Es realmente incomprensible que el Presidente López Obrador no respete las reglas constitucionales destinadas a proteger la equidad en la competencia electoral. Sobre todo, porque dichas normas fueron incluidas en nuestra constitución justamente para impedir que servidoras y servidores públicos influyeran en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Pero lo que sí limita con lo cínico es que las conductas ahora prohibidas tuvieron como víctima al mismo AMLO durante su primera campaña presidencial del 2006.
Aunque ahora parece ya muy lejano, fueron las campañas negativas y la intervención mediática del presidente Fox lo que llevó, primero, a que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al Consejo General del entonces llamado IFE instrumentar un procedimiento especial, abreviado, para que se pudieran depurar las conductas que estaban afectando la libertad del sufragio del electorado mexicano; y, además, a que la Sala Superior del TEPJF, en su dictamen de validez de la elección de 2006, concluyera que las intervenciones del presidente pusieron en riesgo la validez de la autenticidad de toda la elección.
Las campañas de dos mil seis pusieron en evidencia varios problemas que nuestra joven democracia electoral cargaba en su equipaje: 1) El acceso a radio y televisión basado en quién contaba con mayores recursos directos, por medio de financiamiento público o privado, o indirectos, en razón de las campañas veladas o expresas de sujetos privados a favor o en contra de los contendientes. 2) La intervención que los gobernantes podían realizar en la autenticidad de las campañas por medio de mensajes disfrazados de propaganda gubernamental. 3) La clara promoción personalizada que realizaban las y los servidores públicos por medio de la propaganda difundida bajo cualquier modalidad de comunicación social con la consecuente afectación a la equidad en la elección.
La reforma constitucional en materia electoral del 13 de noviembre del 2007 incorporó al texto fundamental algunas normas que me interesa resaltar: i) La obligación de todos los poderes y órganos de suspender la difusión de toda propaganda gubernamental durante las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada (art. 41, fracción III, Apartado C). ii) La obligación de todos los servidores públicos de aplicar en todo tiempo de forma imparcial los recursos públicos y sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos (art. 134, párrafo 7º). iii) La obligación de que la propaganda gubernamental, en todo tiempo, sea institucional, informativa, educativa o de orientación social y, además, la prohibición de que dicha propaganda incluya signos o imágenes que impliquen promoción personalizada de las y los servidores públicos (art. 134., párrafo 8º).
Estas reglas de rango constitucional fueron incorporadas justamente después de la poco limpia campaña electoral presidencial de dos mil seis y, como puede evidenciarse, buscaron alcanzar uno de los fines que están presentes en todo el entramado electoral nacional: la equidad en la competencia. Más claro aún, estas reglas se crearon como una consecuencia de las campañas negativas en contra de AMLO en ese año. Ahora, quince años después, parece ser que es el mismo presidente quien desea desconocer el alcance de estas normas por medio de sus mensajes de corte electoral en las Mañaneras.
Nadie podría desconocer que las y los servidores públicos gozan de derechos y libertades como la expresión política, y que, desde luego, las personas tenemos derecho a saber lo que nuestros gobiernos están realizando. Estas premisas justifican las novedosas Mañaneras, sin embargo, una mínima cultura constitucional debería concluir que las conferencias de prensa matutinas del Presidente también están sometidas a las reglas que describí. Y tampoco podemos negar que si el titular del Ejecutivo incumple con estas reglas constitucionales se afectará la equidad en la competencia entre los partidos durante las campañas electorales que están por iniciar.
En este mismo sentido, las Mañaneras deben ser tomadas como propaganda gubernamental, porque indudablemente son un instrumento de comunicación desde el poder. Recordemos, como afirma Castells (2012), que “en nuestro contexto histórico, la política es fundamentalmente una política mediática” y que “las relaciones de poder se basan en gran medida en la capacidad para modelar las mentes construyendo significados a través de la creación de imágenes”. Más allá de la libertad de expresión del Presidente y del derecho a estar informadas de las personas, ¿no es esto lo que construye todos los días AMLO en las Mañaneras? ¿No es esto lo que pretende construir al referirse en las Mañaneras a partidos políticos y coaliciones?
Justo con motivo de estas expresiones el Consejo General del INE, por orden de la Sala Superior del TEPJF, tuvo que conocer en pleno una solicitud de medida cautelar en contra del Presidente por las referencias electorales que hiciera en una Mañanera de diciembre pasado. Para tutelar la equidad en la competencia, el INE ha ordenado a AMLO que “en el mecanismo de comunicación gubernamental se abstenga de realizar conductas que involucren manifestaciones cuyo contenido pueden ser de naturaleza electoral, en apego a lo dispuesto por el párrafo séptimo del artículo 134 de la Constitución”. Esta determinación preventiva de carácter inhibitorio, como era de esperarse, fue impugnada por el partido del Presidente y por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
Paradojas de la vida: Quince años después de aquella campaña de 2006 López Obrador es quien ahora ejerce el poder. El Presidente es ahora quien construye su política por medio de las Mañaneras. Ahora, el presidente pasó de ser una víctima del poder mediático a un actor que debe ceñirse a las reglas que prohiben abusar del poder para beneficio propio o del partido en el gobierno. Aunque algunos pensemos que deberíamos privilegiar la libre circulación de las ideas y las opiniones, no podemos desconocer el alcance de las normas constitucionales. Sólo esperemos que el Tribunal Electoral logre otorgar más peso a la equidad en la contienda que al inmenso poder mediático del Presidente de la República.