Corte avala cateos policiales sin necesidad de un permiso

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En sesión de este martes, los ministros continuaron con el análisis de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el entonces Instituto Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los ministros votaron -ocho a favor y tres en contra- para aprobar el proyecto del ministro Javier Laynez Potisek, quien propuso declarar infundados los argumentos de la CNDH quien pedía declarar inválidos diversos artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El ministro Fernando Franco González Salas, destacó que el Código Nacional de Procedimientos Penales no establece -ni siquiera- lineamientos básicos que regulen el accionar de las autoridades en relación con estas figuras, “y me preocupa mucho, porque al final del día creo que esto es fundamental”.

En contraparte, la ministra, Margarita Luna Ramos, enfatizó que el artículo 132 señala que son obligaciones de la policía, practicar las inspecciones y otros actos de investigación, así como reportar sus resultados al ministerio público, en aquellos que se requiera autorización judicial, deberá solicitarla a través del ministerio público.

En este caso, el ministro presiente, Luis María Aguilar estuvo a favor del proyecto, indicando que la medida es idónea, en virtud de que permite a la policía recolectar datos de prueba que podrán servir para investigación de delitos y también para su prevención y persecución.

Con esta resolución la SCJN establece que son constitucionales estas inspecciones sin que exista una orden escrita previa, empero, siempre que exista sospecha razonable de que en ese mismo momento se está ante la comisión de un delito o cuando haya una suposición razonable de que el individuo oculta entre sus ropas o que lleva adheridos a su cuerpo instrumentos, objetos o productos relacionados con el hecho considerado como delito que se investiga.

Por el contrario, el agente policial deberá aportar de manera clara y concatenada los hechos y datos con los que contaba, para suponer que la persona en cuestión estaba cometiendo en ese momento una conducta ilícita.

Finalmente, la Corte señaló que los criterios adoptados no son aplicables a las revisiones e inspecciones preventivas en espacios públicos, retenes, aeropuertos, puertos y transporte público, por corresponder a otros parámetros constitucionales.

 

Juez amplia 6 meses proceso a Javier Duarte; rechaza datos bancarios

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El juicio contra el ex gobernador de VeracruzJavier Duarte, se reanudará hasta después de temporada electoral. El juez Gerardo García Moreno concedió un plazo de seis meses como prórroga a la investigación complementaria para la defensa y para el equipo de la Procuraduría General de la República por el desvío de mil 670 millones de pesos.

El plazo ampliado comprende del 1 de febrero y al 31 de julio, se dictó en la audiencia celebrada este miércoles en la Sala Dos de los juzgados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en el Reclusorio Norte.

Un golpe para el Ministerio Público federal fue la negativa del juez de someter a una medida de “control judicial” los estados de cuenta de Duarte de Ochoa entregados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). Es decir, la parta acusadora solicitó a un juez se reintegrara toda la información ya existente a la carpeta de investigación. Pero esto no procede.

La Suprema Corte decretó en noviembre pasado, que la obtención de datos bancarios requiere autorización judicial.

El Ministerio Público informó que después de seis meses sólo solicitaron el apoyo internacional del gobierno de Suiza, donde se presume el político cordobés tiene cuentas con prestanombres.

La defensa de Duarte de Ochoa buscó invalidar las pruebas bancarias presentadas por el Ministerio Público. Argumentaron que se violó el derecho a la privacidad de su defendido pues la prueba fue recaba con antelación y sin autorización judicial.

El abogado Marco Antonio del Toro fundamentó su argumento en los artículos 152 y 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Por su parte, con el 97 del CNPP dijo que “cualquier acto que haya violado los Derechos Humanos será inválido”. Dichas pruebas de la Comisión Bancaria fueron obtenidas violando el derecho a la privacidad del ex gobernador y, a decir de Del Toro, tenían que ser removidas.

La PGR pide permiso para indagar nueva información bancaria de Duarte

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La Procuraduría General de la República (PGR) pidió al juez que lleva el proceso contra Javier Duarte, autorización para indagar en nuevos datos bancarios del ex gobernador de Veracruz.

Durante la audiencia de este jueves, los fiscales solicitaron al juez autorización para pedir a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores más datos sobre las cuentas del ex mandatario acusado del desvío de recursos públicos.

Sin embargo, la defensa de Duarte de Ochoa señaló que no fueron notificados con 48 horas de anticipacion, como marca el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto fue notificado por escrito al juez, por lo que la defensa del expriista no se presentó.

El juez Gerardo Moreno concluyó que la defensa tiene razón y que no fue notificada como corresponde, por lo que difirió la audiencia para el próximo 31 de enero a las 10 de la mañana.

Los fiscales de la PGR argumentaron durante la audiencia que el periodo de investigación complementaria termina el próximo lunes 22 de enero y que la nueva fecha de audiencia para solicitar a la CNBV queda fuera del plazo.

El juez pospuso para el 31 de enero la audiencia en la que se definirá si se autoriza o no a la PGR pedir a la CNBV nuevos datos en el caso Javier Duarte.

Además dijo que enviará una solicitud al director del Reclusorio Norte para que explique por qué no se presentó a Javier Duarte en la sala de audiencias este viernes.

Tras la decisión del juez, la PGR analiza solicitar al juez una ampliación del plazo de investigación pues este vence el próximo 22 de enero. Los fiscales pueden solicitar hasta 6 meses más. El juez definirá si lo concede o no en una nueva audiencia.

Propuestas para una mejor Ciberseguridad en México

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En México el acceso a internet es un derecho constitucional, se trata de una tecnología que ofrece ventajas sustanciales para el desarrollo humano contemporáneo, y por tanto se tutela este derecho, al mismo tiempo se ha hecho necesario encontrar el modo de proteger a las personas y a la organizaciones de una serie de delitos que utilizan estas tecnologías para causar daños, obtener beneficios ilegales e incluso realizar ataques a infraestructuras sensibles a los países. La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información en los Hogares de 2016 del INEGI, señala que en México 81 millones son usuarios de un celular, de estos  60.6 millones utilizan un teléfono inteligente o Smartphone: un incremento de 9.7 por ciento sólo entre 2015 y 2016.

A la par que las personas y las organizaciones tienen acceso a voz, texto e imágenes que facilitan sus comunicaciones, información, interacción y la posibilidad de realizar todo tipo de transacciones económicas, ocurre que están expuestas a una serie de delitos de nueva generación en el orden digital. Las pérdidas a la economía mexicana fueron de 3 mil millones de dólares en el año 2013, al año siguiente 10 millones de persona en México fueron víctimas de cibercrímenes. De acuerdo a reportes de Ciberseguridad de Norton, 689 millones de personas fueron víctimas de algún ciberdelito en el mundo en el año 2016, de estas 22.4 millones son mexicanas; ahí se calcula que el costo de los cibercrímenes en 21 países seleccionados fue próximo a 126 mil millones de dólares: 5.5 mil millones se obtuvieron como resultado de crímenes cometidos en nuestro territorio; las causas más recurrentes en México fueron: robo de equipo celular (33%), falta de contraseñas seguras (26%) y correos hackeados (20%).

Por esta razón, y considerándose garantizar los derechos humanos, la libertad de expresión y la privacidad de personas y organizaciones, la diputada federal Sofía González Torres del PVEM y el que escribe estas líneas del PRD en la Cámara de Diputados, propusimos una reforma al Código Penal Federal y al Código Nacional de Procedimientos Penales con varios propósitos públicos.

En el Código Penal Federal se propuso; a) una reingeniería normativa a los delitos con sistemas informáticos o cometidos con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación; b) confrontar con más elementos la pornografía infantil; perfeccionar el texto normativo en los delitos de Acceso ilícito a sistemas y equipos de informática; incorporar un delito, respecto al que intercepte datos informáticos, información o comunicaciones dirigidas, originadas o efectuadas en o dentro de un sistema informático o sistema que utilice sistemas de tecnologías de información y comunicación incluidas las emisiones electromagnéticas que transportan datos, información o comunicaciones; e incorporar un Capítulo III que agruparía a los Delitos Informáticos, los cuales se tipifican en: con el Abuso de Dispositivos; con la falsificación Informática; y con la Usurpación de Identidad Ajena. De igual forma, se adiciona una fracción XXII en el artículo 387 para tipificar el fraude informático.

En materia adjetiva penal, se adiciona una Sección VII relativa a los actos de investigación para obtener evidencias digitales en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que agilizará la obtención de los medios de prueba para integrar las investigaciones de los delitos de manera ágil, eficaz y expedita acorde a las necesidades que nuestro mundo digital y nuestra ciudadanía nos demanda; además de otras disposiciones que permitirán tener una legislación robusta en beneficio de las personas y las organizaciones en México para que las autoridades puedan perseguir estos delitos con mayores capacidades.

Ahora Javier Duarte apela la decisión de vincularlo a proceso

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Los abogados de Javier Duarte, encabezados por Marco del Toro, apelaron la decisión de un juez federal, quien determinó vincular a proceso al ex gobernador de Veracruz por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.

“Los abogados de Javier Duarte presentaron la apelación vía electrónica al juez de control Gerardo Moreno García, del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte la tarde de este miércoles 26 de julio“, lo anterior ante información en poder de Animal Político.

La defensa argumentó a su criterio que no se cumplían los requisitos legales del Código Nacional de Procedimientos Penales.

La ineptitud de la PGR ante el caso Duarte, se hace notar tras el argumento de los abogados de Javier Duarte es que mientras en la audiencia inicial sólo le informaron de una suma de 38.5 millones de pesos, procedentes de desvíos del erario, en la audiencia de vinculación a proceso se refirió mil 650 millones con el mismo origen.

El juez remitirá la impugnación a un tribunal unitario penal en la Ciudad de México, el cual decidirá si el fallo de vinculación a proceso debe ser confirmado, modificado o revocado.

En caso de que el tribunal unitario ratifique el fallo del juez que lleva el caso, Javier Duarte y sus abogados podrían presentar un recurso de amparo para recurrir la vinculación a proceso.