Cinco años de Lucha: Reforma Constitucional de Derechos Humanos

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El pasado 10 de junio se cumplieron cinco años de la publicación de la reforma constitucional de derechos humanos. Se trata de una de las reformas constitucionales más importantes de la historia y pudiera llegar a ser la más importante, aunque eso depende de que realmente se lleve a la práctica.

La importancia de la reforma radica no sólo en sus contenidos, sino en que por primera vez, quizá desde la propia expedición de la Constitución en 1917, se plantea una reforma estructural al catálogo de derechos humanos. Hasta antes de la del 2011, las reformas de derechos humanos se caracterizaban por ser adiciones puntuales para incorporar o reglamentar uno o varios derechos, en forma aislada y a veces inconsistente.

La reforma de 2011, en cambio, intenta estructurar en un sistema coherente y funcional, los múltiples derechos ya reconocidos. Lo hace a través de poner en el mismo nivel a los que reconocen la Constitución y los tratados internacionales. Pero también estableciendo principios que obligan a las autoridades a interpretar los derechos en forma coherente, considerando su interdependencia y garantizando la mayor protección.

Sin embargo, reformar la Constitución no implica automáticamente cambiar la realidad. A cinco años de la reforma la realidad de los derechos humanos en México ha continuado deteriorándose. La desaparición de los estudiantes en Ayotzinapa, las ejecuciones en Tlatlaya, las masacres de los penales de Cadereyta y el Topo Chico y del Casino Royale en Nuevo León, son sólo algunos ejemplos de hechos atroces de violación a derechos humanos ocurridos bajo la vigencia de la reforma.

A ello habría que sumar la situación de amenaza constante en la que periodistas y defensores de derechos humanos ejercen su trabajo, la cooptación política de las ombudsperson, la crisis financiera del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, generada por el desinterés de los Estados –entre ellos México– que se traduce en aportaciones económicas raquíticas para su sostenimiento y un largo etcétera.

¿Quiere esto decir que la reforma es un fracaso? A mi modo de ver no. Al contrario, la reforma es en sí misma valiosa y mucho puede contribuir a que saquemos al país de esta grave crisis. En todo caso, la realidad que enfrentamos pone en evidencia que la reforma es insuficiente por sí sola para revertir el deterioro en la situación de los derechos humanos en México.

Para ello, un aspecto clave y que hasta ahora se ha descuidado es la educación para generar una cultura de derechos humanos en autoridades y ciudadanos. Es esta, me parece, la única estrategia que ataca el problema de raíz y la que en el mediano y largo plazo puede dar los mejores resultados.

En este sentido son sumamente destacadas resoluciones protectoras de derechos humanos dictadas por organismos y tribunales internacionales, federales y locales; la capacitación en derechos humanos a funcionarios públicos que llevan a cabo instancias como la Secretaría de Gobernación y los esfuerzos de organizaciones de la sociedad civil como el CEEAD que promueven cambios en la educación jurídica para fortalecer la enseñanza de los derechos humanos. Sin embargo, son todavía esfuerzos aislados que necesitan potencializarse a partir de un mayor compromiso de autoridades y ciudadanos con la causa de los derechos humanos.

La reforma penal de 2008 es un buen ejemplo de una mala práctica para su implementación. Si la implementación hubiera iniciado por la capacitación en el nuevo sistema en vez de por su infraestructura necesaria, quizá ahorita, cuando está por agotarse el plazo para su plena entrada en vigor, estaríamos afinando los detalles técnicos de las salas de audiencia en vez de estar capacitando policías.

A cinco años de la reforma de derechos humanos, estamos aún a tiempo de cambiar la estrategia para su implementación y reforzar la educación en derechos humanos como la única herramienta que permite una solución sostenible en el largo plazo a la grave crisis de derechos humanos que enfrentamos y de la que la reforma por sí sola no nos salvará.

Eduardo Román González
Investigador y Responsable del Programa de Derechos Humanos del CEEAD A.C.
eroman@ceead.org.mx

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Seguirlo intentando

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En días recientes concluyó para mí un proceso sumamente intenso y de gran aprendizaje (de cosas buenas y malas). Con la legitimidad que me da el mejor título de todos, el ser ciudadano, aspiré a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Finalmente no pudo ser. Algunos diputados del Congreso del Estado decidieron no brindarme su apoyo.

No entraré en los motivos de la decisión. En buena medida son públicos y cada quien podrá sacar sus propias conclusiones y, en su caso, si así lo deciden, exigirle a quien corresponda pagar el costo político de dicha decisión.

Quisiera centrarme más bien en una reflexión personal a la que me ha llevado todo esto y que tiene más que ver con el desánimo que una cosa de estas puede producir en cualquier ciudadano de bien, que sueña y aspira a tener un país mejor. Es una reflexión personal a partir, precisamente, del desánimo que me invadió –que todavía por momentos me invade– por el resultado final de este proceso.

…aspiré a ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León. Finalmente no pudo ser. Algunos diputados del Congreso del Estado decidieron no brindarme su apoyo.

Fui propuesto a ese cargo, porque resulté vencedor en una especie de concurso público y transparente para seleccionar al mejor aspirante. Un concurso público en el que un comité plural, técnico, evaluó los méritos de cada aspirante, el plan de trabajo y su postura respecto de diversas problemáticas relacionadas con derechos humanos y/o el trabajo de la Comisión.

Al resultar vencedor en ese proceso, un amigo posteo algo en Facebook en el sentido que por fin había triunfado la meritocracia en el acceso a la función pública. Ojalá al final hubiera tenido razón. Faltaba, sin embargo, la ratificación por parte del Congreso y ahí, desafortunadamente, no son los méritos, las capacidades, los planes de trabajo, sino muchos otros factores políticos los que determinan si te dan su apoyo o no.

Ante ello, el panorama para cualquier ciudadano que aspira legítimamente a participar en la función pública se vuelve sumamente gris. En muchos ámbitos del sector público no importa cuan preparado estés, no importa que tan buenas ideas tengas, no importa todo el interés que tengas en cambiar las cosas, en hacerlas mejor, en erradicar los enraizados males del sector público. Para muchos de quienes deciden si accedes o no a una determinado puesto público esas más que cualidades, son defectos, riesgos que hay que evitar a cualquier costa. Y se valen de todo para hacerlo: amenazan, hablan mal de ti, te inventan cosas, utilizan medios de comunicación a modo, cualquier cosa que sirva para evitar que un ciudadano de esas características acceda a la función pública.

¿Qué hacer ante este escenario? Yo veo dos opciones. Una es renunciar, claudicar a participar en el ámbito público, refugiarnos en los ámbitos privados, seguir viendo los toros desde la barrera en la comodidad de nuestra butaca. Gritando, denunciando quizá, pero muy probablemente sin tener mayor incidencia.

La segunda opción es seguirlo intentando. Seguir aprovechando cada ventana que se nos abra a los ciudadanos para participar en el ámbito público, seguir insistiendo en que los principales requisitos de ingreso al sector público deben ser el mérito, la capacidad y la honestidad. Seguir exigiendo nuestra liberación del secuestro de lo público del que somos víctimas.

¿Qué hacer ante este escenario? Yo veo dos opciones. Una es renunciar, claudicar a participar en el ámbito público, refugiarnos en los ámbitos privados, seguir viendo los toros desde la barrera en la comodidad de nuestra butaca. Gritando, denunciando quizá, pero muy probablemente sin tener mayor incidencia. La segunda opción es seguirlo intentando.

Lo que he podido reflexionar en estos días, después de esta experiencia, es que si optamos por la primera opción, todo esta perdido, nada cambiará y todo irá a peor. En cambio, el optar por la segunda opción no solo implica mantener la esperanza, implica también elevar cada vez más el costo político de bloquear a los buenos ciudadanos que quieren contribuir con su trabajo a tener un mejor país, implica vender cada vez más cara la derrota, implica que el día en que termine efectivamente triunfando la meritocracia estará más cerca. Al final es una guerra de resistencia, que termina ganando quien se mantiene en pie después de muchas batallas.

Desde luego cada quien es libre de optar por una u otra. Yo he decidido optar por la segunda. Por mí, por Eugenia, Eduardo y el resto de mi familia, por Cecilia, Andrés, Juan Jesús, Gerardo, Gaby, Carlos y todos los demás amigos que me han brindado su apoyo y su aliento para seguir adelante. Porque quiero un mejor país y porque no estoy dispuesto a seguir siendo cómplice de su desmoronamiento.

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Los alcances del amparo mariguano

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La semana pasada la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió un caso de enorme trascendencia en el que, mediante el otorgamiento de un amparo, da luz verde a que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) otorgue a cuatro personas integrantes de la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante (SMART), un permiso para la siembra y autoconsumo de la mariguana.

Sin embargo, es importante precisar cuáles son los alcances de dicha de resolución.

En primer lugar, hay que decir que no se trata de una “despenalización”, puesto que en este caso la Suprema Corte no ha eliminado ninguno de los tipos penales relacionados con las actividades de siembra, producción, posesión, comercialización, etc., de drogas ilícitas. El amparo se limita a declarar inconstitucionales algunas disposiciones de la Ley General de Salud, particularmente los artículos 237 y 248, que establecen una prohibición expresa para la siembra, cultivo, preparación, etc., de ciertos estupefacientes, entre ellos la mariguana.

En primer lugar, hay que decir que no se trata de una “despenalización”, puesto que en este caso la Suprema Corte no ha eliminado ninguno de los tipos penales relacionados con las actividades de siembra, producción, posesión, comercialización, etc., de drogas ilícitas.

Por otro lado, tampoco se trata de una “legalización”, al menos no en los términos amplios que dicha palabra implica. Se trata sólo de una autorización para que estas cuatro personas puedan llevar a cabo todas las acciones necesarias para el autoconsumo de mariguana sin ser sancionados.

Para que todas las personas puedan tener acceso a esta autorización existen varios caminos, ninguno de ellos sencillo ni inmediato.

Por otro lado, tampoco se trata de una “legalización”, al menos no en los términos amplios que dicha palabra implica.

Una primera vía es la jurisdiccional, es decir, que otras personas sigan presentando amparos en los mismos términos que el presentado por SMART, esperando obtener resoluciones favorables y que, paulatinamente, se forme jurisprudencia obligatoria. Pero incluso habiendo jurisprudencia, en tanto que ésta sólo obliga a los jueces, no implicaría que las disposiciones de la Ley General de Salud declaradas inconstitucionales dejaran de aplicar para todas las personas. Para ello se requeriría que, una vez formada la jurisprudencia, la Suprema Corte abra un procedimiento de “declaración general de inconstitucionalidad” a partir del cual pudiera determinar la anulación de estos artículos con efectos generales para toda la población.

Una primera vía es la jurisdiccional, es decir, que otras personas sigan presentando amparos en los mismos términos que el presentado por SMART, esperando obtener resoluciones favorables y que, paulatinamente, se forme jurisprudencia obligatoria.

La otra vía, que pareciera la más apropiada en un país democrático, es la legislativa. Sin duda el fallo de la Corte genera una presión sobre el Congreso de la Unión para iniciar un debate serio sobre la posible legalización y despenalización de la mariguana.

En todo caso, la resolución de la Suprema Corte es un fallo histórico que abre un parteaguas en la política de drogas de nuestro país. Más allá del tema concreto de la mariguana, lo que hay que celebrar de la resolución es el afianzamiento del derecho a la autonomía personal y al libre desarrollo de la persona.

La otra vía, que pareciera la más apropiada en un país democrático, es la legislativa.

Con independencia de nuestra postura concreta respecto de la política de drogas, esto es algo que debe resultarnos satisfactorio. No es poca cosa que un Estado reconozca a sus ciudadanos la libertad más amplia para decidir sobre su proyecto de vida.

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