de su propia personalidad.

A escasas horas de que el hombre más poderoso del planeta se pronunciara ante el Congreso, reafirmando, entre otras medidas, la imposición de aranceles a México y Canadá, la mayor reflexión gira en torno a dos grandes cuestiones: el uso del poder económico como una herramienta de coerción más allá de la política y las consecuencias de implementar medidas radicales sin siquiera iniciar un diálogo sobre comercio internacional.

Lo que hoy hace el poder ejecutivo estadounidense es aplicar el poder económico como un instrumento de negociación, un principio fundamental de la Economía Política. Cuando un gobierno toma una decisión –especialmente una de esta magnitud– lo hace con una causa económica de fondo, utilizándola como herramienta dentro del juego político y las instituciones de una sociedad. Las decisiones políticas no solo tienen un origen económico, sino que afectan directamente las estructuras de poder, la distribución de recursos y la producción de bienes y servicios.

¿Qué pretenden los Estados Unidos?

Enfoquémonos en el caso de México. La premisa principal es la imposición de tarifas o aranceles a todos los productos provenientes de nuestro país, una medida absolutamente extrema que, tras haber sido anunciada hace más de un mes y postergada en varias ocasiones, finalmente entró en vigor el pasado 4 de marzo por algunas horas y tal parece que será pospuesta por un mes más.

El mismo 4 de marzo, ante la Cámara de Representantes, la retórica desde Washington dejó en claro una actitud de triunfo y desdén hacia sus países vecinos y sus autoridades. Aunque el plan de ejecución no es del todo claro, el discurso da por sentada la aplicación de estas medidas y, además, sostiene con soberbia que “México quiere hacerlos felices”.

Durante meses, las mesas de negociación en el frente económico han trabajado para evitar lo que han logrado desplazar hasta abril. El gobierno mexicano lo apostó todo, extraditando a más de veinte capos capturados en México, desplegando cientos de miles de elementos de la Guardia Nacional en las fronteras para frenar el tráfico tanto de personas como de fentanilo, entre muchos otros “gestos de buena voluntad”. Pero nada de eso parece ser suficiente para desaparecer los aranceles de la conversación bilateral.

Los aranceles como botón nuclear

“No podemos contenerlo cuando está enojado, y tiene la mano en el botón nuclear”, fue el mensaje que la administración de Nixon hizo llegar a Vietnam del Norte en el siglo pasado. La estrategia era clara: hacer creer al enemigo que el presidente estadounidense estaba completamente fuera de control y que sería capaz de hacer cualquier cosa si no se rendían.

Hoy, la Casa Blanca ha adoptado una versión económica de aquella táctica. Su botón nuclear son los aranceles. Un arma de destrucción no física, pero sí económica, con efectos devastadores tanto para México como para Estados Unidos o cualquier país al que se le impongan restricciones comerciales. Washington aprovecha su posición como el mayor consumidor del mundo para convertir su mercado en un instrumento de presión política.

Con esta estrategia, el objetivo va más allá del comercio. Se busca condicionar temas como la migración indocumentada o el tráfico de fentanilo, utilizando el poder económico como herramienta de control. Sin embargo, este tipo de movimientos conllevan riesgos: la incertidumbre y la tensión siempre son antinegocios, afectan el crecimiento económico y desalientan la inversión.

En este cálculo político, las consecuencias para la población quedan en un segundo plano. La mirada está puesta en los intereses de los grandes productores, quienes generalmente pertenecen a la cúspide de la pirámide socioeconómica. El impacto en los consumidores es irrelevante. La inflación provocada por los aranceles será, como tantas veces antes, un impuesto a la pobreza que para quienes toman estas decisiones resulta una molestia marginal.

¿Qué se ha implementado hasta ahora y qué sabemos?

El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, adelantó esta semana que el gobierno estadounidense podría anunciar acuerdos con México y Canadá para suavizar los aranceles impuestos a ambos países. La propuesta original contemplaba una tarifa generalizada del 25% sobre todos los productos importados. Hasta ahora, la única concesión ha sido una pausa en los aranceles de productos incluidos en el T-MEC por lo menos durante un mes. 

Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves una llamada con su homólogo estadounidense para alcanzar un acuerdo, el cual anunció en ese mismo momento. Sin embargo, incluyó en sus eventos de la semana un mitin este domingo al más puro estilo de campaña presidencial.

Todos perdemos

El período de gracia otorgado por la administración estadounidense para la implementación de los aranceles se ha extendido. Las declaraciones del líder norteamericano han intensificado la tensión en los mercados, debilitando significativamente el peso mexicano.

Desde hace dos años, México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos. Tan solo las importaciones provenientes de nuestro país superan los 500 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, otro récord que ha sido utilizado como argumento para justificar estas medidas es el creciente déficit comercial de 171 mil millones de dólares que enfrenta la economía estadounidense.

Diferentes agencias estiman que la imposición de aranceles podría llevar a México al umbral de una recesión, con una contracción del PIB de entre 0.5% y 1%, frenando el crecimiento proyectado de 1.2% en 2024. El impacto, naturalmente, se agravaría si la medida se mantiene por un periodo prolongado, ya que cerca del 80% de nuestras exportaciones tienen como destino el vecino del norte.

La aplicación de un arancel del 25% sobre las importaciones mexicanas pone en riesgo un comercio bilateral valuado en más de 840 mil millones de dólares anuales. Los sectores más afectados serían el automotriz, el petrolero, las telecomunicaciones, los equipos de cómputo y las autopartes, todos ellos parte de una cadena de producción regional profundamente integrada.

Para México, las consecuencias son claras: pérdida de empleos, impacto en el sector de transporte y logística, así como una disminución significativa en la inversión. Pero el mayor golpe radica en la incertidumbre que genera esta política comercial. La planificación estratégica empresarial requiere estabilidad, y con este escenario volátil, resulta prácticamente imposible diseñar estrategias de largo plazo. La falta de certeza se traduce en menor rentabilidad, encarecimiento de productos y una preocupante pérdida de competitividad a nivel global. De hecho, diversas armadoras como Honda o Volvo han cancelado ya proyectos en México para sus productos y trasladar sus fábricas a Estados Unidos. A pesar de que las tarifas se han aplazado, la incertidumbre es tal que no pueden darse el lujo de invertir con los ojos cerrados en nuestro territorio.

Un disparo al pie

Retomando la idea expresada en los párrafos anteriores, parece ser que los Estados Unidos aún no terminan de comprender que también existe una implicación seria y perjudicial para ellos mismos. Hay una razón por la cual muchas empresas americanas decidieron establecerse en México: los costos más bajos de producción.

Estados como Arizona, Texas, Louisiana, Alabama, Utah, Nuevo México, Missouri, Kentucky y Michigan serán los más afectados por esta medida. Los aranceles, al aumentar los costos de exportación, obligan a las empresas a buscar alternativas para la producción, y la relocalización es una de esas opciones. Sin embargo, producir nuevamente en Estados Unidos generaría un aumento de los precios internos, lo que ya hemos visto reflejado en el precio de productos como el huevo y otros bienes agrícolas.

El precio de la arrogancia económica

Las consecuencias de la imposición de aranceles no son únicamente económicas, sino también políticas y sociales, y afectan a ambas naciones de manera profunda y equitativa. La utilización de tarifas como herramienta de negociación, sin la debida consideración de los efectos a largo plazo, socava la relación bilateral entre Estados Unidos y México, dos países que, pese a sus diferencias, comparten una economía interdependiente. Esta medida no solo amenaza el bienestar económico de millones de trabajadores en ambos lados de la frontera, sino que también siembra la semilla de una fractura en una relación que ha sido crucial para el crecimiento y desarrollo de América del Norte.

Lo que está en juego es mucho más que una simple diferencia comercial: es un juego de poder en el que se intenta someter a un vecino por medio de la economía, sin un verdadero interés en encontrar soluciones duraderas. Al apalancarse en su posición dominante como principal consumidor mundial, el presidente de los Estados Unidos parece olvidar que las decisiones basadas en el ego y la venganza rara vez conducen a la prosperidad para todos. En lugar de generar una política económica coherente y colaborativa, lo que estamos viendo es una estrategia de “toma o deja” que se apoya en la amenaza constante, sin ofrecer una verdadera propuesta que beneficie a todos los involucrados.

Al negociar de esta manera, se ignoran las consecuencias para la población estadounidense. La economía de Estados Unidos también sufrirá las repercusiones de sus propias decisiones, ya que los consumidores americanos serán los primeros en experimentar los efectos de los precios más altos y la pérdida de acceso a productos de calidad provenientes de México. Es una estrategia que, al final, solo sirve para alimentar una narrativa de poder y superioridad que es completamente insostenible a largo plazo.

Por tanto, las decisiones unilaterales en materia de comercio no solo dañan la relación bilateral, sino que también demuestran un entendimiento erróneo de la economía globalizada y de la cooperación internacional. La verdadera fortaleza económica no se basa en el aislamiento ni en el abuso del poder, sino en la construcción de alianzas estratégicas que promuevan el bienestar de todas las partes. Si no se reconsidera este enfoque y se da espacio al diálogo y al entendimiento mutuo, los costos de esta política serán insostenibles para ambos países.

 

Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusicamente al autor y no a sus enlaces profesionales

La marcha del 8M ya no es como antes

by Viviana Palma
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Cada año, cuando se acerca el 8M, regresan las mismas dudas y las mismas críticas: que si la marcha perdió sentido, que si se desvirtuó, que si se volvió un show, que si ya es puro marketing, que si está demasiado politizada. Como si alguna vez el feminismo hubiera sido neutral. Como si la lucha no hubiera nacido, desde el primer día, para incomodar.

Hay quienes dicen que la marcha ya no es la de antes, como si una exigencia colectiva por los derechos humanos pudiera pasar de moda. Si tú hoy tienes la libertad de decidir si marchas o no, si tienes derechos que ejerces sin pensarlo, si puedes cuestionarte siquiera si te identificas o no con el feminismo, es porque antes hubo mujeres que no se conformaron. Que alzaron la voz.

Claro que habrá quien venda paliacates y botellas de agua. Habrá quien aproveche para ganarse unos pesos porque también tiene derecho a sostenerse. ¿Eso le quita fuerza a la marcha? No. ¿Eso desacredita el movimiento? Tampoco. Porque lo que se juega aquí va mucho más allá de lo que puedan hacer unas cuantas personas para obtener ingresos en un país que precariza especialmente a las mujeres. Lo que importa es que no dejemos que esa narrativa nos distraiga de lo esencial: estamos aquí para resistir, para exigir y para seguir abriendo camino.

¿Cuándo no fue político el feminismo? Costó demasiado llegar hasta aquí. Costó colectivizarnos, reconocernos, mirarnos unas a otras con nuestras diferencias, y aún así encontrar un paraguas común que pudiera sostener la mayoría de nuestras luchas. Que hoy hablemos de interseccionalidad, que nombremos no solo las violencias que nos atraviesan como mujeres, sino también como disidencias, como racializadas, como trabajadoras, como madres, como migrantes, no fue un regalo ni un accidente. Es fruto de años de caminar juntas, de incomodarnos, de aprender y desaprender para tejer una voz colectiva.

Y justo ahora que logramos ocupar el espacio público –ese que durante tanto tiempo nos negaron– existen voces que sugieren que se deje de hacer porque ya hay figuras políticas que intentan apropiarse del discurso feminista o porque hay muchas personas vendedoras ambulantes. Pero que algunas intenten colgarse de una causa no significa que nosotras tengamos que soltarla. Que haya quienes quieran capitalizar la lucha no quiere decir que tengamos que abandonar la calle. Sería entregarla otra vez. Y nos costó demasiado llegar como para retroceder ahora.

Porque sí, el feminismo ha transformado nuestras vidas de maneras que nuestras abuelas apenas podían soñar. Gracias a las luchas de las que vinieron antes, hoy votamos, estudiamos, trabajamos, decidimos sobre nuestro cuerpo, nos divorciamos, heredamos, denunciamos, abrimos cuentas bancarias sin permiso y podemos aspirar a cargos públicos. Pero no nos engañemos: estos derechos, que a veces damos por sentados, siguen sin garantizarse para todas. Ni en todo el país, ni todos los días, ni para todas las mujeres.

Pensar que ya no es necesario alzar la voz es, en sí mismo, un privilegio. Creer que los derechos conquistados están garantizados para siempre es ingenuo. La historia nos lo demuestra una y otra vez. En Estados Unidos, bastaron unos años de indiferencia y de ofensiva conservadora para derrumbar Roe v. Wade, la histórica sentencia que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, y con ello, desaparecer medio siglo de protección para millones de mujeres. Cuando el movimiento se duerme, hay quienes se aprovechan para arrebatarnos lo que creíamos ganado. Y si creemos que aquí no podría pasar, estamos equivocadas.

Marchamos porque la violencia sigue atravesando nuestras vidas de forma brutal y cotidiana. Porque en México matan a 10 mujeres cada día. Porque el 56% de los feminicidios quedan impunes. Porque aunque hemos logrado avances históricos, aún no hay acceso garantizado, gratuito y seguro al aborto en todo el país. Porque la justicia no llega para las mujeres racializadas, indígenas, adolescentes, migrantes o disidentes sexo-genéricas. Porque el sistema penal sigue cargado de estereotipos de género, de revictimización y de prejuicios. Porque el trabajo de cuidados que hacemos sostiene a este país, pero no nos lo pagan, no lo reconocen y nos deja fuera de la autonomía económica y política.

Marchamos porque resistimos y luchamos los 365 días del año, aunque a veces ni siquiera nos demos cuenta. Porque la violencia que nos atraviesa se ha normalizado tanto que parece parte del paisaje. Y si vivimos en un campo de batalla permanente, salir a marchar es también recordarnos que no estamos solas, que seguimos de pie y que juntas somos más fuertes.

Y si tú aún lo dudas, si sientes que este movimiento no es para ti, te invito a mirar a tu alrededor: cada derecho que hoy ejerces, cada libertad que das por sentada, es fruto de una lucha colectiva que no podemos soltar.

Entiendo el cansancio –porque claro que cansa salir y sentir que todo sigue igual, claro que agota marchar cada año por lo mismo– lo que no podemos permitirnos es dejar que la movilización se apague. No podemos regresar a la micropolítica, a discutir solo entre nosotras, a cuidarnos solo en espacios seguros, a resistir solo en privado. La calle también es nuestra. Y la toma del espacio público sigue siendo, todavía, un acto de resistencia.

Mientras más seamos, más difícil será que nos ignoren. Aunque a veces el camino cansa, aunque nos duela la realidad que enfrentamos, aunque tengamos miedo, seguimos. Por nosotras. Por todas.

A un mes de iniciar las campañas al Poder Judicial: ¿Un cambio histórico o un riesgo para la justicia?

by Rodrigo Quintanilla
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Imagina que necesitas una operación de corazón y, en lugar de que te atienda un cirujano con años de experiencia, el hospital decide que el médico será elegido por votación popular. ¿Cómo elegirías? ¿Por su conocimiento, su experiencia o porque su propaganda fue la más llamativa? En tan solo un mes algo similar va a suceder con la justicia en México.

Este 2025 la se aproxima a un proceso desde una lógica muy diferente a lo que hasta ahora se ha conocido. El 1 de junio viviremos un proceso electoral pero ahora de lado de la justicia, donde los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por el voto popular. El objetivo es acercar la justicia a los ciudadanos, pero se plantean preguntas si realmente este modelo fortalecerá la independencia judicial o abrirá la puerta a la popularidad sobre lo academico o técnico.

Para fines informativos, ¿Qué es lo que se elige? están en juego 881 cargos a nivel nacional, que se dividen de la siguiente manera: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistrados de las salas regionales del TEPJF, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito.

Tremendo reto para el Instituto Nacional Electoral (INE) quien será el encargado de la organización de la elección, para la que se imprimirán 602.387.442 boletas y se instalarán 83.997 casillas a nivel nacional. 

Y el reto no solo es para ellos, si no tambien para los mismos candidatos quienes se enfrentarán a un escenario de gran dificultad, que es mas compleja de lo que parece. En México menos del 3% confía en el poder judicial y solo el 1% de los delitos cometidos llegan a una sentencia, el 85% de los ciudadanos considera ineficaz iniciar una denuncia y alrededor del 90% opina que la “justicia es solo para la gente de dinero”.

Así que la oferta que la ciudadanía podría considerar para votar, padece de fallas estructurales profundas, sin desprestigiar los esfuerzos, el trabajo y los méritos personales y profesionales, no hay muchas herramientas para integrar un discurso qué garantice certidumbre, confianza, cumplimiento y compromiso por parte de los aspirantes. Que chambon a la que se van a enfrentar los equipos de campaña y sus consultores.

México al momento es el unico país de la OCDE donde los jueces y magistrados serán elegidos por voto popular, sin un sistema de filtros previos. Si bien, existen otros países como Estados Unidos, Bolivia y Suiza donde algunos jueces son elegidos en las urnas, sin embargo, hay diferencias clave:

Estados Unidos solo elige por voto popular a jueces estatales y locales, pero los jueces federales son designados por el Presidente y confirmados por el Senado. Además, los candidatos suelen pasar por comités de selección que evalúan su idoneidad. 

Suiza solo elige a jueces en algunos cantones, pero existen mecanismos de control para garantizar su capacidad. 

Bolivia implementó elecciones para jueces en 2011 y 2017, pero el resultado ha sido una crisis de legitimidad. En 2017, casi el 65% de los votos fueron nulos, pues la ciudadanía no confiaba en los candidatos, quienes eran promovidos por el partido en el poder​

Japón tiene un modelo diferente: los jueces de la Suprema Corte son nombrados por el gobierno y luego sometidos a un referéndum ciudadano para su ratificación cada 10 años, asegurando que tengan credenciales antes de ser evaluados en las urnas​.

México explorara por primera vez un sistema diferente, en el cual la pregunta ahora no es solo cómo votaremos, sino qué justicia queremos construir. Elegir a jueces en las urnas suena democrático, pero ¿y si la justicia termina siendo un concurso de popularidad?.

Como sociedad, estamos a punto de decidir si el conocimiento y la experiencia deben ceder ante los reflectores y las campañas políticas. La justicia no es un espectáculo ni un concurso de carisma; es la base de un país funcional. ¿Nos estamos asegurando de que los mejores jueces lleguen a los tribunales o estamos apostando a la suerte? 

El 1 de junio, México tiene una cita con la historia, y esta en nuestras manos que sea para fortalecer la justicia, no para debilitarla.

Salvando al sol naciente: Japón y las décadas perdidas

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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“The paradox of the modern age, I realized, is that we live in a world that is closely integrated in some ways, but fragmented in others. Shocks are increasingly contagious. But we continue to behave and think in tiny silos.”
― Gillian Tett, The Silo Effect: Why putting everything in its place isn’t such a bright idea

Es la segunda mitad de los años 80, y Japón dominaba el mundo, construyendo una de las mayores burbujas económicas de la historia. La apreciación del yen tras los Acuerdos de Plaza y Louvre encareció las exportaciones japonesas, lo que llevó al Banco de Japón a reducir drásticamente las tasas de interés, facilitando el crédito barato y alimentando una ola especulativa. Los bancos, incentivados por nuevas regulaciones, canalizaron enormes cantidades de dinero hacia los keiretsu y comenzaron a prestar cada vez más a perfiles mucho más riesgosos.

Desde la perspectiva actual, con la ventaja del análisis retrospectivo, la burbuja que estaba a punto de estallar resulta evidente. Sin embargo, en ese momento, Japón vivía una época de expectativas desbordantes. En 1995 se estrenaría la tercera parte de Back to the Future, y nada ilustra mejor el dominio japonés de la época que aquella escena en la que Doc Brown se burla de un chip “Made in Japan”, a lo que Marty McFly responde: “Todo lo mejor se hace en Japón”. La narrativa de una Japón imparable llegó a tal punto que, en la misma película, es un japonés quien despide a Marty cuando viaja al 2015.

El dinero entraba a raudales desde todo el mundo. Si bien el yen se había apreciado y Japón se había vuelto más caro para el exterior (de hecho, el único objetivo que se logró con los acuerdos fue eliminar el superávit comercial con EE.UU.), los activos japoneses ofrecían enormes rendimientos, tanto en bolsa como en bienes raíces. A estos últimos años, los japoneses los denominan baburu keiki, o “la economía de burbuja”.

La formación de la burbuja

Ya hemos hablado del impacto cultural que Japón experimentó con la globalización. Uno de los primeros valores que se desvaneció ante la occidentalización fue el del ahorro. La economía clásica en su forma más empírica: ante el fácil acceso al crédito, la avaricia venció al ahorro, y los japoneses comenzaron a redirigir su capital hacia la renta variable y la especulación.

En la década de los 80, el rendimiento de la bolsa japonesa alcanzó casi un 20% anual y hasta un 30% para los inversionistas extranjeros. Tan solo el PIB de Tokio superaba al de la Unión Soviética, y Japón contaba con la Bolsa de Valores más grande del mundo. Todos los bancos más grandes del mundo eran japoneses y tomaban deuda en moneda extranjera, aprovechando la apreciación del yen.

Los bancos pronto se quedaron sin deudores solventes y poco riesgosos, por lo que expandieron aún más el crédito. Pero no solo los bancos y los inversionistas extranjeros se lanzaron a la especulación: las grandes empresas industriales crearon divisiones específicas para ello, conocidas como zaiteku (財テク), o “tecnología financiera”. De hecho, en 1987, Nissan habría registrado fuertes pérdidas operativas de no ser por su especulación financiera.

En ese mismo año, el PIB per cápita de Japón superó al de EE.UU.: 20,745 dólares frente a 20,038 (según datos del Banco Mundial). Se hablaba de Japón como la próxima superpotencia económica. La burbuja alcanzó su auge en el sector inmobiliario y de la construcción. El exceso de liquidez provocado por la entrada masiva de divisas convirtió cualquier terreno habitable o construible en un activo altamente codiciado. Se dice que los jóvenes recién graduados no solo financiaban una casa, sino dos o más. La inversión extranjera en infraestructura también se disparó, dejando tras de sí una sobreoferta que colapsaría más tarde.

Los precios de la vivienda crecieron hasta el punto de afectar la competitividad del país. Se dice que en las noches era necesario exhibir un billete de 10,000 yenes para poder tomar un taxi en el lujoso barrio de Ginza. A finales de los 80, hacerse socio de un club de golf costaba más de un millón de dólares.

Yakuzas: los carteles de la burbuja inmobiliaria

El valor de los inmuebles japoneses se multiplicó por cinco en la década de los 80. Pero cuando la burbuja alcanzó su punto máximo y la demanda se desplomó, los precios cayeron hasta un 70%. Durante ese periodo, el hombre más rico del mundo era japonés: Yoshiaki Tsutsumi, quien construyó su fortuna en el mercado inmobiliario.

Para evitar la especulación con los inmuebles, Japón impuso un sistema de impuestos progresivos sobre la venta de propiedades, que aumentaban según el tiempo transcurrido desde la compra. Sin embargo, esto también restringió la oferta de terrenos disponibles, disparando los precios a niveles astronómicos. Un apartamento de 27 metros cuadrados en el centro de Tokio no costaba menos de 200,000 dólares (sin ajustes por inflación), casi cuatro veces más que sus equivalentes en Manhattan.

El crimen organizado también desempeñó un papel crucial en la burbuja, dejando una marca profunda en la sociedad japonesa. Los yakuza han estado históricamente involucrados en la industria de la construcción, controlando cientos de empresas del sector.

Durante la burbuja financiera, la mafia inmobiliaria se dedicó a expulsar inquilinos y propietarios de sus edificios mediante hostigamiento, acoso y extorsión para demoler las estructuras, reconstruirlas y venderlas a precios inflados.

Además, surgieron los prestamistas que tomaban la vida del prestatario como garantía, y los sokaiya (acosadores corporativos), quienes compraban acciones de empresas y chantajeaban a los directivos exigiendo pagos o beneficios. Empresas como Mitsubishi y Toshiba sucumbieron a estas prácticas.

La intervención de la policía fue clave para frenar estas actividades, especialmente después del asesinato de un directivo de Fuji Photo en 1994. Aunque el crimen financiero en Japón persistió hasta bien entrado el siglo XXI, la presencia de los yakuza se ha reducido considerablemente.

La explosión y década perdida

Con todo este contexto, la economía japonesa estaba evidentemente sobrecalentada. En 1989, el Banco de Japón comenzó a subir las tasas de interés de forma gradual para frenar la burbuja, hasta alcanzar un 6%.

El flujo de crédito se cortó de un momento a otro. En 1990, la burbuja estalló y la bolsa japonesa se desplomó un 32%. Dos de los bancos más importantes del país, el Long-Term Credit Bank y el Industrial Bank of Japan, tenían miles de millones de dólares en préstamos incobrables. Incapaces de capitalizarse, tuvieron que vender estos créditos basura a inversionistas extranjeros, absorbiendo enormes pérdidas. Los bancos japoneses operaron en números rojos durante toda la década de los 90.

Japón, que en ese momento tenía 120 millones de habitantes (y que sigue teniendo prácticamente la misma cifra debido a los efectos de esta crisis), vio cómo cinco millones de personas perdían su empleo. El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre los hombres de 20 a 44 años.

La crisis no solo golpeó el mercado financiero, sino que también afectó profundamente la economía real. El colapso del consumo interno llevó a una sobreproducción de bienes, lo que desencadenó un periodo prolongado de deflación (una caída generalizada de los precios). Japón entró en un ciclo de estancamiento en el que las empresas no encontraban incentivos para invertir, y el crecimiento económico se volvió prácticamente nulo.

Japón pasó de ser el país que compraba edificios y campos de golf en el extranjero a verse obligado a venderlos a precios de remate. Un ejemplo claro es el Hotel Bel-Air, que se vendió por 50 millones de dólares, la mitad de lo que se había pagado por él solo cinco años antes.

Las secuelas de la burbuja

En términos fiscales, el déficit presupuestario japonés (la diferencia entre los ingresos y los egresos del Estado) pasó del 2.4% del PIB en 1991 a más del 200% en la actualidad. Japón es hoy uno de los países más endeudados del mundo y ha mantenido tasas de interés cercanas a cero durante décadas en un intento por estimular la economía.

El país entró en una era de ajustes y reformas que no lograron devolverle el dinamismo de antaño. La explosión de la burbuja dejó cicatrices profundas en la sociedad japonesa: el optimismo desbordado de los años 80 se transformó en una visión mucho más cautelosa y pragmática del futuro. Japón entró a un periodo de estagnación, la economía japonesa registró un crecimiento promedio anual de 0.7%, con un máximo de 4% en 2010. Por otro lado, la sorprendente deflación apareció entre 1995 y el 2012, la inflación primedio anual fue de (-1.5%), como un fenómeno económico sin precedentes.

Japón no volvió a ser el mismo después del estallido de la burbuja. La confianza a ciegas en el crecimiento infinito se convirtió en cautela que marcó a una sociedad en incertidumbre y precariedad laboral. La crisis no solo dejí cicatrices económicas, sino que alteró profundamente el tejido social: una generación entera vio desaparecer sus oportunidades, los salarios se estancaron, la natalidad cayó y la idea del empleo de por vida -pilar de lo que era el mercado japonés- comenzó a desmoronarse.

Hoy Japón sigue atrapado en las secuelas de su pasado, con un crecimiento anémico y una población envejecida que se enfrenta a nuevos desafíos. El milagro económico japonés de la posguerra se convirtió en una advertencia para el mundo sobre los peligros de la especulación descontrolada. Tres décadas después, Japón sigue buscando cómo salvar al sol naciente.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

El Caso Marianne: Cuando la Justicia se Confunde con la Venganza y el Morbo Justifica la Violencia

by Viviana Palma
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Hay una obsesión colectiva por ver caer a alguien. Por imponer un castigo ejemplar, por convertir la justicia en una transacción simple: daño cometido, años de cárcel impuestos. Con la detención de Marianne “N”, el debate no ha girado en torno a la gravedad de los hechos o las implicaciones jurídicas, sino a una exigencia casi visceral de que pague el mayor precio posible.

La cobertura mediática ha hecho lo suyo, convirtiendo el caso en un espectáculo donde el debido proceso es un estorbo y la reflexión es lo de menos. No importa si es adolescente, no importa el contexto, lo único que parece importar es que la condena sea lo suficientemente dura para que la gente sienta que se ha hecho justicia. Pero, ¿realmente estamos hablando de justicia?

En medio de esta avalancha de criminalización mediática, ha pasado casi desapercibido lo que debería ser el centro de esta discusión: en este caso hay una víctima hospitalizada y una bebé de apenas 6 meses con un futuro incierto, y, sin embargo, en lugar de hablar de reparación, de cómo apoyar a Valentina y su familia, una gran parte de la conversación se ha centrado en justificar la agresión.

Los comentarios en las redes sociales de Valentina son brutales:
“Ella se lo buscó.”

“Ojala te hubiera dado mejor”
“Eso le pasa por meterse con un hombre que no le correspondía.”

“Con esto que le paso, no creo que le queden ganas de meterse con el ex de una amiga, esperemos que aprenda su lección”

Esto no es casualidad. Es violencia de género en su forma más perversa: la revictimización. Nada, absolutamente nada, hace merecedora a una persona de ser apuñalada más de diez veces. No importa con quién salía, qué hacía o qué decisiones tomó en su vida personal. Intentar justificar este nivel de violencia es pura y llana misoginia.

Es una revictimización cruel, inhumana. No solo se minimiza lo que sufrió, sino que se le señala como responsable de su propia agresión. Esto no es nuevo. Es el mismo mecanismo que se usa para deslegitimar la violencia contra las mujeres. Siempre hay un “pero”, siempre hay un “se lo buscó”. Y en este caso, nuestra sociedad lo ha llevado al extremo.

El proceso apenas comienza, ¿por qué no tentativa de feminicidio?

Marianne ya fue vinculada a proceso, lo que significa que un juez encontró indicios suficientes para iniciar una investigación formal en su contra. El juez otorgó 60 días para completar la investigación, un plazo que, lejos de ser un obstáculo, es una garantía para que todas las partes presenten evidencia y se estudien los hechos de manera justa. Los procesos penales son largos precisamente por esto, porque la justicia no puede depender de juicios apresurados ni de condenas dictadas en redes sociales. 

Sin embargo, muchas personas han cuestionado por qué no se le imputó tentativa de feminicidio en lugar de lesiones dolosas que ponen en peligro la vida. Para entenderlo, hay que hablar de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Marianne enfrenta un proceso bajo el sistema de justicia para adolescentes, lo que significa que su caso se rige bajo principios distintos a los del sistema penal para adultos. No se trata de un favor ni de un privilegio; es el resultado de un marco jurídico que entiende que los adolescentes, aunque responsables de sus actos, están en un proceso de desarrollo que exige un enfoque diferente, con la esperanza de una reinserción social futura. Pero esto no ha impedido que se le compare con Fofo Márquez, como si ambos casos fueran idénticos. Como si la ley operara en función de una lógica de castigo matemático, sin matices, sin contexto.

Esta Ley establece que las sanciones se dividen en grupos de edad. Marianne tiene 17 años, lo que significa que pertenece al grupo de 16 a 18 años, donde la pena privativa de libertad máxima es de 5 años, y solo se puede imponer en ciertos delitos de alta gravedad. Entre estos delitos sí está el feminicidio. Si Marianne fuera acusada y sentenciada por feminicidio, podría recibir la pena máxima permitida para su edad.

Pero hay una clave importante: para los adolescentes, las tentativas punibles (como tentativa de feminicidio) no permiten la imposición de medidas privativas de la libertad. Es decir, si a Marianne se le hubiera acusado de tentativa de feminicidio, no habría podido permanecer en internamiento preventivo, ni siquiera en caso de ser encontrada culpable.

Para poder mantenerla privada de la libertad durante el proceso y tras una posible sentencia, el delito debía ser distinto. Por eso se le imputó lesiones dolosas que ponen en peligro la vida, un delito que sí permite la privación de la libertad para adolescentes bajo este sistema.No fue una decisión arbitraria ni un intento de suavizar su castigo. Fue la única opción legalmente viable dentro del marco de justicia penal para adolescentes.

El problema es que en redes sociales no estamos discutiendo sobre la justicia. Nos hemos acostumbrado a un modelo donde el castigo extremo es la única respuesta válida, donde el derecho penal ya no es un mecanismo de regulación social, sino una herramienta de venganza pública. 

Aquí es donde la periodista Carol H. Solís hace una observación esencial: “Lo que hizo Marianne está mal, es innegable. Pero lo que estamos haciendo con ella también lo está. La justicia no se debería medir por cuantos años logramos meter a la carcel a una adolescente a la que le hemos celebrado vivir como adulta.”

La justicia no es solo años de cárcel

Nos guste o no, el derecho penal no debería ser solo castigo. En teoría, también busca prevención y reinserción, aunque la realidad nos demuestre constantemente lo contrario. La prisión no es garantía de que una persona no reincida, ni de que el daño a la víctima será reparado. La justicia no se mide en años de cárcel. La justicia se mide en su capacidad de prevenir, reparar y transformar.

Pero aquí estamos, una vez más, reduciendo todo a una ecuación de “más cárcel, más justicia”.

Nos hemos convertido en espectadores de un juicio mediático donde la justicia es secundaria. Donde no importa el proceso, solo la condena. Y si ese es el caso, tal vez es momento de admitir que no estamos pidiendo un sistema más justo, sino un sistema más cruel.

Salvando al sol naciente: El milagro japonés

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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La mejor manera de crecer rápidamente es bombardear al país.

-Milton Friedman

Japón es un país que desborda aparentes contradicciones fascinantes: tradición milenaria junto a avances tecnológicos, una cultura de disciplina comunitaria en conjunción con una economía capitalista. Estas contradicciones o conjunciones fueron la base del milagro japonés del siglo XX, un periodo que llevó al país de la derrota a convertirse en una de las economías más dinámicas del mundo, llegando incluso a posicionarse como la segunda economía global y la primera en PIB per cápita.

Para entender la economía japonesa, hay que mirar más allá de los números y las teorías tradicionales. Japón no solo es un caso único en la historia global; es un testimonio vivo de cómo la cultura y la idiosincrasia de una nación pueden moldear su destino económico. Este mismo espíritu, profundamente arraigado en su cultura, permitió a Japón convertirse en una potencia mundial en un tiempo sorprendentemente corto.

Japón es un ejemplo de cómo la economía no puede desvincularse de la sociedad que la impulsa. Su enfoque colectivo, su respeto por la jerarquía y la innovación como pilar del progreso son manifestaciones directas de su idiosincrasia. A diferencia de muchas economías occidentales, donde el individuo y el riesgo son celebrados, Japón construyó su milagro a partir de la cooperación. Lo que fue su panacea también se convirtió, con el tiempo, en su mayor pecado al globalizarse, soltando un poco los pies de su tierra.

Esta es la primera de dos partes en las que exploraremos mi tema del momento: el ascenso económico japonés en el siglo XX y cómo este modelo fue puesto a prueba por una burbuja que marcó un antes y un después en su historia. Todo esto resaltando la manera en la que la cultura influye en las decisiones políticas y económicas de los países.

Idiosincrasia y economía

La economía de un país no se define únicamente por sus recursos y políticas, sino también por su cultura, historia y, por ende, su idiosincrasia. La forma en que una sociedad vive y evoluciona según su contexto material e histórico impacta la manera en la que valora el trabajo, el ahorro, el consumo y las relaciones humanas; lo que, a su vez, determina cómo se estructuran los negocios y las políticas económicas.

Para Japón, por ejemplo, el énfasis está en la disciplina, la mejora continua (kaizen) y la resistencia y perseverancia (gaman). Estos valores moldearon su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial y forjaron un modelo económico altamente competitivo. Este modelo no es universal: otras naciones, como Estados Unidos, prosperan al priorizar la evolución individual y la toma de riesgos. La economía es, en esencia, un reflejo de los valores aspiracionales de una sociedad.

Kintsugi: Reparar con oro

Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó roto, lleno de grietas, en un sentido literal para su infraestructura, pero también en lo personal, con un orgullo dañado. Para sobreponerse, fiel a sus principios, decidió reparar las grietas con oro, haciendo énfasis en sus fracturas en lugar de ocultarlas o disimularlas.

Es septiembre de 1945. Japón se ha rendido ante Estados Unidos luego de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La guerra ha dejado en cenizas a un país que aún se construía con madera y papel.

Hay que entender que Japón nació como una nación basada en el sector primario, siendo históricamente un gran exportador de arroz, trigo y papas; así como de productos ganaderos y pesqueros. Luego del periodo bélico, era necesario replantearse la vocación del país desde sus cimientos. Por ello, a partir de mediados del siglo XX, los planes de estímulo se centraron en la industrialización, la inclusión total de la población económicamente activa y, sobre todo, la creación de nuevos productos y el uso de tecnología.

Japón también tuvo la “suerte” de estar cerca de la península de Corea y presenciar la guerra entre 1950 y 1953, la cual culminó con la famosa división en el paralelo 38. Este suceso incrementó la demanda de productos desde el exterior, incluyendo aquellos financiados por el Plan Marshall.

A partir de ahí, ganadores del Nobel como Simon Kuznets identificaron cuatro modelos económicos: los países desarrollados, los no desarrollados, Argentina (que, según él, era un caso enigmático por su falta de crecimiento) y Japón (que tampoco se entendía por qué crecía tan rápido). En este texto trataré de llegar a mi propio entendimiento de qué sucedió y cómo se llegó a una burbuja que dejó a Japón en un periodo de estanflación.

La gran máquina de exportación

La apuesta de la política económica japonesa lo llevó a convertirse en una brutal máquina de exportación de productos de alta tecnología. Muchos productos que vende Japón fueron inventados en el extranjero, pero mejorados en calidad y procedimientos de fabricación por los japoneses (vid. just-in-time).

Dentro de estas políticas económicas, se incluyó la relajación de las reglas antimonopolio, beneficiando así a los keiretsu. Esta es una forma de organización en la que empresas se vinculan de manera vertical (jerarquía productiva, como Toyota y sus subsidiarias) u horizontal (vinculación cruzada en relaciones bancarias, como Mitsubishi). El crédito del banco central a los bancos comerciales fluyó hacia los conglomerados, que empezaron a crecer vertical y horizontalmente. Estos conglomerados no repartían muchos beneficios, ya que sus gestores estaban más interesados en el pago de intereses. Este crecimiento entre 1955 y 1962 pavimentó el camino para los dorados años 60. En estos años se fue liberalizando poco a poco el comercio internacional.

Es en ese momento cuando Japón comienza a arrasar culturalmente. Su mejor estrategia fue invitar al mundo a conocerlo en los Juegos Olímpicos de 1964, presentándose como una nación avanzada y retransmitiendo los juegos en televisión a color y en tiempo real, en parte usando tecnología japonesa. También se insertaron en el entretenimiento, protagonizando películas como James Bond, Black Rain, Rising Sun o Die Hard. De acuerdo con el Banco Mundial, los años 60 fueron de alto crecimiento; tan solo en 1969, la economía japonesa creció un 12.49%.

También se ha argumentado que Japón se benefició enormemente de no contar con un ejército y estar “protegido” militarmente por Estados Unidos. Desde 1975 hasta 1991, el crecimiento de la economía japonesa no fue menor al 3% anual, lo que permitió relocalizar los esfuerzos bélicos y militares hacia fines más productivos.

La llegada de los acuerdos del Hotel Plaza-Louvre y la apreciación del yen japonés

Para los años 80, Japón ya se había consolidado como la segunda economía del mundo, llegando incluso a superar a Estados Unidos en términos de PIB per cápita. Sus exportaciones de productos tecnológicos y de consumo–como relojes de cuarzo, Walkmans, consolas de videojuegos (SEGA, Nintendo), autos (Mazda MX-5, Toyota Camry), relojes Casio, entre muchos otros–desplazaron a centenares de fabricantes en diversas partes del mundo. Tokio se convirtió en la bolsa de valores más grande del planeta, mientras que la bolsa de Osaka superó a la de Londres, relegándola al cuarto lugar.

El enorme superávit comercial japonés generó desequilibrios económicos en otros países industrializados, particularmente en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania Occidental, cuyos déficits comerciales se profundizaron. Para corregir esta situación, estos países, junto con Japón, firmaron los Acuerdos de Plaza en 1985 en el icónico Hotel Plaza de Nueva York (sí, el de Home Alone 2), seguidos por los Acuerdos de Louvre en 1987 en París. El objetivo de estos acuerdos era inducir la apreciación del yen para hacer las exportaciones japonesas más caras y reducir su dominio en el mercado global.

Para cumplir con lo pactado, el Banco de Japón tuvo que reducir sus tasas de interés drásticamente, con la intención de contrarrestar los efectos negativos de la apreciación del yen en las exportaciones. Sin embargo, la combinación de una moneda fuerte y tasas de interés bajas creó una receta perfecta para una burbuja especulativa.

El inicio de una burbuja

La apreciación del yen fue un éxito para las economías occidentales: su valor pasó de 250 yenes por dólar en 1985 a 160 yenes por dólar en 1986. Sin embargo, en Japón, la fuerte revaluación de la moneda causó preocupación, ya que encareció sus exportaciones y redujo su competitividad internacional. En respuesta, el Banco de Japón bajó las tasas de interés de manera agresiva, reduciéndolas del 9% en 1980 al 2.5% en 1987. No obstante, en lugar de lograr el efecto deseado de fomentar el consumo interno y equilibrar la economía, la moneda siguió fortaleciéndose, alcanzando los 130 yenes por dólar en 1990.

La apreciación del yen y el abaratamiento del crédito no llevaron a un aumento significativo en el consumo interno, como esperaban los economistas de la época. En su lugar, los inversionistas japoneses aprovecharon la fortaleza de su divisa para adquirir activos en el extranjero, comprando desde campos de golf en Hawái y California hasta el Rockefeller Center en Nueva York.

A nivel interno, el abaratamiento del crédito y la especulación financiera crearon una fiebre de inversión en activos inmobiliarios y bursátiles. En 1985, se modificó la regulación bancaria japonesa, permitiendo a los bancos pagar intereses sobre los depósitos de los clientes. Esto incrementó la competencia entre bancos para captar depósitos, lo que a su vez los incentivó a vender acciones y contabilizar las ganancias de capital sin la necesidad de aumentar tasas de interés.

El Banco de Japón, además, estableció cuotas de préstamos, limitando lo que los bancos podían prestar. Sin embargo, con el crédito barato fluyendo y los bancos compitiendo ferozmente por captar clientes, eventualmente se agotó la oferta de prestatarios de bajo riesgo, lo que llevó a un aumento en los préstamos especulativos y de alto riesgo.

Así, la economía japonesa entró en una espiral de sobreinversión y especulación que, aunque en el corto plazo dio la impresión de prosperidad ilimitada, en realidad estaba inflando una burbuja que tarde o temprano colapsaría, arrastrando consigo a una de las economías más pujantes del mundo.

La burbuja financiera japonesa de los años 80 y su colapso en los 90 fueron el resultado de una combinación explosiva de factores económicos, demográficos y culturales. La apreciación del yen tras los Acuerdos de Plaza y Louvre encareció las exportaciones japonesas, lo que llevó al Banco de Japón a reducir drásticamente las tasas de interés, facilitando el crédito barato y alimentando una ola especulativa. Los bancos, incentivados por nuevas regulaciones, canalizaron enormes cantidades de dinero hacia los keiretsu, mientras que la Yakuza infló aún más el mercado inmobiliario con redes de préstamos y lavado de dinero. Paralelamente, la población japonesa experimentó un auge que, de repente, se desaceleró, alterando la demanda de vivienda y consumo. El exceso de inversión en activos sobrevalorados, sumado a un cambio en la narrativa global donde Japón pasó de ser visto como un modelo a seguir a un antagonista en la economía mundial, terminó por reventar la burbuja. Este fue el inicio de una crisis que marcó un antes y un después en la historia económica japonesa.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

El hombre que vendió un país: La estafa más grande de la historia

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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“La abundancia es más difícil de manejar que la escasez.”
― Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil: las cosas que se benefician del desorden (2012)

La historia de las estafas es, en realidad, la historia de nuestra humanidad. Desde los esquemas piramidales de Charles Ponzi hasta las promesas rotas de Theranos, cada fraude refleja nuestra eterna disposición a creer en aquello que nos promete más de lo que tenemos. Nuestra inocencia reina como sentimiento al enfrentarnos a nuestras más grandes fantasías dejando ver la avaricia y el deseo más grande sobre nuestros ojos. No importa si se trata de riqueza, salud o la ilusión de pertenecer a algo más grande, las estafas son espejos de nuestras aspiraciones, nuestros miedos y nuestras vulnerabilidades.

¿Por qué seguimos cayendo?, ¿qué tienen los embaucadores que logran seducir incluso a los más cautos? Para entenderlo, hay que mirar no solo los detalles de cada fraude, sino también al complejo entramado de la psicología humana. Las estafas no solo son actos de engaño; son, en cierto sentido, colaboraciones entre el embaucador y su víctima.

Nuestros más profundos deseos, complejos y emociones

El atractivo de las estafas radica en algo profundamente humano: nuestra capacidad de soñar y nuestra necesidad de confiar. Las estafas no funcionan porque las personas sean ingenuas, sino porque apelan a emociones básicas como la ambición, el miedo a perder una oportunidad única y el deseo de pertenecer a algo especial.

Daniel Kahneman, en Thinking, Fast and Slow, explica cómo nuestra mente opera en dos sistemas: uno rápido, impulsivo y emocional, y otro lento, lógico y analítico. Las estafas explotan nuestro “sistema rápido”, el que busca gratificación instantánea, antes de que nuestro lado racional pueda intervenir.

En Influence: The Psychology of Persuasion, Robert Cialdini detalla cómo los estafadores manipulan principios psicológicos como la escasez, la autoridad y la reciprocidad. Si una oferta parece venir de una figura respetada o si nos presionan a actuar rápidamente, nuestras defensas racionales se desactivan. Además, crean un falso sentido de comunidad, en el que las víctimas sienten que forman parte de algo exclusivo, reduciendo aún más su capacidad de cuestionar.

De lo humano a lo espectacular y la vida de uno de los más grandes defraudadores de la historia

De todos los fraudes documentados, pocos son tan impresionantes como el de Gregor MacGregor, un escocés que, en el siglo XIX, convenció a cientos de personas de invertir en un país que no existía: Poyais.

Gregor MacGregor nació a finales del siglo XVIII en Escocia. Su padre fue capitán de la Compañía Británica de las Indias Orientales, lo que le permitió crecer en una familia acomodada. Según cuentan los registros, Gregor no dudaba un segundo en mentir o aprovecharse de cualquier oportunidad para mantener o mejorar su estatus.

Durante las Guerras Napoleónicas, se unió al ejército y se casó con la hija de un almirante de la Marina Real, utilizando más de 72,000 libras esterlinas (a valor actual) para convertirse en capitán de su regimiento. Aunque luchó brevemente en Portugal, se retiró pronto, pero nunca dejó de alardear sobre sus “aventuras”, tratando de cautivar a las personas con su influencia y relatos imaginarios.

Tras la muerte de su esposa, que lo dejó sin acceso al dinero de su familia, Gregor se mudó a la recién independiente Venezuela, donde se casó con una prima de Simón Bolívar. Sin embargo, no logró éxito alguno dentro del círculo cercano del libertador y terminó exiliándose en un territorio ubicado entre lo que hoy es Honduras y Nicaragua, donde comenzó a planear uno de los fraudes más lucrativos de la historia.

Los repartos coloniales: El Reino de Poyais

Durante las épocas coloniales en América, los países conquistadores buscaban apropiarse del mayor territorio posible. En aquel entonces, Inglaterra había nombrado a un “Rey” (fiel a su costumbre de otorgar títulos nobiliarios) en la región de lo que hoy es Nicaragua y Honduras: George Frederic Augustus. Este militar, sin embargo, apenas logró controlar unas pequeñas extensiones de tierra deshabitadas. En ese contexto, MacGregor consiguió que le “obsequiaran” un pedazo de terreno a cambio de un par de botellas de ron y algunas joyas.

De vuelta en Inglaterra, y aprovechando que la información en la época era fácilmente manipulable, MacGregor utilizó su reconocimiento como veterano de guerra para proclamarse “príncipe” de una nación próspera en Centroamérica: Poyais, o la Nación Poyer. Aseguraba que este era un territorio no conquistado por los españoles y que era una utopía llena de recursos naturales, ya en vías de convertirse en una ciudad con infraestructura al estilo europeo.

Nada interesaba más a los inversores que las oportunidades de obtener rendimientos a partir de las naciones nacientes. Los países recién independientes solían emitir papeles de tesorería o bonos que ofrecían 6% o más de rendimientos anuales, sin embargo, no habría como identificar si realmente se estaba invirtiendo en un país real.

Aprovechando su carisma y la falta de información verificable de la época, MacGregor diseñó una campaña elaborada: emitió bonos, imprimió billetes y escribió un libro sobre Poyais bajo un seudónimo. Incluso organizó expediciones para colonizar el territorio. Pero cuando los primeros colonos llegaron a “Poyais”, encontraron un territorio inhóspito y desolado.

Demasiado bueno para ser verdad

Escuchando estas historias, comprar tierras, invertir en bonos o adquirir la moneda local de Poyais no parecía una tontería. Los inversores pensaban que estaban financiando infraestructura y un auge inmobiliario sin precedentes. La realidad, sin embargo, era que todo el dinero iba directamente a los bolsillos de MacGregor.

Para dimensionar la magnitud del fraude, MacGregor llegó a encarecer el precio por acre de los territorios inexistentes y, en 1822, emitió un bono de 200,000 libras con un rendimiento del 6%. A pesar de no tener un sistema fiscal organizado, aseguraba a los inversores que el dinero para pagarles provendría de futuros habitantes y de la explotación de recursos naturales del supuesto territorio.

A finales de ese mismo año, cientos de personas del Reino Unido cruzaron el Atlántico durante dos meses para llegar a St. Joseph, la supuesta capital. Al desembarcar, lo único que encontraron fue un páramo inhabitado.

El terreno no era apto para la agricultura ni la ganadería, y las monedas y bonos adquiridos no tenían ningún valor. Los nuevos colonos comenzaron a morir uno a uno debido a hambruna, desnutrición y malaria. Cientos de personas perdieron la vida en esas condiciones, mientras MacGregor permanecía en Londres, explotando su estafa.

Un año después, la Marina Real rescató a cinco barcos con sobrevivientes que habían escapado de Centroamérica, lo que permitió que el fraude de Poyais se hiciera público. Sin embargo, aceptar que habían sido engañados fue difícil para muchos. Los ingleses que habían invertido en Poyais se negaban a admitir que habían sido estafados y, en cambio, comenzaron a culpar a los colaboradores de MacGregor por el robo del dinero.

El fin de la estafa

Tras el escándalo en Inglaterra, MacGregor intentó replicar su fraude en Francia. Allí también fue descubierto por las autoridades y puesto en custodia. Sin embargo, nunca enfrentó la justicia por completo y fue liberado al poco tiempo, proclamándose inocente.

La estafa de Poyais coincidió con el colapso de otras burbujas de inversión en América Latina. En 1825, durante una época de pánico financiero, los inversores comenzaron a retirar su dinero de los nuevos estados independientes. Estos territorios, aún inestables, carecían de instituciones sólidas para garantizar el uso adecuado de los fondos, lo que provocó el incumplimiento de muchas promesas de rendimiento. Más de 50 bancos ingleses quebraron, lo que se convirtió en uno de los desastres financieros más grandes en la historia del Reino Unido.

Hasta sus últimos días, Gregor MacGregor vivió como el autoproclamado “Príncipe de Poyais” en Venezuela. Allí era recordado como un veterano militar y disfrutó de una vida llena de lujos y privilegios, financiada por su gigantesca estafa. En total, se estima que MacGregor generó más de cinco mil millones de libras (en valores actuales) a partir de una nación ficticia que, a la fecha, sigue siendo un territorio olvidado.

Seguimos siendo inocentes

En el fondo, historias como esta nos recuerdan una verdad incómoda: nuestra capacidad de ser engañados está profundamente entrelazada con nuestra humanidad. Como seres emocionales, tendemos a creer en aquello que valida nuestras aspiraciones o alimenta nuestros anhelos más profundos. ¿Cómo resistirnos a la promesa de una vida mejor, de un atajo al éxito o de pertenecer a algo extraordinario? Es esa misma capacidad de soñar lo que nos hace vulnerables.

Erich Fromm dice que “la necesidad de creer en algo mayor que nosotros mismos está enraizada en la inseguridad humana”. En este contexto, las estafas actúan como espejos de nuestras inseguridades, ofreciéndonos soluciones fáciles a problemas complejos. Pero hay algo más profundo: nuestra tendencia a confiar. La confianza, indispensable para la convivencia y el progreso social, se convierte también en el arma más poderosa de los embaucadores.

Aunque las formas de las estafas evolucionan con el tiempo, su esencia permanece. Ya no nos venden países imaginarios como Poyais, pero sí nos ofrecen curas milagrosas, criptomonedas sin sustento o esquemas que prometen riqueza instantánea. Los fraudes modernos son más sofisticados, aprovechando herramientas digitales y redes globales para amplificar su alcance.

Sin embargo, la clave para entender por qué seguimos cayendo no está en la complejidad de las estafas, sino en nuestra condición humana. Somos criaturas esperanzadas, guiadas por emociones que, aunque nos impulsan a soñar y a innovar, también nos hacen susceptibles al engaño.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

 

El transporte público: ¿un derecho o un negocio?

by Eugenio Roux Suárez
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El reciente aumento gradual de 10 centavos mensuales en la tarifa del transporte público hasta llegar a los 17 pesos que le recetó el gobernador Samuel García a los ciudadanos de Nuevo León, además de hacer notoria su falta de empatía, refleja una concepción errónea sobre la naturaleza de este servicio. 

Hay que poner sobre la mesa una premisa fundamental: El transporte público no debe ser considerado, ni operado como un negocio, sino como lo que es, un servicio público y un derecho humano fundamental. Así lo dice la comunidad internacional y nuestra propia Constitución.

En las sociedades más avanzadas, el acceso a la movilidad es garantizado por el Estado, que asume la responsabilidad de subsidiar este servicio para asegurar su accesibilidad a toda la población, sin importar su capacidad económica. Es decir, todo lo contrario a lo que sucede aquí, y aún peor, el incremento en la tarifa no va acompañado de una mejora sustantiva en la calidad del servicio. Los usuarios continúan enfrentando unidades en condiciones precarias, inseguras, rutas ineficientes y retrasos constantes, lo que demuestra que el problema no radica únicamente en el costo, sino también en la deficiencia estructural del servicio. Si el Estado decide aumentar el costo del transporte, debe, al menos, garantizar una mejora proporcional en la calidad del mismo.

Este modelo de gestión, donde el transporte público se gestiona como un negocio, es incongruente con los modelos adoptados por las ciudades más avanzadas del mundo, donde no es casualidad que tengan un servicio de transporte de mucha calidad. Solo por poner un ejemplo, países como Luxemburgo, optaron por subsidiar el transporte público, absorbiendo el costo del metro y otros medios de transporte, para que los ciudadanos no tengan que afrontar tarifas prohibitivas y puedan moverse libre y gratuitamente. 

Este enfoque debe ser replicado (gradualmente) en nuestro estado, hacia allá deben de ir enfocados nuestros esfuerzos, ya que invertir en un sistema de transporte público eficiente a mediano plazo, no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino también la productividad y competitividad de la región.

En fin, Samuel hace ya tiempo perdió el rumbo, eso se sabe, pero sumarle ahora, que el ciudadano pague por su irresponsabilidad, es un completo descaro.

Derecho de movilidad: Gran Reto

by Clara Luz Flores
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En los últimos años, la movilidad urbana ha emergido como un tema central en la agenda pública de muchos estados y Nuevo León no es la excepción. El derecho de movilidad no solo abarca la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, sino que está estrechamente relacionado con el acceso a una vida digna, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad urbana. En este contexto, es crucial entender cómo el marco legal y las políticas públicas en Nuevo León son un gran reto y quizás una de las principales prioridades del pueblo.

El derecho de movilidad es una prerrogativa humana que implica la capacidad de las personas para desplazarse libremente dentro de un territorio, sin restricciones arbitrarias y con acceso a medios de transporte seguros y eficientes. Este derecho está enraizado en la Constitución Mexicana y en diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En Nuevo León hoy se presenta como uno de los principales retos a resolver para el pueblo, entre otros factores por la falta de atención y abandono de varios años por las autoridades responsables.

Quizás no sea solamente un tema de incremento al transporte público, sino las malas condiciones y la insuficiencia del mismo además de la falta de planeación integral para brindar soluciones eficientes. 

Hoy mucha gente tiene que hacer largas filas y horas de espera, además de pagar por muchas unidades deficientes, lo cual es uno de los retos principales para resolver en los próximos años.

La falta de un enfoque integral, los problemas de infraestructura, la ineficiencia del transporte público y las desigualdades socioeconómicas que afectan el acceso a los sistemas de transporte siguen siendo algunos de los puntos más polémicos. 

Una de las principales críticas al derecho de movilidad en Nuevo León es la desarticulación entre los diferentes modos de transporte público. Aunque existen iniciativas como el Metro y el sistema de autobuses, la integración de estos servicios sigue siendo deficiente. Los transbordos entre estos sistemas no siempre son eficientes ni fáciles de realizar, lo que genera largas esperas y costos adicionales para los usuarios.

La falta de intermodalidad y de un sistema de tarifas único y accesible crea una experiencia de movilidad fragmentada, especialmente para las personas que dependen del transporte público en lugar del automóvil. En lugar de ofrecer una red de transporte fluida y coherente, los usuarios se enfrentan a un conjunto de servicios inconexos que dificultan la planeación de sus desplazamientos cotidianos.

Asimismo, la infraestructura peatonal en Monterrey y otros municipios de la zona metropolitana es deficiente. 

Las banquetas son estrechas, irregulares o están bloqueadas por obstáculos como postes, árboles o estacionamiento en la vía pública. Esto hace que caminar sea una opción incómoda y peligrosa, especialmente para personas con discapacidad, personas mayores o familias con niños pequeños. 

Existe una falta de respeto al peatón en banquetas y calles e incluso en espacios seguros para caminar y cruzar de una acera a otra, además del deterioro de muchos puentes para transeúntes. 

El transporte público en Nuevo León sigue siendo deficiente, especialmente en las áreas periféricas de Monterrey. A pesar de los esfuerzos por ampliar las rutas del metro y los autobuses, aún existen zonas de difícil acceso, donde los residentes dependen de transporte informal o de servicios de transporte privado, como los taxis o las plataformas de ridesharing, que no siempre son accesibles económicamente para toda la población.

El costo del transporte público se ha convertido en un tema de controversia, ya que muchas familias de bajos ingresos tienen que destinar una porción significativa de su presupuesto mensual a sus traslados. Además, la calidad del servicio, en términos de frecuencia, comodidad y seguridad, sigue siendo cuestionada, ya que el sistema no siempre responde a la demanda de los usuarios.

Uno de los problemas más persistentes de la movilidad en Nuevo León es la congestionada red vial, especialmente en la zona metropolitana de Monterrey. A pesar de la construcción de nuevas avenidas y puentes, el número de vehículos en las calles sigue creciendo, lo que agrava la congestión y provoca largos tiempos de desplazamiento. 

El desmedido aumento del parque vehicular y la falta de infraestructura vial entre municipios del área metropolitana es un tema grave a punto de colapsar. 

Aunque se han creado algunas ciclovías el estado sigue siendo muy dependiente del automóvil. Las ciclovías existentes no están suficientemente conectadas, ni son seguras en muchas áreas, lo que genera que el uso de la bicicleta no sea una opción viable.

El derecho de movilidad, sin duda, requiere que todos pongamos atención antes de que siga golpeando al pueblo.