Ya hay un primer posible comprador del avión presidencial

Comparte este artículo:

El empresario y aspirante independiente a la presidencia de la República, Gustavo Jiménez Pons, dueño de la empresa de aviación privada GBS Air Enterprise, hizo una oferta para comprar el avión presidencial.

Jiménez Pons está dispuesto a pagar hasta mil 900 millones de pesos a Andrés Manuel López Obrador por la aeronave, señala Milenio.

Detalló que pretende utilizarla como taxi aéreo VIP, a un costo de 20 mil pesos la hora, en su empresa, cita Reforma.

En la carta que entregó en manos de Leticia Ramírez, encargada de atención ciudadana de López Obrador, el empresario que se dedica a los servicios de taxis aéreos, también propone al presidente electo pueda hacer uso del avión presidencial y que el gobierno solo pague los gastos de vuelo y operación de la aeronave.

Además, se interesan en tener en arrendamiento las instalaciones del denominado hangar presidencial para tener la aeronave en dicho espacio y de ser posible subcontratar los servicios del personal que dan mantenimiento al TP01.

La propuesta incluye representar al gobierno para comercializar las demás aeronaves de la flotilla de la administración federal, así como la compra de alguna de estas.

El empresario fue candidato del Partido Social Demócrata a la jefatura de gobierno de la ciudad de México en 2006 y en estas elecciones presidenciales de julio, aspiró a la presidencia de la República por la vía independiente, pero no logró reunir las firmas ciudadanas requeridas.

“Entregamos la formal intención de GBS Enterprises y nuestros socios comerciales de adquirir dicho bien nacional en condiciones que resulten favorables para el Estado mexicano“, indicó.

Jiménez Pons, quien afirmó que su empresa opera desde 2008, dijo que el plan de negocios para ese avión TP01 será para uso VIP y de aeronaves de lujo.

Aclaró también que Rogelio Jiménez Pons, quien se perfila como encargado de Fonatur en la administración de López Obrador, es su tío, pero tiene años de no dirigirse la palabra por diferencias personales.

López Obrador ha dicho reiteradamente que el avión presidencial se va a vender una vez que él sea Presidente Constitucional de México.

El costo total del avión (incluyendo ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina, certificaciones y un paquete de refacciones) fue de 218.7 millones de dólares.

Al mismo tiempo de la compra del avión se firmó un contrato de arrendamiento financiero entre Banobras y el Gobierno Federal por 15 años.

Al final de ese periodo, la aeronave formará parte de los activos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se explica que la adquisición del avión presidencial será amortizada durante los 15 años con dos pagos anuales, uno de 45 millones de pesos, por operación y mantenimiento; y un pago por el arrendamiento entre 4.6 y 451.4 millones de pesos, por lo que se espera que la aeronave tenga un costo total de siete mil 560 millones de pesos.

AMLO defiende entrega de contratos a Rioboó

Comparte este artículo:

El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador defendió la entrega de contratos (por adjudicación directa) al contratista José Manuel Rioboó, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues dijo que se dieron “de conformidad con la ley” y que fueron auditados en varias ocasiones.

Luego de que el candidato presidencial por la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, acusara que López Obrador otorgó estas adjudicaciones por 170 millones de pesos al contratista, principalmente para la construcción de los segundos pisos,  el fundador de Morena respondió que Rioboó “era el mejor estructuralista para construirlos”.

“Cuando decidimos hacer los segundos pisos esta empresa (la de Rioboó) tenía la especialidad, por eso se le entregó este contrato, pero fue otorgado de conformidad con la ley y fue auditado muchas veces”, dijo López Obrador, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

El candidato incluso insistió en que el Fideicomiso de los segundos pisos estaba en Banobras, en ese entonces dirigida por el ex presidente Felipe Calderón.

De acuerdo con documentación oficial revisada por Verificado.mx,  la compañía Rioboo SA de CV sí recibió, entre 2002 y 2005, cuatro adjudicaciones directas por un monto de 171 millones de pesos, todas para la construcción del Segundo Piso del Periférico, dos de ellas cuando López Obrador ya había dejado el cargo de jefe de Gobierno capitalino.

Las cuatro adjudicaciones fueron otorgadas a través del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC), creado el 21 de diciembre de 2001 por la Secretaría de Finanzas capitalina.

Gobierno estatal acuerda periodo extraordinario con el Congreso local.

Comparte este artículo:

El día de ayer jueves 03 de Junio, el Gobierno estatal aseguró que ya llego a un acuerdo con el Congreso local para realizar un periodo extraordinario el 16 de Agosto próximo para atender las peticiones de endeudamiento de la REA, Metrorrey y diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal. 

El Secretario General de Gobierno, Manuel González, afirmó que acordaron con el Poder Legislativo la celebración de un periodo extraordinario y ya enviaron la petición por escrito.

“Les expresamos solicitud de periodo extraordinario, mismo que fue presentado en los días pasados y al parecer tendrá el visto bueno de ellos para el día 16 de Agosto”, expresó González.

“Particularmente se van a discutir las leyes que se convocan por parte del Ejecutivo, que son la Ley de la REA, la Ley que tiene ver con el financiamiento del Metro.

Para la REA se está buscando el aval para controlar un crédito bancario  hasta por 3 mil 800 millones para construir la tercera etapa del Periférico.

En el caso de Metrorrey, se busca controlar un crédito directo  con Banobras por mil 600 millones de pesos para adquirir los vagones para la Línea 3 del Metro. 

El INE no rechaza denuncias en contra del PRI, OHL y entrega de tarjetas

Comparte este artículo:

La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE) rechazó las denuncias impuestas sobre el presunto financiamiento ilegal por parte del PRI a la empresa española OHL.

Al puro estilo proteccionista, el árbitro electoral declaró improcedentes las quejas sobre la supuesta irregularidad de la entrega de tarjetas que realizó el PRI en el Estado de México y Coahuila.

Ciro Murayama, consejero del INE, expresó que las denuncias presentadas por Morena en contra de Alfredo del Mazo y OHL resultaron sin perjurio una vez realizada la investigación, la cual se dio por parte de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF), quien no encontró elementos que vincularan en tal delito en los comicios del Estado de México.

De igual forma y ante la presión de Morena, Ciro Murayama explicó que se decidió darles vista a las distancias de la PGR, la Auditoria Superior de la Federación, la contraloría interna de Banobras y la contraloría interna del Estado de México, con el fin de que indaguen las denuncias presentadas.

Con mayoría de tres votos y dos en contra, se decidió dar como infundadas las denuncias sobre las tarjetas entregas por el PR en el Estado de México y Coahuila, denominadas “Salario Rosa”.

Murayama, quien votara en favor de la declaración del agravio, mencionó que la Comisión de Fiscalización decidió que las tarjetas del PRI no condicionaban la entrega de programas sociales, sino que únicamente era propaganda en los cartoncillos.

El viernes, el Consejo General buscará que se someta a consideración nuevamente el caso del PRI en Coahuila y Estado de México.