La seguridad pública en las elecciones en el Estado de México

Comparte este artículo:

En los procesos electorales de México las propuestas en seguridad pública de los candidatos a ocupar cargos públicos es una carta de presentación sobre lo que conocen y la forma en que podrían enfrentan los temas que contiene la agenda de seguridad pública, más aún porque es un tema central en la percepción ciudadana sobre la eficacia de los gobiernos.

En el caso del Estado de México (EDOMEX) los problemas que enfrenta en la materia obligan a los candidatos a presentar propuestas sólidas, consistentes, viables y creíbles ente el electorado.

Alfredo del Mazo candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) propone construir Centros de Mando en dos lugares específicos; el primero en Naucalpan y el segundo en el oriente del estado para mejorar la atención policiaca; y propone instalar cámaras de seguridad y botones de pánico en el transporte público.

Josefina Vázquez Mota abanderada del Partido Acción Nacional (PAN)  declaró que profesionalizaría los cuerpos policiales bajo un esquema de sueldos y capacitación. Ha enfocado parte de sus propuestas en el combate a la violencia de género y los feminicidios en particular.

Juan Zepeda, candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propone modificar el Mando Único Policial que pasaría a ser uno coordinado o mixto, y ha afirmado que establecería una policía de proximidad con las capacidades para atender de forma más rápida los delitos que se cometiesen.

Por último, Delfina Gómez Álvarez de MORENA, propuso que para combatir la inseguridad se instalárán cámaras de videovigilancia y botones de pánico en las zonas donde existen los mayores índices de delitos en la entidad.




Respecto a sus plataformas electorales el documento que entregó el PAN denominado Plataforma Electoral Edomex 2017. Soluciones para el Estado de México” en su  Eje 1. Comunidades seguras y Estado de Derecho, señala que este tema es prioritario, esto es,  seguridad pública, procuración y administración de justicia, así como trato digno y empoderamiento de las víctimas de delito. Para ello intengra 31 estrategias, donde destaca: 1) Transitar del modelo de seguridad pública al de seguridad ciudadana, 2) Transformar de forma integral los cuerpos policiacos estatales a través de su profesionalización y 3) Fortalecer las áreas de control interno de las policías estatal y municipal.

Por su parte, la plataforma de MORENA indica en su punto tres “Seguridad pública y erradicación de la violencia” que debe crearse un nuevo concepto de orden basado en la justicia, la dignididad, el respeto a los derechos humanos y la paz, para ello propone acciones como: 1) se rechaza el uso de la fuerza pública para la solución de conflictos, prioriza el diálogo y el consenso para la toma de decisiones; 2) Establecer el Servicio Civil de Carrera para los policías peritos y Agentes del Ministerio Público, y 3) Garantizar mayores salarios para elementos de la policía estatal y municipal.




La Coalición PRI, PVEM, PANAL, y PES en el documento La plataforma electoral y programa de gobierno 2017-2023. Acción con visión por el Estado de México en su eje 3.2 Seguridad y justicia, coloca al mexiquense al centro de las políticas de seguridad atendiendo de forma prioritaria los problemas de seguridad y violencia, para ello propone: 1) Mejorar el programa de incentivos de las condiciones laborales y prestaciones sociales de los policías, 2) Atender la profesionalización de las corporaciones policiales del Estado, 3) Dignificar la vocación policial y 4) Fortalecer una cultura de prevención del delito desde la educación formal.

Por último la plataforma del PRD títulada Por el Bienestar, la Paz y la Felicidad asienta en su primer política para la Transformación del Estado de México que, la seguridad debe garantizar la vida de las personas, y propone 1) Reformar los órganos relacionados con la seguridad y justicia con ello se podrá garantizar que la seguridad y justicia sean profesionales, 2) La seguridad Pública será ciudadana y humana, y 3) Se establecerá el Mando Coordinado de todas las fuerzas de seguridad en el Estado.

Como puede apreciarse, partidos políticos, equipos de campaña y candidatos de las principales fuerzas políticas en el Edomex establecieron objetivos, estrategias y acciones puntuales sobre cómo transformar y perfeccionar la seguridad pública, corresponde las personas analizar la viabilidad de cada propuesta y ponderar su posible eficacia para, entre otros elementos, analizar el sentido del que será su voto.

Las ciudadanías sí son sustanciales para encauzar la acción de los gobiernos desde las campañas y su participación es fundamental.

______________________________

– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

La piratería en México

Comparte este artículo:

De acuerdo con Enrique Guillén, Presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) el contrabando y la piratería en México cuestan alrededor del 1.25% del PIB lo que en cifras equivaldría a 236 mil 800 millones de pesos. Por ello, la piratería representa el segundo delito que más preocupa a las autoridades, justo después del narcotráfico. Habría de decirse que el segundo delito que más debería preocupar a los mexicanos es la piratería.

Los sectores con mayor vulnerabilidad ante esta situación son el de vinos, cigarros, libros y acero. Algunos datos al respecto muestran el alcance de la piratería en esos terrenos, por ejemplo: en la industria tabacalera creció del dos al 17 por ciento entre 2011-2014, dicho en términos netos: 340 millones de cajetillas de cigarros que entran al territorio nacional no pagan impuestos, esto representa un grave riesgo a la salud y habría que atenderlo a la prontitud. Ahora hay que imaginar cuántas escuelas se dejaron de construir o en su caso de equipar debido a hábitos de consumo nocivos para la ciudadanía y para las instituciones.

Por otro lado, explica Salvador Quesada, Director de la Cámara Nacional de la Industria del Hierro y del Acero (CANACERO), que en la industria del acero ha ingresado varilla china que sólo cuenta con el 15% de fortaleza que la nacional, esto quedó demostrado al efectuarse pruebas de calidad, sin embargo es más barata y se vende sin ningún tipo de problema aunque ponga en riesgo las construcciones donde se instala. Se ahorran unos pesos y se pone en riesgo el patrimonio de miles de familias que son sus hogares, y aún de terceros.




Por ello la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados dictaminó a favor la propuesta presentada por el suscrito y los también diputados Jorge Ramos del PAN y Enrique Jackson del PRI para decretar el 11 de Octubre de cada año “Día Nacional del Combate al Contrabando y Delitos en Materia de Derechos de Autor”. El problema de la llamada piratería implica un vector fundamental de las sociedades modernas que es la propiedad intelectual, esto es, el mundo de las patentes, los procesos, las técnicas y los materiales con que se genera riqueza.

Ahora bien, la tarea no es menor porque si bien pueden crearse herramientas legislativas para tratar de combatir este mal, también es cierto, como lo comentan los legisladores en el cuerpo dictamen que se turnará al Pleno de Diputados para su valoración y votación, la necesidad de fomentar una cultura de la legalidad con participación de ciudadanos, sector productivo y autoridades.

Esto es importante ya que de acuerdo con el estudio “Piratería: entendiendo el mercado sombra en México” realizado por la American Chamber of Commerce of México y el Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) en general el 50% de los encuestados no ven a la piratería como un delito grave, incluso es algo que forma parte de su vida cotidiana, de ahí que tampoco se considere problemático consumir productos que tienen un origen ilegal.

Por último, tomando en consideración la “Cuarta encuesta de hábitos de consumo de productos pirata y falsificado” realizada por el mismo instituto se obtuvo como resultado que ocho de cada diez personas han comprado un producto pirata y que los productos que más se consumen son: películas, calzado, ropa, textiles y perfumes.




La cultura de la legalidad en el consumo es primordial por varias razones, primero, porque con la piratería se fractura la innovación y la investigación, segundo, porque se pone en riesgo el trabajo de cientos de miles de personas; tercero, porque se adquieren productos de mala calidad con riesgos reales para el consumidor;  y cuarto porque se crea una economía paralela que daña las finanzas públicas y así la disponibilidad de recursos para el desarrollo.

Por tanto, deben reforzarse las acciones orientadas a la cultura de la legalidad y hacer visibles los problemas que se crean al consumir productos de origen “pirata” particularmente por su vinculación con el crimen organizado. Que las ciudadanías financien con sus compras lo que más las lastima que es la delincuencia organizada resulta una paradoja, sin embargo, es real y evidente que se incentiva la evasión fiscal, el daño a la propiedad intelectual, el trabajo honesto de hombres y mujeres y la inversión económica. La economía de la piratería es de suma cero en términos de desarrollo público: todos pierden menos la delincuencia.
______________________________

– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

Indignación Social

Comparte este artículo:

“La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”

Michael Mann

Los datos oficiales actualizados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que el 2016 fue el año más violento en el curso de la administración del Presidente de México Lic. Enrique Peña Nieto; debido a que de enero a noviembre se registraron 18 mil 915 casos de homicidios dolosos, esto implica que son 3 mil 350 más que los cometidos el año anterior.

En el caso de los secuestros, aunque también tienen un incremento no es tan pronunciado como el de homicidios, se contabilizan durante el mismo periodo mil 022 casos comparados con 960 casos que se suscitaron el año anterior.




Esto viene a colación ya que, el pasado 1 de marzo el joven de 13 años Víctor Alfredo fue secuestrado al salir de la secundaria “Capitán Alonso de León” que se ubica en el centro de Guadalupe, en el estado de Nuevo León, posterior a ese hecho fue asesinado aunque los plagiarios cobraron un rescate. El cuerpo lo localizaron a la altura del kilómetro 13 del Libramiento Noreste en el municipio de Escobedo, lamentablemente también en un avanzado estado de descomposición.

Por estos lamentables hechos un hombre fue detenido quien declaró haber matado al joven luego de que éste lo reconociera, porque previo a estos hechos delictivos él se desempeñaba como trabajador en una ferretería del padre.

Más allá de lo triste que resulta la pérdida de cualquier vida humana,  aquí estamos ante el caso de un joven con el futuro por delante, sin embargo habría que detenerse y cuestionar por qué este hecho no causó mayor indignación y protesta en amplios sectores de la sociedad, ¿será quizá que ya se ha normalizado la violencia y la muerte como si fuera parte de nuestra vida cotidiana?

Habría que cuestionar si ante hechos de este tipo pareciera que como sociedad denunciamos más la pérdida de ciertas vidas y sí asumimos acciones diferenciadas con base en la identidad, posición social o incluso espacio geográfico donde ocurre un homicidio.

En este punto, es necesario ser contundente, todas las vidas importan y todas deben ser resguardadas y denunciadas en caso de pérdida. Lo que no significa desatender la particularidad y especialidad jurídica y social que tienen los casos como feminicidios, o los que provoca la homofobia, o en su caso las muertes de migrantes.




Las interrogantes a que se hace referencia, recuerdan justamente las dudas que suscitaron entre teóricos y literatos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué nadie denunció los actos de violencia sistemática que se vivieron en la sociedad durante ese tiempo? La respuesta que otorgaron sobre todo desde la filosofía fue que la existencia humana era la cuestión fundamental por ello cada pérdida humana era y es irreparable.

Retomando las preocupaciones de Hannah Arendt sobre los acontecimientos de esa contienda bélica y el proceso de la banalización del mal, habría que considerar como sociedad los valores que difundimos, toda vida debería ser igualmente importante sin considerar etnia, género, edad, o condición socioeconómica; todas las pérdidas deberían y deben generar malestar en sociedad y movilizaciones, lo que es grave es comenzar a tolerar estos hechos por percibirlos parte de la vida cotidiana, pero más grave es que unas muertes tengan mayor significado que otras por razones especialmente equívocas.

Si como sociedad ponderamos la muerte en función de lo que nos separa y nos divide va a ser muy complejo hablar de igualdad y democracia. Si como sociedad lo que importa hasta en la muerte es el estatus, el prestigio y la fisonomía de las víctimas, olvidamos que con ello fracturamos la trascendencia que tiene cada vida.

Hay cosas que no se dicen porque son políticamente incorrectas, y esa corrección quizá sea menos nociva que el problema real, es importante asumir que el crimen surge en sociedades reales, valores reales y familias reales, es sustancial aceptar que las muertes importan distinto si se trata de personas marginadas o de mayores recursos, que incluso la noticia sobre una muerte tiene mayor o menor trascendencia si ocurrió en una colonia y no en otra, y es importante decirlo porque en ese mosaico social es donde surge el crimen y no en otra parte.

Todas las víctimas merecen el derecho a la verdad, a la reparación del daño pero sobre todo a la justicia, la tarea es enorme ante la magnitud de muertes que la delincuencia organizada provoca en nuestro país, y siendo así de grande el reto es abrazar los valores de justicia, equidad y universalidad de la vida, desde los cuales la indignación tiene sentido.

______________________________

– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

 

 

Trabajar por la honestidad en México

Comparte este artículo:

En términos porcentuales las pérdidas derivadas de actos de corrupción en nuestro país representan casi el 10% del PIB nacional, esto de acuerdo con la Organización de Estados Americanos (OEA) es casi 5 veces mayor al promedio que se presenta en todo el mundo en donde el porcentaje es del 2% del PIB global. Al parecer no se trata de actos particulares ni siquiera de casos emblemáticos, se trata en cambio de una práctica extendida desde lo local hasta lo federal que se expresa en las más diversas formas y está presente en lo público, lo privado y lo social.




Por ejemplo en el año 2015 se estima que la corrupción en nuestro territorio alcanzó los 906 mil millones de pesos lo que representa el 5% del PIB de ese año. De acuerdo con el libro de la Dra. María Amparo Casar “Anatomía de la Corrupción 2015” los costos de la corrupción implican entre otras cosas la pérdida de 480,000 millones de empleos al año así como la pérdida de 5% de las ventas en las empresas sólo por mencionar algunos. Así también este estudio comenta que ante un incremento en la corrupción hay un incremento en la violencia.

Ante los alcances que esta problemática tiene en lo económico, político, y social, sólo por mencionar unos rubros, el gobierno mexicano aprobó a partir de la reforma constitucional del mes de mayo de 2015 el Sistema Nacional Anticorrupción para poder atajar este fenómeno; en ese marco se estableció que el sistema sea presidido por ciudadanos, por ello la investigadora de la UNAM, Jacqueline Peschard encabezará el primer Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción.

Entre las aportaciones de esta Ley está el fortalecimiento de instituciones como la Secretaría de la Función Pública y se les dará autonomía para perseguir los actos de corrupción, igualmente se ponderó la transparencia y rendición de cuentas en búsqueda de un combate a la problemática; los alcances de la reforma en lo normativo se aprecia en aprobación de siete paquetes de legislación secundaria en la materia, a saber:

La Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, son el cuerpo que vertebra y articula de manera lógica otra serie de reformas a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, al Código Penal Federal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Se trata de un gran trabajo inédito por sus alcances y será la fuente que permitirá construir una nueva forma de trabajar en la función pública con base en la transparencia, la rendición de cuentas y sobre todo con ética pública.

Por el lado del Poder Legislativo, la Junta de Coordinación Política creó en diciembre de 2016 la Comisión Investigadora del Funcionamiento de los Organismos Descentralizados y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria, presidida por el suscrito, y que se integra con un grupo plural de diputados de todos los partidos políticos, y su presidencia será rotativa cada cinco meses entre los grupos parlamentarios que las integran.

Esta comisión investigadora se creó para revisar que las operaciones y contratos de infraestructura y servicios con particulares se hayan apegado a los principios de legalidad, transparencia y honradez, vigilando el apego a las normas y procedimientos. Para el desarrollo de sus funciones la Comisión se coordina con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y con los Órganos Internos de Control de las Entidades Paraestatales. La Comisión al revisar estos contratos realiza un tipo de revisión que no suple ni duplica a la ASF, sino que asegura que los contratos se desarrollen en apego a los que las normas establecen.




En los próximos años deberá trabajarse en todos los frentes de la función pública para lograr que la honestidad sea una forma cotidiana de trabajar, para que el dinero público se gaste en lo que se tiene que gastar, para  optimizar el uso de los recursos que son de todos, y sobre todo, para dejar atrás una era en que la administración de recursos terminó por convertirse en un factor adverso a la legitimidad y credibilidad del Estado mexicano.  La corrupción cuesta mucho más del diez por ciento del PIB, cuesta la disolución de las instituciones,  la pérdida de credibilidad y la fractura de la confianza ciudadana en sus gobiernos.

______________________________

– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”