La Taquería

Seguros justos

by Waldo Fernández
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Cumplo un año en el Senado de la República. Ha sido un año extraordinario lleno de retos, pero también de muchas satisfacciones. La más importante es, sin duda, llevar las preocupaciones de las y los nuevoleoneses a la tribuna.

Una de ellas, es la necesidad de hablar sobre la regulación de las altas primas de seguro de gastos médicos mayores.

La iniciativa va en este sentido: pensemos en alguien que ha pagado fielmente durante 25 o 30 años un seguro privado. Lo hizo con responsabilidad, sacrificando parte de su ingreso para garantizar tranquilidad en el futuro. Pero al llegar a los 60 años, justo cuando la salud empieza a demandar mayores cuidados, esa persona se topa con un muro: la prima anual se dispara de manera desproporcionada, duplicándose en algunos casos. ¿Cuál es la consecuencia? Que miles de mexicanos se ven obligados a cancelar su seguro, perdiendo la inversión de toda una vida.

Desde hace años, he escuchado esta preocupación y yo mismo he empezado a resentirla.

Este mecanismo de las aseguradoras, en los hechos, termina castigando a las personas de mayor edad o a quienes han enfrentado enfermedades graves. Es decir, los más vulnerables son quienes quedan fuera de la cobertura. Un contrasentido ético y social que no podemos seguir normalizando.

Existen seguros de vida con primas niveladas que dan certidumbre financiera a lo largo del tiempo. ¿Por qué no aplicar ese mismo principio en los seguros de gastos médicos mayores? El sistema actual coloca a los asegurados en una posición de desventaja, sin posibilidad de planear su futuro con estabilidad.

Ese fue el corazón de la iniciativa “Seguros Justos”. La propuesta plantea que los adultos mayores que hayan mantenido su póliza por más de veinte años puedan conservarla con incrementos únicamente vinculados a la inflación. En otras palabras: proteger a quienes han sido clientes leales, asegurando que no pierdan su cobertura en el momento en que más la necesitan.

Fue una iniciativa que fue muy bien recibida, con amplio respaldo del Partido Verde Ecologista y discutida en un Parlamento Abierto, en donde se sostuvieron una serie de mesas de trabajo y foros con usuarios, organizaciones civiles, y representantes del sector asegurador, financiero y hospitalario.

Ahora, la iniciativa se encuentra en proceso de dictaminación y de ser aprobada tendría un impacto enorme en miles de familias.

En un país democrático, cada quien tiene la libertad de elegir el sistema de salud por el cual quiere optar. Sin embargo, esto tiene que hacerse desde un marco de justicia, no abusos.

La iniciativa “Seguros Justos” es solo el inicio de una discusión que México necesita dar: cómo construir un sistema de seguros médicos privado más solidario, accesible y humano.

Congruencia

by Carlos Escamilla
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Hay discursos que, por brillantes que parezcan, a veces quedan en destellos. Hay mensajes que, por bien escritos que estén, sencillamente no se entienden. Hay frases que, dependiendo cómo se digan, se sienten distinto. En política, hay discursos que provienen de la razón, que están bien escritos, y que son dichos con épica, pero aun así no conectan. No mueven ni conmueven. Se sienten vacíos.

Antes que todo, hay que entender que la comunicación no se trata exclusivamente de frases o de palabras. Se trata de valores, intérpretes y símbolos. Se trata de códigos culturales y afinidades. De ser espejo y reflejo. Y todo eso, en tiempos de rendición de cuentas, vale la pena saberlo.

Los discursos políticos no conectan bien por varios motivos. Por ejemplo, porque se escribe pensando en quien habla, y no en quien escucha. Se escribe pensando en grandilocuencia y no en emociones. Y también, porque se escribe desde la generalidad. Se confunde la estructura con la fórmula. Se piensa que, sólo por ser, ya hay un vínculo entre quien habla y quien escucha. En la realidad, muy pocas veces es así.

Para entenderlo mejor: quien escucha, buscará identificarse tanto en lo que se dice como en quien lo dice. Buscará encontrar algo de sí mismo en el otro. Pero, cuando no hay esa identificación y se percibe impostura, hay desconfianza. Y donde no hay confianza, se abre la puerta al rechazo.

Los políticos intentan generar esta identificación de muchas maneras: visitan fondas, se ponen guayaberas, usan sombreros, juegan futbol, abrazan niños, imitan acentos. Recurren a los atajos, clichés y estereotipos. Olvidan que, en este terreno, la autenticidad es clave. No se trata de ser igual que todos, sino de ser uno con todos. No se trata de hacer las cosas que los otros hacen, sino de mimetizarse orgánicamente. Mejor llegar a observar y a aprender, que pretender ser y conocer, sin saber.

Una idea se transfiere mejor entre iguales: si tú has vivido lo mismo que yo, si tú crees lo mismo que yo; si tú piensas como yo, o si dices algo que yo he pensado pero que no he externalizado, entonces ahí hay espacio para generar vínculos. Eso significa que, más que lo que se dice, lo que importa realmente es quién lo dice. O, mejor dicho, lo que importa realmente es la percepción que el receptor del mensaje tiene de quien habla. Lo que importa es cómo se existe en ese ecosistema. Y a partir de ahí, se decide todo lo demás.

Al final, las frases hechas y los gestos performativos no marcan la diferencia. Lo que verdaderamente importa es que, quien habla, sea consecuente con lo que dice, y que, quien escucha, se identifique con lo que se dice. Sin esto, hasta las palabras más cuidadas se desvanecen, y hasta las ideas más brillantes se apagan. Somos esclavos de nuestras palabras y prisioneros de nuestras acciones. Por increíble que parezca, basta una expresión para resumirlo: congruencia.

Crisis pendiente: movilidad

by Waldo Fernández
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Nuevo Léon está atravesado su peor crisis de movilidad en la historia reciente.

En un estado que se define como el motor económico y de bienestar en el país, el sistema de transporte público sigue estando lejos de estar ideal. Incluso, lejos de mejorar, el sistema ha empeorado en los últimos años.

De ahí que no sorprenda que en las últimas tres décadas, Nuevo León ha visto crecer su parque vehicular a un ritmo alarmante, síntoma de un modelo de movilidad desequilibrado.

De acuerdo con medios locales, entre 1990 y 2025, la cantidad de unidades registradas pasó de 473 mil a más de 2.5 millones, ¡un incremento del 442 por ciento!

El incremento del parque vehicular no estuvo acompañado de una planeación y por ello,dio como resultado vialidades saturadas, contaminación creciente y un transporte público cada vez más olvidado por las autoridades estatales.

No siempre fue así.

En 1990, el 61 por ciento de los viajes diarios en el área metropolitana se realizaban en transporte público. Pero hoy, esa cifra ha caído al 29 por ciento.

Lo que antes era la columna vertebral de la movilidad urbana se ha convertido en un servicio secundario, mientras que el automóvil privado concentra ya el 49.3 por ciento de los traslados. Esto significa que, en poco más de tres décadas, pasamos de seis de cada diez personas usando camiones a sólo tres de cada diez.

¿Por qué la gente dejó de usar el transporte público?

Hay varias razones de fondo y de peso: falta de comodidad, lentitud, aglomeraciones, rutas mal conectadas y, sobre todo, un servicio que no responde a las necesidades reales de los usuarios.

Aquí hay que señalar un punto crucial: los aumentos desmedidos a las tarifas. En los últimos años, Nuevo León ha registrado incrementos históricos de más del 25 por ciento en el precio del transporte público, sin que ello se traduzca en mejoras sustantivas. Hoy, nuestro estado tiene uno de los sistemas de transporte más caros del país, pero no uno de los más eficientes.

El resultado, entonces, no sorprende: quien puede, compra un carro; quien no, se resigna a un servicio público lento, caro y poco confiable.

La Ley de Movilidad Sostenible y Accesibilidad para el Estado de Nuevo León establece una pirámide de movilidad que debe guiar nuestras decisiones públicas: primero están los peatones, después los ciclistas, seguidos por el transporte público, luego el transporte de carga y, al final, el transporte particular.

Poner al peatón en la cima significa diseñar ciudades seguras y caminables, con banquetas amplias y accesibles. Dar prioridad a la bicicleta implica infraestructura segura, conectada y bien iluminada, no sólo ciclovías aisladas. Fortalecer el transporte público supone invertir en unidades modernas, limpias, seguras y puntuales, con tarifas justas y una red que realmente conecte a la población con su trabajo, escuela o actividades cotidianas.

Lo que se ha hecho en Nuevo León es exactamente lo contrario: relegamos al peatón, marginamos al ciclista, descuidamos el transporte público y favorecimos el automóvil particular. La pirámide está invertida.

Revertir esta tendencia requiere un cambio integral en la planeación urbana y en la inversión pública. Necesitamos integrar los distintos modos de transporte en un sistema intermodal eficiente. Tenemos que dejar de ver al transporte público como un servicio para quienes no pueden comprarse un auto y entenderlo como una opción de movilidad digna para toda la población.

Sobre todo, y como en todo, se requiere voluntad política.

La movilidad es un derecho y un factor clave para la competitividad económica, el bienestar social y la calidad de vida. No se trata sólo de transportar personas. Diversos estudios demuestran que un mal sistema de transporte tiene repercusiones en la vida social y la salud de las y los ciudadanos.

Como Senador por Nuevo León y como ciudadano, creo que hoy uno de los mayores desafíos que tiene el Estado es la movilidad. A partir de lo que ya existe en ley, es necesario  que se construya una estrategia seria, con metas claras y plazos definidos. Sin politiquerías.

No podemos esperar otros 30 años para darnos cuenta de que la movilidad que tenemos hoy no es sostenible.

Tiempos electorales, servicios condicionados

by Waldo Fernández
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Pese a que falta aún mucho para el periodo electoral del 2027, en Nuevo León ya se ven las prácticas de siempre.

En estos últimos meses medios locales y los propios ciudadanos han expuesto que tanto el Gobierno Estatal como ciertos municipios el requerimiento de datos personales para tener acceso a algunos servicios.

Ahí está el caso de Monterrey, donde el gobierno municipal encabezado por Adrián de la Garza ha decidido solicitar el INE para poder acceder a un servicio de transporte público gratuito municipal: el programa Regio Ruta.

¿Qué justificación técnica existe para exigir una credencial electoral como requisito para usar un camión? La respuesta es ninguna.

No hay una razón válida, ni de seguridad, ni de logística, ni de planeación urbana que amerite este tipo de recolección de datos. Es, a todas luces, una medida innecesaria, desproporcionada y potencialmente ilegal.

¿Qué relación tiene la CURP, la dirección o el INE con la necesidad de moverse dentro de la ciudad en un servicio público financiado con dinero de todos?

Monterrey no es el único caso.

En los Centros Comunitarios del Gobierno del Estado también se están pidiendo datos personales –como el INE– para acceder a apoyos y servicios. Aquellos que se juraron distintos al PRIAN resultaron ser lo mismo.

Bajo el pretexto de organización, nuestras autoridades comienzan a construir esas viejas listas clientelares, lo que viola derechos fundamentales.

En medio de una crisis de movilidad los ciudadanos son obligados a entregar su información sensible para obtener servicios a los que tienen derecho por el simple hecho de ser parte de la comunidad. Servicios que, además, se financian con sus propios impuestos.

Estos actos son a todas luces un uso político de los programas sociales y los servicios públicos. Más allá de las explicaciones técnicas que puedan ofrecer los gobiernos involucrados, lo cierto es que, en pleno proceso de reacomodo político rumbo a las elecciones de 2027, este tipo de estrategias despiertan sospechas.

No es para menos.

Sabemos que, en más de una ocasión, los padrones de beneficiarios han terminado en manos de estructuras partidistas, utilizados para construir redes de control electoral o alimentar bases de datos con fines proselitistas.

La recolección de datos personales no es una cosa menor.

Estamos hablando de información que permite perfilar personas, segmentar votantes, y diseñar campañas que vulneran la privacidad de los ciudadanos.

Pedir el INE para subir a un camión o recibir una despensa es, además de absurdo, un acto de desconfianza institucional que erosiona la relación entre el gobierno y la sociedad.

En ese sentido habría que reconocer a otros municipios que, sin tantas trabas ni burocracia innecesaria, están ofreciendo servicios similares.

El Circuito San Pedro en San Pedro Garza García y el Santa Bus en Santa Catarina son ejemplos de cómo el transporte público puede funcionar de manera gratuita y abierta, sin solicitar un solo dato personal. Ni INE, ni CURP, ni dirección.

La ciudadanía tiene derecho a vivir sin temor a que su información personal termine en las listas de algún partido político. Tiene derecho a que el Estado respete su privacidad y le garantice un acceso igualitario y digno a los servicios. Tiene derecho a moverse, a estudiar, a alimentarse y a recibir atención médica sin ser obligado a entregar su identidad política o electoral a cambio.

La democracia no se fortalece con control político, sino con confianza. No se construye con padrones amañados, sino con servicios públicos que realmente respondan a las necesidades de las personas. No podemos permitir que el acceso a los derechos dependa de entregar una credencial. El INE no es boleto de autobús. El INE es una herramienta de participación ciudadana, no un pase para recibir lo que por justicia nos corresponde.

En tiempos donde la desconfianza en las instituciones crece, medidas como estas solo agravan la distancia entre ciudadanía y gobierno. Si realmente se quiere recuperar la confianza de la gente, hay que comenzar por respetar su privacidad, su dignidad y su libertad de decidir.

Hay que decirlo claramente: los derechos no se condicionan, se garantizan.

Nostalgia conservadora

by Carlos Escamilla
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Está de moda vivir del recuerdo. En el cine, reaparecieron Lilo y Stitch, los infectados de 28 días y hasta los dinosaurios con Jurassic World. Volvió Superman. En México, series como Mentiras o la de Chespirito han dominado la conversación en las últimas semanas. Con toda intención, y queriendo aprovechar la tendencia, me gustaría detenerme en un episodio concreto de El Chavo del Ocho para hacer algo de reflexión.

Hace cincuenta años, en 1975, La Chilindrina, Doña Florinda y Doña Clotilde hablaban acerca de “la liberación de la mujer”. En un episodio que llevaba por título esa misma frase, ellas hablaban de derechos y liberación, mientras que ellos sólo querían ver el concurso de Miss Universo. Ellas abrían la conversación y ellos veían televisión.

Es verdad que evaluar con el mismo estándar de hoy a una emisión de hace medio siglo sería inadecuado. Sin embargo, da fe de que existe una batalla cultural que se ha librado durante décadas. En los 70, el feminismo se abrió paso con discusiones sobre la familia, el hogar, el matrimonio, el trabajo no remunerado y más. En cambio, los 80 fueron una recarga de testosterona: Chuck Norris, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Hombres fuertes y de emociones contenidas.

Hoy, a casi diez años del movimiento que puso al feminismo y al progresismo en el centro global, el #MeToo, el péndulo estaría haciendo lo suyo, mirando nuevamente al lado conservador. Pero, a diferencia de antes, parece que la ola no es general, sino que está tomando fuerza en un segmento concreto.

Como ejemplos, las elecciones de EEUU (2024) y Alemania (2025), donde hubo una tendencia clara. Ellas, las jóvenes, se inclinaron hacia opciones que miraron al progresismo o que promovieron las agendas de derechos, con Kamala Harris y Die Linke (La Izquierda), respectivamente. En cambio, el conservadurismo sí anidó entre ellos. Los hombres jóvenes, en igual proporción, votaron más por Trump y por la AfD; un partido político de origen euroescéptico y que, con los años, ha radicalizado su discurso al grado de promover ideas y políticas de extrema derecha. A todas luces, un refugio neonazi que, por cierto, fue apoyado en su momento por Elon Musk.

Aunque en México por ahora no parece haber una fuerza concreta capaz de cohesionar a esta nueva ola conservadora, sí hay algunos personajes, líderes, influencers y políticos que poco a poco van ganando adeptos entre este nicho. Al igual que en EEUU y en Alemania, las plataformas digitales -que han dejado de ser redes y mucho menos sociales- fungieron como canales fundamentales para la promoción de mensajes cargados de odio, intolerancia, racismo y xenofobia, con un fuerte regusto de revanchismo y resentimiento.

Entonces, ¿hemos cambiado o seguimos siendo los mismos? ¿Somos más conservadores o seguimos igual? ¿Dejamos de avanzar? Quizá la respuesta esté en ese episodio de El Chavo del Ocho de 1975. O tal vez se esté en ese reel de algún influencer que no conocemos, que nos salió “de repente”, pero que con mucha seguridad dice que hombres y mujeres sí tienen roles específicos por cumplir, simplemente porque siempre ha sido así. Podría ser un deportista. Un futbolista. Para el caso, lo mismo. Nostalgia conservadora.

Lo mínimo

by Waldo Fernández
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En mis recorridos constantes por las colonias de Nuevo León, especialmente por aquellas que han sido históricamente marginadas, he escuchado una preocupación recurrente: la pésima calidad de los servicios públicos básicos.

Las y los ciudadanos de nuestro estado, que todos los días se levantan a trabajar, a estudiar, a buscar una vida mejor, merecen vivir con dignidad.

Eso no puede ocurrir si lo mínimo no está cubierto: calles limpias y bien iluminadas; parques seguros y en buen estado; acceso a agua potable; recolección oportuna de basura; y un sistema de drenaje que no exponga a nadie a enfermedades ni a vivir entre aguas negras.

El artículo 115 constitucional establece que una de las funciones primordiales de los gobiernos municipales es la prestación de servicios públicos.

No es un favor, sino un mandato constitucional.

Sin embargo, pareciera que para muchos alcaldes esta responsabilidad es secundaria frente a la lógica del espectáculo, la propaganda y las aspiraciones personales. Se olvidan de que la verdadera política se hace en la calle, no desde un escritorio ni en las redes sociales. Se hace caminando, escuchando y resolviendo.

De entre todos los problemas que tienen las colonias, uno de los problemas que he constatado es el deterioro del sistema de drenaje. He caminado por calles en las que el agua estancada huele a putrefacción, donde las familias viven literalmente, entre aguas negras.

Es una realidad inaceptable en un Estado que presume ser el ejemplo modernidad y progreso del país. No puede haber transformación si hay miles de familias que viven literalmente entre aguas negras, expuestas al dengue, al cólera. Eso, sin duda, es indiferencia institucional.

En mis recorridos, la ciudadanía no pide nada extraordinario, pide lo mínimo: que sus impuestos se traduzcan en bienestar, que los gobiernos municipales prioricen el mantenimiento y la expansión de la infraestructura urbana, que dejen de construir obras faraónicas como puentes o desniveles, mientras hay barrios enteros sin una sola luminaria funcional o sin acceso constante al agua potable.

Nuevo León necesita  entornos dignos, seguros, humanos.

Calles bien pavimentadas, con banquetas accesibles; luminarias que ahuyenten el crimen y den tranquilidad a las mujeres que vuelven tarde de trabajar; parques y centros comunitarios que fomenten el deporte, el arte, la convivencia.

Son pequeños detalles, las bases, en la que se construye comunidad. Eso es lo que transforma una colonia en un verdadero hogar.

Como Senador, pero también como nuevoleonés, creo que es necesario repensar las prioridades del gasto municipal. No podemos seguir tolerando que los recursos públicos se malgasten o se utilicen con fines electoreros mientras las necesidades más básicas siguen sin atenderse.

Urge asegurarnos de que los municipios se enfoquen en sus capacidades técnicas y administrativas, no para inventarse secretarías sobre temas que nada tienen que ver con su mandato constitucional, sino que les permitan planear y ejecutar. No es posible que sigan postergando soluciones bajo el pretexto de que no tienen recursos o tienen otras prioridades.

¿Qué puede ser más importante que la vida digna de sus ciudadanos?

Hay que decirlo con todas sus letras: los servicios públicos son el rostro más visible del gobierno ante la ciudadanía. Si ese rostro es sucio, ineficiente y ausente, la gente perderá la fe en las instituciones. Y cuando eso ocurre, la democracia se debilita. Por eso insistio en que los gobiernos locales deben dejar de lado la frivolidad y asumir con seriedad su deber más básico.

Desde Morena creemos en un Estado que esté al servicio del pueblo. Por eso seguiré caminando por las colonias, escuchando y acompañando a los ciudadanos en sus demandas.

La Cuarta Transformación sabe que la buena política se construye desde lo local. Es ahí donde podemos encontrar la realidad que vive la gran mayoría de las personas. Eso no puede hacerse o saberse desde una oficina.

Igual que nosotros, invito a todos los alcaldes a que se levanten de sus escritorios y salgan a recorrer los territorios que gobiernan. Ahí se darán cuenta de lo urgente que es garantizar lo mínimo, que para las familias lo es todo.

El abandono del DIF

by Waldo Fernández
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Cada semana, como lo he hecho durante años, salgo a recorrer las calles de algún municipio de Nuevo León.

Lo hago, porque creo que no hay mejor manera de entender la realidad que viven nuestras comunidades que caminando junto a ellas, escuchando de primera mano sus preocupaciones, sus denuncias, sus anhelos. La transformación de nuestras comunidades no se hace desde la comodidad de una oficina, se hace en el territorio.

Hace apenas unos días, en uno de estos recorridos, visité la colonia Francisco Villa, ubicada en la capital de nuestro estado, Monterrey.

Ahí me encontré con denuncias de vecinos por el abandono de un centro comunitario que pertenece al DIF municipal. Está completamente abandonado.

Lo que un día fue un espacio destinado al descanso, la recreación y la convivencia de nuestros adultos mayores, hoy es una estructura cerrada, vacía, en ruinas. Según los propios vecinos, este abandono se dio durante la administración del exalcalde Luis Donaldo Colosio.

¿Cómo puede justificarse el abandono de un centro del DIF? ¿Qué prioridades pueden estar por encima del bienestar y la atención a nuestros adultos mayores?

El abandono o cierre de un centro como este, en un espacio como la colonia Francisco Villa es lamentable porque no estamos hablando de cualquier inmueble. Se trata de un espacio público que tiene como principal objetivo ser punto de encuentro, de recreación, de respiro para muchas personas mayores que, en muchos casos, viven en la soledad, sin compañía ni apoyos suficientes. Un lugar que les ofrecía la posibilidad de seguir siendo parte activa de la comunidad, de convivir, de aprender, de sentirse acompañados.

Hoy, ese espacio está cerrado. Y como sucede con muchos edificios públicos abandonados, se ha convertido riesgo incluso de inseguridad, susceptible de ser utilizado para actividades ilícitas. Así, el abandono institucional no solo significa desprecio por nuestros adultos mayores, sino que además alimenta la degradación del tejido social en nuestras colonias.

Por ello, creo que el abandono del DIF no es un hecho menor. Bien dicen que en política las prioridades se reflejan en las acciones, no en los discursos. Mientras la administración municipal encabezada por Luis Donaldo Colosio aseguró fortalecer el DIF y su presencia, la realidad es que esto no sucedió en todo el municipio, como es este caso.

El sentir de los vecinos y vecinas es que al haber cerrado un centro al que acudían y cuidaban, el municipio les dice que no importan, que no son una prioridad.

Desde Morena hemos impulsado una visión de gobierno distinta: una que pone al centro a las personas, sobre todo aquellas que por años han aportado para el bienestar y desarrollo de su país. Creemos en el derecho a una vejez digna, con bienestar, con acceso a espacios de convivencia y desarrollo.

Por eso nos alarma estos casos y por eso insistimos en que los gobiernos locales deben asumir esta responsabilidad.

En ese sentido, lo que necesita Monterrey y Nuevo León no son la mera apertura de centros comunitario, sino de que existan gobiernos con una política pública de bienestar y cuidado que no sólo sean discursos o publicaciones en redes sociales, sino que vengan acompañadas de recursos, programas y personal capacitado a estos centros. De convertirlos en espacios vivos, activos, integradores.

Esa es la diferencia entre tener gobiernos de redes sociales y momentos de protagonismo a uno que tenga el humanismo mexicano en su centro de acción.

Hago un llamado respetuoso a la actual administración municipal de Monterrey a revisar este caso y a comprometerse con la reapertura y rehabilitación del DIF de la colonia Francisco Villa.

Desde el Senado seguiré trabajando por un Nuevo León más justo, más humano, más solidario. Lo haré desde las calles, caminando y dialogando con los ciudadanos, como lo hice en la colonia Francisco Villa. Es ahí donde se encuentra la verdad: en las voces de la gente, en sus demandas, en sus reclamos.

Esa es la política que vale la pena, la única que tiene la capacidad de transformar la vida de las personas.

¿Escobedo nice? Una nueva narrativa de la 4T en el norte

by José Martínez Galaviz
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Por décadas, la política en el norte de México ha sido dominada por discursos conservadores, modelos económicos centrados en el desarrollo empresarial y una estética de poder que coquetea con lo aspiracional, lo privado y lo exclusivo. En ese contexto, el reciente spot del alcalde de Escobedo, Nuevo León, Andrés Mijes, marca un parteaguas tanto en el estilo de comunicación como en el fondo del mensaje.

“Y yo que pensé que San Pedro era Nice”,  se escucha en una escena del spot que el alcalde publicó en sus redes sociales , mientras se presume la llegada del Walmart más grande del estado, el Costco más imponente y la innovación urbana de los primeros 7-Eleven con drive thru. La comparación con San Pedro Garza García –el municipio más rico de México- no es casual: no sólo posiciona a Escobedo en un imaginario de progreso económico, sino que envía una señal inequívoca al electorado más conservador del norte del país.

Pero lo más relevante no es el fondo material del mensaje, sino la forma y el simbolismo: Mijes omite por completo cualquier alusión a la 4T, al presidente Andrés Manuel López Obrador, o a Claudia Sheinbaum. Es, hasta ahora, uno de los primeros gobiernos de MORENA que decide no usar a la figura presidencial como estandarte de posicionamiento local. En un partido que ha hecho de la narrativa nacional su piedra angular, esto representa un viraje significativo.

Lejos de los valores fundacionales de MORENA –la austeridad republicana, la humildad como virtud y la crítica al modelo neoliberal-, el discurso de Mijes parece una producción financiada por Movimiento Ciudadano, con estética naranja y fondo azul. No sólo se está alejando de la 4T: está además rebasando por la derecha a su principal competidor Waldo Fernández.

En este contexto, la figura de Mijes comienza a contrastar con otros perfiles internos como Waldo Fernández, que ha apostado por una comunicación más institucional y cercana al discurso tradicional del partido. Mientras Waldo habla de “profundizar la transformación”, Mijes habla de estacionamientos más grandes y supermercados de primer mundo. ¿Quién conecta más con el electorado de Nuevo León? ¿El que defiende los principios o el que adapta el mensaje al mercado?

Lo que plantea Escobedo no es menor: ¿debe la comunicación pública ajustarse a las audiencias locales, incluso si eso implica alejarse del discurso nacional? En una época donde el marketing político ha superado los viejos manuales ideológicos, quizá lo que vemos no es un rompimiento, sino una evolución inevitable.

Mijes podría estar marcando el camino de una nueva camada de polí ticos morenistas que ya no ven a la 4T como un dogma, sino como una referencia contextual. Y si gana en las encuestas, si escala en el imaginario colectivo del nuevo Nuevo León, puede que en el fondo tenga razón: en la política contemporánea, conectar puede ser más poderoso que coincidir.

Duelo de mujeres en Monterrey 2027

by César Ulloa
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La capital del Estado es fruto codiciado cada tres años por la plana mayor de los políticos en Nuevo León, además de significar una catapulta natural a la gubernatura.

Nuevo León vive momentos políticos tensos, llenos de incertidumbre y rodeados de proyectos políticos que arrancan desde ya con el objetivo 2027.

En Monterrey las cosas pintan para que el proyecto de Adrián de la Garza apunte, otra vez, a la gubernatura de Nuevo León, en esta ocasión con más determinación y mejores vientos que el 2021.

Esto deja abierto un hueco grande en la sucesión que desde ya buscan los priistas y (algunos) panistas de la ciudad de las montañas.

Para nadie es un secreto que las principales tiradoras del tricolor son mujeres, apunten entre ellas a Lorena de la Garza, Ivonne Álvarez y Karina Barrón, las primeras dos con mayor fuerza.

Lorena que ha sabido hacer de la presidencia del Congreso el camino idóneo rumbo a la alcaldía; mientras que Ivonne con mayor recorrido y colmillo se convierte en una carta fuerte casi al natural.

Y del otro bando la cargada también va enfocada en femenino, con la inevitable llegada de Martha Herrera, un perfil querido y respetado por diversos sectores del Estado.

Llega a la COM naranja en busca de ponerle orden y unidad a un partido que, hasta ahora, poco había construido rumbo al 2027.

¿Y MORENA? Padeciendo los mismos males de siempre, sin figuras claras y determinantes que construyan un proyecto sólido que canalice la fuerza de la marca mejor posicionada de México.

Quien piense que las elecciones en Monterrey inician en dos años, échese una comida en el Mirador o dense una vuelta por el Obispado.

La lucha por Monterrey ya inició y parece que será duelo de mujeres.

La Reforma Judicial en México

by Víctor Montoya Ayala
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El 15 de septiembre de 2024, se publicó la reforma más profunda y significativa de las últimas décadas al Poder Judicial de México. Esta reforma no solo cambió cómo se organiza la justicia en el país, sino también cómo se elige a quienes la imparten. Uno de los puntos más llamativos es que, por primera vez, jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular. Si bien esto representa una forma de acercar la justicia a la ciudadanía, también ha generado preocupaciones sobre su impacto en la imparcialidad, la preparación de quienes ocupen esos cargos y el equilibrio entre poderes.

La reforma judicial de 2024 consistió en un conjunto de cambios constitucionales y legales que modifican la estructura, el funcionamiento y los procesos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación. Uno de sus elementos centrales es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal -que vigilaba el comportamiento de los jueces- y la creación de nuevos órganos que asumirán tareas de control, vigilancia y disciplina. A su vez, las personas que ocupen los cargos de titulares de órganos jurisdiccionales del país serán elegidas mediante voto ciudadano directo; es decir, en elecciones nacionales, las cuales se desarrollarán el próximo domingo 1ro de junio de 2025.

En efecto, en el ámbito federal, el día de la jornada electoral cada ciudadano recibirá 6 boletas en las que podrá elegir a ministros, jueces y magistrados, quienes serán integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito, Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Por su parte, en el ámbito local, esta reforma también obligó a las entidades federativas a elegir a sus jueces y magistrados a través del voto popular. Así, a la par de las elecciones del Poder Judicial Federal, en junio de este año, 19 estados de la República Mexicana renovarán sus respectivos poderes judiciales,[1] y los 13 estados restantes lo tendrán que hacer en 2027.[2]

La intención de esta reforma es clara: acercar la justicia a la ciudadanía y permitir que la gente tenga voz sobre quiénes ocupan cargos tan importantes. La jornada electoral del próximo 1 de junio representa el primer ejercicio popular para elegir nuevos integrantes del Poder Judicial; con esto se abre una nueva etapa para la democracia en México, pero también plantea desafíos serios que no deben ignorarse. La justicia debe ser cercana al pueblo, sí, pero también debe ser imparcial, técnica y profesional.

Por ello, es importante que la ciudadanía exija cuentas a los funcionarios que resulten electos y evalúen de manera muy crítica su desempeño, tanto legal como personal, con la finalidad de perfeccionar las áreas de oportunidad que se presenten de cara a la siguiente elección judicial en 2027.

[1] Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

[2] Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa.