AMLO da tamaliza a empresarios y pide hasta 200 mdp para rifa de avión

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El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció una cena a más de 100 empresarios en Palacio Nacional para platicar con ellos de la rifa del Avión Presidencial.

Durante el evento, se repartió una carta compromiso para que adquieran series de billetes de la Lotería Nacional para el sorteo, en el documento les pidió que participen hasta con 200 millones de pesos.

Para López Obrador, el objetivo es que compren cuatro millones de los seis millones de cachitos para la rifa del “avión presidencial”.

A la cena llegaron los famosos “niños gritones” de la Lotería Nacional, mismo que usaron una tómbola para simular la rifa.

Desde hace varias semanas, el presidente había comentado que la idea es que los empresarios puedan apoyar a sus empleados con los cachitos de la rifa que se llevará a cabo el 15 de septiembre.

A los empresarios se les dio una carta compromiso para pedirles que participen con 20, 50, 100 y 200 millones de pesos, en la misiva viene una cuenta bancaria para que hagan la transferencia ya al final se aclara que la Presidencia de la República se hará responsable del cuidado de los datos obtenidos.

En entrevista saliendo de Palacio Nacional, Bosco De la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, confirmó el formato entregado a los empresarios.

“Cada quien libremente, decidió, yo no se qué decidieron los demás, hablé con el director de Banobras y quedó en mandarnos mañana la información de cómo va a ser el procedimiento sobre la compra de “cachitos” para la rifa del avión presidencial”.

Los reporteros le preguntaron si podía enseñar la carta, pero De la Vega respondió que la había dejado en la urna.

Por su parte, Humberto Garza de Famsa confirmó que se les entregó un documento durante la cena con el presidente, aunque señaló que no recuerda las opciones que venían para aportar dinero en la compra de “cachitos”.

Avión Presidencial viene de regreso a México

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Jorge Mendoza, director del Banco Nacional de Obras Públicas (Banobras), informó que el avión presidencial regresará a México luego de permanecer más de un año en Victorville, California, en Estados Unidos, donde recibió trabajos de mantenimiento por 15 millones de pesos.

Durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Mendoza señaló que el regreso de la aeronave tiene como objetivo relanzar los esfuerzos para su compra – venta, debido a que hasta el momento ningún comprador ha formalizado una oferta por la aeronave.

Adicionalmente, con el traslado se busca también ahorrar recursos, debido a que ahora el Boeing 787-8 permanecerá bajo resguardo de la Fuerza Aérea mexicano y será desde el país que se continuarán con las gestiones para lograr su venta.

El titular de Banobras detalló que en junio del 2019 la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con quien el gobierno mexicano colaboró para consolidar la transparencia de las operaciones, identificó 42 compradores potenciales en julio, de los cuales 12 manifestaron interés pero sólo 11 fueron invitados para presentar una propuesta. De los invitado 6 anunciaron posturas formales y la ONU seleccionó 2, mismas que finalmente no prosperaron.

El gobierno federal buscará deshacerse de la aeronave a partir de tres posibles esquemas de comercialización : un comprador único, venta de copropiedad y la renta por horas de vuelo.

Revelan cuenta millonaria que Alfredo del Mazo tenía escondida en Andorra

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El gobernador mexiquense, Alfredo Del Mazo ocultó en 2012 una cuenta con 1.5 millones de euros en Andorra, un país blindado entonces por el secreto bancario.

Así lo refiere una publicación del diario español El País, que da cuenta de que Del Mazo Maza abrió la cuenta como “representante” de la sociedad holandesa Abeodan Corporation, en la Banca Privada de Andorra (BPA).

Sin embargo, en su declaración de bienes de enero de 2017, el mexiquense no mencionó la cuenta, la existencia de la sociedad instrumental holandesa, ni una supuesta participación del 10% en una empresa de estacionamientos llamada PUMASA, S.A. de C.V.

Un acta confidencial de la BPA, fechada el 25 de mayo de 2012, asegura que Del Mazo tenía intención de transferir al pequeño principado europeo hasta 4.5 millones de euros y que 2.5 millones provendrían de recursos “depositados en Suiza” o, al menos, eso fue lo que mencionó.

No obstante, el dinero de la cuenta de Del Mazo en la BPA fue congelado por las autoridades de Andorra en el año 2015, toda vez que dicha institución bancaria fue intervenida por lavado de dinero, pues tenía antecedentes de abrir cuentas a políticos y altos funcionarios a nombre de sociedades instrumentales en paraísos fiscales que, en ocasiones, constituía la propia entidad.

En Andorra, se dio seguimiento a una investigación en contra del mandatario mexiquense por un presunto delito de lavado de dinero.

Las pesquisas duraron dos años. Y, según fuentes judiciales, se acaban de archivar. Por lo cual, los fondos embargados han sido liberados.

Se presume que las autoridades andorranas pidieron apoyo de sus pares en México, pero no obtuvieron datos en contra del extitular del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras).

La justicia mexicana, según El País, abrió en 2018 diligencias y emitió la denominada nota de no ejercicio de la acción penal (neap) misma que fue enviada a la justicia de Andorra a través de un fiscal mexicano.

Los datos recabados por la banca andorrana en la que Del Mazo aperturó la cuenta, señalan que las acciones de PUMASA fueron “por cesión” de uno de los accionistas, el contratista Daniel Madariaga, su “amigo y socio”.

Sin embargo, en el registro de sociedades de México, ni Del Mazo ni Madariaga figuran como accionistas de PUMASA, S.A. Solo aparece uno de los hermanos de este último.

La cuenta representada por Del Mazo en la BPA está vinculada a Madariaga y al salvadoreño Vicente Eduardo Graniello Pérez.

Todos estos personajes han sido investigados por lavado de dinero por la juez andorrana María Ángeles Moreno.

La magistrada ha requerido desde 2018 información a la Fiscalía de México sobre este caso en el marco de las diligencias previas 9000045/2018. Y la respuesta mexicana ha sido que “no hay lugar a la acción penal”.

Canòlic Mingorance, la juez que ha investigado la mayoría de estas cuentas, ha expresado sus quejas por las argucias de las autoridades mexicanas, en especial de la antigua PGR (Procuraduría General de la República) para no responder a las peticiones de auxilio judicial.

Otros priistas que han tenido cuentas en la BPA fueron Oscar Javier Lara Aréchiga, exdiputado sinaloense, y Francisco Arroyo Vieyra, que entre 2012 y 2013 presidió la Mesa Directiva de la Cámara de los Diputados y que fue embajador de México en Uruguay hasta noviembre de 2018.

Cabe mencionar que Del Mazo Maza fue alcalde del municipio mexiquense de Huixquilucan entre 2009 y 2012.

También se desempeñó como director de Banobras entre 2012 y 2015, año en que abrió la cuenta en el pequeño país europeo.

Hay 14 interesados en el avión presidencial: Banobras

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El director del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, dio a conocer que el avión presidencial TP-01 “José María Morelos y Pavón” tiene 14 potenciales compradores de 8 países diferentes.

El titular de Banobras recordó que el pasado 27 d marzo se abrió el registro para posibles compradores en la página de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS).

Detalló que será el próximo 29 de abril, cuando cierre la convocatoria y en mayo concluirán y se deberán entregar los estudios de mercado y avalúos.

 

Otro año, otro desembolso para el Avión Presidencial

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En 2019, el Gobierno federal desembolsará 416.9 millones de pesos por concepto de arrendamiento financiero del avión presidencial, que desde diciembre está “almacenado” en un hangar en los Estados Unidos, pues el actual presidente Andrés Manuel López Obrador se negó a hacer uso de él.

Así lo refiere el Presupuesto de Egresos de la Federación, en el que se establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) recibirá los recursos para continuar con el proyecto de inversión 12071320003 iniciado en 2012, que permitió la compra del Boeing Dreamliner 787-8.

La Sedena tiene la obligación contractual de seguir pagando con recursos del erario las mensualidades del arrendamiento financiero a 15 años pactado con Banobras, que fue la institución que aportó los 3 mil 156 millones de pesos que cobró la empresa Boeing por la manufactura del avión y equipos auxiliares.

El avión pasaría a propiedad de la Sedena una vez que ejerza la opción de compra, que se activa al final del arrendamiento en 2027.

El avión y los equipos por sí solos costaron 3 mil 156 millones de pesos, a los que se deben sumar 2 mil 761 millones por el costo financiero del arrendamiento, según las cifras más recientes de la Secretaría de Hacienda.

La anualidad de 416.9 millones en 2019 es menor en 7.6 por ciento a las de años anteriores, que fueron de 451.5 millones.

El contrato podría vencer anticipadamente si en algún momento Sedena incumple el pago de las mensualidades, lo que obligaría a la dependencia a liquidar a Banobras todo el saldo pendiente de capital e intereses (unos 3 mil 590 millones de pesos) en una sola exhibición.

Adicionalmente, la Sedena también tendrá este año 281.9 millones de pesos para otro arrendamiento firmado en 2015 con Banobras hasta por 2 mil 497 millones de pesos más intereses y comisiones, que sirvió para comprar dos aviones Boeing 737-800 para el Escuadrón Aéreo 502.

¡Ya se fue! El avión Presidencial parte rumbo a EU para su venta

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El TP-01, que fue durante la administración de Enrique Peña Nieto, el avión presidencia, despegó esta mañana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, con destino a California donde iniciará su proceso de venta.

Durante la campaña, Andrés Manuel López Obrador prometió que el avión sería vendido una ve que tomará la Presidencia el 1 de diciembre.

Ayer el director de Banobras y de Sociedad Hipotecaria Federal, Jorge Mendoza, dijo que durante el proceso de venta la Administración federal será auxiliada por la oficina de la ONU que colabora con los gobiernos para mejorar la transparencia en la gestión pública. Además, informó que Banobras ha iniciado un análisis para definir el mecanismo ideal para la enajenación del Boeing 787-8.

El TP-01 entró en circulación el 3 de febrero del 2016, y hasta la fecha realizó 214 operaciones y recorrió más de 600 mil kilómetros.

El día de ayer el Presidente López Obrador realizó su primer viaje en avión comercial a Veracruz.

Ya hay un primer posible comprador del avión presidencial

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El empresario y aspirante independiente a la presidencia de la República, Gustavo Jiménez Pons, dueño de la empresa de aviación privada GBS Air Enterprise, hizo una oferta para comprar el avión presidencial.

Jiménez Pons está dispuesto a pagar hasta mil 900 millones de pesos a Andrés Manuel López Obrador por la aeronave, señala Milenio.

Detalló que pretende utilizarla como taxi aéreo VIP, a un costo de 20 mil pesos la hora, en su empresa, cita Reforma.

En la carta que entregó en manos de Leticia Ramírez, encargada de atención ciudadana de López Obrador, el empresario que se dedica a los servicios de taxis aéreos, también propone al presidente electo pueda hacer uso del avión presidencial y que el gobierno solo pague los gastos de vuelo y operación de la aeronave.

Además, se interesan en tener en arrendamiento las instalaciones del denominado hangar presidencial para tener la aeronave en dicho espacio y de ser posible subcontratar los servicios del personal que dan mantenimiento al TP01.

La propuesta incluye representar al gobierno para comercializar las demás aeronaves de la flotilla de la administración federal, así como la compra de alguna de estas.

El empresario fue candidato del Partido Social Demócrata a la jefatura de gobierno de la ciudad de México en 2006 y en estas elecciones presidenciales de julio, aspiró a la presidencia de la República por la vía independiente, pero no logró reunir las firmas ciudadanas requeridas.

“Entregamos la formal intención de GBS Enterprises y nuestros socios comerciales de adquirir dicho bien nacional en condiciones que resulten favorables para el Estado mexicano“, indicó.

Jiménez Pons, quien afirmó que su empresa opera desde 2008, dijo que el plan de negocios para ese avión TP01 será para uso VIP y de aeronaves de lujo.

Aclaró también que Rogelio Jiménez Pons, quien se perfila como encargado de Fonatur en la administración de López Obrador, es su tío, pero tiene años de no dirigirse la palabra por diferencias personales.

López Obrador ha dicho reiteradamente que el avión presidencial se va a vender una vez que él sea Presidente Constitucional de México.

El costo total del avión (incluyendo ingeniería, instalación de sistemas, adecuaciones de estructura, equipamiento de cabina, certificaciones y un paquete de refacciones) fue de 218.7 millones de dólares.

Al mismo tiempo de la compra del avión se firmó un contrato de arrendamiento financiero entre Banobras y el Gobierno Federal por 15 años.

Al final de ese periodo, la aeronave formará parte de los activos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena).

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 se explica que la adquisición del avión presidencial será amortizada durante los 15 años con dos pagos anuales, uno de 45 millones de pesos, por operación y mantenimiento; y un pago por el arrendamiento entre 4.6 y 451.4 millones de pesos, por lo que se espera que la aeronave tenga un costo total de siete mil 560 millones de pesos.

AMLO defiende entrega de contratos a Rioboó

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El candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador defendió la entrega de contratos (por adjudicación directa) al contratista José Manuel Rioboó, cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues dijo que se dieron “de conformidad con la ley” y que fueron auditados en varias ocasiones.

Luego de que el candidato presidencial por la alianza Por México al Frente, Ricardo Anaya, acusara que López Obrador otorgó estas adjudicaciones por 170 millones de pesos al contratista, principalmente para la construcción de los segundos pisos,  el fundador de Morena respondió que Rioboó “era el mejor estructuralista para construirlos”.

“Cuando decidimos hacer los segundos pisos esta empresa (la de Rioboó) tenía la especialidad, por eso se le entregó este contrato, pero fue otorgado de conformidad con la ley y fue auditado muchas veces”, dijo López Obrador, de acuerdo con un reporte del diario Reforma.

El candidato incluso insistió en que el Fideicomiso de los segundos pisos estaba en Banobras, en ese entonces dirigida por el ex presidente Felipe Calderón.

De acuerdo con documentación oficial revisada por Verificado.mx,  la compañía Rioboo SA de CV sí recibió, entre 2002 y 2005, cuatro adjudicaciones directas por un monto de 171 millones de pesos, todas para la construcción del Segundo Piso del Periférico, dos de ellas cuando López Obrador ya había dejado el cargo de jefe de Gobierno capitalino.

Las cuatro adjudicaciones fueron otorgadas a través del Fideicomiso para el Mejoramiento de las Vías de Comunicación del Distrito Federal (FIMEVIC), creado el 21 de diciembre de 2001 por la Secretaría de Finanzas capitalina.

Gobierno estatal acuerda periodo extraordinario con el Congreso local.

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El día de ayer jueves 03 de Junio, el Gobierno estatal aseguró que ya llego a un acuerdo con el Congreso local para realizar un periodo extraordinario el 16 de Agosto próximo para atender las peticiones de endeudamiento de la REA, Metrorrey y diversas modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal. 

El Secretario General de Gobierno, Manuel González, afirmó que acordaron con el Poder Legislativo la celebración de un periodo extraordinario y ya enviaron la petición por escrito.

“Les expresamos solicitud de periodo extraordinario, mismo que fue presentado en los días pasados y al parecer tendrá el visto bueno de ellos para el día 16 de Agosto”, expresó González.

“Particularmente se van a discutir las leyes que se convocan por parte del Ejecutivo, que son la Ley de la REA, la Ley que tiene ver con el financiamiento del Metro.

Para la REA se está buscando el aval para controlar un crédito bancario  hasta por 3 mil 800 millones para construir la tercera etapa del Periférico.

En el caso de Metrorrey, se busca controlar un crédito directo  con Banobras por mil 600 millones de pesos para adquirir los vagones para la Línea 3 del Metro.