El hombre que vendió un país: La estafa más grande de la historia

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“La abundancia es más difícil de manejar que la escasez.”
― Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil: las cosas que se benefician del desorden (2012)

La historia de las estafas es, en realidad, la historia de nuestra humanidad. Desde los esquemas piramidales de Charles Ponzi hasta las promesas rotas de Theranos, cada fraude refleja nuestra eterna disposición a creer en aquello que nos promete más de lo que tenemos. Nuestra inocencia reina como sentimiento al enfrentarnos a nuestras más grandes fantasías dejando ver la avaricia y el deseo más grande sobre nuestros ojos. No importa si se trata de riqueza, salud o la ilusión de pertenecer a algo más grande, las estafas son espejos de nuestras aspiraciones, nuestros miedos y nuestras vulnerabilidades.

¿Por qué seguimos cayendo?, ¿qué tienen los embaucadores que logran seducir incluso a los más cautos? Para entenderlo, hay que mirar no solo los detalles de cada fraude, sino también al complejo entramado de la psicología humana. Las estafas no solo son actos de engaño; son, en cierto sentido, colaboraciones entre el embaucador y su víctima.

Nuestros más profundos deseos, complejos y emociones

El atractivo de las estafas radica en algo profundamente humano: nuestra capacidad de soñar y nuestra necesidad de confiar. Las estafas no funcionan porque las personas sean ingenuas, sino porque apelan a emociones básicas como la ambición, el miedo a perder una oportunidad única y el deseo de pertenecer a algo especial.

Daniel Kahneman, en Thinking, Fast and Slow, explica cómo nuestra mente opera en dos sistemas: uno rápido, impulsivo y emocional, y otro lento, lógico y analítico. Las estafas explotan nuestro “sistema rápido”, el que busca gratificación instantánea, antes de que nuestro lado racional pueda intervenir.

En Influence: The Psychology of Persuasion, Robert Cialdini detalla cómo los estafadores manipulan principios psicológicos como la escasez, la autoridad y la reciprocidad. Si una oferta parece venir de una figura respetada o si nos presionan a actuar rápidamente, nuestras defensas racionales se desactivan. Además, crean un falso sentido de comunidad, en el que las víctimas sienten que forman parte de algo exclusivo, reduciendo aún más su capacidad de cuestionar.

De lo humano a lo espectacular y la vida de uno de los más grandes defraudadores de la historia

De todos los fraudes documentados, pocos son tan impresionantes como el de Gregor MacGregor, un escocés que, en el siglo XIX, convenció a cientos de personas de invertir en un país que no existía: Poyais.

Gregor MacGregor nació a finales del siglo XVIII en Escocia. Su padre fue capitán de la Compañía Británica de las Indias Orientales, lo que le permitió crecer en una familia acomodada. Según cuentan los registros, Gregor no dudaba un segundo en mentir o aprovecharse de cualquier oportunidad para mantener o mejorar su estatus.

Durante las Guerras Napoleónicas, se unió al ejército y se casó con la hija de un almirante de la Marina Real, utilizando más de 72,000 libras esterlinas (a valor actual) para convertirse en capitán de su regimiento. Aunque luchó brevemente en Portugal, se retiró pronto, pero nunca dejó de alardear sobre sus “aventuras”, tratando de cautivar a las personas con su influencia y relatos imaginarios.

Tras la muerte de su esposa, que lo dejó sin acceso al dinero de su familia, Gregor se mudó a la recién independiente Venezuela, donde se casó con una prima de Simón Bolívar. Sin embargo, no logró éxito alguno dentro del círculo cercano del libertador y terminó exiliándose en un territorio ubicado entre lo que hoy es Honduras y Nicaragua, donde comenzó a planear uno de los fraudes más lucrativos de la historia.

Los repartos coloniales: El Reino de Poyais

Durante las épocas coloniales en América, los países conquistadores buscaban apropiarse del mayor territorio posible. En aquel entonces, Inglaterra había nombrado a un “Rey” (fiel a su costumbre de otorgar títulos nobiliarios) en la región de lo que hoy es Nicaragua y Honduras: George Frederic Augustus. Este militar, sin embargo, apenas logró controlar unas pequeñas extensiones de tierra deshabitadas. En ese contexto, MacGregor consiguió que le “obsequiaran” un pedazo de terreno a cambio de un par de botellas de ron y algunas joyas.

De vuelta en Inglaterra, y aprovechando que la información en la época era fácilmente manipulable, MacGregor utilizó su reconocimiento como veterano de guerra para proclamarse “príncipe” de una nación próspera en Centroamérica: Poyais, o la Nación Poyer. Aseguraba que este era un territorio no conquistado por los españoles y que era una utopía llena de recursos naturales, ya en vías de convertirse en una ciudad con infraestructura al estilo europeo.

Nada interesaba más a los inversores que las oportunidades de obtener rendimientos a partir de las naciones nacientes. Los países recién independientes solían emitir papeles de tesorería o bonos que ofrecían 6% o más de rendimientos anuales, sin embargo, no habría como identificar si realmente se estaba invirtiendo en un país real.

Aprovechando su carisma y la falta de información verificable de la época, MacGregor diseñó una campaña elaborada: emitió bonos, imprimió billetes y escribió un libro sobre Poyais bajo un seudónimo. Incluso organizó expediciones para colonizar el territorio. Pero cuando los primeros colonos llegaron a “Poyais”, encontraron un territorio inhóspito y desolado.

Demasiado bueno para ser verdad

Escuchando estas historias, comprar tierras, invertir en bonos o adquirir la moneda local de Poyais no parecía una tontería. Los inversores pensaban que estaban financiando infraestructura y un auge inmobiliario sin precedentes. La realidad, sin embargo, era que todo el dinero iba directamente a los bolsillos de MacGregor.

Para dimensionar la magnitud del fraude, MacGregor llegó a encarecer el precio por acre de los territorios inexistentes y, en 1822, emitió un bono de 200,000 libras con un rendimiento del 6%. A pesar de no tener un sistema fiscal organizado, aseguraba a los inversores que el dinero para pagarles provendría de futuros habitantes y de la explotación de recursos naturales del supuesto territorio.

A finales de ese mismo año, cientos de personas del Reino Unido cruzaron el Atlántico durante dos meses para llegar a St. Joseph, la supuesta capital. Al desembarcar, lo único que encontraron fue un páramo inhabitado.

El terreno no era apto para la agricultura ni la ganadería, y las monedas y bonos adquiridos no tenían ningún valor. Los nuevos colonos comenzaron a morir uno a uno debido a hambruna, desnutrición y malaria. Cientos de personas perdieron la vida en esas condiciones, mientras MacGregor permanecía en Londres, explotando su estafa.

Un año después, la Marina Real rescató a cinco barcos con sobrevivientes que habían escapado de Centroamérica, lo que permitió que el fraude de Poyais se hiciera público. Sin embargo, aceptar que habían sido engañados fue difícil para muchos. Los ingleses que habían invertido en Poyais se negaban a admitir que habían sido estafados y, en cambio, comenzaron a culpar a los colaboradores de MacGregor por el robo del dinero.

El fin de la estafa

Tras el escándalo en Inglaterra, MacGregor intentó replicar su fraude en Francia. Allí también fue descubierto por las autoridades y puesto en custodia. Sin embargo, nunca enfrentó la justicia por completo y fue liberado al poco tiempo, proclamándose inocente.

La estafa de Poyais coincidió con el colapso de otras burbujas de inversión en América Latina. En 1825, durante una época de pánico financiero, los inversores comenzaron a retirar su dinero de los nuevos estados independientes. Estos territorios, aún inestables, carecían de instituciones sólidas para garantizar el uso adecuado de los fondos, lo que provocó el incumplimiento de muchas promesas de rendimiento. Más de 50 bancos ingleses quebraron, lo que se convirtió en uno de los desastres financieros más grandes en la historia del Reino Unido.

Hasta sus últimos días, Gregor MacGregor vivió como el autoproclamado “Príncipe de Poyais” en Venezuela. Allí era recordado como un veterano militar y disfrutó de una vida llena de lujos y privilegios, financiada por su gigantesca estafa. En total, se estima que MacGregor generó más de cinco mil millones de libras (en valores actuales) a partir de una nación ficticia que, a la fecha, sigue siendo un territorio olvidado.

Seguimos siendo inocentes

En el fondo, historias como esta nos recuerdan una verdad incómoda: nuestra capacidad de ser engañados está profundamente entrelazada con nuestra humanidad. Como seres emocionales, tendemos a creer en aquello que valida nuestras aspiraciones o alimenta nuestros anhelos más profundos. ¿Cómo resistirnos a la promesa de una vida mejor, de un atajo al éxito o de pertenecer a algo extraordinario? Es esa misma capacidad de soñar lo que nos hace vulnerables.

Erich Fromm dice que “la necesidad de creer en algo mayor que nosotros mismos está enraizada en la inseguridad humana”. En este contexto, las estafas actúan como espejos de nuestras inseguridades, ofreciéndonos soluciones fáciles a problemas complejos. Pero hay algo más profundo: nuestra tendencia a confiar. La confianza, indispensable para la convivencia y el progreso social, se convierte también en el arma más poderosa de los embaucadores.

Aunque las formas de las estafas evolucionan con el tiempo, su esencia permanece. Ya no nos venden países imaginarios como Poyais, pero sí nos ofrecen curas milagrosas, criptomonedas sin sustento o esquemas que prometen riqueza instantánea. Los fraudes modernos son más sofisticados, aprovechando herramientas digitales y redes globales para amplificar su alcance.

Sin embargo, la clave para entender por qué seguimos cayendo no está en la complejidad de las estafas, sino en nuestra condición humana. Somos criaturas esperanzadas, guiadas por emociones que, aunque nos impulsan a soñar y a innovar, también nos hacen susceptibles al engaño.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

 

El transporte público: ¿un derecho o un negocio?

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El reciente aumento gradual de 10 centavos mensuales en la tarifa del transporte público hasta llegar a los 17 pesos que le recetó el gobernador Samuel García a los ciudadanos de Nuevo León, además de hacer notoria su falta de empatía, refleja una concepción errónea sobre la naturaleza de este servicio. 

Hay que poner sobre la mesa una premisa fundamental: El transporte público no debe ser considerado, ni operado como un negocio, sino como lo que es, un servicio público y un derecho humano fundamental. Así lo dice la comunidad internacional y nuestra propia Constitución.

En las sociedades más avanzadas, el acceso a la movilidad es garantizado por el Estado, que asume la responsabilidad de subsidiar este servicio para asegurar su accesibilidad a toda la población, sin importar su capacidad económica. Es decir, todo lo contrario a lo que sucede aquí, y aún peor, el incremento en la tarifa no va acompañado de una mejora sustantiva en la calidad del servicio. Los usuarios continúan enfrentando unidades en condiciones precarias, inseguras, rutas ineficientes y retrasos constantes, lo que demuestra que el problema no radica únicamente en el costo, sino también en la deficiencia estructural del servicio. Si el Estado decide aumentar el costo del transporte, debe, al menos, garantizar una mejora proporcional en la calidad del mismo.

Este modelo de gestión, donde el transporte público se gestiona como un negocio, es incongruente con los modelos adoptados por las ciudades más avanzadas del mundo, donde no es casualidad que tengan un servicio de transporte de mucha calidad. Solo por poner un ejemplo, países como Luxemburgo, optaron por subsidiar el transporte público, absorbiendo el costo del metro y otros medios de transporte, para que los ciudadanos no tengan que afrontar tarifas prohibitivas y puedan moverse libre y gratuitamente. 

Este enfoque debe ser replicado (gradualmente) en nuestro estado, hacia allá deben de ir enfocados nuestros esfuerzos, ya que invertir en un sistema de transporte público eficiente a mediano plazo, no solo mejora la calidad de vida de las personas, sino también la productividad y competitividad de la región.

En fin, Samuel hace ya tiempo perdió el rumbo, eso se sabe, pero sumarle ahora, que el ciudadano pague por su irresponsabilidad, es un completo descaro.

Derecho de movilidad: Gran Reto

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En los últimos años, la movilidad urbana ha emergido como un tema central en la agenda pública de muchos estados y Nuevo León no es la excepción. El derecho de movilidad no solo abarca la posibilidad de trasladarse de un lugar a otro, sino que está estrechamente relacionado con el acceso a una vida digna, la igualdad de oportunidades y la sostenibilidad urbana. En este contexto, es crucial entender cómo el marco legal y las políticas públicas en Nuevo León son un gran reto y quizás una de las principales prioridades del pueblo.

El derecho de movilidad es una prerrogativa humana que implica la capacidad de las personas para desplazarse libremente dentro de un territorio, sin restricciones arbitrarias y con acceso a medios de transporte seguros y eficientes. Este derecho está enraizado en la Constitución Mexicana y en diversos tratados internacionales, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 

En Nuevo León hoy se presenta como uno de los principales retos a resolver para el pueblo, entre otros factores por la falta de atención y abandono de varios años por las autoridades responsables.

Quizás no sea solamente un tema de incremento al transporte público, sino las malas condiciones y la insuficiencia del mismo además de la falta de planeación integral para brindar soluciones eficientes. 

Hoy mucha gente tiene que hacer largas filas y horas de espera, además de pagar por muchas unidades deficientes, lo cual es uno de los retos principales para resolver en los próximos años.

La falta de un enfoque integral, los problemas de infraestructura, la ineficiencia del transporte público y las desigualdades socioeconómicas que afectan el acceso a los sistemas de transporte siguen siendo algunos de los puntos más polémicos. 

Una de las principales críticas al derecho de movilidad en Nuevo León es la desarticulación entre los diferentes modos de transporte público. Aunque existen iniciativas como el Metro y el sistema de autobuses, la integración de estos servicios sigue siendo deficiente. Los transbordos entre estos sistemas no siempre son eficientes ni fáciles de realizar, lo que genera largas esperas y costos adicionales para los usuarios.

La falta de intermodalidad y de un sistema de tarifas único y accesible crea una experiencia de movilidad fragmentada, especialmente para las personas que dependen del transporte público en lugar del automóvil. En lugar de ofrecer una red de transporte fluida y coherente, los usuarios se enfrentan a un conjunto de servicios inconexos que dificultan la planeación de sus desplazamientos cotidianos.

Asimismo, la infraestructura peatonal en Monterrey y otros municipios de la zona metropolitana es deficiente. 

Las banquetas son estrechas, irregulares o están bloqueadas por obstáculos como postes, árboles o estacionamiento en la vía pública. Esto hace que caminar sea una opción incómoda y peligrosa, especialmente para personas con discapacidad, personas mayores o familias con niños pequeños. 

Existe una falta de respeto al peatón en banquetas y calles e incluso en espacios seguros para caminar y cruzar de una acera a otra, además del deterioro de muchos puentes para transeúntes. 

El transporte público en Nuevo León sigue siendo deficiente, especialmente en las áreas periféricas de Monterrey. A pesar de los esfuerzos por ampliar las rutas del metro y los autobuses, aún existen zonas de difícil acceso, donde los residentes dependen de transporte informal o de servicios de transporte privado, como los taxis o las plataformas de ridesharing, que no siempre son accesibles económicamente para toda la población.

El costo del transporte público se ha convertido en un tema de controversia, ya que muchas familias de bajos ingresos tienen que destinar una porción significativa de su presupuesto mensual a sus traslados. Además, la calidad del servicio, en términos de frecuencia, comodidad y seguridad, sigue siendo cuestionada, ya que el sistema no siempre responde a la demanda de los usuarios.

Uno de los problemas más persistentes de la movilidad en Nuevo León es la congestionada red vial, especialmente en la zona metropolitana de Monterrey. A pesar de la construcción de nuevas avenidas y puentes, el número de vehículos en las calles sigue creciendo, lo que agrava la congestión y provoca largos tiempos de desplazamiento. 

El desmedido aumento del parque vehicular y la falta de infraestructura vial entre municipios del área metropolitana es un tema grave a punto de colapsar. 

Aunque se han creado algunas ciclovías el estado sigue siendo muy dependiente del automóvil. Las ciclovías existentes no están suficientemente conectadas, ni son seguras en muchas áreas, lo que genera que el uso de la bicicleta no sea una opción viable.

El derecho de movilidad, sin duda, requiere que todos pongamos atención antes de que siga golpeando al pueblo. 

Morena y el 2025 como año clave

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El Movimiento de Regeneración Nacional ha logrado avanzar en tan solo 10 años de manera arrolladora y contundente, al grado de dominar una gran parte de los puestos de poder a nivel nacional, regional y local.

No obstante, viven un reto sumamente importante rumbo al proceso electoral del 2027, su figura principal y estandarte de la famosa 4T, Andrés Manuel López Obrador, estará fuera de la boleta y teóricamente fuera de la escena pública.

Un reto que parece complicado al exterior del partido, pero más complicado aún al interior de MORENA, sobre todo cuando en ausencia de un líder único, comienza la conformación de diferentes grupos que quieran acaparar más y más poder.

Es aquí donde MORENA se ubica en Nuevo León, un partido que en la geografía electoral lo tiene todo para ganar por primera vez la gubernatura del Estado, pero que conforme avanzan los meses exhibe las grietas de sus grupos internos.

El 2025 es un año clave para la 4T en el Estado, lo saben y se preparan para ello, incluidas las cientos de camionetas que estarán afiliando a nuevos militantes del partido guinda y que fueron encontradas en la Ciudad de México.

En este momento, donde la estéril disputa entre MC y el binomio PRI-PAN sigue sin encontrar una salida, el escenario pinta ideal para las tropas morenistas y su camino a la gubernatura de Nuevo León.

Una vez más, solo MORENA puede derrotar a MORENA y aunque este cuento ya se contó, la 4T norteña busca cambiarle el final.

MORENA va por Nuevo León y de nueva cuenta solo ellos pueden derrotar a su propio proyecto.

¿Cambiará el final? Lo veremos.

Lo escrito, escrito está.

Construcción de Paz: “Practiquemos los valores”

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Con mucho gusto, entusiasmo y una gran responsabilidad, acepto a partir de este jueves comenzar a escribir una colaboración semanal en Altavoz, este importante medio digital, para dirigirme con respeto a todos sus lectores y enriquecer el diálogo público sobre los temas que nos resultan relevantes en Nuevo León y en México.

Y es justo el 12 de diciembre en la celebración católica del día de la Virgen de Guadalupe, una fiesta llena de fe y de valores, un día especial para reflexionar sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo.

Con respeto a quienes tengan otros credos y pensamientos, para los que creemos y celebramos la intercesión de la Virgen Morena por la feligresía, como madre de Jesús, es una de las fiestas más simbólicas y significativas que, desde mi parecer, nos lleva a decidir vivirnos como verdaderos seguidores predicando con el ejemplo y no sólo de nombre.

Decirse guadalupano, católico, cristiano o de cualquier denominación, implica poner en práctica nuestras creencias y enarbolar con hechos aquello en lo que creemos y no solamente pretender serlo de membrete.

Es ahí donde, sin distingo de ideología, podemos coincidir en practicar nuestras diferentes creencias al evocar los valores universales como lo son la paz, el trato justo, el respeto al prójimo, la atención al otro, el amor y el cariño, el servicio a los demás, la empatía, la compasión y la compresión.

Para quienes tenemos el privilegio de realizar algún servicio público, debemos tener muy claros los principios que nos rigen, como lo es en nuestro caso el humanismo mexicano encabezado por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum con el legado máximo que nos heredó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, “por el bien de todos, primero los pobres”.

De igual manera, debemos predicar con el ejemplo para honrar esos valores y ponerle congruencia a nuestra conducta pues, como dice la frase, la fe sin obras es letra muerta.

¿Qué características tiene María Madre? ¿Cómo conocemos a Jesús? Esos son los modelos que debemos buscar pues de nada nos sirve decirnos seguidores si no ponemos en práctica sus virtudes.

Desde los trabajos que realizamos en la importante construcción de paz en México, así como la reconstrucción del tejido social, una premisa básica es la de iniciar desde la raíz, con cada uno de nosotros procurando ser mejores y aportando valor a nuestra comunidad, desde nuestras familias, nuestros centros de trabajo y en cualquier lugar que nos toque participar.

Aprovechemos este día tan simbólico para muchos mexicanos y las próximas fiestas decembrinas y de fin de año para buscar la paz, la armonía y la forma en que como mexicanas y mexicanos podemos contribuir por un mejor Nuevo León y por nuestro país.

Sobre el primer presupuesto de Claudia

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“La ilusión de que entendemos el pasado fomenta el exceso de confianza en nuestra capacidad para predecir el futuro.” (Daniel Kahneman)

Normalmente, a finales de año, las empresas comienzan a realizar proyecciones financieras en las que visualizan ingresos y gastos del siguiente ciclo, ajustándolos a sus objetivos y metas. Esto también aplica a los gobiernos. Cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta el Paquete Económico, un conjunto de consideraciones económicas y fiscales que define cómo se gastarán los recursos públicos y cómo se recaudarán los ingresos necesarios para respaldar ese gasto.

El Paquete Económico tiene dos partes fundamentales: la Ley de Ingresos, que proyecta la recaudación esperada, y el Presupuesto de Egresos, que asigna los recursos a distintas iniciativas, sectores y proyectos. Este documento se entrega a la Cámara de Diputados (este año fue el 15 de noviembre), y tiene hasta el 31 de diciembre para aprobarlo. En caso de ser aprobado, el decreto final se publica en el Diario Oficial de la Federación.

Entonces… ¿cuánto estima gastar el gobierno en 2025?

Partamos de dónde está parado el gobierno en términos de gasto. El cierre del sexenio pasado dejó una disciplina fiscal debilitada. Los costos políticos de dejar obras inconclusas fueron un riesgo que la administración anterior no quiso correr, lo que llevó a un gasto público atípicamente alto.

Sin embargo, el presupuesto de 2025 parece buscar la “Austeridad Republicana” que caracterizó el inicio del sexenio anterior. La meta principal es reducir el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos. Para ello, el gobierno busca disminuir los Requerimientos Financieros del Sector Público (la deuda necesaria para cubrir gastos) del 5.9% del PIB en 2024 al 3.9% en 2025. En términos absolutos, el gasto público se estima en 9.30 billones de pesos, lo que representa una disminución real del 3.3% respecto a 2024.

¿Cuáles fueron los principales cambios?

La reducción del gasto se concentra en el componente programable, que abarca recursos destinados a la ejecución directa de políticas públicas. Este rubro caerá 7.3%, al pasar de 6.68 billones de pesos en 2024 a 6.45 billones en 2025.

El mayor recorte se encuentra en la inversión física o infraestructura (-12.7%). Este ajuste afecta a sectores clave como la Secretaría de la Defensa Nacional (-43.8%), Seguridad y Protección Ciudadana (-36.2%), y Salud (-34.1%). En contraste, instituciones como el IMSS, ISSSTE y CFE tienen incrementos modestos, mientras que Pemex es la única entidad que verá una reducción en su presupuesto (-7.5%).

Por otro lado, los organismos autónomos experimentan un comportamiento mixto: el INE incrementa su presupuesto en 18.4% para garantizar la organización de las elecciones al Poder Judicial (aunque argumentan que es insuficiente para llevar a cabo elecciones de esa magnitud), mientras que el INEGI enfrenta una reducción de 17.6%.

Las prioridades de gasto en 2025 se reflejan en los programas y proyectos de inversión prioritarios de la nueva administración, los cuales contarán con un presupuesto total de 1.02 billones de pesos (11.0% del gasto total): 17 programas sociales (835.7 mmdp) y 10 proyectos de inversión (189.0 mmdp).

Recaudación: La clave para llegar a la meta

A pesar de los recortes, el gobierno aún necesita garantizar ingresos suficientes para evitar un déficit presupuestario mayor. La recaudación tributaria y los ingresos petroleros son las principales fuentes de financiamiento. Para 2025, se estiman ingresos de 8 billones de pesos, de los cuales 5.3 billones provendrán de impuestos, representando un aumento proyectado del 2.6% respecto a 2024.

El Paquete Económico que busca aprobación este año estima un crecimiento económico de entre 2 y 3% para el PIB en términos reales. Lo cual se trasladaría en mayor pago de impuestos (directa e indirectamente) por parte de los mexicanos.

No culpo de ninguna manera que el gobierno quiera ser optimista con sus proyecciones, sin embargo, es preocupante contrastarlo con lo que dicen los expertos que sucederá para el país el año siguiente. Hoy el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de apenas 1.3%, 1.5% por parte del Banco Mundial y hasta 0.8% por parte de Citibanamex.

Caso Pemex

El presupuesto de 2025 estima un aumento en los ingresos petroleros, a pesar de que Pemex ha reducido su producción diaria de barriles de petróleo en un 5% entre 2023 y 2024. La empresa recibirá el 75.4% de los ingresos petroleros, lo que representa un aumento respecto al año anterior. Este escenario plantea dudas sobre la sostenibilidad de estas proyecciones, especialmente si la producción no logra mantenerse al nivel esperado.

Los otros supuestos del modelito…

Para que el Excel del modelito de presupuesto no truene, nos tenemos que creer también los siguientes supuestos: Crecimiento del PIB real entre 2 y 3%; inflación de 3.3%; tipo de cambio promedio del periodo de 17.9 pesos por dólar y 18 a diciembre; tasa de interés nominal promedio 8.1% y precio promedio de 58.4 dólares por barril de petróleo ¿Le atinarán?

Proyectar con entusiasmo, tal vez en exceso

El Paquete Económico de 2025 refleja un deseo evidente de equilibrar disciplina fiscal y gasto social. Sin embargo, su ejecución descansa sobre proyecciones optimistas que contrastan con las expectativas de organismos internacionales y mercados. Aunque es alentador que el gobierno priorice los programas sociales y busque mantener la austeridad, preocupa el sacrificio en áreas como la infraestructura no turística, clave para el desarrollo sostenible y la competitividad nacional.

Planificar con los pies en la tierra implica ajustar expectativas a la realidad. El “segundo piso” de la Cuarta Transformación está apostando por la continuidad de programas sociales, pero lo hace centralizando funciones y debilitando organismos esenciales. Más allá de los debates sobre la autonomía de instituciones como la COFECE, el IFT o el Poder Judicial, el verdadero riesgo radica en la pérdida de avances en transparencia, acceso a información y datos estadísticos. No podemos permitirnos, por ejemplo, un INEGI débil; sin datos confiables, no hay justicia ni políticas públicas efectivas que defender.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

25N: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

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Este Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, 25N, nos obliga a mirar de frente las historias de quienes han sido víctimas de un sistema que las abandona, las criminaliza y, muchas veces, las olvida. El caso de Esmeralda, una adolescente de 14 años víctima de violencia sexual y revictimización institucional, es un ejemplo doloroso de cómo el Estado y la sociedad siguen fallando a las mujeres en México.

En este contexto, las cifras que rodean la violencia de género son más que números: son una evidencia de la deuda histórica que arrastramos. Globalmente, 1 de cada 3 mujeres experimenta violencia física o sexual en algún momento de su vida, y cada 10 minutos una mujer es asesinada. En México, el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia, y casi la mitad ha sido víctima de violencia sexual (49.7%). No es normal que el 90% de los abusos sexuales contra niñas sean cometidos por familiares o personas cercanas, ni que México ocupe el primer lugar en embarazos adolescentes entre los países de la OCDE, con casi 1,000 nacimientos diarios en menores de 19 años. Estas cifras no son inevitables, son el resultado de un sistema que perpetúa la desigualdad y la violencia.

El 25N nos invita a recordar que la violencia de género no es un problema individual, sino estructural, y que detrás de cada cifra hay historias como la de Esmeralda. Aunque su caso parece haber llegado a una conclusión con la desestimación de los cargos en su contra, sigue siendo un recordatorio de que, para muchas otras mujeres, niñas y adolescentes, la justicia no llega. Es precisamente por ellas que este día importa.

El Caso de Esmeralda: Un Ejemplo de Criminalización y Revictimización

Esmeralda fue violada por un primo tres años mayor que ella. Sin saber que estaba embarazada, tuvo un aborto espontáneo y acudió al hospital buscando ayuda médica. En lugar de recibir apoyo, fue denunciada por el personal de salud y acusada de homicidio doloso por la Fiscalía de Querétaro, que no solo pidió tres años de prisión para ella, sino que exigió que pagara más de 500,000 pesos como “reparación del daño” al agresor. Este acto de revictimización extrema es una evidencia del machismo que no solo vive en los agresores, sino también en las instituciones que deberían proteger a las víctimas.

El trato que recibió Esmeralda refleja las profundas fallas de un sistema de justicia insensible y prejuicioso. En lugar de investigar a su agresor, la Fiscalía centró sus esfuerzos en construir un caso contra ella, ignorando su calidad de víctima y violando principios fundamentales de justicia y derechos humanos. No se respetó el principio del interés superior de la niñez, no se realizaron peritajes especializados, y la actuación de las autoridades estuvo plagada de prejuicios y estigmas.

La Indignación Colectiva que Despertó un Cambio

El caso de Esmeralda se volvió viral, generando una ola de indignación que llegó al poder ejecutivo federal. La presidenta Claudia Sheinbaum y Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres, intervinieron directamente, exigiendo que la Fiscalía de Querétaro desestimara los cargos. Bajo esta presión mediática y política, el fiscal general anunció que se retirarían todas las acusaciones contra Esmeralda.

Sin embargo, este desenlace no borra el daño causado. Esmeralda enfrentó un año de criminalización y mensajes de odio que dejaron marcas profundas en su vida. Su caso no se resolvió gracias a la voluntad del sistema, sino al trabajo de su equipo de defensoras, como Adax Digitales, y a la indignación conjunta de la sociedad. Esto nos deja una pregunta fundamental: ¿qué pasa con las niñas, adolescentes y mujeres cuyos casos no llegan a los titulares?

El 25N: Justicia para Todas, No Solo para las Visibles

Aunque el caso de Esmeralda haya concluido, su historia nos recuerda que, para muchas otras mujeres, niñas y adolescentes, la justicia sigue siendo inaccesible. El 25N importa porque evidencia que el problema no es solo la violencia individual, sino un sistema que perpetúa la desigualdad, criminaliza a las víctimas y protege a los agresores.

Esmeralda representa a los miles de niñas y adolescentes que enfrentan violencias múltiples en México: abusos sexuales por parte de familiares, falta de acceso a educación sexual, criminalización del aborto, y un sistema de justicia que las revictimiza. Solo 1 de cada 10 mujeres en México denuncia una agresión, y la mayoría de quienes lo hacen enfrentan el mismo trato que Esmeralda: cuestionamientos, desprecio y negligencia.

La Lucha que Nos Deja el Caso de Esmeralda

El caso de Esmeralda nos deja reclamos claros y urgentes:

  1. Educación sexual integral: Es imprescindible garantizar que todas las niñas, niños y adolescentes tengan acceso a información que les permita prevenir abusos y ejercer sus derechos. La falta de educación perpetúa la violencia y la vulnerabilidad.
  2. Despenalización del aborto: Querétaro y otros estados deben homologar su legislación con los criterios de la SCJN, que desde 2021 estableció que ninguna mujer puede ser criminalizada por abortar. La penalización no solo viola derechos humanos, sino que también perpetúa la persecución de las víctimas.
  3. Justicia con perspectiva de género: Las fiscalías deben ser capacitadas para garantizar que las víctimas no sean revictimizadas. Es fundamental que operadores de justicia actúen con sensibilidad y respeto a los derechos humanos.
  4. Protección integral para las víctimas: El sistema debe ofrecer apoyo, seguridad y reparación integral, no criminalización ni linchamientos mediáticos.

El 25N No Termina Aquí

El caso de Esmeralda es un recordatorio de que el 25N no es solo un día para reflexionar, sino para exigir. La justicia no puede depender de la viralización de un caso ni de la presión política. Debe ser un derecho garantizado para todas las mujeres, niñas y adolescentes, sin importar su contexto o visibilidad.

En este 25 de noviembre, Esmeralda nos recuerda que la lucha contra la violencia de género es una deuda pendiente. Porque, aunque el sistema falló a Esmeralda, no podemos permitir que siga fallando a todas las demás.

Jornada Laboral Flexible

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La vida de los padres de niños con discapacidad o condiciones del neurodesarrollo en México está marcada por una doble lucha: garantizar el sustento económico de la familia y proporcionar los cuidados especializados que sus hijos necesitan. Esta realidad, que afecta a miles de familias en todo el país, es una de las caras más invisibilizadas de la desigualdad laboral y social.

En México, actualmente existen 899,000 niños y niñas con alguna discapacidad, según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Sin embargo, las políticas públicas en materia de conciliación entre la vida laboral y la atención de las necesidades de estos menores han sido hasta ahora insuficientes.

Los padres y tutores de estos niños enfrentan diariamente una ardua tarea, que no solo implica cubrir las necesidades emocionales, físicas y educativas de sus hijos, sino también gestionar una serie de cuidados médicos y terapéuticos que suelen ser imprescindibles para su desarrollo integral.

Los tratamientos y terapias que los niños con condiciones del neurodesarrollo requieren, como la fisioterapia, la psicoterapia, la terapia ocupacional, entre otros, son, además de una cuestión médica, una necesidad que forma parte del proceso de formación y bienestar de los menores. Todo ello demanda, además de recursos económicos, un tiempo significativo que, en muchos casos, que en la mayoría de los casos suele ser incompatible con un horario laboral de ocho horas.

En esta situación ¿cómo pueden los padres o tutores cumplir con sus obligaciones laborales sin descuidar la salud y el bienestar de sus hijos e hijas?

En México, las políticas laborales no han dado respuesta adecuada a las necesidades de los padres que, por razones de cuidados de sus hijos, requieren jornadas más flexibles. En muchos casos, los padres se ven obligados a elegir entre asistir a los trabajos y asegurarse de que sus hijos reciban la atención que necesitan.

Preocupado por esta realidad, desde el Senado de la República propuse una iniciativa de Ley que permitiría a los padres y madres de niños con discapacidad o condiciones del neurodesarrollo contar con jornadas laborales flexibles de seis horas.

Esta medida no solo tiene como objetivo aliviar la carga emocional y económica de las familias, sino también fomentar un ambiente laboral más inclusivo que favorezca el equilibrio entre el trabajo y las responsabilidades familiares. La propuesta busca dar respuesta a una necesidad urgente que han señalado miles de familias mexicanas, y lo hace reconociendo el papel esencial de los padres y tutores como cuidadores primarios de los niños con discapacidad.

Nadie puede negar que si lograr un equilibrio entre el trabajo y la vida familiar es un reto para muchos, para los padres de niños con discapacidad, este reto se multiplica debido a los cuidados especializados que requieren.

Este esfuerzo constante no puede ni debe seguir siendo invisible para la sociedad ni para los legisladores.

La flexibilidad laboral, entonces no solo implica la reducción de horas, sino también la posibilidad de organizar los horarios de manera más adaptable, permitiendo a los padres asistir a las terapias y médicos sin tener que sacrificar su estabilidad económica.

La iniciativa que propongo no es nueva, sino que se inspira en experiencias exitosas en otros países de la región, como Chile, donde ya se han implementado políticas similares que permiten jornadas laborales más flexibles para los padres de niños con discapacidad. Ahí, se ha comprobado que estas medidas no solo han favorecido la vida de las familias, sino que también han demostrado ser una estrategia efectiva para mejorar la productividad laboral. Al brindar a los padres un mayor control sobre su tiempo, se les permite equilibrar mejor sus responsabilidades laborales y familiares, lo que a su vez genera un ambiente laboral más sano y menos estresante.

Confío en que esta reforma será apoyada por las y los senadores de todas las bancadas, ya que el bienestar de nuestros niños y niñas y el respeto a la familia deben ser prioridades más allá de los distingos partidistas.

La implementación de una jornada laboral flexible para estas familias es un paso hacia la construcción de una sociedad más inclusiva y solidaria, en la que todos los niños, sin importar sus condiciones, tengan las mismas oportunidades de desarrollo y bienestar.

¿Por qué fracasan las naciones?

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Dentro de unas décadas, ¿miraremos al comité Nobel de Economía con la misma sonrisa burlona con la que miramos a las respetadas instituciones “científicas” de la Edad Media que promovieron (contra toda evidencia observacional) la idea de que el corazón era un centro de calor? Hemos estado haciendo cosas mal en el pasado y nos reímos de nuestras instituciones pasadas; es hora de entender que debemos evitar consagrar las actuales. – Nassim Nicholas Taleb

El 20% de los países más ricos del mundo es hoy aproximadamente 30 veces más próspero que el 20% más pobre. Aunque las naciones más desfavorecidas han logrado generar cierta riqueza, la brecha de ingresos entre ambos extremos persiste, y todo indica que no será cerrada bajo el actual status quo.

La Real Academia de las Ciencias de Suecia tomó este argumento como base para otorgar el Nobel de Economía de 2024. Los galardonados de este año, según el comité, presentaron evidencia convincente de que una de las razones detrás de esta brecha de ingresos radica en las diferencias en las instituciones que configuran una sociedad.

Pseudo-Ciencia Económica

Resulta, cuando menos, contraintuitivo considerar a la economía una ciencia, especialmente con lo polémico que ha sido el incluirla para los premios Nobel. Los galardonados suelen presentar modelos complejos y probados en “experimentos controlados” como si todo fuera a comportarse “manteniendo todo constante”. Sin embargo, el Banco Central Sueco hizo bien en reconocer a Acemoğlu y compañía, pues, comparten algo que no se había hecho en ediciones anteriores: propuestas concretas.

¿Estará Alfred Nobel retorciéndose en su tumba al saber que los economistas comparten mesa con físicos, médicos y químicos? Quizá. Sin embargo, es innegable que la economía impacta profundamente en la sociedad, y cuando se aplica correctamente (sea lo que eso signifique), puede transformar realidades tanto como las disciplinas científicas más reconocidas.

Un cuento de dos ciudades

La región de Nogales está dividida en dos mitades. Al norte, se encuentra el estado de Arizona en los Estados Unidos; hacia el sur, se ubica el poblado homónimo, pero del estado de Sonora en México. Acemoğlu, Johnson y Robinson utilizaron como ejemplo a estas dos ciudades hermanas para demostrar los mundos dispares y las realidades alternas que pueden vivir territorios separados por una frontera.

En Arizona, los ciudadanos disfrutan de altos ingresos, educación accesible y una expectativa de vida elevada. Existen mecanismos legales que protegen la propiedad privada, favorecen la inversión y permiten el cambio democrático de líderes políticos. En cambio, al sur del muro, en Sonora, las condiciones son distintas: menores ingresos, criminalidad organizada y una política marcada por la corrupción que inhibe el desarrollo y limita la movilidad social.

Para Acemoğlu, Johnson y Robinson, estas diferencias no son resultado de la geografía ni de la cultura compartida, sino de las instituciones. Mientras Nogales, Arizona, forma parte de un sistema político y económico que brinda oportunidades, Nogales, Sonora, está atrapada en un marco institucional que restringe el potencial de sus ciudadanos. Los galardonados de este año han demostrado que la dividida ciudad de Nogales no es una excepción. Por el contrario, forma parte de un patrón claro cuyas raíces se remontan a la época colonial.

Correlación no es causalidad

Acemoğlu y Robinson publicaron un libro a principios de la década pasada que es muy popular entre los economistas: ¿Por qué fracasan las naciones? Este texto es un resumen del trabajo que han realizado prácticamente toda su vida tratando de resolver la pregunta de: ¿Por qué algunos países con extensos recursos naturales son alarmantemente menos ricos que muchos otros que no tienen un solo metro cuadrado de tierra fértil?

Las respuestas son muy complejas y los autores lo contestan parcialmente. Para ellos, todo recae en la certeza de instituciones lo suficientemente robustas, imparciales y que garanticen el estado de derecho en niveles locales, regionales, nacionales e internacionales.

Argumentan que la calidad institucional no depende de la riqueza, sino que esta última se desarrolla en presencia de instituciones robustas. Para probarlo, utilizan contextos históricos en los que señalan cómo las colonias más ricas en recursos fueron, paradójicamente, las más empobrecidas tras la colonización. Los colonizadores establecieron instituciones extractivas en estas regiones, diseñadas para explotar recursos y mano de obra, mientras que en territorios menos ricos se asentaron y desarrollaron sistemas más inclusivos.

Además, al abandonar las colonias, las potencias dejaron instituciones frágiles, propensas a la corrupción y diseñadas para perpetuar la desigualdad. Este legado histórico sigue moldeando el desarrollo de las naciones.

Progreso en manos de voluntades

Las recomendaciones de los galardonados parecen obvias: crear instituciones sólidas y garantizar su imparcialidad. Suena a lo que diría un Santi cualquiera: ¿por qué no solo compras tres depas, vives en uno y rentas los otros dos?, ¿por qué no solo tenemos instituciones robustas, buenas y con reglas claras?

Sin embargo, el problema no es su creación, sino su operación. Las instituciones son administradas por personas, y estas suelen responder a intereses de élites que, al concentrar el poder, moldean políticas a su favor.

Como muchos problemas socioeconómicos, este es un tema de poder y la transferencia del mismo. Transferir el poder y garantizar la imparcialidad institucional requiere no solo voluntad política, sino también herramientas como la tecnología, que puede minimizar los sesgos humanos y garantizar una gestión eficiente. No obstante, lograrlo implica superar intereses establecidos y alinear objetivos en un contexto globalizado que añade nuevas complejidades.

Mientras tanto, desaparecemos instituciones

Si el gobierno mexicano estuviera siguiendo las recomendaciones de los Nobel de este año, definitivamente no se estarían desapareciendo instituciones. El paso debería ser fortalecerlas, blindando su autonomía y utilizar la tecnología para hacerlas más eficientes y transparentes. La concentración de poder es un obstáculo que perpetúa la desigualdad y la corrupción.

Por ahora, sujetándonos a un poco de esperanza, no queda más remedio que repensar nuestras estructuras políticas y económicas. Apostar por instituciones de manera decidida, atacando los sesgos intrínsecos al ser humano a través de, por ejemplo, el uso de la tecnología permitirá involucrar a todos los sectores de la sociedad, es posible transformar la decadencia en prosperidad compartida.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

Erradicar el Maltrato Animal

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Esta semana en el Senado recibimos una histórica reforma a la Constitución, que implica un paso clave para México en la protección de los animales. La reforma, ya aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados, busca modificar los artículos 3, 4 y 73 de nuestra Carta Magna para erradicar el maltrato animal y promover su bienestar.

Esta iniciativa establece que el Estado debe garantizar el respeto, protección, conservación y cuidado de los animales en todos los contextos, incluyendo el trato en la crianza, sacrificio, y uso de animales en espectáculos lucrativos. Además, plantea un cambio significativo en la educación: los planes de estudio deberán incluir contenidos que fomenten el respeto y la protección de los animales desde temprana edad.

¿Por qué es importante?

Desde que en 1970 comenzó el movimiento pro-derechos de los animales, la lucha ha llevado 54 años. Se ha logrado mucho desde ese entonces pero es hasta ahora que México da un gran paso al reconocer en su Constitución que los animales no son objetos o posesiones; son seres vivos que merecen compasión, respeto y una vida libre de abuso.

Las cifras reflejan una realidad devastadora.

Nuestro país ocupa el primer lugar en maltrato animal en América Latina y el tercero a nivel mundial; siete de cada diez animales domésticos sufren alguna forma de maltrato; y el 70% de los perros y gatos en nuestras calles son víctimas de abandono o violencia; cada año, 20% más de animales terminan en las calles; de cada diez perros que ingresan a albergues públicos, nueve son sacrificados; en seis de cada diez zoológicos se encuentran indicios de maltrato o irregularidades; y por último pero no menos importante, México ocupa un lugar alarmante en el tráfico ilegal de vida silvestre, una de las principales actividades del crimen organizado en el mundo.

Nuevo León no es ajeno a esta problemática. En nuestro estado, los casos de maltrato animal han incrementado un 64% en tan solo un año, según datos de la Fiscalía General de Justicia.

Estas cifras reflejan la urgente necesidad de que el Estado, de una vez por todas, tenga las herramientas para responder a esta crisis y prevenir el abuso animal.

A lo largo de la historia, los animales han sido esenciales no sólo para nuestra supervivencia física, sino también emocional. Hoy, las familias multiespecie son una realidad: el 69.8% de los hogares en México tienen mascotas, representando aproximadamente 80 millones de animales domésticos. Es nuestra, entonces, responsabilidad garantizarles una vida digna y respetuosa.

Esta reforma marca el inicio de un cambio positivo en la protección de los animales en México.

La verdadera modernidad de un país no se mide por sus rascacielos o su economía, sino por la manera en que trata a sus seres más vulnerables, sin importar su especie.

Como integrante del Partido Verde Ecologista de México, reafirmo mi compromiso de defender los derechos de los seres sintientes. Desde el Senado trabajaré todos los días para lograr una sociedad más justa, compasiva y respetuosa con todos los seres vivos.