Uno de los temas que el presidente López Obrador siempre promovió y defendió es la justicia social, especialmente para los grupos más marginados. Una marginación derivada de factores sociales y económicos como la corrupción, la falta de rendición de cuentas y transparencia, la discriminación, los excesos del mercado, el abandono del campo y de los grupos sociales que viven fuera de las zonas urbanas. Problemáticas complejas con muchas propuestas, estudios, y dinámicas económicas y sociales que entender. Pero para AMLO la solución siempre fue muy simple, por el bien de todos, primero los pobres.
Muchas de las estrategias y políticas de López Obrador tienen un enfoque social y había certidumbre de lo que se iba a hacer. Pero a la hora de la verdad vimos que el objetivo final es tan ambiguo que nunca se logró aterrizar en políticas públicas y estrategias que logren un cambio real en la manera de hacer política.
Son 17 los programas sociales prioritarios del gobierno de López Obrador, siendo estos la insignia de su presidencia, de la mano con sus megaproyectos. Los programas principales son: Jóvenes Construyendo el Futuro, Sembrando Vida, Universidades Benito Juárez, Pensiones a Adultos Mayores, Madres Solteras y discapacitados, y apoyos al campo mediante créditos, fertilizantes y otros insumos productivos. Más allá de meternos en el debate ideológico, vale más la pena analizar su operación a fin de descubrir si realmente pueden hacer un cambio.
La Ley General de Desarrollo Social establece que el CONEVAL tiene la obligación de evaluar todos los programas sociales que el gobierno quiera implementar. El 6 de julio pasado se publicó esa primera evaluación que se limitó al diseño de los 17 programas prioritarios. El Consejo compartió las principales fallas y recomendaciones para cada uno de los programas y los hallazgos nos deben de preocupar.
La situación es crítica, se identifican fallas en puntos esenciales de todos los programas. En Jóvenes Construyendo el Futuro, que entrega $3,748 mensuales, no hay metodología, personal o mecanismos que ayuden a saber si su capacitación laboral es efectiva. En Sembrando Vida, que entrega $5 mil mensuales e insumos para crecer y plantar árboles, el principal convenio es con 12 viveros militares quienes fallaron a su meta de producción, de 100 millones sólo entregaron 37 millones. En el programa sólo 7% de los árboles plantados sobrevivieron, de 575 millones totales sólo se logró plantar 80 millones. En las Universidades Benito Juárez no hay claridad de la ubicación donde se van a construir ni metodología para establecerlo. Tampoco se cuenta con la certificación necesaria para tener validez oficial (RVOE) por parte de la SEP. En las pensiones vemos un rechazo generalizado a las recomendaciones del CONEVAL. En las pensiones para discapacitados no se sabe si el apoyo es para discapacidad temporal o permanente. En los apoyos a madres solteras, que sustituyeron a las guarderías, no hay un registro claro de beneficiarias, e incluso afirma la 4T que las madres no son beneficiarias, sino son las niñas y niños.
No hay análisis en el diseño de las políticas. La planeación y ejecución da mucho que desear: no se tienen objetivos aterrizados, la población objetivo no está identificada, no hay metas claras o indicadores que midan su cumplimiento, el padrón de beneficiarios está incompleto o tiene fallas en su registro, y no hay procedimientos de capacitación, contratación y evaluación claros.
Lo más preocupante es que los 11 principales programas suman más de 132 mil millones de pesos. Esto es casi el doble de lo asignado de recursos federales a Nuevo León en 2020 (76 mil mdp). Y estos programas aún no cuentan con Reglas de Operación claras que establezcan por ley las herramientas, procesos y métodos que aseguren el uso correcto de los recursos y una medición de su efectividad.
La respuesta de las secretarías y responsables de estos programas a la evaluación del CONEVAL fue más ideológica que técnica. Hay una crítica de la 4T a la medición de los programas, “su ineficacia para impedir el desorden de la administración pública, el abuso en la gestión de recursos que pertenecen al pueblo de México y el desborde de la corrupción“, dice la respuesta institucional. Y en la misma línea mantienen su argumentación donde señalan que el Consejo no entiende el objetivo social real de los programas, o que la operación de programas sociales ya es distinta, por lo que no deben ser medidos por los mismos instrumentos de evaluación de siempre.
Lo que sí es una certeza es que los programas cuentan con más buenas intenciones que estructura, planeación y evaluación. El rechazo al uso de metodología y ciencia para la medición y mejora continua muestra el rechazo a la experiencia y al uso de datos para la política pública. Así seguimos en una mentalidad de abrazos y no balazos, sin saber qué significan los abrazos, un primero los pobres, sin saber qué es eso primero. No olvidemos que de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno.
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