Cuestionamientos al Incremento del Presupuesto Judicial: Debate Entre Poderes

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, expresó que la reciente sesión solemne del Poder Judicial, en la que la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, solicitó un aumento del 4% en el presupuesto para el Poder Judicial, parece contener connotaciones amenazantes y señales de influencia indebida hacia el poder legislativo.

Mier mencionó en una conferencia de prensa que considera esta situación como lamentable y preocupante, ya que da la impresión de que la intención de la presidencia de la Suprema Corte es transmitir un mensaje de que sin el presupuesto solicitado, la justicia en México podría verse comprometida. El líder de Morena también cuestionó el hecho de que estas comunicaciones se estén realizando a través de mensajes en lugar de utilizar canales de comunicación más transparentes y abiertos, como oficios y sesiones de debate público.

En su discurso, Piña Hernández declaró haber pedido un total de 84,794 millones 400 mil pesos, afirmando que este monto es necesario para garantizar la estabilidad democrática y la transmisión pacífica del poder en México. Estas afirmaciones llevaron a Mier a preguntarse si la estabilidad del país está condicionada a la aprobación de este presupuesto en los términos propuestos por la SCJN.

El coordinador de Morena señaló que en repetidas ocasiones ha invitado a la Presidente de la Suprema Corte a la Cámara de Diputados para discutir estos asuntos, pero ella no ha accedido a participar. Debido a esta negativa, Mier anunció que ahora la citarán para que explique detalladamente el presupuesto y los gastos relacionados con su labor.

Sobre la pregunta de si Morena y sus aliados aprobarán o rechazarán la propuesta presupuestaria, Mier mencionó que aún no es el momento adecuado para tomar una decisión y que analizarán la propuesta en el momento oportuno. Aunque aseguró que no buscan asfixiar al poder judicial, dejó en claro que investigarán a fondo y que cuentan con información que destaca ciertos gastos excesivos de algunos miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Controversia por tuit de diputada Morenista sobre petición de la SCJN a la Guardia Nacional

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La diputada federal del partido Morena, Andrea Chávez, generó controversia en redes sociales y entre la oposición debido a un tuit en el que cuestiona la solicitud de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que la Guardia Nacional resguarde sus instalaciones.

La ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, solicitó al gobierno federal apoyo de seguridad para proteger las instalaciones del máximo tribunal debido a una manifestación anunciada en el lugar, según informó el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, quien sustituyó al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera.

Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional, la policía militar y la seguridad pública de la Ciudad de México se movilizaron cerca de la Corte.

La diputada Andrea Chávez, quien también es secretaria nacional de Comunicación del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, criticó en Twitter la solicitud de la SCJN, la cual la semana pasada invalidó la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional.

«El Srio. de Gobernación @adan_augusto informa que la Ministra Piña solicitó la presencia de la Guardia Nacional para el resguardo de la SCJN. Primero votan en contra de este cuerpo de seguridad y luego, con la hipocresía que les caracteriza, piden su ayuda. Cínicos», tuiteó Chávez.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

Perfila SCJN, nuevamente, salvar a “el Bronco”

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) perfila, nuevamente, un proyecto que salvaría al gobernador Jaime Rodríguez Calderón “el Bronco” y al secretario de Gobierno, Manuel González, del procedimiento de sanción que se les inició en el Congreso de Nuevo León por el caso de las “broncofirmas”.

De acuerdo al proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara, las reglas procesales del Congreso local para castigar a los funcionarios deben ser declaradas inválidas por no ajustarse a los procedimientos constitucionales.

“Por ellos resulta una intromisión indebida del Congreso local en el funcionamiento del Poder Ejecutivo”, se señala en la resolución de la controversia constitucional interpuesta por el Ejecutivo que está programada para su votación este miércoles.

Para ser aprobada, la propuesta debe recibir tres votos a favor de los cinco ministros.

De acuerdo a una fuente consultada por este medio, las ministras Margarita Ríos-Farjat y Norma Piña creen que el asunto debe sobreseerse por su naturaleza electoral, mientras que los ministros González Alcántara y Ortíz Mena dicen que deben declararse inconstitucionales los actos del Congreso para sancionar al Gobernador; el voto decisivo lo tendría el Ministro Pardo Rebolledo, mismo que en diversos precedentes ha establecido que la SCJN no debe conocer asuntos que tengan que ver directa o indirectamente con la materia electoral, además de que la SCJN no puede contrariar las órdenes del Tribunal Electoral al ser sus resoluciones cosa juzgada, mucho menos variar, modificar o interpretar las mismas.

En lo específico, el Ministro Pardo Rebolledo aunque no se ha decantado en su sentido del voto, se prevé que aplique sus precedentes en diversos asuntos parecidos y muy recientes, donde ha decidido sobreseer los expedientes porque se tratan de cuestiones electorales y de cosas ya juzgadas; por lo que ante su voto por el sobreseimiento, el Congreso del Estado tendría la vía libre y sin ningún impedimento jurídico para sancionar al Gobernador y al Secretario de Gobierno.

El 15 de julio, González retiró su proyecto, por no contar con apoyo suficiente, mismo que también daba la razón al mandatario de Nuevo León.

En el proyecto se planteaba una ruta alterna que pasaba por el Congreso Federal y un posible juicio político a nivel local.

En esta ocasión se propone que el Congreso local regularice el proceso para cumplir la orden de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de castigar el uso de recursos públicos para recabar firmas para la campaña presidencial de Rodríguez Calderón.

Rechaza SCJN proyecto sobre aborto en Veracruz

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó hoy un proyecto que ordenaba al Congreso de Veracruz despenalizar el aborto en las primeras doce semanas de gestación.

Con cuatro votos en contra y una a favor, fluidos los de dos Ministras, la SCJN rechazó la propuesta del Ministro Juan Luis González Alcántara, que indicaba que mantener penalizado el aborto viola tratados internacionales que prohiben discriminar a las mujeres.

En cuanto a la mayoría de los ministros no se pronunciaron sobre la penalización, sino que consideraron que el amparo promovido por organizaciones no gubernamentales de Veracruz, es improcedente, pues no existe la omisión legislativa propuesta por González Alcántara.

“La Corte ha establecido que existe omisión cuando hay mandato constitucional o legal de legislar en un sentido y en un pazo. Ese ha sido el criterio. La Corte no puede sustituir al Congreso para ordenarle un contenido legislativo específico, porque no existe un mandato Constitucional de legislar en ese sentido”, explicó la ministra Norma Piña.

Piña enfatizó que, incluso si existiera tal mandato, los Ministros no podrían ordenarle a la legislatura cuál es el contenido que debería tener la norma.

“La Corte incurriría en activismo judicial, que desbordaría por mucho sus facultades constitucionales”.

Por su parte, la ministra Margarita Ríos-Farjat, coincidió con Piña en que no hay omisión, porque la interrupción del embarazo sí está normada en Veracruz.

“Hay un problema técnico jurídico que me impide pronunciarme sobre el fondo del asunto”, señaló.

Los Ministros Jorge Pardo y Alfredo Gutiérrez también votaron en contra del proyecto y por ala improcedencia del amparo, sin hacer juicios sobre la legislación vigente en Veracruz.

La Corte nunca ha aprobado una sentencia que condene la penalización del aborto.

En 2016, el Ministro Arturo Zaldívar propuso a la Sala amparar a una mujer que impugnó la penalización, pero ese proyecto también fue rechazado, por que la quejosa no fue acusada por ese delito.

Mientras que en el 2008, el Pleno de la Corte avaló, por 8 votos contra 3, la despenalización del aborto en la Ciudad de México, pero con opiniones distintas de cada uno de los ministros de la mayoría y sin generar jurisprudencia.

El proyecto del ministro González Alcántara se basaba en los tratados de la ONU y de la Organización de Estados Americanos (OEA) para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres.

Ninguno de ellos prohíbe expresamente penalizar el aborto, pero en la sesión de hoy, González Alcántara insistió que Veracruz ha incurrido en omisión legislativa, porque mantener dicha sanción desconoce el amplio alcance del derecho a la salud y la libertad reproductiva de las mujeres.

“Para esta Primera Sala, la prohibición total de la interrupción del embarazo, vía tipificación penal, es una barrera que genera discriminación en contra de las mujeres en relación con el acceso al derecho a la salud. Las decisiones de la mujer durante el periodo de las primeras doce semanas del embarazo, previos al periodo fetal, son parte de su esfera privada que no está sujeta a la potestad sancionadora del Estado. Por lo tanto, no es acorde con las obligaciones convencionales aparejar una sanción penal por la interrupción del embarazo este periodo”, se leía en el proyecto propuesto.

En Veracruz la mujer que aborta voluntariamente no enfrenta cárcel, pero sí “tratamiento en libertad, consistente en medidas educativas y de salud”.

“Sancionar el aborto con una ‘medida educativa’ o ‘de salud’, por subyacentes un reproche penal, también son formas de infantilizar a la mujer, puesto que ponen en tela de juicio su capacidad decisoria y prejuzgan que la decisión que tomó en relación con su cuerpo no es adecuada, razonamiento que es esterotípico”, dice el proyecto.

(Con información de Grupo Reforma)