Salvando al sol naciente: Japón y las décadas perdidas

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“The paradox of the modern age, I realized, is that we live in a world that is closely integrated in some ways, but fragmented in others. Shocks are increasingly contagious. But we continue to behave and think in tiny silos.”
― Gillian Tett, The Silo Effect: Why putting everything in its place isn’t such a bright idea

Es la segunda mitad de los años 80, y Japón dominaba el mundo, construyendo una de las mayores burbujas económicas de la historia. La apreciación del yen tras los Acuerdos de Plaza y Louvre encareció las exportaciones japonesas, lo que llevó al Banco de Japón a reducir drásticamente las tasas de interés, facilitando el crédito barato y alimentando una ola especulativa. Los bancos, incentivados por nuevas regulaciones, canalizaron enormes cantidades de dinero hacia los keiretsu y comenzaron a prestar cada vez más a perfiles mucho más riesgosos.

Desde la perspectiva actual, con la ventaja del análisis retrospectivo, la burbuja que estaba a punto de estallar resulta evidente. Sin embargo, en ese momento, Japón vivía una época de expectativas desbordantes. En 1995 se estrenaría la tercera parte de Back to the Future, y nada ilustra mejor el dominio japonés de la época que aquella escena en la que Doc Brown se burla de un chip “Made in Japan”, a lo que Marty McFly responde: “Todo lo mejor se hace en Japón”. La narrativa de una Japón imparable llegó a tal punto que, en la misma película, es un japonés quien despide a Marty cuando viaja al 2015.

El dinero entraba a raudales desde todo el mundo. Si bien el yen se había apreciado y Japón se había vuelto más caro para el exterior (de hecho, el único objetivo que se logró con los acuerdos fue eliminar el superávit comercial con EE.UU.), los activos japoneses ofrecían enormes rendimientos, tanto en bolsa como en bienes raíces. A estos últimos años, los japoneses los denominan baburu keiki, o “la economía de burbuja”.

La formación de la burbuja

Ya hemos hablado del impacto cultural que Japón experimentó con la globalización. Uno de los primeros valores que se desvaneció ante la occidentalización fue el del ahorro. La economía clásica en su forma más empírica: ante el fácil acceso al crédito, la avaricia venció al ahorro, y los japoneses comenzaron a redirigir su capital hacia la renta variable y la especulación.

En la década de los 80, el rendimiento de la bolsa japonesa alcanzó casi un 20% anual y hasta un 30% para los inversionistas extranjeros. Tan solo el PIB de Tokio superaba al de la Unión Soviética, y Japón contaba con la Bolsa de Valores más grande del mundo. Todos los bancos más grandes del mundo eran japoneses y tomaban deuda en moneda extranjera, aprovechando la apreciación del yen.

Los bancos pronto se quedaron sin deudores solventes y poco riesgosos, por lo que expandieron aún más el crédito. Pero no solo los bancos y los inversionistas extranjeros se lanzaron a la especulación: las grandes empresas industriales crearon divisiones específicas para ello, conocidas como zaiteku (財テク), o “tecnología financiera”. De hecho, en 1987, Nissan habría registrado fuertes pérdidas operativas de no ser por su especulación financiera.

En ese mismo año, el PIB per cápita de Japón superó al de EE.UU.: 20,745 dólares frente a 20,038 (según datos del Banco Mundial). Se hablaba de Japón como la próxima superpotencia económica. La burbuja alcanzó su auge en el sector inmobiliario y de la construcción. El exceso de liquidez provocado por la entrada masiva de divisas convirtió cualquier terreno habitable o construible en un activo altamente codiciado. Se dice que los jóvenes recién graduados no solo financiaban una casa, sino dos o más. La inversión extranjera en infraestructura también se disparó, dejando tras de sí una sobreoferta que colapsaría más tarde.

Los precios de la vivienda crecieron hasta el punto de afectar la competitividad del país. Se dice que en las noches era necesario exhibir un billete de 10,000 yenes para poder tomar un taxi en el lujoso barrio de Ginza. A finales de los 80, hacerse socio de un club de golf costaba más de un millón de dólares.

Yakuzas: los carteles de la burbuja inmobiliaria

El valor de los inmuebles japoneses se multiplicó por cinco en la década de los 80. Pero cuando la burbuja alcanzó su punto máximo y la demanda se desplomó, los precios cayeron hasta un 70%. Durante ese periodo, el hombre más rico del mundo era japonés: Yoshiaki Tsutsumi, quien construyó su fortuna en el mercado inmobiliario.

Para evitar la especulación con los inmuebles, Japón impuso un sistema de impuestos progresivos sobre la venta de propiedades, que aumentaban según el tiempo transcurrido desde la compra. Sin embargo, esto también restringió la oferta de terrenos disponibles, disparando los precios a niveles astronómicos. Un apartamento de 27 metros cuadrados en el centro de Tokio no costaba menos de 200,000 dólares (sin ajustes por inflación), casi cuatro veces más que sus equivalentes en Manhattan.

El crimen organizado también desempeñó un papel crucial en la burbuja, dejando una marca profunda en la sociedad japonesa. Los yakuza han estado históricamente involucrados en la industria de la construcción, controlando cientos de empresas del sector.

Durante la burbuja financiera, la mafia inmobiliaria se dedicó a expulsar inquilinos y propietarios de sus edificios mediante hostigamiento, acoso y extorsión para demoler las estructuras, reconstruirlas y venderlas a precios inflados.

Además, surgieron los prestamistas que tomaban la vida del prestatario como garantía, y los sokaiya (acosadores corporativos), quienes compraban acciones de empresas y chantajeaban a los directivos exigiendo pagos o beneficios. Empresas como Mitsubishi y Toshiba sucumbieron a estas prácticas.

La intervención de la policía fue clave para frenar estas actividades, especialmente después del asesinato de un directivo de Fuji Photo en 1994. Aunque el crimen financiero en Japón persistió hasta bien entrado el siglo XXI, la presencia de los yakuza se ha reducido considerablemente.

La explosión y década perdida

Con todo este contexto, la economía japonesa estaba evidentemente sobrecalentada. En 1989, el Banco de Japón comenzó a subir las tasas de interés de forma gradual para frenar la burbuja, hasta alcanzar un 6%.

El flujo de crédito se cortó de un momento a otro. En 1990, la burbuja estalló y la bolsa japonesa se desplomó un 32%. Dos de los bancos más importantes del país, el Long-Term Credit Bank y el Industrial Bank of Japan, tenían miles de millones de dólares en préstamos incobrables. Incapaces de capitalizarse, tuvieron que vender estos créditos basura a inversionistas extranjeros, absorbiendo enormes pérdidas. Los bancos japoneses operaron en números rojos durante toda la década de los 90.

Japón, que en ese momento tenía 120 millones de habitantes (y que sigue teniendo prácticamente la misma cifra debido a los efectos de esta crisis), vio cómo cinco millones de personas perdían su empleo. El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre los hombres de 20 a 44 años.

La crisis no solo golpeó el mercado financiero, sino que también afectó profundamente la economía real. El colapso del consumo interno llevó a una sobreproducción de bienes, lo que desencadenó un periodo prolongado de deflación (una caída generalizada de los precios). Japón entró en un ciclo de estancamiento en el que las empresas no encontraban incentivos para invertir, y el crecimiento económico se volvió prácticamente nulo.

Japón pasó de ser el país que compraba edificios y campos de golf en el extranjero a verse obligado a venderlos a precios de remate. Un ejemplo claro es el Hotel Bel-Air, que se vendió por 50 millones de dólares, la mitad de lo que se había pagado por él solo cinco años antes.

Las secuelas de la burbuja

En términos fiscales, el déficit presupuestario japonés (la diferencia entre los ingresos y los egresos del Estado) pasó del 2.4% del PIB en 1991 a más del 200% en la actualidad. Japón es hoy uno de los países más endeudados del mundo y ha mantenido tasas de interés cercanas a cero durante décadas en un intento por estimular la economía.

El país entró en una era de ajustes y reformas que no lograron devolverle el dinamismo de antaño. La explosión de la burbuja dejó cicatrices profundas en la sociedad japonesa: el optimismo desbordado de los años 80 se transformó en una visión mucho más cautelosa y pragmática del futuro. Japón entró a un periodo de estagnación, la economía japonesa registró un crecimiento promedio anual de 0.7%, con un máximo de 4% en 2010. Por otro lado, la sorprendente deflación apareció entre 1995 y el 2012, la inflación primedio anual fue de (-1.5%), como un fenómeno económico sin precedentes.

Japón no volvió a ser el mismo después del estallido de la burbuja. La confianza a ciegas en el crecimiento infinito se convirtió en cautela que marcó a una sociedad en incertidumbre y precariedad laboral. La crisis no solo dejí cicatrices económicas, sino que alteró profundamente el tejido social: una generación entera vio desaparecer sus oportunidades, los salarios se estancaron, la natalidad cayó y la idea del empleo de por vida -pilar de lo que era el mercado japonés- comenzó a desmoronarse.

Hoy Japón sigue atrapado en las secuelas de su pasado, con un crecimiento anémico y una población envejecida que se enfrenta a nuevos desafíos. El milagro económico japonés de la posguerra se convirtió en una advertencia para el mundo sobre los peligros de la especulación descontrolada. Tres décadas después, Japón sigue buscando cómo salvar al sol naciente.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

El Caso Marianne: Cuando la Justicia se Confunde con la Venganza y el Morbo Justifica la Violencia

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Hay una obsesión colectiva por ver caer a alguien. Por imponer un castigo ejemplar, por convertir la justicia en una transacción simple: daño cometido, años de cárcel impuestos. Con la detención de Marianne “N”, el debate no ha girado en torno a la gravedad de los hechos o las implicaciones jurídicas, sino a una exigencia casi visceral de que pague el mayor precio posible.

La cobertura mediática ha hecho lo suyo, convirtiendo el caso en un espectáculo donde el debido proceso es un estorbo y la reflexión es lo de menos. No importa si es adolescente, no importa el contexto, lo único que parece importar es que la condena sea lo suficientemente dura para que la gente sienta que se ha hecho justicia. Pero, ¿realmente estamos hablando de justicia?

En medio de esta avalancha de criminalización mediática, ha pasado casi desapercibido lo que debería ser el centro de esta discusión: en este caso hay una víctima hospitalizada y una bebé de apenas 6 meses con un futuro incierto, y, sin embargo, en lugar de hablar de reparación, de cómo apoyar a Valentina y su familia, una gran parte de la conversación se ha centrado en justificar la agresión.

Los comentarios en las redes sociales de Valentina son brutales:
“Ella se lo buscó.”

“Ojala te hubiera dado mejor”
“Eso le pasa por meterse con un hombre que no le correspondía.”

“Con esto que le paso, no creo que le queden ganas de meterse con el ex de una amiga, esperemos que aprenda su lección”

Esto no es casualidad. Es violencia de género en su forma más perversa: la revictimización. Nada, absolutamente nada, hace merecedora a una persona de ser apuñalada más de diez veces. No importa con quién salía, qué hacía o qué decisiones tomó en su vida personal. Intentar justificar este nivel de violencia es pura y llana misoginia.

Es una revictimización cruel, inhumana. No solo se minimiza lo que sufrió, sino que se le señala como responsable de su propia agresión. Esto no es nuevo. Es el mismo mecanismo que se usa para deslegitimar la violencia contra las mujeres. Siempre hay un “pero”, siempre hay un “se lo buscó”. Y en este caso, nuestra sociedad lo ha llevado al extremo.

El proceso apenas comienza, ¿por qué no tentativa de feminicidio?

Marianne ya fue vinculada a proceso, lo que significa que un juez encontró indicios suficientes para iniciar una investigación formal en su contra. El juez otorgó 60 días para completar la investigación, un plazo que, lejos de ser un obstáculo, es una garantía para que todas las partes presenten evidencia y se estudien los hechos de manera justa. Los procesos penales son largos precisamente por esto, porque la justicia no puede depender de juicios apresurados ni de condenas dictadas en redes sociales. 

Sin embargo, muchas personas han cuestionado por qué no se le imputó tentativa de feminicidio en lugar de lesiones dolosas que ponen en peligro la vida. Para entenderlo, hay que hablar de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Marianne enfrenta un proceso bajo el sistema de justicia para adolescentes, lo que significa que su caso se rige bajo principios distintos a los del sistema penal para adultos. No se trata de un favor ni de un privilegio; es el resultado de un marco jurídico que entiende que los adolescentes, aunque responsables de sus actos, están en un proceso de desarrollo que exige un enfoque diferente, con la esperanza de una reinserción social futura. Pero esto no ha impedido que se le compare con Fofo Márquez, como si ambos casos fueran idénticos. Como si la ley operara en función de una lógica de castigo matemático, sin matices, sin contexto.

Esta Ley establece que las sanciones se dividen en grupos de edad. Marianne tiene 17 años, lo que significa que pertenece al grupo de 16 a 18 años, donde la pena privativa de libertad máxima es de 5 años, y solo se puede imponer en ciertos delitos de alta gravedad. Entre estos delitos sí está el feminicidio. Si Marianne fuera acusada y sentenciada por feminicidio, podría recibir la pena máxima permitida para su edad.

Pero hay una clave importante: para los adolescentes, las tentativas punibles (como tentativa de feminicidio) no permiten la imposición de medidas privativas de la libertad. Es decir, si a Marianne se le hubiera acusado de tentativa de feminicidio, no habría podido permanecer en internamiento preventivo, ni siquiera en caso de ser encontrada culpable.

Para poder mantenerla privada de la libertad durante el proceso y tras una posible sentencia, el delito debía ser distinto. Por eso se le imputó lesiones dolosas que ponen en peligro la vida, un delito que sí permite la privación de la libertad para adolescentes bajo este sistema.No fue una decisión arbitraria ni un intento de suavizar su castigo. Fue la única opción legalmente viable dentro del marco de justicia penal para adolescentes.

El problema es que en redes sociales no estamos discutiendo sobre la justicia. Nos hemos acostumbrado a un modelo donde el castigo extremo es la única respuesta válida, donde el derecho penal ya no es un mecanismo de regulación social, sino una herramienta de venganza pública. 

Aquí es donde la periodista Carol H. Solís hace una observación esencial: “Lo que hizo Marianne está mal, es innegable. Pero lo que estamos haciendo con ella también lo está. La justicia no se debería medir por cuantos años logramos meter a la carcel a una adolescente a la que le hemos celebrado vivir como adulta.”

La justicia no es solo años de cárcel

Nos guste o no, el derecho penal no debería ser solo castigo. En teoría, también busca prevención y reinserción, aunque la realidad nos demuestre constantemente lo contrario. La prisión no es garantía de que una persona no reincida, ni de que el daño a la víctima será reparado. La justicia no se mide en años de cárcel. La justicia se mide en su capacidad de prevenir, reparar y transformar.

Pero aquí estamos, una vez más, reduciendo todo a una ecuación de “más cárcel, más justicia”.

Nos hemos convertido en espectadores de un juicio mediático donde la justicia es secundaria. Donde no importa el proceso, solo la condena. Y si ese es el caso, tal vez es momento de admitir que no estamos pidiendo un sistema más justo, sino un sistema más cruel.

Salvando al sol naciente: El milagro japonés

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La mejor manera de crecer rápidamente es bombardear al país.

-Milton Friedman

Japón es un país que desborda aparentes contradicciones fascinantes: tradición milenaria junto a avances tecnológicos, una cultura de disciplina comunitaria en conjunción con una economía capitalista. Estas contradicciones o conjunciones fueron la base del milagro japonés del siglo XX, un periodo que llevó al país de la derrota a convertirse en una de las economías más dinámicas del mundo, llegando incluso a posicionarse como la segunda economía global y la primera en PIB per cápita.

Para entender la economía japonesa, hay que mirar más allá de los números y las teorías tradicionales. Japón no solo es un caso único en la historia global; es un testimonio vivo de cómo la cultura y la idiosincrasia de una nación pueden moldear su destino económico. Este mismo espíritu, profundamente arraigado en su cultura, permitió a Japón convertirse en una potencia mundial en un tiempo sorprendentemente corto.

Japón es un ejemplo de cómo la economía no puede desvincularse de la sociedad que la impulsa. Su enfoque colectivo, su respeto por la jerarquía y la innovación como pilar del progreso son manifestaciones directas de su idiosincrasia. A diferencia de muchas economías occidentales, donde el individuo y el riesgo son celebrados, Japón construyó su milagro a partir de la cooperación. Lo que fue su panacea también se convirtió, con el tiempo, en su mayor pecado al globalizarse, soltando un poco los pies de su tierra.

Esta es la primera de dos partes en las que exploraremos mi tema del momento: el ascenso económico japonés en el siglo XX y cómo este modelo fue puesto a prueba por una burbuja que marcó un antes y un después en su historia. Todo esto resaltando la manera en la que la cultura influye en las decisiones políticas y económicas de los países.

Idiosincrasia y economía

La economía de un país no se define únicamente por sus recursos y políticas, sino también por su cultura, historia y, por ende, su idiosincrasia. La forma en que una sociedad vive y evoluciona según su contexto material e histórico impacta la manera en la que valora el trabajo, el ahorro, el consumo y las relaciones humanas; lo que, a su vez, determina cómo se estructuran los negocios y las políticas económicas.

Para Japón, por ejemplo, el énfasis está en la disciplina, la mejora continua (kaizen) y la resistencia y perseverancia (gaman). Estos valores moldearon su reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial y forjaron un modelo económico altamente competitivo. Este modelo no es universal: otras naciones, como Estados Unidos, prosperan al priorizar la evolución individual y la toma de riesgos. La economía es, en esencia, un reflejo de los valores aspiracionales de una sociedad.

Kintsugi: Reparar con oro

Tras la Segunda Guerra Mundial, Japón quedó roto, lleno de grietas, en un sentido literal para su infraestructura, pero también en lo personal, con un orgullo dañado. Para sobreponerse, fiel a sus principios, decidió reparar las grietas con oro, haciendo énfasis en sus fracturas en lugar de ocultarlas o disimularlas.

Es septiembre de 1945. Japón se ha rendido ante Estados Unidos luego de las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki. La guerra ha dejado en cenizas a un país que aún se construía con madera y papel.

Hay que entender que Japón nació como una nación basada en el sector primario, siendo históricamente un gran exportador de arroz, trigo y papas; así como de productos ganaderos y pesqueros. Luego del periodo bélico, era necesario replantearse la vocación del país desde sus cimientos. Por ello, a partir de mediados del siglo XX, los planes de estímulo se centraron en la industrialización, la inclusión total de la población económicamente activa y, sobre todo, la creación de nuevos productos y el uso de tecnología.

Japón también tuvo la “suerte” de estar cerca de la península de Corea y presenciar la guerra entre 1950 y 1953, la cual culminó con la famosa división en el paralelo 38. Este suceso incrementó la demanda de productos desde el exterior, incluyendo aquellos financiados por el Plan Marshall.

A partir de ahí, ganadores del Nobel como Simon Kuznets identificaron cuatro modelos económicos: los países desarrollados, los no desarrollados, Argentina (que, según él, era un caso enigmático por su falta de crecimiento) y Japón (que tampoco se entendía por qué crecía tan rápido). En este texto trataré de llegar a mi propio entendimiento de qué sucedió y cómo se llegó a una burbuja que dejó a Japón en un periodo de estanflación.

La gran máquina de exportación

La apuesta de la política económica japonesa lo llevó a convertirse en una brutal máquina de exportación de productos de alta tecnología. Muchos productos que vende Japón fueron inventados en el extranjero, pero mejorados en calidad y procedimientos de fabricación por los japoneses (vid. just-in-time).

Dentro de estas políticas económicas, se incluyó la relajación de las reglas antimonopolio, beneficiando así a los keiretsu. Esta es una forma de organización en la que empresas se vinculan de manera vertical (jerarquía productiva, como Toyota y sus subsidiarias) u horizontal (vinculación cruzada en relaciones bancarias, como Mitsubishi). El crédito del banco central a los bancos comerciales fluyó hacia los conglomerados, que empezaron a crecer vertical y horizontalmente. Estos conglomerados no repartían muchos beneficios, ya que sus gestores estaban más interesados en el pago de intereses. Este crecimiento entre 1955 y 1962 pavimentó el camino para los dorados años 60. En estos años se fue liberalizando poco a poco el comercio internacional.

Es en ese momento cuando Japón comienza a arrasar culturalmente. Su mejor estrategia fue invitar al mundo a conocerlo en los Juegos Olímpicos de 1964, presentándose como una nación avanzada y retransmitiendo los juegos en televisión a color y en tiempo real, en parte usando tecnología japonesa. También se insertaron en el entretenimiento, protagonizando películas como James Bond, Black Rain, Rising Sun o Die Hard. De acuerdo con el Banco Mundial, los años 60 fueron de alto crecimiento; tan solo en 1969, la economía japonesa creció un 12.49%.

También se ha argumentado que Japón se benefició enormemente de no contar con un ejército y estar “protegido” militarmente por Estados Unidos. Desde 1975 hasta 1991, el crecimiento de la economía japonesa no fue menor al 3% anual, lo que permitió relocalizar los esfuerzos bélicos y militares hacia fines más productivos.

La llegada de los acuerdos del Hotel Plaza-Louvre y la apreciación del yen japonés

Para los años 80, Japón ya se había consolidado como la segunda economía del mundo, llegando incluso a superar a Estados Unidos en términos de PIB per cápita. Sus exportaciones de productos tecnológicos y de consumo–como relojes de cuarzo, Walkmans, consolas de videojuegos (SEGA, Nintendo), autos (Mazda MX-5, Toyota Camry), relojes Casio, entre muchos otros–desplazaron a centenares de fabricantes en diversas partes del mundo. Tokio se convirtió en la bolsa de valores más grande del planeta, mientras que la bolsa de Osaka superó a la de Londres, relegándola al cuarto lugar.

El enorme superávit comercial japonés generó desequilibrios económicos en otros países industrializados, particularmente en Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania Occidental, cuyos déficits comerciales se profundizaron. Para corregir esta situación, estos países, junto con Japón, firmaron los Acuerdos de Plaza en 1985 en el icónico Hotel Plaza de Nueva York (sí, el de Home Alone 2), seguidos por los Acuerdos de Louvre en 1987 en París. El objetivo de estos acuerdos era inducir la apreciación del yen para hacer las exportaciones japonesas más caras y reducir su dominio en el mercado global.

Para cumplir con lo pactado, el Banco de Japón tuvo que reducir sus tasas de interés drásticamente, con la intención de contrarrestar los efectos negativos de la apreciación del yen en las exportaciones. Sin embargo, la combinación de una moneda fuerte y tasas de interés bajas creó una receta perfecta para una burbuja especulativa.

El inicio de una burbuja

La apreciación del yen fue un éxito para las economías occidentales: su valor pasó de 250 yenes por dólar en 1985 a 160 yenes por dólar en 1986. Sin embargo, en Japón, la fuerte revaluación de la moneda causó preocupación, ya que encareció sus exportaciones y redujo su competitividad internacional. En respuesta, el Banco de Japón bajó las tasas de interés de manera agresiva, reduciéndolas del 9% en 1980 al 2.5% en 1987. No obstante, en lugar de lograr el efecto deseado de fomentar el consumo interno y equilibrar la economía, la moneda siguió fortaleciéndose, alcanzando los 130 yenes por dólar en 1990.

La apreciación del yen y el abaratamiento del crédito no llevaron a un aumento significativo en el consumo interno, como esperaban los economistas de la época. En su lugar, los inversionistas japoneses aprovecharon la fortaleza de su divisa para adquirir activos en el extranjero, comprando desde campos de golf en Hawái y California hasta el Rockefeller Center en Nueva York.

A nivel interno, el abaratamiento del crédito y la especulación financiera crearon una fiebre de inversión en activos inmobiliarios y bursátiles. En 1985, se modificó la regulación bancaria japonesa, permitiendo a los bancos pagar intereses sobre los depósitos de los clientes. Esto incrementó la competencia entre bancos para captar depósitos, lo que a su vez los incentivó a vender acciones y contabilizar las ganancias de capital sin la necesidad de aumentar tasas de interés.

El Banco de Japón, además, estableció cuotas de préstamos, limitando lo que los bancos podían prestar. Sin embargo, con el crédito barato fluyendo y los bancos compitiendo ferozmente por captar clientes, eventualmente se agotó la oferta de prestatarios de bajo riesgo, lo que llevó a un aumento en los préstamos especulativos y de alto riesgo.

Así, la economía japonesa entró en una espiral de sobreinversión y especulación que, aunque en el corto plazo dio la impresión de prosperidad ilimitada, en realidad estaba inflando una burbuja que tarde o temprano colapsaría, arrastrando consigo a una de las economías más pujantes del mundo.

La burbuja financiera japonesa de los años 80 y su colapso en los 90 fueron el resultado de una combinación explosiva de factores económicos, demográficos y culturales. La apreciación del yen tras los Acuerdos de Plaza y Louvre encareció las exportaciones japonesas, lo que llevó al Banco de Japón a reducir drásticamente las tasas de interés, facilitando el crédito barato y alimentando una ola especulativa. Los bancos, incentivados por nuevas regulaciones, canalizaron enormes cantidades de dinero hacia los keiretsu, mientras que la Yakuza infló aún más el mercado inmobiliario con redes de préstamos y lavado de dinero. Paralelamente, la población japonesa experimentó un auge que, de repente, se desaceleró, alterando la demanda de vivienda y consumo. El exceso de inversión en activos sobrevalorados, sumado a un cambio en la narrativa global donde Japón pasó de ser visto como un modelo a seguir a un antagonista en la economía mundial, terminó por reventar la burbuja. Este fue el inicio de una crisis que marcó un antes y un después en la historia económica japonesa.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

El hombre que vendió un país: La estafa más grande de la historia

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“La abundancia es más difícil de manejar que la escasez.”
― Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil: las cosas que se benefician del desorden (2012)

La historia de las estafas es, en realidad, la historia de nuestra humanidad. Desde los esquemas piramidales de Charles Ponzi hasta las promesas rotas de Theranos, cada fraude refleja nuestra eterna disposición a creer en aquello que nos promete más de lo que tenemos. Nuestra inocencia reina como sentimiento al enfrentarnos a nuestras más grandes fantasías dejando ver la avaricia y el deseo más grande sobre nuestros ojos. No importa si se trata de riqueza, salud o la ilusión de pertenecer a algo más grande, las estafas son espejos de nuestras aspiraciones, nuestros miedos y nuestras vulnerabilidades.

¿Por qué seguimos cayendo?, ¿qué tienen los embaucadores que logran seducir incluso a los más cautos? Para entenderlo, hay que mirar no solo los detalles de cada fraude, sino también al complejo entramado de la psicología humana. Las estafas no solo son actos de engaño; son, en cierto sentido, colaboraciones entre el embaucador y su víctima.

Nuestros más profundos deseos, complejos y emociones

El atractivo de las estafas radica en algo profundamente humano: nuestra capacidad de soñar y nuestra necesidad de confiar. Las estafas no funcionan porque las personas sean ingenuas, sino porque apelan a emociones básicas como la ambición, el miedo a perder una oportunidad única y el deseo de pertenecer a algo especial.

Daniel Kahneman, en Thinking, Fast and Slow, explica cómo nuestra mente opera en dos sistemas: uno rápido, impulsivo y emocional, y otro lento, lógico y analítico. Las estafas explotan nuestro “sistema rápido”, el que busca gratificación instantánea, antes de que nuestro lado racional pueda intervenir.

En Influence: The Psychology of Persuasion, Robert Cialdini detalla cómo los estafadores manipulan principios psicológicos como la escasez, la autoridad y la reciprocidad. Si una oferta parece venir de una figura respetada o si nos presionan a actuar rápidamente, nuestras defensas racionales se desactivan. Además, crean un falso sentido de comunidad, en el que las víctimas sienten que forman parte de algo exclusivo, reduciendo aún más su capacidad de cuestionar.

De lo humano a lo espectacular y la vida de uno de los más grandes defraudadores de la historia

De todos los fraudes documentados, pocos son tan impresionantes como el de Gregor MacGregor, un escocés que, en el siglo XIX, convenció a cientos de personas de invertir en un país que no existía: Poyais.

Gregor MacGregor nació a finales del siglo XVIII en Escocia. Su padre fue capitán de la Compañía Británica de las Indias Orientales, lo que le permitió crecer en una familia acomodada. Según cuentan los registros, Gregor no dudaba un segundo en mentir o aprovecharse de cualquier oportunidad para mantener o mejorar su estatus.

Durante las Guerras Napoleónicas, se unió al ejército y se casó con la hija de un almirante de la Marina Real, utilizando más de 72,000 libras esterlinas (a valor actual) para convertirse en capitán de su regimiento. Aunque luchó brevemente en Portugal, se retiró pronto, pero nunca dejó de alardear sobre sus “aventuras”, tratando de cautivar a las personas con su influencia y relatos imaginarios.

Tras la muerte de su esposa, que lo dejó sin acceso al dinero de su familia, Gregor se mudó a la recién independiente Venezuela, donde se casó con una prima de Simón Bolívar. Sin embargo, no logró éxito alguno dentro del círculo cercano del libertador y terminó exiliándose en un territorio ubicado entre lo que hoy es Honduras y Nicaragua, donde comenzó a planear uno de los fraudes más lucrativos de la historia.

Los repartos coloniales: El Reino de Poyais

Durante las épocas coloniales en América, los países conquistadores buscaban apropiarse del mayor territorio posible. En aquel entonces, Inglaterra había nombrado a un “Rey” (fiel a su costumbre de otorgar títulos nobiliarios) en la región de lo que hoy es Nicaragua y Honduras: George Frederic Augustus. Este militar, sin embargo, apenas logró controlar unas pequeñas extensiones de tierra deshabitadas. En ese contexto, MacGregor consiguió que le “obsequiaran” un pedazo de terreno a cambio de un par de botellas de ron y algunas joyas.

De vuelta en Inglaterra, y aprovechando que la información en la época era fácilmente manipulable, MacGregor utilizó su reconocimiento como veterano de guerra para proclamarse “príncipe” de una nación próspera en Centroamérica: Poyais, o la Nación Poyer. Aseguraba que este era un territorio no conquistado por los españoles y que era una utopía llena de recursos naturales, ya en vías de convertirse en una ciudad con infraestructura al estilo europeo.

Nada interesaba más a los inversores que las oportunidades de obtener rendimientos a partir de las naciones nacientes. Los países recién independientes solían emitir papeles de tesorería o bonos que ofrecían 6% o más de rendimientos anuales, sin embargo, no habría como identificar si realmente se estaba invirtiendo en un país real.

Aprovechando su carisma y la falta de información verificable de la época, MacGregor diseñó una campaña elaborada: emitió bonos, imprimió billetes y escribió un libro sobre Poyais bajo un seudónimo. Incluso organizó expediciones para colonizar el territorio. Pero cuando los primeros colonos llegaron a “Poyais”, encontraron un territorio inhóspito y desolado.

Demasiado bueno para ser verdad

Escuchando estas historias, comprar tierras, invertir en bonos o adquirir la moneda local de Poyais no parecía una tontería. Los inversores pensaban que estaban financiando infraestructura y un auge inmobiliario sin precedentes. La realidad, sin embargo, era que todo el dinero iba directamente a los bolsillos de MacGregor.

Para dimensionar la magnitud del fraude, MacGregor llegó a encarecer el precio por acre de los territorios inexistentes y, en 1822, emitió un bono de 200,000 libras con un rendimiento del 6%. A pesar de no tener un sistema fiscal organizado, aseguraba a los inversores que el dinero para pagarles provendría de futuros habitantes y de la explotación de recursos naturales del supuesto territorio.

A finales de ese mismo año, cientos de personas del Reino Unido cruzaron el Atlántico durante dos meses para llegar a St. Joseph, la supuesta capital. Al desembarcar, lo único que encontraron fue un páramo inhabitado.

El terreno no era apto para la agricultura ni la ganadería, y las monedas y bonos adquiridos no tenían ningún valor. Los nuevos colonos comenzaron a morir uno a uno debido a hambruna, desnutrición y malaria. Cientos de personas perdieron la vida en esas condiciones, mientras MacGregor permanecía en Londres, explotando su estafa.

Un año después, la Marina Real rescató a cinco barcos con sobrevivientes que habían escapado de Centroamérica, lo que permitió que el fraude de Poyais se hiciera público. Sin embargo, aceptar que habían sido engañados fue difícil para muchos. Los ingleses que habían invertido en Poyais se negaban a admitir que habían sido estafados y, en cambio, comenzaron a culpar a los colaboradores de MacGregor por el robo del dinero.

El fin de la estafa

Tras el escándalo en Inglaterra, MacGregor intentó replicar su fraude en Francia. Allí también fue descubierto por las autoridades y puesto en custodia. Sin embargo, nunca enfrentó la justicia por completo y fue liberado al poco tiempo, proclamándose inocente.

La estafa de Poyais coincidió con el colapso de otras burbujas de inversión en América Latina. En 1825, durante una época de pánico financiero, los inversores comenzaron a retirar su dinero de los nuevos estados independientes. Estos territorios, aún inestables, carecían de instituciones sólidas para garantizar el uso adecuado de los fondos, lo que provocó el incumplimiento de muchas promesas de rendimiento. Más de 50 bancos ingleses quebraron, lo que se convirtió en uno de los desastres financieros más grandes en la historia del Reino Unido.

Hasta sus últimos días, Gregor MacGregor vivió como el autoproclamado “Príncipe de Poyais” en Venezuela. Allí era recordado como un veterano militar y disfrutó de una vida llena de lujos y privilegios, financiada por su gigantesca estafa. En total, se estima que MacGregor generó más de cinco mil millones de libras (en valores actuales) a partir de una nación ficticia que, a la fecha, sigue siendo un territorio olvidado.

Seguimos siendo inocentes

En el fondo, historias como esta nos recuerdan una verdad incómoda: nuestra capacidad de ser engañados está profundamente entrelazada con nuestra humanidad. Como seres emocionales, tendemos a creer en aquello que valida nuestras aspiraciones o alimenta nuestros anhelos más profundos. ¿Cómo resistirnos a la promesa de una vida mejor, de un atajo al éxito o de pertenecer a algo extraordinario? Es esa misma capacidad de soñar lo que nos hace vulnerables.

Erich Fromm dice que “la necesidad de creer en algo mayor que nosotros mismos está enraizada en la inseguridad humana”. En este contexto, las estafas actúan como espejos de nuestras inseguridades, ofreciéndonos soluciones fáciles a problemas complejos. Pero hay algo más profundo: nuestra tendencia a confiar. La confianza, indispensable para la convivencia y el progreso social, se convierte también en el arma más poderosa de los embaucadores.

Aunque las formas de las estafas evolucionan con el tiempo, su esencia permanece. Ya no nos venden países imaginarios como Poyais, pero sí nos ofrecen curas milagrosas, criptomonedas sin sustento o esquemas que prometen riqueza instantánea. Los fraudes modernos son más sofisticados, aprovechando herramientas digitales y redes globales para amplificar su alcance.

Sin embargo, la clave para entender por qué seguimos cayendo no está en la complejidad de las estafas, sino en nuestra condición humana. Somos criaturas esperanzadas, guiadas por emociones que, aunque nos impulsan a soñar y a innovar, también nos hacen susceptibles al engaño.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

 

El transporte público: ¿un derecho o un negocio?

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El reciente aumento gradual de 10 centavos mensuales en la tarifa del transporte público hasta llegar a los 17 pesos que le recetó el gobernador Samuel García a los ciudadanos de Nuevo León, además de hacer notoria su falta de empatía, refleja una concepción errónea sobre la naturaleza de este servicio. 

Hay que poner sobre la mesa una premisa fundamental: El transporte público no debe ser considerado, ni operado como un negocio, sino como lo que es, un servicio público y un derecho humano fundamental. Así lo dice la comunidad internacional y nuestra propia Constitución.

En las sociedades más avanzadas, el acceso a la movilidad es garantizado por el Estado, que asume la responsabilidad de subsidiar este servicio para asegurar su accesibilidad a toda la población, sin importar su capacidad económica. Es decir, todo lo contrario a lo que sucede aquí, y aún peor, el incremento en la tarifa no va acompañado de una mejora sustantiva en la calidad del servicio. Los usuarios continúan enfrentando unidades en condiciones precarias, inseguras, rutas ineficientes y retrasos constantes, lo que demuestra que el problema no radica únicamente en el costo, sino también en la deficiencia estructural del servicio. Si el Estado decide aumentar el costo del transporte, debe, al menos, garantizar una mejora proporcional en la calidad del mismo.

Este modelo de gestión, donde el transporte público se gestiona como un negocio, es incongruente con los modelos adoptados por las ciudades más avanzadas del mundo, donde no es casualidad que tengan un servicio de transporte de mucha calidad. Solo por poner un ejemplo, países como Luxemburgo, optaron por subsidiar el transporte público, absorbiendo el costo del metro y otros medios de transporte, para que los ciudadanos no tengan que afrontar tarifas prohibitivas y puedan moverse libre y gratuitamente. 

Este enfoque debe ser replicado (gradualmente) en nuestro estado, hacia allá deben de ir enfocados nuestros esfuerzos, ya que invertir en un sistema de transporte público eficiente a mediano plazo, no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino también la productividad y competitividad de la región.

En fin, Samuel hace ya tiempo perdió el rumbo, eso se sabe, pero sumarle ahora, que el ciudadano pague por su irresponsabilidad, es un completo descaro.

Derecho de movilidad: Gran Reto

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En los últimos años, la movilidad urbana ha emergido como un tema central en la agenda pública de muchos estados y Nuevo León no es la excepción. El derecho de movilidad no solo abarca la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, sino que está estrechamente relacionado con el acceso a una vida digna, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad urbana. En este contexto, es crucial entender cómo el marco legal y las políticas públicas en Nuevo León son un gran reto y quizás una de las principales prioridades del pueblo.

El derecho de movilidad es una prerrogativa humana que implica la capacidad de las personas para desplazarse libremente dentro de un territorio, sin restricciones arbitrarias y con acceso a medios de transporte seguros y eficientes. Este derecho está enraizado en la Constitución Mexicana y en diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En Nuevo León hoy se presenta como uno de los principales retos a resolver para el pueblo, entre otros factores por la falta de atención y abandono de varios años por las autoridades responsables.

Quizás no sea solamente un tema de incremento al transporte público, sino las malas condiciones y la insuficiencia del mismo además de la falta de planeación integral para brindar soluciones eficientes. 

Hoy mucha gente tiene que hacer largas filas y horas de espera, además de pagar por muchas unidades deficientes, lo cual es uno de los retos principales para resolver en los próximos años.

La falta de un enfoque integral, los problemas de infraestructura, la ineficiencia del transporte público y las desigualdades socioeconómicas que afectan el acceso a los sistemas de transporte siguen siendo algunos de los puntos más polémicos. 

Una de las principales críticas al derecho de movilidad en Nuevo León es la desarticulación entre los diferentes modos de transporte público. Aunque existen iniciativas como el Metro y el sistema de autobuses, la integración de estos servicios sigue siendo deficiente. Los transbordos entre estos sistemas no siempre son eficientes ni fáciles de realizar, lo que genera largas esperas y costos adicionales para los usuarios.

La falta de intermodalidad y de un sistema de tarifas único y accesible crea una experiencia de movilidad fragmentada, especialmente para las personas que dependen del transporte público en lugar del automóvil. En lugar de ofrecer una red de transporte fluida y coherente, los usuarios se enfrentan a un conjunto de servicios inconexos que dificultan la planeación de sus desplazamientos cotidianos.

Asimismo, la infraestructura peatonal en Monterrey y otros municipios de la zona metropolitana es deficiente. 

Las banquetas son estrechas, irregulares o están bloqueadas por obstáculos como postes, árboles o estacionamiento en la vía pública. Esto hace que caminar sea una opción incómoda y peligrosa, especialmente para personas con discapacidad, personas mayores o familias con niños pequeños. 

Existe una falta de respeto al peatón en banquetas y calles e incluso en espacios seguros para caminar y cruzar de una acera a otra, además del deterioro de muchos puentes para transeúntes. 

El transporte público en Nuevo León sigue siendo deficiente, especialmente en las áreas periféricas de Monterrey. A pesar de los esfuerzos por ampliar las rutas del metro y los autobuses, aún existen zonas de difícil acceso, donde los residentes dependen de transporte informal o de servicios de transporte privado, como los taxis o las plataformas de ridesharing, que no siempre son accesibles económicamente para toda la población.

El costo del transporte público se ha convertido en un tema de controversia, ya que muchas familias de bajos ingresos tienen que destinar una porción significativa de su presupuesto mensual a sus traslados. Además, la calidad del servicio, en términos de frecuencia, comodidad y seguridad, sigue siendo cuestionada, ya que el sistema no siempre responde a la demanda de los usuarios.

Uno de los problemas más persistentes de la movilidad en Nuevo León es la congestionada red vial, especialmente en la zona metropolitana de Monterrey. A pesar de la construcción de nuevas avenidas y puentes, el número de vehículos en las calles sigue creciendo, lo que agrava la congestión y provoca largos tiempos de desplazamiento. 

El desmedido aumento del parque vehicular y la falta de infraestructura vial entre municipios del área metropolitana es un tema grave a punto de colapsar. 

Aunque se han creado algunas ciclovías el estado sigue siendo muy dependiente del automóvil. Las ciclovías existentes no están suficientemente conectadas, ni son seguras en muchas áreas, lo que genera que el uso de la bicicleta no sea una opción viable.

El derecho de movilidad, sin duda, requiere que todos pongamos atención antes de que siga golpeando al pueblo. 

Morena y el 2025 como año clave

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El Movimiento de Regeneración Nacional ha logrado avanzar en tan solo 10 años de manera arrolladora y contundente, al grado de dominar una gran parte de los puestos de poder a nivel nacional, regional y local.

No obstante, viven un reto sumamente importante rumbo al proceso electoral del 2027, su figura principal y estandarte de la famosa 4T, Andrés Manuel López Obrador, estará fuera de la boleta y teóricamente fuera de la escena pública.

Un reto que parece complicado al exterior del partido, pero más complicado aún al interior de MORENA, sobre todo cuando en ausencia de un líder único, comienza la conformación de diferentes grupos que quieran acaparar más y más poder.

Es aquí donde MORENA se ubica en Nuevo León, un partido que en la geografía electoral lo tiene todo para ganar por primera vez la gubernatura del Estado, pero que conforme avanzan los meses exhibe las grietas de sus grupos internos.

El 2025 es un año clave para la 4T en el Estado, lo saben y se preparan para ello, incluidas las cientos de camionetas que estarán afiliando a nuevos militantes del partido guinda y que fueron encontradas en la Ciudad de México.

En este momento, donde la estéril disputa entre MC y el binomio PRI-PAN sigue sin encontrar una salida, el escenario pinta ideal para las tropas morenistas y su camino a la gubernatura de Nuevo León.

Una vez más, solo MORENA puede derrotar a MORENA y aunque este cuento ya se contó, la 4T norteña busca cambiarle el final.

MORENA va por Nuevo León y de nueva cuenta solo ellos pueden derrotar a su propio proyecto.

¿Cambiará el final? Lo veremos.

Lo escrito, escrito está.

Construcción de Paz: “Practiquemos los valores”

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Con mucho gusto, entusiasmo y una gran responsabilidad, acepto a partir de este jueves comenzar a escribir una colaboración semanal en Altavoz, este importante medio digital, para dirigirme con respeto a todos sus lectores y enriquecer el diálogo público sobre los temas que nos resultan relevantes en Nuevo León y en México.

Y es justo el 12 de diciembre en la celebración católica del día de la Virgen de Guadalupe, una fiesta llena de fe y de valores, un día especial para reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo.

Con respeto a quienes tengan otros credos y pensamientos, para los que creemos y celebramos la intercesión de la Virgen Morena por la feligresía, como madre de Jesús, es una de las fiestas más simbólicas y significativas que, desde mi parecer, nos lleva a decidir vivirnos como verdaderos seguidores predicando con el ejemplo y no sólo de nombre.

Decirse guadalupano, católico, cristiano o de cualquier denominación, implica poner en práctica nuestras creencias y enarbolar con hechos aquello en lo que creemos y no solamente pretender serlo de membrete.

Es ahí donde, sin distingo de ideología, podemos coincidir en practicar nuestras diferentes creencias al evocar los valores universales como lo son la paz, el trato justo, el respeto al prójimo, la atención al otro, el amor y el cariño, el servicio a los demás, la empatía, la compasión y la compresión.

Para quienes tenemos el privilegio de realizar algún servicio público, debemos tener muy claros los principios que nos rigen, como lo es en nuestro caso el humanismo mexicano encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum con el legado máximo que nos heredó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, “por el bien de todos, primero los pobres”.

De igual manera, debemos predicar con el ejemplo para honrar esos valores y ponerle congruencia a nuestra conducta pues, como dice la frase, la fe sin obras es letra muerta.

¿Qué características tiene María Madre? ¿Cómo conocemos a Jesús? Esos son los modelos que debemos buscar pues de nada nos sirve decirnos seguidores si no ponemos en práctica sus virtudes.

Desde los trabajos que realizamos en la importante construcción de paz en México, así como la reconstrucción del tejido social, una premisa básica es la de iniciar desde la raíz, con cada uno de nosotros procurando ser mejores y aportando valor a nuestra comunidad, desde nuestras familias, nuestros centros de trabajo y en cualquier lugar que nos toque participar.

Aprovechemos este día tan simbólico para muchos mexicanos y las próximas fiestas decembrinas y de fin de año para buscar la paz, la armonía y la forma en que como mexicanas y mexicanos podemos contribuir por un mejor Nuevo León y por nuestro país.

Sobre el primer presupuesto de Claudia

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“La ilusión de que entendemos el pasado fomenta el exceso de confianza en nuestra capacidad para predecir el futuro.” (Daniel Kahneman)

Normalmente, a finales de año, las empresas comienzan a realizar proyecciones financieras en las que visualizan ingresos y gastos del siguiente ciclo, ajustándolos a sus objetivos y metas. Esto también aplica a los gobiernos. Cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta el Paquete Económico, un conjunto de consideraciones económicas y fiscales que define cómo se gastarán los recursos públicos y cómo se recaudarán los ingresos necesarios para respaldar ese gasto.

El Paquete Económico tiene dos partes fundamentales: la Ley de Ingresos, que proyecta la recaudación esperada, y el Presupuesto de Egresos, que asigna los recursos a distintas iniciativas, sectores y proyectos. Este documento se entrega a la Cámara de Diputados (este año fue el 15 de noviembre), y tiene hasta el 31 de diciembre para aprobarlo. En caso de ser aprobado, el decreto final se publica en el Diario Oficial de la Federación.

Entonces… ¿cuánto estima gastar el gobierno en 2025?

Partamos de dónde está parado el gobierno en términos de gasto. El cierre del sexenio pasado dejó una disciplina fiscal debilitada. Los costos políticos de dejar obras inconclusas fueron un riesgo que la administración anterior no quiso correr, lo que llevó a un gasto público atípicamente alto.

Sin embargo, el presupuesto de 2025 parece buscar la “Austeridad Republicana” que caracterizó el inicio del sexenio anterior. La meta principal es reducir el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos. Para ello, el gobierno busca disminuir los Requerimientos Financieros del Sector Público (la deuda necesaria para cubrir gastos) del 5.9% del PIB en 2024 al 3.9% en 2025. En términos absolutos, el gasto público se estima en 9.30 billones de pesos, lo que representa una disminución real del 3.3% respecto a 2024.

¿Cuáles fueron los principales cambios?

La reducción del gasto se concentra en el componente programable, que abarca recursos destinados a la ejecución directa de políticas públicas. Este rubro caerá 7.3%, al pasar de 6.68 billones de pesos en 2024 a 6.45 billones en 2025.

El mayor recorte se encuentra en la inversión física o infraestructura (-12.7%). Este ajuste afecta a sectores clave como la Secretaría de la Defensa Nacional (-43.8%), Seguridad y Protección Ciudadana (-36.2%), y Salud (-34.1%). En contraste, instituciones como el IMSS, ISSSTE y CFE tienen incrementos modestos, mientras que Pemex es la única entidad que verá una reducción en su presupuesto (-7.5%).

Por otro lado, los organismos autónomos experimentan un comportamiento mixto: el INE incrementa su presupuesto en 18.4% para garantizar la organización de las elecciones al Poder Judicial (aunque argumentan que es insuficiente para llevar a cabo elecciones de esa magnitud), mientras que el INEGI enfrenta una reducción de 17.6%.

Las prioridades de gasto en 2025 se reflejan en los programas y proyectos de inversión prioritarios de la nueva administración, los cuales contarán con un presupuesto total de 1.02 billones de pesos (11.0% del gasto total): 17 programas sociales (835.7 mmdp) y 10 proyectos de inversión (189.0 mmdp).

Recaudación: La clave para llegar a la meta

A pesar de los recortes, el gobierno aún necesita garantizar ingresos suficientes para evitar un déficit presupuestario mayor. La recaudación tributaria y los ingresos petroleros son las principales fuentes de financiamiento. Para 2025, se estiman ingresos de 8 billones de pesos, de los cuales 5.3 billones provendrán de impuestos, representando un aumento proyectado del 2.6% respecto a 2024.

El Paquete Económico que busca aprobación este año estima un crecimiento económico de entre 2 y 3% para el PIB en términos reales. Lo cual se trasladaría en mayor pago de impuestos (directa e indirectamente) por parte de los mexicanos.

No culpo de ninguna manera que el gobierno quiera ser optimista con sus proyecciones, sin embargo, es preocupante contrastarlo con lo que dicen los expertos que sucederá para el país el año siguiente. Hoy el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de apenas 1.3%, 1.5% por parte del Banco Mundial y hasta 0.8% por parte de Citibanamex.

Caso Pemex

El presupuesto de 2025 estima un aumento en los ingresos petroleros, a pesar de que Pemex ha reducido su producción diaria de barriles de petróleo en un 5% entre 2023 y 2024. La empresa recibirá el 75.4% de los ingresos petroleros, lo que representa un aumento respecto al año anterior. Este escenario plantea dudas sobre la sostenibilidad de estas proyecciones, especialmente si la producción no logra mantenerse al nivel esperado.

Los otros supuestos del modelito…

Para que el Excel del modelito de presupuesto no truene, nos tenemos que creer también los siguientes supuestos: Crecimiento del PIB real entre 2 y 3%; inflación de 3.3%; tipo de cambio promedio del periodo de 17.9 pesos por dólar y 18 a diciembre; tasa de interés nominal promedio 8.1% y precio promedio de 58.4 dólares por barril de petróleo ¿Le atinarán?

Proyectar con entusiasmo, tal vez en exceso

El Paquete Económico de 2025 refleja un deseo evidente de equilibrar disciplina fiscal y gasto social. Sin embargo, su ejecución descansa sobre proyecciones optimistas que contrastan con las expectativas de organismos internacionales y mercados. Aunque es alentador que el gobierno priorice los programas sociales y busque mantener la austeridad, preocupa el sacrificio en áreas como la infraestructura no turística, clave para el desarrollo sostenible y la competitividad nacional.

Planificar con los pies en la tierra implica ajustar expectativas a la realidad. El “segundo piso” de la Cuarta Transformación está apostando por la continuidad de programas sociales, pero lo hace centralizando funciones y debilitando organismos esenciales. Más allá de los debates sobre la autonomía de instituciones como la COFECE, el IFT o el Poder Judicial, el verdadero riesgo radica en la pérdida de avances en transparencia, acceso a información y datos estadísticos. No podemos permitirnos, por ejemplo, un INEGI débil; sin datos confiables, no hay justicia ni políticas públicas efectivas que defender.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

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Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25N, nos obliga a mirar de frente las historias de quienes han sido víctimas de un sistema que las abandona, las criminaliza y, muchas veces, las olvida. El caso de Esmeralda, una adolescente de 14 años víctima de violencia sexual y revictimización institucional, es un ejemplo doloroso de cómo el Estado y la sociedad siguen fallando a las mujeres en México.

En este contexto, las cifras que rodean la violencia de género son más que números: son una evidencia de la deuda histórica que arrastramos. Globalmente, 1 de cada 3 mujeres experimenta violencia física o sexual en algún momento de su vida, y cada 10 minutos una mujer es asesinada. En México, el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia, y casi la mitad ha sido víctima de violencia sexual (49.7%). No es normal que el 90% de los abusos sexuales contra niñas sean cometidos por familiares o personas cercanas, ni que México ocupe el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países de la OCDE, con casi 1,000 nacimientos diarios en menores de 19 años. Estas cifras no son inevitables, son el resultado de un sistema que perpetúa la desigualdad y la violencia.

El 25N nos invita a recordar que la violencia de género no es un problema individual, sino estructural, y que detrás de cada cifra hay historias como la de Esmeralda. Aunque su caso parece haber llegado a una conclusión con la desestimación de los cargos en su contra, sigue siendo un recordatorio de que, para muchas otras mujeres, niñas y adolescentes, la justicia no llega. Es precisamente por ellas que este día importa.

El Caso de Esmeralda: Un Ejemplo de Criminalización y Revictimización

Esmeralda fue violada por un primo tres años mayor que ella. Sin saber que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo y acudió al hospital buscando ayuda médica. En lugar de recibir apoyo, fue denunciada por el personal de salud y acusada de homicidio doloso por la Fiscalía de Querétaro, que no solo pidió tres años de prisión para ella, sino que exigió que pagara más de 500,000 pesos como “reparación del daño” al agresor. Este acto de revictimización extrema es una evidencia del machismo que no solo vive en los agresores, sino también en las instituciones que deberían proteger a las víctimas.

El trato que recibió Esmeralda refleja las profundas fallas de un sistema de justicia insensible y prejuicioso. En lugar de investigar a su agresor, la Fiscalía centró sus esfuerzos en construir un caso contra ella, ignorando su calidad de víctima y violando principios fundamentales de justicia y derechos humanos. No se respetó el principio del interés superior de la niñez, no se realizaron peritajes especializados, y la actuación de las autoridades estuvo plagada de prejuicios y estigmas.

La Indignación Colectiva que Despertó un Cambio

El caso de Esmeralda se volvió viral, generando una ola de indignación que llegó al poder ejecutivo federal. La presidenta Claudia Sheinbaum y Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, intervinieron directamente, exigiendo que la Fiscalía de Querétaro desestimara los cargos. Bajo esta presión mediática y política, el fiscal general anunció que se retirarían todas las acusaciones contra Esmeralda.

Sin embargo, este desenlace no borra el daño causado. Esmeralda enfrentó un año de criminalización y mensajes de odio que dejaron marcas profundas en su vida. Su caso no se resolvió gracias a la voluntad del sistema, sino al trabajo de su equipo de defensoras, como Adax Digitales, y a la indignación conjunta de la sociedad. Esto nos deja una pregunta fundamental: ¿qué pasa con las niñas, adolescentes y mujeres cuyos casos no llegan a los titulares?

El 25N: Justicia para Todas, No Solo para las Visibles

Aunque el caso de Esmeralda haya concluido, su historia nos recuerda que, para muchas otras mujeres, niñas y adolescentes, la justicia sigue siendo inaccesible. El 25N importa porque evidencia que el problema no es solo la violencia individual, sino un sistema que perpetúa la desigualdad, criminaliza a las víctimas y protege a los agresores.

Esmeralda representa a los miles de niñas y adolescentes que enfrentan violencias múltiples en México: abusos sexuales por parte de familiares, falta de acceso a educación sexual, criminalización del aborto, y un sistema de justicia que las revictimiza. Solo 1 de cada 10 mujeres en México denuncia una agresión, y la mayoría de quienes lo hacen enfrentan el mismo trato que Esmeralda: cuestionamientos, desprecio y negligencia.

La Lucha que Nos Deja el Caso de Esmeralda

El caso de Esmeralda nos deja reclamos claros y urgentes:

  1. Educación sexual integral: Es imprescindible garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a información que les permita prevenir abusos y ejercer sus derechos. La falta de educación perpetúa la violencia y la vulnerabilidad.
  2. Despenalización del aborto: Querétaro y otros estados deben homologar su legislación con los criterios de la SCJN, que desde 2021 estableció que ninguna mujer puede ser criminalizada por abortar. La penalización no solo viola derechos humanos, sino que también perpetúa la persecución de las víctimas.
  3. Justicia con perspectiva de género: Las fiscalías deben ser capacitadas para garantizar que las víctimas no sean revictimizadas. Es fundamental que operadores de justicia actúen con sensibilidad y respeto a los derechos humanos.
  4. Protección integral para las víctimas: El sistema debe ofrecer apoyo, seguridad y reparación integral, no criminalización ni linchamientos mediáticos.

El 25N No Termina Aquí

El caso de Esmeralda es un recordatorio de que el 25N no es solo un día para reflexionar, sino para exigir. La justicia no puede depender de la viralización de un caso ni de la presión política. Debe ser un derecho garantizado para todas las mujeres, niñas y adolescentes, sin importar su contexto o visibilidad.

En este 25 de noviembre, Esmeralda nos recuerda que la lucha contra la violencia de género es una deuda pendiente. Porque, aunque el sistema falló a Esmeralda, no podemos permitir que siga fallando a todas las demás.