Advierten que darán 13.5 años de prisión por outsourcing ilegal

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El Procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, advirtió que quienes recurran a esquemas de subcontratación ilegal enfrentarán penas de 13.5 años de cárcel debido a que esta práctica se considerará un delito calificado.

Al participar en el segundo día del Parlamento Abierto en el tema de subcontratación, organizado por la Cámara de Diputados, Romero aseguró que parte de las propuestas de la iniciativa de reforma en materia de outsourcing que envió el Ejecutivo federal para su discusión incluye tipificar como delito calificado esta práctica.

“El mensaje debe ser claro, las simulaciones de esta índole serán sancionadas con penas de prisión agravadas. Por ende, una de las propuestas consiste en modificar el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, estableciendo una calificativa específica para los actos de defraudación fiscal emitidos a través de la subcontratación de personal o la simulación de servicios especializados”, señaló el funcionario.

Aseguró que el que un delito sea calificado significa que las prestadoras acusadas de cometerlo llevarán su proceso en prisión preventiva cuando se trate de montos superiores a 7.8 millones de pesos, lo cual está de conformidad con la reforma penal fiscal que entró en vigor el 1 de enero de 2020.

“La iniciativa tiene por objeto esclarecer una calificativa específica para este tipo de casos. Manda un mensaje claro a la población con el efecto de inhibir estas prácticas. quien sea condenado por un delito calificado recibirá penas de hasta 13.5 años de prisión, pero además, cuando estemos ante grupos de tres o más personas que ejecuten estos esquemas de manera reiterada y permanente, serán procesados por delincuencia organizada. Esto también va en congruencia con la reforma penal fiscal que entró en vigor el 1 de enero de este año”, explicó Romero.

Agregó, que la intención del Gobierno es terminar con prácticas que abonan a incrementar los casos de defraudación fiscal como la subcontratación de personal y la simulación de prestaciones de servicios especializados.

“Este problema trastoca los derechos más elementales de trabajadores y ocasiona grandes problemas al fisco”, indicó.

Citó cifras de la Secretaría de Trabajo (STPS), la cual ha señalado que en el papis existen cerca de 6 mil empresas de subcontratación abusiva que evaden el pago de impuestos por 21 mil millones de pesos.

También, aseguró que se tienen detectadas mil 200 empresas con distinto esquemas de subcontratación ilegal, las cuales concentran 862 mil 489 trabajadores que se ven afectados en sus derechos laborales.

“Son subcontrataciones basadas en el engaño porque están basadas en aparentar la subcontratación de sus propios empleados para eludir el pago del impuesto sobre la renta y acreditar el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de manera ilegal”.

Va Morena por impuestos al refresco, herencias e ingresos

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El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República contempla en su agenda legislativa gravar las gerencias, aumentar un 317% el impuesto al refresco y abrir la discusión sobre progresividad fiscal en busca d cobrar más a los sectores de mayores ingresos.

En su agenda legislativa, destacan la reforma para gravar las herencias y alentar una política de progresividad fiscal.

En el apartado Economía y sistema Financiero, se prevé una reforma al Código Fiscal de la Federación para establecer un impuesto a la Herencia, aunque no se dan detalles a fondo del mismo.

En el mismo capítulo aparecen dos puntos orientados a promover reformas en materia de progresividad, que en los hechos no es más que un aumento a los impuestos, ya sea entre empresas o personas físicas de mayores ingresos.

Entre otras de las propuestas, se contempla dar mayores facilidades de pago de impuestos para los segmentos de menor ingreso.

El senador morenista, Salomón Jara, agendó ayer una propuesta de ley para aumentar de 1.20 pesos a 5 pesos el impuesto por litro de refresco.

“Es momento de realizar un ajuste sustancial e incrementar significativamente el impuesto a bebidas saborizadas y alimentos no básicos de alta densidad calórica. al incrementar el impuesto de 1.20 pesos a 5 pesos por litro de refresco, de 8 a 25 por ciento, el Gobierno podría tener recursos para aumentar la disponibilidad de agua potable, promover el consumo de bebidas y comidas saludables, mejorar la atención a la salud y promover cambios en la agricultura e industria hacia comidas y bebidas saludables”, expuso el senador.

Por su parte, el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, dijo esta semana que era inevitable que se discutiera en el periodo ordinario de sesiones que comenzó ayer, la adopción de una reforma fiscal de carácter progresiva, vista la severidad de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19.

“A pesar de que el presidente hizo un ofrecimiento de que no enviaría ninguna iniciativa de carácter fiscal en los primeros tres años, la terca realidad se nos impondrá y tenemos que revisar con mucha urgencia la política fiscal progresiva”, señaló Monreal.

El morenista sostuvo el domingo pasado que no sabía si la revisión de dicha política fiscal contemplaría nuevos impuestos.

“La política fiscal es que tengan que pagar más lo que más tienen, capital, ingresos, y no es nuevo ni tampoco es comunismo”, dijo.

Cabe señalar que esto va en contra de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no buscar incrementar impuestos al menos en sus primeros tres años de Gobierno.

Operaciones inexistente. Intimidación regulada.

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En sesión de 15 de octubre de 2019, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, aprobó la iniciativa de proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, de la Ley de Seguridad Nacional, del Código Nacional de Procedimientos Penales, del Código Fiscal de la Federación y del Código Penal Federal.

De la iniciativa en cuestión, destaco los aspectos que conciernen al tema de la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes falsas o actos jurídicos simulados.

Estableciéndose al respecto, que la expedición, venta, enajenación, compra o adquisición de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados cuando el importe causado sea mayor de $7´804,230.00, amerita prisión preventiva oficiosa; para lo cual será necesario querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De igual forma, que las conductas antes descritas, tendrán como sanción dos a nueve años de prisión.

Y demás, que cuando en el proceso de compra y venta de comprobantes fiscales que consignan operaciones inexistentes, sea participe un servidor público en el ejercicio de sus funciones, éste será destituido del empleo e inhabilitado por un periodo de uno a diez años para desempeñar cualquier cargo o comisión en la función pública.

Al respecto, considero que las reformas apuntadas constituyen un modelo inquisitivo que amedrenta a los contribuyentes.

Lo anterior es así, en la medida en que bajo el argumento de combatir actividades ilícitas que atentan contra el fisco federal, el Estado pretende sancionar penalmente, y de manera severa, actos que en ocasiones no derivan propiamente de conductas u omisiones ilegales a cargo de los contribuyentes, sino de una indebida valoración y análisis que las autoridades fiscales participes de los procedimientos de fiscalización, realizan a los elementos que aquellos le aportan.

Valoración que la autoridad tributaria, partiendo de un principio meramente recaudatorio, realiza en gran medida exigiendo mayores requisitos y elementos de los previstos en las disposiciones fiscales aplicables; y que en consecuencia, dan pauta a considerar de manera arbitraria que los comprobantes fiscales observados amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.

Con esto, la reforma en cuestión da lugar a que se intimide a los contribuyentes no sólo con ser sujetos de procedimientos administrativos, sino también de un proceso penal en el que previamente interviene la discrecionalidad del fisco federal.

Cuando puede darse el caso que el afectado acredite la materialidad de las operaciones en el ámbito fiscal, anulando en consecuencia la determinación de la autoridad tributaria en ese sentido; y sin embargo, sea condenado en el procedimiento penal que derivó, precisamente, de la querella presentada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Preocupando también, que lejos de que sea requisito la existencia un daño superior a los $7´804,230.00, se deja a la discrecionalidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, establecer los parámetros para decidir en qué casos denunciará penalmente ese delito, pudiendo ser un mecanismo de persecución contra determinados contribuyentes.

Por lo tanto, considero excesivo, intimidante y arbitrario el contenido de las reformas aprobadas por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.

Sin que lo anterior implique un desconocimiento de la existencia de la actividad de compra y venta de facturas con fines fiscales, ni mucho menos estoy en contra de modelos que buscan sancionar y neutralizar tales esquemas; sino discrepo en que el Estado pretenda, mediante la inclusión de un tipo penal, atemorizar y opresar a los contribuyentes con sanciones privativas de la libertad, cuando la calificación de ello depende, en principio, de un criterio interpretativo y valorativo por parte de las autoridades fiscales.

En fin, por el momento sólo queda esperar a la promulgación del proyecto de iniciativa de reforma y su publicación en el medio de difusión oficial.

SAT será inquisidor de contribuyentes, acusa Coparmex

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Según la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) se vuelve inquisidor de los contribuyentes con medidas como la Revelación de Esquemas Reportables, la cual se pretende incorporar en el Código Fiscal de la Federación (CFF).

“Las autoridades fiscales tendrán nuevos dientes con los que se vuelven inquisidores de los contribuyentes, sobre todo, cuando éstos decidan realizar la planificación fiscal internamente”, explica Gustavo de Hoyos, presidente del Coparmex.

Por ejemplo, el Título Sexto sobre la Revelación de Esquemas Reportables obligaría a los asesores fiscales a reportar ante el SAT las estrategias que ellos recomienden a sus clientes para que éstos reciban beneficios fiscales.

Asimismo, la Revelación de Esquemas Reportables, ya sea generalizado para varios clientes o personalizado para uno solo, exigirá que el asesor y el contribuyente notifiquen al SAT la totalidad de actos jurídicos que llevarán a cabo. También tendrán que solicitar previamente la opinión favorable de la autoridad fiscal.

“Ahora el SAT, reconvertido en una especie de juzgado, podrá calificar la estrategia como positiva o declararla ilegal, en un proceso que puede prolongarse hasta los ocho meses. En el segundo caso y una vez notificado por el asesor, el cliente podrá recurrir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) para intentar impugnar la decisión, volviendo el procedimiento profundamente burocrático y peligrosamente invasivo”, dijo De Hoyos.

A causa de esta medida, se pondrá en peligro la profesión de intermediación fiscal, la cual consiste en asesorar a las empresas y otros tipos de contribuyentes con el fin de diseñar un conjunto de acciones que permita enfrentar eficientemente las cargas tributarias.

 

Con información de El Norte.

Diputados endurecen penas por venta de facturas falsas; hasta 6 años de prisión

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Con 417 votos a favor, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad las reformas y adiciones al Código Fiscal de la Federación para sancionar con una pena de entre tres y seis años de prisión a quien expida o enajene facturas que amparen operaciones inexistentes o falsas, así como actos jurídicos simulados.

El decreto turnado al Ejecutivo para su publicación y entrada en vigor prevé asimismo un castigo de tres a seis meses de cárcel para quienes adquieran dichos comprobantes.

Al fundamentar el proyecto en tribuna, la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Patricia Terrazas, subrayó que en los últimos años se ha incrementado notablemente el número de empresas que expiden facturas para amparar operaciones falsas.

Calificó de grave la evasión fiscal perpetrada por esa vía y anticipó que los integrantes de la comisión a su cargo presentarán próximamente una iniciativa para inhibir y combatir dichas prácticas ilegales.

Las modificaciones al Código Fiscal de la Federación pretenden desincentivar la comisión del delito de emisión de facturas para simular operaciones inexistentes, así como fortalecer los mecanismos de vigilancia y control para erradicar la corrupción en la prestación de servicios o adquisición de bienes.

Subraya que, en los últimos años, se ha incrementado el número de empresas que emiten comprobantes fiscales que amparan operaciones simuladas con el fin de obtener beneficios ilegales.

“El SAT considera que la principal causa de la caída en la recaudación se debe a las operaciones simuladas por las Empresas Deductoras de Operaciones Simuladas (EDOS), como son incrementar indebidamente las deducciones, solicitar devoluciones de IVA por dichas operaciones, facturar mercancías que no pagaron impuestos por su importación y el lavado de dinero”, señala el documento.

Desata PRI confrontación en cámara exhibe a partidos contrarios.

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La sesión de la Cámara de Diputados se suspendió de manera momentánea, luego de que diputados de Morena retiraron de manera airada pancartas contra Andrés Manuel López Obrador, que exhibieron priistas en tribuna.

Legisladores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aprovecharon la exposición de la iniciativa sobre reformas al Código Fiscal de la Federación por su diputada Angélica Mondragón Orozco para evidenciar con pancartas que PAN, PRD y Morena no han cumplido con renunciar a su financiamiento para los damnificados.

Esto generó, que las diputadas Paula Feliz y Patricia Aceves, de Morena, se apoderaran de algunas de ellas, las que se dirigían contra su líder. En respuesta, las legisladoras priistas Gloria Hernandez y Paz Quiñonez las siguieron para recuperar sus mantas.

Eso provocó que el presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez Marín llamara al orden, pero los ánimos estaban ya encendidos defendiendo cada uno sus posturas en el tema de las pancartas.

El político yucateco pidió a los legisladores retirar las pancartas de tribuna, mientras que el diputado de Morena, Cuitláhuac Garcia mostraba una contra el PRI y PAN a un costado del propio presidente de la Mesa Directiva.

Desde su curul, la líder de los diputados de Morena, Roció Nahle, reiteró su respeto a las expresiones de todos los grupos parlamentarios.

Previamente , la diputada Mondragón Orozco exigió desde la tribuna al PAN, PRD y Morena renunciar a sus prerrogativas de este año para ser destinadas a apoyar a los damnificados de los sismos del 7 y 19 de septiembre.

Advirtió que ante la tragedia, debemos actuar con sensibilidad y sentido de responsabilidad, privilegiando, por encima de todo, el interés superior de la nación.

Posteriormente de los hechos, el presidente de la Mesa Directiva determinó reanudar la sesión, misma que desde inicio de esta Legislatura, la bancada de Morena ha exhibido pancartas contra el PRI.