Las Mañaneras y la equidad en la competencia electoral

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Es realmente incomprensible que el Presidente López Obrador no respete las reglas constitucionales destinadas a proteger la equidad en la competencia electoral. Sobre todo, porque dichas normas fueron incluidas en nuestra constitución justamente para impedir que servidoras y servidores públicos influyeran en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Pero lo que sí limita con lo cínico es que las conductas ahora prohibidas tuvieron como víctima al mismo AMLO durante su primera campaña presidencial del 2006. 

Aunque ahora parece ya muy lejano, fueron las campañas negativas y la intervención mediática del presidente Fox lo que llevó, primero, a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al Consejo General del entonces llamado IFE instrumentar un procedimiento especial, abreviado, para que se pudieran depurar las conductas que estaban afectando la libertad del sufragio del electorado mexicano; y, además, a que la Sala Superior del TEPJF, en su dictamen de validez de la elección de 2006, concluyera que las intervenciones del presidente pusieron en riesgo la validez de la autenticidad de toda la elección.

Las campañas de dos mil seis pusieron en evidencia varios problemas que nuestra joven democracia electoral cargaba en su equipaje: 1) El acceso a radio y televisión basado en quién contaba con mayores recursos directos, por medio de financiamiento público o privado, o indirectos, en razón de las campañas veladas o expresas de sujetos privados a favor o en contra de los contendientes. 2) La intervención que los gobernantes podían realizar en la autenticidad de las campañas por medio de mensajes disfrazados de propaganda gubernamental. 3) La clara promoción personalizada que realizaban las y los servidores públicos por medio de la propaganda difundida bajo cualquier modalidad de comunicación social con la consecuente afectación a la equidad en la elección.

La reforma constitucional en materia electoral del 13 de noviembre del 2007 incorporó al texto fundamental algunas normas que me interesa resaltar: i) La obligación de todos los poderes y órganos de suspender la difusión de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada (art. 41, fracción III, Apartado C). ii) La obligación de todos los servidores públicos de aplicar en todo tiempo de forma imparcial los recursos públicos y sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos (art. 134, párrafo 7º). iii) La obligación de que la propaganda gubernamental, en todo tiempo, sea institucional, informativa, educativa o de orientación social y, además, la prohibición de que dicha propaganda incluya signos o imágenes que impliquen promoción personalizada de las y los servidores públicos (art. 134., párrafo 8º).

Estas reglas de rango constitucional fueron incorporadas justamente después de la poco limpia campaña electoral presidencial de dos mil seis y, como puede evidenciarse, buscaron alcanzar uno de los fines que están presentes en todo el entramado electoral nacional: la equidad en la competencia. Más claro aún, estas reglas se crearon como una consecuencia de las campañas negativas en contra de AMLO en ese año. Ahora, quince años después, parece ser que es el mismo presidente quien desea desconocer el alcance de estas normas por medio de sus mensajes de corte electoral en las Mañaneras.

Nadie podría desconocer que las y los servidores públicos gozan de derechos y libertades como la expresión política, y que, desde luego, las personas tenemos derecho a saber lo que nuestros gobiernos están realizando. Estas premisas justifican las novedosas Mañaneras, sin embargo, una mínima cultura constitucional debería concluir que las conferencias de prensa matutinas del Presidente también están sometidas a las reglas que describí. Y tampoco podemos negar que si el titular del Ejecutivo incumple con estas reglas constitucionales se afectará la equidad en la competencia entre los partidos durante las campañas electorales que están por iniciar.

En este mismo sentido, las Mañaneras deben ser tomadas como propaganda gubernamental, porque indudablemente son un instrumento de comunicación desde el poder. Recordemos, como afirma Castells (2012), que “en nuestro contexto histórico, la política es fundamentalmente una política mediática” y que “las relaciones de poder se basan en gran medida en la capacidad para modelar las mentes construyendo significados a través de la creación de imágenes”. Más allá de la libertad de expresión del Presidente y del derecho a estar informadas de las personas, ¿no es esto lo que construye todos los días AMLO en las Mañaneras? ¿No es esto lo que pretende construir al referirse en las Mañaneras a partidos políticos y coaliciones?

Justo con motivo de estas expresiones el Consejo General del INE, por orden de la Sala Superior del TEPJF, tuvo que conocer en pleno una solicitud de medida cautelar en contra del Presidente por las referencias electorales que hiciera en una Mañanera de diciembre pasado. Para tutelar la equidad en la competencia, el INE ha ordenado a AMLO que “en el mecanismo de comunicación gubernamental se abstenga de realizar conductas que involucren manifestaciones cuyo contenido pueden ser de naturaleza electoral, en apego a lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución”. Esta determinación preventiva de carácter inhibitorio, como era de esperarse, fue impugnada por el partido del Presidente y por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

Paradojas de la vida: Quince años después de aquella campaña de 2006 López Obrador es quien ahora ejerce el poder. El Presidente es ahora quien construye su política por medio de las Mañaneras. Ahora, el presidente pasó de ser una víctima del poder mediático a un actor que debe ceñirse a las reglas que prohiben abusar del poder para beneficio propio o del partido en el gobierno. Aunque algunos pensemos que deberíamos privilegiar la libre circulación de las ideas y las opiniones, no podemos desconocer el alcance de las normas constitucionales. Sólo esperemos que el Tribunal Electoral logre otorgar más peso a la equidad en la contienda que al inmenso poder mediático del Presidente de la República.

“Es injusto” dice Calderón de proyecto que no le da el registro a México Libre

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El expresidente Felipe Calderón Hinojosa calificó esta mañana, a través de su cuenta personal de Twitter, de injusto el proyecto del Magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que pide no entregar el registro a México Libre por trampas y falta de transparencia.

El también exmilitante del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que el proyecto para negar el registro a la organización México Libre anularía “112 asambleas válidamente celebradas” sin fundamento, sin derecho de audiencia ni debido proceso.

 

Por su parte, José Luis Vargas Valdez, Magistrado de la Sala Superior del TEPJF, reveló ayer la propuesta que sometió al pleno para confirmar la negativa del Instituto Nacional Electoral (INE) para otorgarle el registro como partido a México Libre, que encabezan Margarita Zavala Gómez del Campo y Felipe Calderón Hinojosa.

En un hilo de nueve tuits publicado en la cuenta del Magistrado Vargas Valdez dijo que confirma la negativa de dar el registro como partido a la organización Libertad y Responsabilidad Democrática AC debido a que en materia de fiscalización, “la organización solicitante no acreditó el origen de las aportaciones en dinero que recibió de supuestos simpatizantes. Estimo que el derecho de asociación de sus afiliados se vio afectado por las irregularidades sistemáticas cometidas por la misma organización, que no fueron subsanadas ante el INE durante el proceso de revisión de sus ingresos y egresos para la obtención de su registro“.

En cuanto a la negativa del registro como partido al movimiento de Calderón Hinojosa y Zavala Gómez del Campo, el Magistrado planteó que no comparte las consideraciones en las que el INE se basó, pero consideró que la infracción en materia de fiscalización “implicó la vulneración a los principios constitucionales de transparencia, rendición de cuentas, certeza y pulcritud, que repercuten de forma determinante en la concesión del registro“.

Además, indicó, “con ello, y por ser mi plena convicción, el proyecto propone que el interés público prevalezca para garantizar que quien accede al financiamiento público de los partidos políticos cumple cabalmente con los principios constitucionales de certeza, transparencia, rendición de cuentas y máxima publicidad“.

Después de que se diera a conocer el proyecto, la primera en reaccionar fue Margarita Zavala, quien escribió en su cuenta de Twitter el siguiente mensaje: “Pedimos al resto de los magistrados y magistradas que tomen en cuenta los argumentos de nuestros agravios, tenemos la razón y el derecho. En justicia, México Libre merece el registro“.

Con información de Sin Embargo

Ratifica TEPJF que hubo promoción personalizada de AMLO en cartas de apoyo del IMSS

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que hubo una promoción personalizada del Presidente Andrés Manuel López Obrador en las cartas de entrega de apoyos a microempresas familiares que hizo el IMSS, tal y como resolvió el INE la semana pasada.

La denuncia fue interpuesta por el PAN, PRI y PRD ante el INE, el cual ordenó la suspensión de las dos versiones de carta presentadas por el IMSS pues tenían la firma del Mandatario y hacían alusión a que era él quien estaba detrás del apoyo.

En su lugar ordenó la Comisión, las cartas y documentos de este programa deben ser sustituidos por “comunicaciones que se ajusten al marco constitucional”.

El asunto llegó al Tribunal Electoral, luego de que el IMSS acusara que el INE hizo una “indebida valoración de pruebas” y que se extralimitó en sus funciones para conocer e imponer las medidas cautelares.

En la sesión virtual que realizaron este miércoles los ministros de la Sala Superior del TEPJF, se confirmaron las medidas cautelares impuestas al IMSS, por lo que este deberá suspender la difusión de los documentos con “promoción personalizada” entregados a los beneficiarios.

“Luego de hacer un análisis exhaustivo del caso, las y los magistrados de la Sala Superior desestimaron los señalamientos del IMSS y ratificaron la decisión de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE al emitir las medidas cautelares”, concluyó el Tribunal.

(Fuente: El Mañanero Diario)

Y Alonso rechaza proyecto de anulación

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La coalición “Por Puebla al Frente”, que postuló a la panista Martha Érika Alonso a la gubernatura de Puebla, rechazó el proyecto de sentencia para anular la elección de esa entidad.

“Los partidos integrantes de la coalición ‘Por Puebla Al Frente’ llamamos respetuosamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a valorar la evidencia que ya ha sido desahogada en etapas previas del proceso electoral para renovar la gubernatura del estado de Puebla, al ser materia jurídica que va en sentido contrario al proyecto de nulidad presentado por el magistrado José Luis Vargas”, dice Alonso en un comunicado publicado en redes sociales.

La coalición conformada por el PAN-PRD-MC, advierten que se pretende anular una elección que fue organizada por un órgano ciudadano e independiente, celebrada el mismo día que otras elecciones concurrentes en las que Morena obtuvo triunfos que no han sido cuestionados. También sostienen que los comicios de Puebla han sido los más auditivos en la historia del País.

“En seis ejercicios distintos donde se contaron los votos de manera total o parcial, se comprobó una y otra ve que los ciudadanos contaron bien los sufragios y que la autoridad electoral estatal ejerció la debida cadena de custodia, porque los resultados en cada uno de esos conteos son consistentes entre sí y corroboran el registrado por los funcionarios de casilla al término de la jornada electoral”.

Por último, acusan al Magistrado Vargas de hacer un acto indigno.

“Es un acto indigno, el Magistrado Vargas intenta confundir al pleno del Tribunal Electoral con el falso argumento de que se violó la cadena de custodia de la documentación electoral. El proyecto de sentencia es un absurdo a la razón jurídica: el propio magistrado reconoce que no hay variaciones en los votos obtenidos por la candidata panista entre el primer cómputo y el recuento total que hizo el mismo magistrado Vargas con decenas de funcionarios del Poder Judicial Federal”, afirma en el video la candidata panista.

 

Proyecto del TEPJF busca anular elección en Puebla

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El Magistrado José Luis Vargas propuso anular la elección para Gobernador de Puebla y por consecuencia revocar la constancia de mayoría a la panista Martha Erika Alonso, y pedir al Instituto Nacional Electoral (INE) llamar a nuevas elecciones.

El Magistrado Vargas, hizo público el proyecto, con el fin dijo, de garantizar transparencia y legalidad.

De acuerdo al Magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en la elección se vulneró la cadena de custodia de los paquetes electorales.

“Se afectó de manera grave el principio de certeza”, indicó Vargas en su ponencia, y argumentando que no se notificó a representantes de partidos el desarrollo de 50 diligencias de apertura de la bodega del Instituto Electoral del Estado (IEE).

Vargas, señala que nunca se compartió a los institutos políticos información sobre la apertura de paquetes, además de que la bodega carecía de condiciones de seguridad, y tampoco hay un registro de cámaras de seguridad, con el que haya un registro de las instalaciones donde se resguardaron los paquetes.

“Sobre esa base, con independencia de que se tenga por acreditado el grado considerable de votación el pasado uno de julio; la certeza en la elección se ve gravemente afectada (…). Las irregularidades suscitadas en la etapa de resguardo de los paquetes impiden conocer de manera real si el contenido de los paquetes es el fiel reflejo de la voluntad ciudadana; por lo que, ante la falta de certeza, procede decretar la anulación de la elección a la gubernatura de Puebla”, concluye el Magistrado.

Entre otras irregularidades que señala el proyecto, esta la acreditación del TEPJF de violencia en 59 casillas durante la jornada, en 51 hubo robo, quema o destrucción de boletas y en 8 la votación tuvo que ser suspendida.

El Magistrado Vargas, propone que se anule la elección a la gubernatura de Puebla, se le revoque la constancia de mayoría a la panista Erika Alonso, quienes también esposa del ex Gobernador de Puebla y ahora Senador, Rafael Moreno Valle, y que el INE en un plazo de 60 días a partir de la emisión de la sentencia.

Además, pide al INE que destituya a todos los consejeros del Instituto Electoral de Puebla y a la Fepade que habrá carpetas de investigaciones correspondientes.

 

Las sentencias de Monterrey y la falta de certeza en las reglas

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A la falta de certeza en la elección extraordinaria de Monterrey contribuyó la administración electoral. Pero también abonó a ella un sistema de justicia electoral cuyo diseño cada vez sirve menos para generar certeza sobre las reglas de una elección. Este quiebre institucional se evidencia aún más en el contexto de la elección extraordinaria más grande que jamás se haya organizado en México.

Las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado y por la Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) sobre los resultados de Monterrey generaron “falta de certeza por parte de las autoridades de la cadena impugnativa” (SUP-REC-1638/2018 y acumulados, p. 22).

No obstante, la sentencia de nulidad de la Sala Superior del TEPJF del pasado 30 de octubre también sumó elementos de incertidumbre.

Subrayo el cambio de sentido en unas cuantas horas. El proyecto del Magistrado Felipe Fuentes proponía revocar la sentencia de la Sala Regional y regresar el triunfo a Adrián de la Garza (Reforma, 30 de octubre de 2018). Este proyecto no alcanzó la mayoría y se construyó uno nuevo proponiendo la nulidad de toda la elección de Monterrey. Surgen las preguntas siguientes: ¿Puede un Magistrado cambiar completamente el sentido de su proyecto de sentencia antes de la discusión en sesión pública? ¿Son los tribunales constitucionales órganos cuasi parlamentarios que deben buscar en primer lugar obtener mayorías, antes que el convencimiento de sus pares, de los justiciables y de la sociedad por medio de la expresión de razones jurídicas para sustentar su proyecto? Si un tribunal constitucional desea construir certeza, estas preguntas deben ser respondidas en sentido negativo.

Me enfoco ahora en el fondo. La Sala Superior repite constantemente que hubo irregularidades en cuanto a los paquetes electorales y su cómputo en 186 casillas. La Sala concluye que con ello se afectó el principio de certeza y autenticidad de toda la elección. Más preguntas: Dentro de un universo de 1,606 casillas instaladas, ¿irregularidades en 186 casillas son suficientemente graves desde el punto de vista cuantitativo? Sin duda no, porque esa cantidad de casillas representa el 11.58 por ciento del total de las casillas instaladas. Por otra parte, si a la Sala Superior le preocupaba el principio de certeza, ¿por qué no señala específicamente en su razonamiento cuáles fueron las casillas respecto de las cuales se acreditaron irregularidades en los paquetes electorales y el cómputo?

Esta sentencia, desafortunadamente, no es la única que ha abonado a la falta de certeza en la elección extraordinaria de Monterrey. En efecto, una vez que la Comisión Estatal Electoral fijó el día para la jornada electoral extraordinaria y determinó que según la Ley Electoral los partidos políticos y coaliciones no podían cambiar de candidaturas, MORENA impugnó este acuerdo directamente ante la Sala Superior, saltándose (per saltum) las instancias del Tribunal Local y de la Sala Regional. La razón de fondo de MORENA para inconformarse es que deseaban (aún desean) postular una candidatura a la Alcaldía diferente a la que presentó la coalición en la elección ordinaria. Sin embargo, la Sala Superior consideró que el asunto debía ser analizado primero en el Tribunal Local y posteriormente en la Sala Regional. Una decisión más de la Sala Superior que abonó a la falta de certeza, porque aún ahora no existe certeza sobre la constitucionalidad del artículo de la Ley Electoral que prohíbe cambiar de candidaturas en una elección extraordinaria.

Efectivamente, primero el Tribunal Local (JI-320/2018 y su acumulado), y posteriormente la Sala Regional Monterrey (SM-JRC-381/2018), dotaron de mayores dosis de incertidumbre a la elección. La primera sentencia permitió nuevas coaliciones e incluso nuevas candidaturas; la segunda, por su parte, confirmó la posibilidad de nuevas coaliciones, aunque con las mismas candidaturas. Demasiadas interpretaciones sobre un artículo muy claro: “Los partidos políticos no podrán cambiar de candidato o candidatos….” (Art. 16 de la Ley Electoral de Nuevo León). Norma que ya ha sido declarada constitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. (Acción de Inconstitucionalidad 9/99 y su acumulada 10/99).

La sentencia del TEE, además, deja de pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 16 de la Ley Electoral que le planteó MORENA, con lo cual abona a la incertidumbre que todo tribunal debe evitar. Sin embargo, la sentencia de la Sala Regional Monterrey deriva consecuencias jurídicas que resultan aún más ambiguas. En efecto, esta sentencia confirma el derecho a crear nuevas coaliciones, pero obliga a que postulen las mismas candidaturas que en la elección ordinaria, salvo que exista renuncia, fallecimiento o inhabilitación. Pensemos en la nueva coalición PRI-PVEM: Si Adalberto Madero no renuncia a su cargo, ¿quién encabezará la planilla? Pero pensemos en el problema inicial, esto es, la coalición de MORENA-PES-PT. Para ellos, la sentencia de Sala Monterrey implica un efecto negativo: Si constituyen una nueva coalición MORENA y PES, debe ser con las mismas candidaturas de la elección ordinaria, esto es, con el candidato a la Alcaldía cuyo origen partidario es del PT, “Pato” Zambrano; pero si MORENA y PES no desean a este candidato, entonces se quedan fuera de la contienda porque individualmente no pueden postular nuevas candidaturas, esto es, están obligados a ir en coalición y con una candidatura que no desean.

Esta incertidumbre y confusión podría haberse evitado si la Sala Superior hubiese admitido el juicio per saltum que le planteó originalmente MORENA (actualmente hay tres recursos de reconsideración esperando ser resueltos por la Sala Superior faltando menos de un mes para la elección).

En fin, para cuando finalmente tome posesión la planilla ganadora lo único que nos quedará cierto es que en una elección extraordinaria la falta de certeza no es solo responsabilidad de las autoridades administrativas. También los tribunales contribuyen a ella con: i) la judicialización excesiva; ii) la atomización de las instancias jurisdiccionales, pero sobre todo iii) la inflación interpretativa de las normas. 

¡Qué paradoja!: quienes adujeron que en la elección ordinaria hubo falta de certeza son quienes ahora la fomentan. Los Tribunales deben crear condiciones de certeza en cuanto a las reglas del juego, no fomentar la incertidumbre.

TEPJF hace ajustes al Congreso Local

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La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), echó para atrás la sentencia emitida por el Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León, que le dio dos diputaciones de representación proporcional al Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso Local.

De acuerdo al proyecto presentado, el órgano electoral estatal realizó el ejercicio de reparto sin que concluyeran todas las impugnaciones sobre las casillas, por lo que solamente esa razón fue suficiente para revocar la sentencia del TEE.

Los 16 lugares de representación proporcional fueron resignados, dando un total de 4 al PAN, 3 al PRI, 3 a Movimiento Ciudadano, tres a Morena, uno al Partido Vero, uno a Nueva Alianza y uno al Partido del Trabajo.

Por otro lado, los priistas Álvaro Ibarra y Juan Manuel Cavazos, quedaron son pluri, al igual que el panista Arturo Salinas.

El proyecto que aprobó el TEPJF propone dar curules a:

  • José Américo Ferrara Olvera
  • Maria Dolores Leal Cantú
  • Horacio Tijerina
  • Mariela Saldívar
  • David Moreno Vázquez
  • Eduardo Leal Buenfil
  • Francisco Cienfuegos
  • Edgar Salvatierra
  • Claudia Tapia
  • Arturo Bonifacio de la Garza
  • Alejandra Lara Maiz
  • Norma Elena Ruiz Sánchez
  • Gloria Treviño
  • Lorena de la Garza
  • Karina Barron
  • Beatriz Soledad de León Martínez

El representante legal del PRI, Juan José Aguilar Garnica, aseguró que impugnarían la resolución en la Sala Superior del TEPJF.

El TEPJF confirma registro de Cuauhtémoc Blanco como candidato a la gubernatura de Morelos

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Luego de que el Instituto Nacional Electoral declaró infundada la queja contra Cuauhtémoc Blanco Bravo por haber firmado un contrato con el PSD para contender por la alcaldía de esta capital en 2015, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó el registro del ex futbolista como candidato a la gubernatura de la alianza MorenaPESPT.

En su resolución, el TEPJF recordó que el registro de Blanco fue impugnado por dos ciudadanos y los partidos PRI, PRD y PSM bajo el supuesto de que no contaba con la residencia efectiva exigida por la legislación, pero dichos argumentos fueron desechados en su momento por el tribunal local.

Según el TEPJF, la resolución del órgano local fue impugnada ante la Sala Superior del TEPJF por los mismos actores, que argumentaron, entre otras faltas, deficiente fundamentación y motivación de la resolución impugnada e indebida valoración de las pruebas presentadas, lo que llevó al TEEM a confirmar, erróneamente, el registro del candidato.

Al resolver el SUP-JRC-65/2018 y acumulados, el Pleno de la Sala Superior determinó confirmar la resolución impugnada, toda vez que el TEEM sí fundó y motivó su determinación.

Para la Sala, sus consideraciones fueron idóneas y, no obstante que se advirtió la omisión de pronunciarse en el sentido de que la licencia de Cuauhtémoc Blanco vencería el día de la jornada electoral, no resultó suficiente para revocar su registro.

Esto, añadió, pues la duración de la licencia de Blanco Bravo fue objeto de análisis de la Sala Superior en un asunto previo, en el que se señaló que una licencia temporal que cubría el periodo de la campaña era suficiente para garantizar la equidad de la contienda (SUP-JDC-129/2018 y acumulados).

Los magistrados consideraron también que Blanco Bravo había acreditado la residencia efectiva de 10 años cuando participó en el proceso electoral local 2014-2015, como candidato a presidente municipal de Cuernavaca.

En este sentido, indicaron que en el caso existen elementos probatorios para tener por cumplido el requisito de residencia, mientras que no hay evidencia que permita controvertir su veracidad y demostrar que el candidato ha tenido su residencia en un lugar distinto.

La resolución del TEPJF estuvo precedida del fallo emitido la noche de ayer por el INE en el que declaró infundada la queja promovida contra Cuauhtémoc Blanco Bravo por el supuesto cobro de 7 millones de pesos al PSD para contener por la alcaldía en las elecciones de 2015.

El consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, informó que la queja se declaró infundada porque no apareció el contrato de pago de la candidatura y tampoco hay pruebas de depósitos en cuentas bancarias ni transferencias o cheques por cantidades similares a nombre del ex futbolista.

Según Murayama, la denuncia fue presentada en tiempo y forma por los hermanos Yáñez, pero nunca presentaron el supuesto contrato. En los alegatos, los denunciantes aseguraron que “perdieron” el documento. No obstante, esto pues dejó sin evidencia y sin sustento la denuncia.

Ordena Tribunal Electoral investigar a PejeLeaks

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El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó este miércoles un acuerdo de la Unidad Técnica del INE y ordenó que se investigado el origen del sitio pejeleaks.org.

El pasado 13 de abril, el partido Morena interpuso una queja ante el INE, acusando que en dicho sitio se difunden textos, imágenes y videos que contienen propaganda en contra del candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.

La Unidad Técnica del INE  desechó entonces la queja, al considerar que Morena no había aportado elementos suficientes de prueba.