Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19
La Organización Internacional del Trabajo advierte que de no fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos desproporcionados que ha tenido la crisis sanitaria en los trabajadores jóvenes, existe el riesgo de que los efectos del virus acompañen a las sociedades durante décadas.
De acuerdo con la OIT, antes de la pandemia más de 267 millones de jóvenes en el mundo no tenían empleo ni participaban en ningún programa educativo. La proporción de mujeres rebasaba 31%, frente a 13.9% en el caso de los hombres.
Un análisis de El Universal muestra que entre marzo y abril de 2020, el número de trabajadores menores de 30 años se redujo en 375 mil 714 plazas, cifra que representa 55% de los 685 mil 840 puestos eliminados en el periodo.
Siete de cada 10 jóvenes que perdieron su empleo eran hombres y tres eran mujeres.
Este golpe se da en un escenario laboral que de por sí ya era adverso para la juventud, pues la precarización del trabajo es un fenómeno que no ha dejado de agudizarse: la ausencia de seguridad social, la eliminación de esquemas de antigüedad y la desaparición de la relación laboral con plataformas digitales son ejemplos.
Las entidades federativas que reportaron las mayores pérdidas de personal de entre 15 y 29 años fueron: Ciudad de México, con 65 mil 876 plazas; Quintana Roo, con 49 mil 584 puestos; Nuevo León, 30 mil 689; Jalisco, 25 mil 970; Estado de México, 21 mil 173, y Querétaro, 15 mil 174.
En el caso de Nuevo León, hasta abril pasado había 526 mil 23 trabajadores registrados en el IMSS menores de 30 años de edad, quienes representan un 33 por ciento del total de los trabajadores formales.
Los jóvenes con educación universitaria son el segmento más afectado por el desempleo que ha generado el COVID. Esto podría tener un efecto político adverso para AMLO y Morena, dado que el segmento que más ha crecido en desaprobación hacia el presidente son las personas con educación universitaria.
Desde antes del Covid, México se ha caracterizado por ser un país donde las y los jóvenes se desempeñan en condiciones laborales precarias. De acuerdo a la organización YouthBuild International en México, 8 de cada 10 no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica para dos personas, mientras que el 51% carecen de seguridad social.
Precisamente por el poco alentador panorama, resulta urgente diseñar políticas públicas y mecanismos para evitar que esta generación y las siguientes caigan -o se mantengan- en ciclos de pobreza y baja movilidad social. Entre las recomendaciones de la OIT están establecer mecanismos de ayuda financiera y fiscal a gran escala para trabajadores y empresas.