La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) aclaró que la empresa Uber no cuenta con autorización federal para prestar servicios de traslado de pasajeros desde o hacia los aeropuertos del país, pese a que un juez suspendió la norma por la que era legal detener a los conductores de la compañía que realizan viajes en estos espacios.
En un comunicado en redes sociales, la dependencia explicó que la Dirección General de Autotransporte Federal (DGAF) no ha expedido ningún permiso a las plataformas digitales para operar en zonas aeroportuarias, por lo que su actividad en estos puntos carece de autorización oficial.
La aclaración ocurre luego de que Uber promoviera un amparo tras los operativos de la Guardia Nacional realizados en diversos aeropuertos del país para impedir el servicio de vehículos de la aplicación, bajo el argumento de que no cumplen con la normativa vigente.
El Juzgado Décimo Tercero en Materia Administrativa de la Ciudad de México otorgó una suspensión a la empresa, mediante la cual ordenó que las inspecciones y revisiones de la Guardia Nacional se realicen conforme a lo establecido en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y su reglamento.
Sin embargo, la SICT subrayó que la medida judicial no implica una autorización para que Uber u otras plataformas presten el servicio en aeropuertos, sino que únicamente busca evitar actos arbitrarios o discriminatorios durante los operativos.
La dependencia federal recordó que los usuarios pueden seguir utilizando los servicios de taxis autorizados, así como transportes turísticos y autobuses con permisos vigentes hacia destinos específicos desde las terminales aéreas.
El tema de la operación de plataformas digitales en aeropuertos ha generado tensión desde hace varios años entre las autoridades, las empresas de aplicaciones y los gremios de taxistas, que acusan competencia desleal.
Uber ha sostenido que su servicio responde a la demanda de los usuarios y promueve la libre competencia, mientras que el Gobierno federal insiste en que las aplicaciones deben ajustarse al marco regulatorio del transporte federal para operar legalmente.