La Taquería

Duelo de mujeres en Monterrey 2027

by César Ulloa
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La capital del Estado es fruto codiciado cada tres años por la plana mayor de los políticos en Nuevo León, además de significar una catapulta natural a la gubernatura.

Nuevo León vive momentos políticos tensos, llenos de incertidumbre y rodeados de proyectos políticos que arrancan desde ya con el objetivo 2027.

En Monterrey las cosas pintan para que el proyecto de Adrián de la Garza apunte, otra vez, a la gubernatura de Nuevo León, en esta ocasión con más determinación y mejores vientos que el 2021.

Esto deja abierto un hueco grande en la sucesión que desde ya buscan los priistas y (algunos) panistas de la ciudad de las montañas.

Para nadie es un secreto que las principales tiradoras del tricolor son mujeres, apunten entre ellas a Lorena de la Garza, Ivonne Álvarez y Karina Barrón, las primeras dos con mayor fuerza.

Lorena que ha sabido hacer de la presidencia del Congreso el camino idóneo rumbo a la alcaldía; mientras que Ivonne con mayor recorrido y colmillo se convierte en una carta fuerte casi al natural.

Y del otro bando la cargada también va enfocada en femenino, con la inevitable llegada de Martha Herrera, un perfil querido y respetado por diversos sectores del Estado.

Llega a la COM naranja en busca de ponerle orden y unidad a un partido que, hasta ahora, poco había construido rumbo al 2027.

¿Y MORENA? Padeciendo los mismos males de siempre, sin figuras claras y determinantes que construyan un proyecto sólido que canalice la fuerza de la marca mejor posicionada de México.

Quien piense que las elecciones en Monterrey inician en dos años, échese una comida en el Mirador o dense una vuelta por el Obispado.

La lucha por Monterrey ya inició y parece que será duelo de mujeres.

La Reforma Judicial en México

by Víctor Montoya Ayala
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El 15 de septiembre de 2024, se publicó la reforma más profunda y significativa de las últimas décadas al Poder Judicial de México. Esta reforma no solo cambió cómo se organiza la justicia en el país, sino también cómo se elige a quienes la imparten. Uno de los puntos más llamativos es que, por primera vez, jueces, magistrados y ministros serán electos por voto popular. Si bien esto representa una forma de acercar la justicia a la ciudadanía, también ha generado preocupaciones sobre su impacto en la imparcialidad, la preparación de quienes ocupen esos cargos y el equilibrio entre poderes.

La reforma judicial de 2024 consistió en un conjunto de cambios constitucionales y legales que modifican la estructura, el funcionamiento y los procesos de elección dentro del Poder Judicial de la Federación. Uno de sus elementos centrales es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal -que vigilaba el comportamiento de los jueces- y la creación de nuevos órganos que asumirán tareas de control, vigilancia y disciplina. A su vez, las personas que ocupen los cargos de titulares de órganos jurisdiccionales del país serán elegidas mediante voto ciudadano directo; es decir, en elecciones nacionales, las cuales se desarrollarán el próximo domingo 1ro de junio de 2025.

En efecto, en el ámbito federal, el día de la jornada electoral cada ciudadano recibirá 6 boletas en las que podrá elegir a ministros, jueces y magistrados, quienes serán integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juzgados de Distrito, Tribunales Colegiados de Circuito, Sala Superior y Salas Regionales del Tribunal Electoral, y del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.

Por su parte, en el ámbito local, esta reforma también obligó a las entidades federativas a elegir a sus jueces y magistrados a través del voto popular. Así, a la par de las elecciones del Poder Judicial Federal, en junio de este año, 19 estados de la República Mexicana renovarán sus respectivos poderes judiciales,[1] y los 13 estados restantes lo tendrán que hacer en 2027.[2]

La intención de esta reforma es clara: acercar la justicia a la ciudadanía y permitir que la gente tenga voz sobre quiénes ocupan cargos tan importantes. La jornada electoral del próximo 1 de junio representa el primer ejercicio popular para elegir nuevos integrantes del Poder Judicial; con esto se abre una nueva etapa para la democracia en México, pero también plantea desafíos serios que no deben ignorarse. La justicia debe ser cercana al pueblo, sí, pero también debe ser imparcial, técnica y profesional.

Por ello, es importante que la ciudadanía exija cuentas a los funcionarios que resulten electos y evalúen de manera muy crítica su desempeño, tanto legal como personal, con la finalidad de perfeccionar las áreas de oportunidad que se presenten de cara a la siguiente elección judicial en 2027.

[1] Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

[2] Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, Puebla y Sinaloa.

Capturar la justicia, debilitar la democracia

by Isabella Leal Aguilar
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La reforma judicial de 2024 no es una simple reorganización del Poder Judicial. Es una transformación radical que altera la naturaleza misma de la justicia en México. En nombre de una supuesta “democratización”, lo que se ha aprobado es una reingeniería institucional que cambia las reglas de origen del sistema judicial, lo deja vulnerable al poder político y reduce su función de contrapeso a la voluntad popular coyuntural.

Su esencia está en subordinar al Poder Judicial mediante cinco mecanismos clave. El primero, y más visible, es la instauración del voto popular para elegir a jueces, magistrados, y ministros. Esta medida rompe con el modelo de carrera judicial y convierte los nombramientos en contiendas electorales, en las que el mérito y la experiencia pesan menos que la capacidad de hacer campaña. El segundo es la creación de órganos sancionadores como el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, con amplias facultades para investigar y castigar a juzgadores, pero sin salvaguardas claras ni controles internos efectivos. En tercer lugar, se observa una preocupante falta de transparencia: los procesos se diseñaron sin deliberación técnica, sin estudios de impacto, y con reglas opacas tanto para candidaturas como para sanciones.

A ello se suma, en cuarto lugar, una creciente politización de la justicia. Al someter al Poder Judicial a dinámicas electorales y a estructuras de vigilancia sin contrapesos, se incentiva la alineación ideológica y la dependencia de respaldos políticos. La judicatura deja de ser un espacio técnico y se convierte en un campo de representación, donde se responde más al voto que a la Constitución. Finalmente, el quinto impacto es la ruptura del principio de imparcialidad. En este nuevo diseño, juzgar deja de ser un ejercicio sereno y técnico-jurídico, y se convierte en una función condicionada por el temor a sanciones políticas, por la necesidad de agradar al electorado, o por la búsqueda de permanencia. Así, la justicia pierde su columna vertebral: la autonomía para decidir, incluso cuando eso incomoda al poder.

Este debilitamiento estructural no solo pone en riesgo el funcionamiento de las instituciones judiciales: compromete directamente la garantía de los derechos humanos. Si el sistema de justicia deja de ser imparcial, quienes más lo necesitan pierden su principal vía de defensa. Un juez que actúa condicionado por intereses externos no puede garantizar el derecho a un juicio justo, ni la protección efectiva de los derechos fundamentales. La captura de la justicia es también, en el fondo, una forma de debilitar la democracia.

Bajo el argumento de acercar la justicia al pueblo, lo que se ejecuta es una captura institucional. La independencia judicial, requisito básico en cualquier Estado de derecho, se pone en entredicho al someter a las personas juzgadoras al juicio del voto popular. Un juez que debe hacer campaña para llegar al cargo es un juez condicionado por intereses, simpatías y clientelas. La autoridad moral y técnica que exige la judicatura se sustituye por la lógica de la representación. En lugar de impartir justicia desde la imparcialidad, se les pide que representen intereses o ideologías. Y eso no es justicia: es populismo judicial.

Peor aún, este rediseño se dio sin deliberación pública real, sin procesos de consulta transparentes, sin estudios de impacto técnico, y con tiempos legislativos “fast-track” que impidieron cualquier análisis serio. La reforma judicial, más que una corrección democrática, representa un caso ejemplar de cómo se puede utilizar la Constitución como un arma: un texto que debiera proteger los derechos se convierte en instrumento de poder. Un acto de desmembramiento institucional disfrazado de reforma.

No es abstracto: es personal.

A veces se habla de la independencia judicial como si fuera una preocupación de élites o una discusión técnica lejana. No lo es. Es un asunto que nos afecta a todas las personas, todos los días.

La justicia está presente desde el momento en que alguien sufre un robo y necesita que se investigue con seriedad. Pero también cuando eres acusado de un delito que no cometiste y esperas que un juez escuche tu versión sin prejuicios. Es lo que define si te pueden desalojar de tu casa sin notificación legal, si un rentero puede quedarse con tu depósito injustificadamente, o si una empresa puede incumplir un contrato sin consecuencias.

La justicia está presente desde el momento en que alguien es víctima de un delito y necesita que se investigue con seriedad. Pero también cuando te acusan sin fundamento y esperas que alguien te escuche sin prejuicios. Es lo que define si puedes divorciarte sin trámites eternos o violencia institucional, si puedes quedarte con la custodia de tus hijos, si tu herencia será respetada, si una deuda fue mal calculada, si el SAT te embargó con razón o sin ella, si una compraventa tuvo vicios ocultos, si puedes exigirle al seguro que te pague tras un accidente, o si la pensión alimenticia de tus hijos llega a tiempo.

Es la justicia la que determina si un acto de autoridad fue conforme a derecho, si tu rentero puede echarte sin causa, o si tu banco puede cobrarte una comisión no prevista. Lejos de ser un lujo técnico o un debate lejano, la justicia es ese mecanismo que organiza la vida cotidiana con reglas claras y consecuencias justas. Cada vez que alguien acude a un juzgado esperando imparcialidad, se pone a prueba el sistema. Y si ese sistema ha sido politizado, si sus operadores responden a cuotas o lealtades, la justicia deja de ser garantía y se vuelve moneda de cambio.

Por supuesto que el Poder Judicial que teníamos no era perfecto. Es una institución perfectible, con áreas de mejora evidentes: ha sido percibido como distante, con procesos lentos, y no siempre accesible para todas las personas. Pero esta reforma no corrige esos vicios: los agrava y los muta. No se trata de una mejora estructural ni de una renovación de fondo. Se trata, más bien, de un reemplazo desordenado que está atrayendo a perfiles sin experiencia, a personas sin vocación judicial y con claras ambiciones de poder, y a profesionistas que, ante el miedo de perder su carrera en la judicatura, se ven forzados a participar en un proceso que no eligieron y que no garantiza ni continuidad institucional ni excelencia profesional.

Se corre el riesgo de que lleguen a las posiciones más delicadas del sistema de justicia personas sin herramientas técnicas ni jurídicas para ejercer esa función. Porque juzgar no es simplemente opinar: es realizar uno de los ejercicios más complejos que puede delegar un Estado. Requiere método, formación, rigor, y una ética que no nace en campaña. Lo que está en juego no es solo la integridad del sistema judicial, sino la vida concreta de millones de personas que alguna vez dependerán de una sentencia bien fundada.

Una reforma que debilita al Poder Judicial no solo afecta a los jueces. Nos afecta a todas las personas que, alguna vez en la vida, por voluntad o por necesidad, tendremos que acudir a él para defender nuestros derechos, nuestra familia o nuestro patrimonio.

Entre el hartazgo y la ausencia

Muchos han optado por la abstención como forma de rechazo. Es comprensible. Pero me inquieta que la única forma visible de disentir sea desaparecer. En un país donde históricamente se ha excluido a las mayorías de la conversación pública, ausentarse, aunque sea por razones legítimas, corre el riesgo de ser leído como indiferencia.

Disentir no debería significar hacerse a un lado. También se puede disentir estando ahí. Anular el voto, por ejemplo, no es resignación: es testimonio. Es una forma de ocupar el espacio sin avalarlo. De decir “no estoy de acuerdo” de forma explícita.

Me duele la reforma, y me duele no poder marcar una boleta para decir que no. No puedo votar desde donde estoy, pero sí puedo decir esto: ojalá más personas se atrevan a estar presente y explícitamente en contra. Incluso cuando el proceso esté torcido. O precisamente justo por eso.

Yo sí quiero creer en las instituciones

Puedo pecar de ignorante o idealista, pero yo sí quiero creer en las instituciones. No quiero una democracia sin ellas. Quiero instituciones que resistan al poder, no que se acomoden a él. Y eso solo es posible si dejamos de ser una ciudadanía dócil, complaciente, fácil de ignorar.

La democracia no se construye únicamente con votos favorables, sino con voces críticas. No se sostiene solo con quienes aplauden, sino con quienes vigilan. No se transforma desde la ausencia, sino desde la exigencia.

Sí, el proceso está mal diseñado. Sí, hay simulación. Pero el poder también se alimenta del silencio. Por eso necesitamos hacernos presentes. No necesariamente para legitimar lo que está ocurriendo, sino para incomodarlo.

Esta no es una elección más

Esta elección no resolverá los problemas de la justicia en México. Pero sí puede mostrar hasta qué punto hemos normalizado que las instituciones se usen para consolidar el poder en vez de limitarlo. La anulación del voto, pública, crítica, razonada, puede ser una forma de rechazar el juego sin abandonar el tablero.

No me interesa idealizar el voto, ni romantizar su impacto. Pero sí me importa que el mensaje no sea la resignación. Porque lo que está en juego no es solo quién juzga, sino si aún tenemos algo que decir sobre la justicia.

Debemos ser una ciudadanía incómoda al poder

La verdadera democracia no necesita gente agradecida. Necesita gente exigente. Ciudadanía que estorbe, que observe, que incomode. Porque sólo desde esa incomodidad se puede corregir el rumbo.

Ojalá quienes sí pueden votar, lo hagan. No por entusiasmo, sino por responsabilidad. No para legitimar, sino para expresar. Que llenen la boleta con un “no”, con una consigna, con un reclamo. Pero que estén.

Porque el poder quiere una ciudadanía dócil. Y lo que necesitamos hoy, más que nunca, es una ciudadanía incómoda al poder.

El nuevo reto judicial

by Saralany Cavazos Velez
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Por primera vez, la ciudadanía podrá votar directamente para definir quiénes integrarán los juzgados y tribunales del país. Se trata de un momento que implica grandes retos, pero también una oportunidad para fortalecer la legitimidad del Poder Judicial.

Durante años, el acceso a la impartición de justicia ha estado reservado a quienes han recorrido una carrera larga, rigurosa y muchas veces silenciosa. Esa trayectoria no debe minimizarse. La formación jurídica, la experiencia, el conocimiento técnico y la ética profesional, deben seguir siendo el fundamento principal de quienes imparten justicia.

Pero ahora se suma una nueva dimensión: la confianza social. No para sustituir los méritos, sino para complementarlos. La legitimidad judicial, hoy más que nunca, se construye en el equilibrio entre la preparación sólida y la conexión con las exigencias de una ciudadanía que espera instituciones cercanas, transparentes y eficaces.

Este proceso ha generado críticas, y muchas de ellas son válidas. Cambiar las reglas en un poder que históricamente se ha mantenido al margen del debate público genera incertidumbre. Pero ante ese escenario, la respuesta no puede ser la indiferencia. Debemos asumir con responsabilidad este nuevo modelo y participar activamente en él. Porque si de algo depende su éxito, es de que las mejores mujeres y los mejores hombres lleguen a ocupar estos espacios.

No basta con tener buenas leyes. Necesitamos buenas personas aplicándolas. Personas que sepan decidir en contextos complejos, que escuchen, que argumenten, que resuelvan. Personas juzgadoras con vocación, con carácter, con claridad y con gran sentido humano.

Quienes hemos trabajado en la justicia sabemos lo que implica una resolución. Sabemos que detrás de cada caso hay una historia, un derecho, una vida. Por eso es tan importante que esta elección sirva para consolidar perfiles con integridad y compromiso real con el país.

Esta es una gran oportunidad para abrir el Poder Judicial a la participación democrática sin renunciar a su rigor. Para renovar la confianza sin debilitar la técnica. Para recordar que la justicia debe sostenerse sobre principios firmes y no sobre intereses subjetivos.

Y eso empieza por no olvidar nunca, lo más importante: que las personas juzgadoras deben ejercer su cargo sin presiones, sin manipulaciones, con justicia.

Vivir de la nostalgia

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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“It seems to be easier for us today to imagine the thoroughgoing deterioration of the earth and of nature than the breakdown of late capitalism; perhaps that is due to some weakness in our imagination.” (The Seeds of Time, Fredric Jameson, 1994)

¿Cuántas veces hemos escuchado que los tiempos pasados fueron mejores? Si existiera un estado natural de la conducta humana, este consistiría en la necesidad de pertenencia y en contar con una historia que posea una continuidad lógica. Somos expertos en crear narrativas que se transforman en verdades únicas y las utilizamos para condicionar nuestro presente.

Vivimos en la confusión de creer que la nostalgia es un simple sentimiento individual, cuando en realidad es un fenómeno cultural, histórico y político que caracteriza a la modernidad tardía y a la globalización. La nostalgia es un síntoma histórico que surge en momentos de cambio, modernización, desplazamiento y pérdida. Curiosamente, su origen no es literario ni filosófico, sino médico: se definió en el siglo XVII como una enfermedad del cuerpo y del alma entre soldados y migrantes.

Para Svetlana Boym, en The Future of Nostalgia, la nostalgia ha sido históricamente malentendida o despreciada, vista como un síntoma de debilidad o un escape irresponsable hacia el pasado. Boym plantea que, en realidad, la nostalgia es una emoción moderna, ambivalente y profundamente ligada a los procesos históricos, al desplazamiento y a los cambios culturales.

Hoy, al borde de una incertidumbre política global, en lugar de preguntarnos únicamente “¿qué pasó?” o “¿cuáles son las consecuencias?”, resulta más útil averiguar el origen de las decisiones que nos han llevado hasta aquí. La enfermedad de la nostalgia ha empujado a la sociedad a limitar su creatividad de cara a un futuro distinto. La nostalgia nos incita a regresar a “glorias pasadas” y, desde mi punto de vista, explica cómo hemos llegado a tomar las decisiones actuales, no solo políticas y económicas, sino también sociales y personales.

Soldados veteranos o románticos incurables

En 1688, el médico suizo Johannes Hofer utilizó la palabra nostalgia para describir la “melancolía del corazón” de soldados y migrantes que anhelaban su patria. Concebida durante la Ilustración –cuando todo debía regirse por la razón– como una afección patológica del ánimo, el anhelo actuaba como combustible de la melancolía: no solo provocaba malestares físicos y psíquicos (fiebre, obsesión, pérdida de apetito), sino que se “alimentaba” de sus propios síntomas, tornándose crónica y difícil de curar. De hecho, los tratamientos incluían sanguijuelas, purgas, opiáceos y, sobre todo, el regreso al hogar, considerado la cura definitiva. Pronto se demostró, sin embargo, que esta solución era insuficiente, pues comenzaba a comprenderse filosóficamente la complejidad del concepto.

El mal del siglo y nostalgia romántica 

La Ilustración y el predominio del raciocinio en todos los ámbitos habrían obligado a concebir la nostalgia como una enfermedad curable. Sin embargo, ya en pleno Romanticismo, el término médico declinó y la nostalgia se diseminó como síntoma cultural de un mundo en rápida transformación, marcando el paso de la maladie du pays al mal du siècle, o “mal del siglo”. Fue una melancolía que caracterizó a la sociedad romántica.

Quedaba claro que la “cura médica” de la nostalgia había fracasado, porque la fuente del mal –la fricción entre un pasado único e irreversible y un presente acelerado– no residía en el cuerpo, sino en la propia condición histórica de la modernidad. A finales del siglo XVIII, Occidente había cambiado radicalmente. Fue tal la transformación y el “progreso” experimentados tras la Ilustración que, durante la era romántica, la gente desarrolló el mal del siglo: la nostalgia romántica.

Las transformaciones de la Revolución Industrial, las guerras napoleónicas y la migración masiva destruyeron los marcos tradicionales de comunidad y los ritmos de la vida rural, dejando un vacío existencial que contrastaba dolorosamente con la irreversibilidad histórica del nuevo orden. Al perder ritos compartidos y el contacto íntimo con la naturaleza, los románticos idealizaron un pasado percibido como auténtico y armónico como forma de resistir la creciente alienación y rehumanizar un mundo mecanizado. Así, la nostalgia dejó de verse como enfermedad para convertirse en un síntoma estético y cultural de la modernidad.

La crítica al progreso

Angelus Novus (1920) de Paul Klee

La nostalgia surge como crítica a lo que llamamos progreso; más allá de la melancolía del lugar, es un estado de miedo a la incertidumbre del futuro. La famosa obra Angelus Novus (1920) de Paul Klee ilustra esta idea: imaginen la nostalgia como un ángel que solo puede mirar hacia atrás con temor, aunque tenga las alas desplegadas como si volara. Lo que ve este ángel es un mundo arrasado por lo que llamamos progreso, que a su vez lo impulsa hacia el futuro. Para Walter Benjamin, la única forma de que la nostalgia modifique el rumbo errante es “reconstruir lo vivido y revivir a los muertos”, es decir, volver al pasado. La nostalgia surge entonces como deseo de recomponer el presente.

La fascinación por el pasado 

Boym presenta un concepto que describe bien nuestra atracción por lo extinto: la tecnonostalgia. Tenemos la necesidad de reavivar un pasado que parece inexplicable y, como sucede en Jurassic Park, anhelamos reanimar lo que ya no existe mediante los efectos especiales más vanguardistas y la última tecnología. Queremos utilizar nuestras herramientas más poderosas para trasladarnos al pasado.

Un parque de dinosaurios, ícono de la nostalgia masiva, “resucita” el pasado sin cuestionarlo. En este escenario, la nostalgia deja de ser una reflexión crítica y se convierte en un entretenimiento anestésico: un cuento tecnológico del pasado en el que podríamos vivir en bucle sin problema.

El pasado: Que se quede donde está

Para Boym, la nostalgia también es una herramienta que utilizamos en las decisiones cotidianas y que, desde luego, se instrumentaliza en la política. La nostalgia restaurativa se niega a sí misma y se presenta como verdad histórica, buscando reconstruir un pasado ideal. Se asienta en dos tramas principales:

Regreso a los orígenes: mitos fundacionales que prometen rehacer la comunidad “tal como era antes”.

Conspiraciones: responsables de haber destruido ese pasado (invasiones, traiciones internas, élites extranjeras).

Estas narrativas nutren muchos movimientos nacionalistas y fundamentalismos, al presentar la historia como un guión lineal de caída y redención.

Entonces, ¿qué hacemos con el pasado? La nostalgia debe ser reflexiva: no pretende restaurar, sino mantener viva la distancia con el presente. Debe abrazar la ironía, explorar los “espejos” o rimas entre pasado y presente y reconocer la memoria como un terreno creativo donde conviven diferentes realidades. Como parte de esta reflexión, el futuro es también un “espacio potencial”, donde la imaginación y la crítica no se excluyen mutuamente.

La nostalgia es el ojo crítico en nuestra brújula

La nostalgia forma parte de nuestra memoria colectiva, pero también ofrece la perspectiva de la distancia con el pasado: un insumo vital para seguir adelante. Más que añorar un tiempo ido, debemos aprender a cultivar la nostalgia reflexiva: reconocer lo vivido, calibrar su distancia y usarla como material para imaginar futuros alternativos.

No se trata de renegar del presente, sino de asumir las consecuencias del pasado. Nuestra generación ha perdido el sentido de responsabilidad sobre su propio linaje. Sin necesidad de emitir un juicio moral, nuestra obsesión por exprimir al máximo el “ahora absoluto” ha erosionado nuestra capacidad de soñar y planificar. En ese sentido, Occidente ha fallado al intentar ofrecernos un futuro: en el subconsciente colectivo, ya no hay más horizonte que distopías al estilo Blade Runner o Black Mirror.

Y mientras tanto, las decisiones políticas internacionales –en México, en Estados Unidos o en Europa– se guían cada vez más por un eco nostálgico restaurativo, en lugar de por una visión compartida del mañana. Por ejemplo, el estilo de vida europeo solo aspira ya a una jubilación sin proyectos, porque carece de un futuro con el que soñar o construir.

Planeamos mirando hacia atrás porque, paradójicamente, es allí donde nos gustaría volver (o más bien, quedarnos). Pero esa mirada retrospectiva solo cobra valor si la usamos para trazar puentes hacia adelante. La nostalgia restaurativa todavía rige demasiadas de nuestras decisiones personales y colectivas: anclajes en un pasado idealizado que nos impiden explorar nuevas posibilidades.

 

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

Entre cuotas y cuates: arrancaron las campañas del Poder Judicial

by Eugenio Roux Suárez
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El 30 de marzo iniciaron las campañas electorales para el Poder Judicial, 3,422 personas compitiendo por: nueve cargos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN); cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial; dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 15 magistraturas de las salas regionales del TEPJF; 464 magistraturas de circuito y 386 personas jueces de distrito. Es decir, 881 cargos. 

Si bien podría dedicar páginas enteras a cada una de las irregularidades del proceso desde que este inició, en esta columna me centraré en dos aspectos que han sido particularmente notorios en el inicio de las campañas: El flagrante nepotismo y la presencia de candidatos afines al régimen, y por otro lado, la superficialidad de algunas campañas. 

Primero, es paradójico que, pese a los reiterados pronunciamientos de la Presidenta en contra del nepotismo en candidaturas, en la elección del Poder Judicial, los líderes de Morena volvieron a aplicar la misma receta y permitieron la participación de hijos, parientes y personas afines a la cúpula de su partido. 

Ejemplo de lo anterior, es la candidatura de la hija de la ex ministra Olga Sánchez Cordero, Paula María García Villegas Sánchez Cordero, y su sobrino, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossman. Otros más, como Lenia Batres, quien busca repetir como ministra y es hermana del ex jefe de gobierno de la CDMX, Martí Batres. Por supuesto, también quiere repetir la que plagió su tesis, Yasmín Esquivel. Bernardo Batiz, otro afín obradorista, y María Estela Ríos, consejera jurídica del ex Presidente López Obrador, y así podríamos nombrar a muchísimas personas que pretenden poner al poder judicial al servicio del régimen. 

Aunque estas personas se encuentran en su derecho de postularse, ignoraron por completo una supuesta “máxima” del Obradorismo: Si no es ilegal, es inmoral. 

Por otro lado, es decepcionante ver cómo se transforma la credibilidad de este proceso en un circo disfrazado de democracia. La campaña de algunas candidatas y candidatos roza lo ridículo: desde figuras que adoptan apodos como “Dora la Transformadora”, haciendo alusión a la caricatura “Dora la Exploradora” sí, no es broma… hasta un candidato que, preparando un “durito”, hace alusión a que él está igual de preparado que ese “chicharrón”. 

Estos ejemplos no hacen más que evidenciar la superficialidad de un proceso que, en teoría, debería regirse por principios de seriedad, compromiso y profesionalismo.

Nos esperan todavía más de 55 días de insensateces que, a dos meses de la elección, se puede pronosticar una participación nula y no es para menos: el desinterés generalizado ante una contienda que, en realidad, nadie pidió, es el síntoma de un desencanto que ya se empieza a vislumbrar en un panorama electoral invadido por cuotas y cuates.

Lo pequeño es hermoso: El precio del progreso

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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“Any intelligent fool can make things bigger, more complex, and more violent. It takes a touch of genius–and a lot of courage to move in the opposite direction.”
 — Small is Beautiful, en The Radical Humanist, Vol. 37, No. 5 (agosto de 1973), p. 22

Ya es casi un lugar común decir que lo que ocurre en Nuevo León estos días parece sacado de las escenas más impactantes de Interstellar. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante es que, a pesar de la crisis ambiental, la rutina en el estado apenas cambia. Sí, hay marchas los domingos, organizadas en horarios convenientes, pero parecen más un acto de simulación política que una verdadera exigencia de cambios en las políticas ambientales hacia la industria.

Las imágenes de la contaminación desmedida en la ciudad nos obligan a una reflexión: ¿realmente vale la pena? Cuando la generación de riqueza atenta contra la salud pública, cuando se vuelve “recomendable” no salir de casa, evitar los parques y renunciar a cualquier actividad al aire libre, el costo del progreso se vuelve evidente. Hospitales llenos de niños y adultos con problemas respiratorios nos recuerdan que tal vez sea hora de cuestionarnos si el “cambio está en uno” o si, en realidad, estamos ante un problema estructural que nos rebasa.

La bendita industrialización

Lo menos criticable en las ciudades metropolitanas de nuestro país, como Monterrey, Guadalajara o Ciudad de México, es que, sin lugar a dudas, existe una mayor oportunidad de vida profesional. Esto es indiscutible.

En el caso de Monterrey, las raíces industriales se remontan a la época en que el General Porfirio Díaz designó a Bernardo Reyes como Gobernador del Estado. Nuevo León reconfiguró su vocación industrial después de la pérdida de más del 50% de su territorio, lo que acercó la frontera y abrió la puerta a nuevas oportunidades. Mi hipótesis es que, si este hecho histórico no hubiera ocurrido, tal vez Monterrey no sería lo que es hoy. La proximidad al mercado más grande del mundo obligó a la región a establecerse como un proveedor clave, buscando asociarse con dicho gigante económico.

A finales del siglo XIX, las políticas económicas implementadas permitieron reducciones y estímulos fiscales que atrajeron a empresarios de diversas partes del país. Estas medidas fueron suficientes para consolidar algunas de las industrias que aún representan símbolos de la ciudad, como la Cervecería Cuauhtémoc y la Fundidora de Metales. Ambas continúan siendo parte fundamental de la identidad de Monterrey, tanto en el plano social como en el vocacional, atrayendo sectores como la siderurgia y la automotriz, entre otros.

Hoy en día, de cada 10 pesos generados por el Producto Interno Bruto (PIB) en el estado, 4 provienen de las industrias. Es decir, el 40% de la riqueza en Nuevo León se genera a través de la manufactura, el procesamiento y transformación de productos terminados, así como de la construcción, entre otros sectores. Para poner esto en perspectiva, de cada 10 pesos de riqueza generada por la industria en México, 1 proviene de Nuevo León, lo que lo convierte en el principal contribuyente industrial de los 32 estados del país.

Crecimiento y desarrollo

No hace mucho tiempo escribí sobre cómo mi ciudad natal se había convertido en la “ciudad más pobre del país“. En aquel entonces comenté que es común, en teoría, pensar que, en contextos de alto desempeño, las consecuencias sociales se hacen evidentes cuando el crecimiento se sobrepone a otros aspectos esenciales del desarrollo. Realmente creo que existen argumentos que consideran que el desarrollo no es una alternativa al crecimiento, sino que ambos son complementos naturales. El verdadero problema radica en cómo definimos el crecimiento, pues no puede existir desarrollo económico sin una riqueza generada; y, por otro lado, no puede haber crecimiento sostenible sin una economía preparada para impulsarlo de manera equilibrada.

Este análisis sobre el daño que causa la búsqueda de las métricas actuales de crecimiento no es nuevo. En territorios donde la desigualdad es evidente, han surgido personalidades dignas de nuestra atención, que nos invitan a cuestionar, por lo menos, las métricas del sistema vigente. Un ejemplo claro es Amartya Sen, un economista que incorpora cuestiones éticas al debate de las políticas económicas. Para él, el desarrollo no puede medirse únicamente en incrementos de ingresos, ni siquiera a través del aumento del ingreso per cápita. Es necesario un conjunto de mecanismos entrelazados que permitan, progresivamente, el ejercicio pleno de las libertades. Es relevante resaltar el uso de la palabra libertades, pues Sen parte del supuesto de que la pobreza y la desigualdad nacen de la carencia de diversas libertades: sociales, políticas y económicas, las cuales incluyen, por supuesto, la capacidad de disfrutar de un medio ambiente sano. Una de las ideas centrales de este pensador es que la libertad es desarrollo.

¿El crecimiento es infinito?

Creo que esta es una de las preguntas que nos hacemos menos veces de las que deberíamos. ¿Qué tan sostenible es crecer a un ritmo como el que ha dictado la mecánica económica actual desde hace algunas décadas? Esta fue una cuestión que el famoso Club de Roma, compuesto por centenares de científicos, delegó al MIT en los años 70. La respuesta fue un trabajo de investigación que sigue vigente, aunque con ciertos matices, hasta el día de hoy.

Los límites del crecimiento (en inglés The Limits to Growth) es el título del informe que respondió a esta pregunta, publicado en 1972, poco antes de la primera crisis del petróleo. La autora principal, en el que colaboraron 17 profesionales, fue Donella Meadows, biofísica y científica ambiental, especializada en dinámica de sistemas. La conclusión obtenida es muy malthusiana y está basada en la simulación informática del programa World 3: si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales siguen sin cambios, alcanzaremos los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos cien años.

Es decir, en un planeta limitado, las dinámicas de crecimiento exponencial (población y producto per cápita) no son sostenibles. Y, por si se lo preguntaban, sí, existen nuevas versiones de este reporte que han recreado y comparado los resultados descritos hace 50 años con lo que ha sucedido…

En 2012, se editó en francés el reporte Les limites à la croissance (dans un monde fini). En esta edición, los autores disponen de datos fiables en numerosas áreas (el clima y la biosfera, en particular), según los cuales ya estaríamos alcanzando los límites físicos. La conclusión, por tanto, es menos polémica y los autores no tienen reparos en mostrar, mediante el instrumento de la huella ecológica, que el crecimiento económico de los últimos cuarenta años ha sido una danza en los bordes de un volcán que nos está preparando para una transición inevitable. Además, dedican dos capítulos para proponer posibles transiciones que deben ser rápidas, apoyados en ejemplos, para evitar el temido colapso.

La idea de que existen límites físicos al desarrollo económico ha sido sistemáticamente ignorada o desacreditada, especialmente en el mundo anglosajón. Desde los años 80, se impuso una “Era de la Denegación”, en la que se minimizó el impacto ambiental del capitalismo y se ridiculizó cualquier planteamiento que cuestionara el dogma del crecimiento. La crítica a estos límites fue desechada como “malthusiana”, y los modelos de desarrollo sostenible promovidos por organismos internacionales resultaron ineficaces para detener la crisis ecológica. El dilema central radica en la contradicción entre la naturaleza finita del planeta y la lógica económica de maximización de beneficios.

El inminente colapso 

Para los movimientos post-ecologistas, las crisis que se avecinan serán tanto medioambientales como económicas, desencadenando colapsos parciales, intensificación de conflictos y una creciente desigualdad. La humanidad se enfrentará a un planeta más cálido, con ecosistemas deteriorados y una reducción en la disponibilidad de recursos clave.

La aparición de este informe abrió la puerta a nuevas corrientes de pensamiento, muchas de ellas extremistas, pero necesarias para alertarnos sobre un escenario que no debemos descartar. Para estos movimientos, la clave no está en lograr un desarrollo sostenible, sino en preparar estrategias de resiliencia para un mundo que se degradará progresivamente. Aceptan que el futuro será muy distinto al presente, por lo que abogan por una adaptación pragmática a los límites del planeta.

Ante este panorama, algunos movimientos post-ecologistas, como Dark Mountain o las iniciativas de transición local, se enfocan más en la resiliencia que en la sostenibilidad. Proponen preparar a las comunidades para el colapso, con formas de vida más descentralizadas. A diferencia de la confianza en soluciones tecnocráticas o en la voluntad política de las élites, estos movimientos buscan aceptar que el colapso será inevitable, llevando a la humanidad a enfrentar un planeta más cálido, con ecosistemas deteriorados y menos recursos clave.

El des-desarrollo y el siglo de la prueba

Fundado por los escritores británicos Paul Kingsnorth y Dougald Hine, Dark Mountain es un movimiento que parte de la premisa de que la civilización industrial no puede sostenerse y que el enfoque ecologista centrado en el desarrollo sostenible ha fracasado en su intento por detener la crisis ambiental. En lugar de seguir con la ilusión de que podemos “salvar el planeta” mediante reformas dentro del sistema actual, Dark Mountain propone aceptar el colapso y prepararnos para un mundo radicalmente distinto.

Para este movimiento, el futuro no será una prolongación del presente con tecnologías más limpias, sino que se asemejará más a una “desindustrialización forzada”. La sociedad será más fragmentada, con migraciones masivas y, posiblemente, una militarización de la escasez. Los modelos económicos post-ecologistas abogan por una drástica reducción del consumo, economías locales autosuficientes y una menor dependencia del mercado global. Proponen comunidades que gestionen sus propios recursos energéticos, alimentarios y materiales, priorizando la resiliencia sobre el crecimiento.

Más allá de la existencia o no de una esperanza, este enfoque nos invita a abandonar la ilusión del progreso infinito y a centrarnos en construir nuevas narrativas que nos ayuden a enfrentar un mundo en declive. Se habla de decrecimiento y de una economía basada en la cooperación y el reparto equitativo de los recursos. Sin embargo, estos enfoques siguen siendo marginales y no cuentan con la fuerza suficiente para reemplazar el sistema dominante antes de que el colapso avance. Tal vez, no se trate de evitar la crisis, sino de sobrevivirla con la menor pérdida posible. Para ello, es esencial cambiar nuestra relación con la naturaleza, aceptar los límites biofísicos y replantear el propósito de la economía y la política. El siglo XXI, para los pensadores post-ecologistas, será el Siglo de la Gran Prueba, donde la humanidad decidirá si puede adaptarse o sucumbir ante sus propias contradicciones.

*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales

Exceso de poder: El botón nuclear de los aranceles

by Arnulfo E. Zaldivar Ruenes
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“In 1930, the Republican-controlled House of Representatives, in an effort to alleviate the effects of the… Anyone? Anyone? The Great Depression, passed the… Anyone? Anyone? The tariff bill. The Hawley-Smoot Tariff Act, which… Anyone? Raised or lowered? Raised tariffs in an effort to collect more revenue for the federal government.

“Did it work? Anyone. Anyone know the effects?”

Economics teacher continues: “It did not work, and the United States sank deeper into the Great Depression.”
(Ferris Bueller’s Day Off, 1986)

Ni en la más improbable de las coincidencias habría imaginado que una de las películas mencionadas –aunque no necesariamente nominadas (ya que no es del agrado de la comunidad de La Academia) en los Premios Oscar de este año– retrataría, en gran medida, el pensamiento de uno de los personajes más icónicos de la actualidad. No solo es una figura omnipresente en la cultura pop, sino también uno de los hombres más poderosos del mundo.

Si algo debe reconocerse del actual presidente de Estados Unidos es su habilidad para mantenerse relevante, trasladando su filosofía de vida al ámbito político y moldeando, a su manera, el actuar de una nación entera, como si fuera una extensión de su propia personalidad.

A escasas horas de que el hombre más poderoso del planeta se pronunciara ante el Congreso, reafirmando, entre otras medidas, la imposición de aranceles a México y Canadá, la mayor reflexión gira en torno a dos grandes cuestiones: el uso del poder económico como una herramienta de coerción más allá de la política y las consecuencias de implementar medidas radicales sin siquiera iniciar un diálogo sobre comercio internacional.

Lo que hoy hace el poder ejecutivo estadounidense es aplicar el poder económico como un instrumento de negociación, un principio fundamental de la Economía Política. Cuando un gobierno toma una decisión –especialmente una de esta magnitud– lo hace con una causa económica de fondo, utilizándola como herramienta dentro del juego político y las instituciones de una sociedad. Las decisiones políticas no solo tienen un origen económico, sino que afectan directamente las estructuras de poder, la distribución de recursos y la producción de bienes y servicios.

¿Qué pretenden los Estados Unidos?

Enfoquémonos en el caso de México. La premisa principal es la imposición de tarifas o aranceles a todos los productos provenientes de nuestro país, una medida absolutamente extrema que, tras haber sido anunciada hace más de un mes y postergada en varias ocasiones, finalmente entró en vigor el pasado 4 de marzo por algunas horas y tal parece que será pospuesta por un mes más.

El mismo 4 de marzo, ante la Cámara de Representantes, la retórica desde Washington dejó en claro una actitud de triunfo y desdén hacia sus países vecinos y sus autoridades. Aunque el plan de ejecución no es del todo claro, el discurso da por sentada la aplicación de estas medidas y, además, sostiene con soberbia que “México quiere hacerlos felices”.

Durante meses, las mesas de negociación en el frente económico han trabajado para evitar lo que han logrado desplazar hasta abril. El gobierno mexicano lo apostó todo, extraditando a más de veinte capos capturados en México, desplegando cientos de miles de elementos de la Guardia Nacional en las fronteras para frenar el tráfico tanto de personas como de fentanilo, entre muchos otros “gestos de buena voluntad”. Pero nada de eso parece ser suficiente para desaparecer los aranceles de la conversación bilateral.

Los aranceles como botón nuclear

“No podemos contenerlo cuando está enojado, y tiene la mano en el botón nuclear”, fue el mensaje que la administración de Nixon hizo llegar a Vietnam del Norte en el siglo pasado. La estrategia era clara: hacer creer al enemigo que el presidente estadounidense estaba completamente fuera de control y que sería capaz de hacer cualquier cosa si no se rendían.

Hoy, la Casa Blanca ha adoptado una versión económica de aquella táctica. Su botón nuclear son los aranceles. Un arma de destrucción no física, pero sí económica, con efectos devastadores tanto para México como para Estados Unidos o cualquier país al que se le impongan restricciones comerciales. Washington aprovecha su posición como el mayor consumidor del mundo para convertir su mercado en un instrumento de presión política.

Con esta estrategia, el objetivo va más allá del comercio. Se busca condicionar temas como la migración indocumentada o el tráfico de fentanilo, utilizando el poder económico como herramienta de control. Sin embargo, este tipo de movimientos conllevan riesgos: la incertidumbre y la tensión siempre son antinegocios, afectan el crecimiento económico y desalientan la inversión.

En este cálculo político, las consecuencias para la población quedan en un segundo plano. La mirada está puesta en los intereses de los grandes productores, quienes generalmente pertenecen a la cúspide de la pirámide socioeconómica. El impacto en los consumidores es irrelevante. La inflación provocada por los aranceles será, como tantas veces antes, un impuesto a la pobreza que para quienes toman estas decisiones resulta una molestia marginal.

¿Qué se ha implementado hasta ahora y qué sabemos?

El secretario de Comercio de los Estados Unidos, Howard Lutnick, adelantó esta semana que el gobierno estadounidense podría anunciar acuerdos con México y Canadá para suavizar los aranceles impuestos a ambos países. La propuesta original contemplaba una tarifa generalizada del 25% sobre todos los productos importados. Hasta ahora, la única concesión ha sido una pausa en los aranceles de productos incluidos en el T-MEC por lo menos durante un mes. 

Claudia Sheinbaum sostuvo este jueves una llamada con su homólogo estadounidense para alcanzar un acuerdo, el cual anunció en ese mismo momento. Sin embargo, incluyó en sus eventos de la semana un mitin este domingo al más puro estilo de campaña presidencial.

Todos perdemos

El período de gracia otorgado por la administración estadounidense para la implementación de los aranceles se ha extendido. Las declaraciones del líder norteamericano han intensificado la tensión en los mercados, debilitando significativamente el peso mexicano.

Desde hace dos años, México se ha consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos. Tan solo las importaciones provenientes de nuestro país superan los 500 mil millones de dólares anuales. Sin embargo, otro récord que ha sido utilizado como argumento para justificar estas medidas es el creciente déficit comercial de 171 mil millones de dólares que enfrenta la economía estadounidense.

Diferentes agencias estiman que la imposición de aranceles podría llevar a México al umbral de una recesión, con una contracción del PIB de entre 0.5% y 1%, frenando el crecimiento proyectado de 1.2% en 2024. El impacto, naturalmente, se agravaría si la medida se mantiene por un periodo prolongado, ya que cerca del 80% de nuestras exportaciones tienen como destino el vecino del norte.

La aplicación de un arancel del 25% sobre las importaciones mexicanas pone en riesgo un comercio bilateral valuado en más de 840 mil millones de dólares anuales. Los sectores más afectados serían el automotriz, el petrolero, las telecomunicaciones, los equipos de cómputo y las autopartes, todos ellos parte de una cadena de producción regional profundamente integrada.

Para México, las consecuencias son claras: pérdida de empleos, impacto en el sector de transporte y logística, así como una disminución significativa en la inversión. Pero el mayor golpe radica en la incertidumbre que genera esta política comercial. La planificación estratégica empresarial requiere estabilidad, y con este escenario volátil, resulta prácticamente imposible diseñar estrategias de largo plazo. La falta de certeza se traduce en menor rentabilidad, encarecimiento de productos y una preocupante pérdida de competitividad a nivel global. De hecho, diversas armadoras como Honda o Volvo han cancelado ya proyectos en México para sus productos y trasladar sus fábricas a Estados Unidos. A pesar de que las tarifas se han aplazado, la incertidumbre es tal que no pueden darse el lujo de invertir con los ojos cerrados en nuestro territorio.

Un disparo al pie

Retomando la idea expresada en los párrafos anteriores, parece ser que los Estados Unidos aún no terminan de comprender que también existe una implicación seria y perjudicial para ellos mismos. Hay una razón por la cual muchas empresas americanas decidieron establecerse en México: los costos más bajos de producción.

Estados como Arizona, Texas, Louisiana, Alabama, Utah, Nuevo México, Missouri, Kentucky y Michigan serán los más afectados por esta medida. Los aranceles, al aumentar los costos de exportación, obligan a las empresas a buscar alternativas para la producción, y la relocalización es una de esas opciones. Sin embargo, producir nuevamente en Estados Unidos generaría un aumento de los precios internos, lo que ya hemos visto reflejado en el precio de productos como el huevo y otros bienes agrícolas.

El precio de la arrogancia económica

Las consecuencias de la imposición de aranceles no son únicamente económicas, sino también políticas y sociales, y afectan a ambas naciones de manera profunda y equitativa. La utilización de tarifas como herramienta de negociación, sin la debida consideración de los efectos a largo plazo, socava la relación bilateral entre Estados Unidos y México, dos países que, pese a sus diferencias, comparten una economía interdependiente. Esta medida no solo amenaza el bienestar económico de millones de trabajadores en ambos lados de la frontera, sino que también siembra la semilla de una fractura en una relación que ha sido crucial para el crecimiento y desarrollo de América del Norte.

Lo que está en juego es mucho más que una simple diferencia comercial: es un juego de poder en el que se intenta someter a un vecino por medio de la economía, sin un verdadero interés en encontrar soluciones duraderas. Al apalancarse en su posición dominante como principal consumidor mundial, el presidente de los Estados Unidos parece olvidar que las decisiones basadas en el ego y la venganza rara vez conducen a la prosperidad para todos. En lugar de generar una política económica coherente y colaborativa, lo que estamos viendo es una estrategia de “toma o deja” que se apoya en la amenaza constante, sin ofrecer una verdadera propuesta que beneficie a todos los involucrados.

Al negociar de esta manera, se ignoran las consecuencias para la población estadounidense. La economía de Estados Unidos también sufrirá las repercusiones de sus propias decisiones, ya que los consumidores americanos serán los primeros en experimentar los efectos de los precios más altos y la pérdida de acceso a productos de calidad provenientes de México. Es una estrategia que, al final, solo sirve para alimentar una narrativa de poder y superioridad que es completamente insostenible a largo plazo.

Por tanto, las decisiones unilaterales en materia de comercio no solo dañan la relación bilateral, sino que también demuestran un entendimiento erróneo de la economía globalizada y de la cooperación internacional. La verdadera fortaleza económica no se basa en el aislamiento ni en el abuso del poder, sino en la construcción de alianzas estratégicas que promuevan el bienestar de todas las partes. Si no se reconsidera este enfoque y se da espacio al diálogo y al entendimiento mutuo, los costos de esta política serán insostenibles para ambos países.

 

Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusicamente al autor y no a sus enlaces profesionales

La marcha del 8M ya no es como antes

by Viviana Palma
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Cada año, cuando se acerca el 8M, regresan las mismas dudas y las mismas críticas: que si la marcha perdió sentido, que si se desvirtuó, que si se volvió un show, que si ya es puro marketing, que si está demasiado politizada. Como si alguna vez el feminismo hubiera sido neutral. Como si la lucha no hubiera nacido, desde el primer día, para incomodar.

Hay quienes dicen que la marcha ya no es la de antes, como si una exigencia colectiva por los derechos humanos pudiera pasar de moda. Si tú hoy tienes la libertad de decidir si marchas o no, si tienes derechos que ejerces sin pensarlo, si puedes cuestionarte siquiera si te identificas o no con el feminismo, es porque antes hubo mujeres que no se conformaron. Que alzaron la voz.

Claro que habrá quien venda paliacates y botellas de agua. Habrá quien aproveche para ganarse unos pesos porque también tiene derecho a sostenerse. ¿Eso le quita fuerza a la marcha? No. ¿Eso desacredita el movimiento? Tampoco. Porque lo que se juega aquí va mucho más allá de lo que puedan hacer unas cuantas personas para obtener ingresos en un país que precariza especialmente a las mujeres. Lo que importa es que no dejemos que esa narrativa nos distraiga de lo esencial: estamos aquí para resistir, para exigir y para seguir abriendo camino.

¿Cuándo no fue político el feminismo? Costó demasiado llegar hasta aquí. Costó colectivizarnos, reconocernos, mirarnos unas a otras con nuestras diferencias, y aún así encontrar un paraguas común que pudiera sostener la mayoría de nuestras luchas. Que hoy hablemos de interseccionalidad, que nombremos no solo las violencias que nos atraviesan como mujeres, sino también como disidencias, como racializadas, como trabajadoras, como madres, como migrantes, no fue un regalo ni un accidente. Es fruto de años de caminar juntas, de incomodarnos, de aprender y desaprender para tejer una voz colectiva.

Y justo ahora que logramos ocupar el espacio público –ese que durante tanto tiempo nos negaron– existen voces que sugieren que se deje de hacer porque ya hay figuras políticas que intentan apropiarse del discurso feminista o porque hay muchas personas vendedoras ambulantes. Pero que algunas intenten colgarse de una causa no significa que nosotras tengamos que soltarla. Que haya quienes quieran capitalizar la lucha no quiere decir que tengamos que abandonar la calle. Sería entregarla otra vez. Y nos costó demasiado llegar como para retroceder ahora.

Porque sí, el feminismo ha transformado nuestras vidas de maneras que nuestras abuelas apenas podían soñar. Gracias a las luchas de las que vinieron antes, hoy votamos, estudiamos, trabajamos, decidimos sobre nuestro cuerpo, nos divorciamos, heredamos, denunciamos, abrimos cuentas bancarias sin permiso y podemos aspirar a cargos públicos. Pero no nos engañemos: estos derechos, que a veces damos por sentados, siguen sin garantizarse para todas. Ni en todo el país, ni todos los días, ni para todas las mujeres.

Pensar que ya no es necesario alzar la voz es, en sí mismo, un privilegio. Creer que los derechos conquistados están garantizados para siempre es ingenuo. La historia nos lo demuestra una y otra vez. En Estados Unidos, bastaron unos años de indiferencia y de ofensiva conservadora para derrumbar Roe v. Wade, la histórica sentencia que desde 1973 garantizaba el derecho al aborto, y con ello, desaparecer medio siglo de protección para millones de mujeres. Cuando el movimiento se duerme, hay quienes se aprovechan para arrebatarnos lo que creíamos ganado. Y si creemos que aquí no podría pasar, estamos equivocadas.

Marchamos porque la violencia sigue atravesando nuestras vidas de forma brutal y cotidiana. Porque en México matan a 10 mujeres cada día. Porque el 56% de los feminicidios quedan impunes. Porque aunque hemos logrado avances históricos, aún no hay acceso garantizado, gratuito y seguro al aborto en todo el país. Porque la justicia no llega para las mujeres racializadas, indígenas, adolescentes, migrantes o disidentes sexo-genéricas. Porque el sistema penal sigue cargado de estereotipos de género, de revictimización y de prejuicios. Porque el trabajo de cuidados que hacemos sostiene a este país, pero no nos lo pagan, no lo reconocen y nos deja fuera de la autonomía económica y política.

Marchamos porque resistimos y luchamos los 365 días del año, aunque a veces ni siquiera nos demos cuenta. Porque la violencia que nos atraviesa se ha normalizado tanto que parece parte del paisaje. Y si vivimos en un campo de batalla permanente, salir a marchar es también recordarnos que no estamos solas, que seguimos de pie y que juntas somos más fuertes.

Y si tú aún lo dudas, si sientes que este movimiento no es para ti, te invito a mirar a tu alrededor: cada derecho que hoy ejerces, cada libertad que das por sentada, es fruto de una lucha colectiva que no podemos soltar.

Entiendo el cansancio –porque claro que cansa salir y sentir que todo sigue igual, claro que agota marchar cada año por lo mismo– lo que no podemos permitirnos es dejar que la movilización se apague. No podemos regresar a la micropolítica, a discutir solo entre nosotras, a cuidarnos solo en espacios seguros, a resistir solo en privado. La calle también es nuestra. Y la toma del espacio público sigue siendo, todavía, un acto de resistencia.

Mientras más seamos, más difícil será que nos ignoren. Aunque a veces el camino cansa, aunque nos duela la realidad que enfrentamos, aunque tengamos miedo, seguimos. Por nosotras. Por todas.

A un mes de iniciar las campañas al Poder Judicial: ¿Un cambio histórico o un riesgo para la justicia?

by Rodrigo Quintanilla
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Imagina que necesitas una operación de corazón y, en lugar de que te atienda un cirujano con años de experiencia, el hospital decide que el médico será elegido por votación popular. ¿Cómo elegirías? ¿Por su conocimiento, su experiencia o porque su propaganda fue la más llamativa? En tan solo un mes algo similar va a suceder con la justicia en México.

Este 2025 la se aproxima a un proceso desde una lógica muy diferente a lo que hasta ahora se ha conocido. El 1 de junio viviremos un proceso electoral pero ahora de lado de la justicia, donde los jueces, magistrados y ministros serán elegidos por el voto popular. El objetivo es acercar la justicia a los ciudadanos, pero se plantean preguntas si realmente este modelo fortalecerá la independencia judicial o abrirá la puerta a la popularidad sobre lo academico o técnico.

Para fines informativos, ¿Qué es lo que se elige? están en juego 881 cargos a nivel nacional, que se dividen de la siguiente manera: 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 2 magistrados de las Salas Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistrados de las salas regionales del TEPJF, 5 integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistrados de Circuito y 386 jueces de Distrito.

Tremendo reto para el Instituto Nacional Electoral (INE) quien será el encargado de la organización de la elección, para la que se imprimirán 602.387.442 boletas y se instalarán 83.997 casillas a nivel nacional. 

Y el reto no solo es para ellos, si no tambien para los mismos candidatos quienes se enfrentarán a un escenario de gran dificultad, que es mas compleja de lo que parece. En México menos del 3% confía en el poder judicial y solo el 1% de los delitos cometidos llegan a una sentencia, el 85% de los ciudadanos considera ineficaz iniciar una denuncia y alrededor del 90% opina que la “justicia es solo para la gente de dinero”.

Así que la oferta que la ciudadanía podría considerar para votar, padece de fallas estructurales profundas, sin desprestigiar los esfuerzos, el trabajo y los méritos personales y profesionales, no hay muchas herramientas para integrar un discurso qué garantice certidumbre, confianza, cumplimiento y compromiso por parte de los aspirantes. Que chambon a la que se van a enfrentar los equipos de campaña y sus consultores.

México al momento es el unico país de la OCDE donde los jueces y magistrados serán elegidos por voto popular, sin un sistema de filtros previos. Si bien, existen otros países como Estados Unidos, Bolivia y Suiza donde algunos jueces son elegidos en las urnas, sin embargo, hay diferencias clave:

Estados Unidos solo elige por voto popular a jueces estatales y locales, pero los jueces federales son designados por el Presidente y confirmados por el Senado. Además, los candidatos suelen pasar por comités de selección que evalúan su idoneidad. 

Suiza solo elige a jueces en algunos cantones, pero existen mecanismos de control para garantizar su capacidad. 

Bolivia implementó elecciones para jueces en 2011 y 2017, pero el resultado ha sido una crisis de legitimidad. En 2017, casi el 65% de los votos fueron nulos, pues la ciudadanía no confiaba en los candidatos, quienes eran promovidos por el partido en el poder​

Japón tiene un modelo diferente: los jueces de la Suprema Corte son nombrados por el gobierno y luego sometidos a un referéndum ciudadano para su ratificación cada 10 años, asegurando que tengan credenciales antes de ser evaluados en las urnas​.

México explorara por primera vez un sistema diferente, en el cual la pregunta ahora no es solo cómo votaremos, sino qué justicia queremos construir. Elegir a jueces en las urnas suena democrático, pero ¿y si la justicia termina siendo un concurso de popularidad?.

Como sociedad, estamos a punto de decidir si el conocimiento y la experiencia deben ceder ante los reflectores y las campañas políticas. La justicia no es un espectáculo ni un concurso de carisma; es la base de un país funcional. ¿Nos estamos asegurando de que los mejores jueces lleguen a los tribunales o estamos apostando a la suerte? 

El 1 de junio, México tiene una cita con la historia, y esta en nuestras manos que sea para fortalecer la justicia, no para debilitarla.