Senado de la República solicita a Estados Unidos información del caso Cienfuegos

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El Senado de la República solicitó al gobierno de los Estados Unidos información sobre la detención del general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, ocurrida el 16 de octubre pasado, en Los Ángeles, California, ya que puede tener repercusiones en la seguridad nacional de México.

Los ocho coordinadores parlamentarios que integran la Junta de Coordinación Política (Jucopo), en la Cámara Alta, hicieron llegar una carta al embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, en la que le hacen notar que el Senado Mexicano requiere estar enterado de la versión oficial de los hechos .

Por ello, le piden que solicite a las autoridades competentes de los Estados Unidos toda la información relativa al caso Cienfuegos.

Es de interés de esta Representación disponer de la información veraz y emitida por las autoridades competentes, para que el Senado mexicano esté enterado de la versión oficial de los hechos, por nuestra calidad de coadyuvante, como lo es la institución que representamos, del cumplimiento de los tratados internacionales y del cuidado de nuestra soberanía“, dice el documento suscrito por los coordinadores parlamentarios.

La misiva la signan los coordinadores: Ricardo Monreal, de Morena; Mauricio Kuri, del PAN; Miguel Ángel Osorio, del PRI; Dante Delgado, de MC; Manuel Velasco, del PVEM; Geovanna Bañuelos, del PT; Sasil de León, del PES y Miguel Ángel Mancera, del PRD.

Senado aprueba Ley Olimpia: hasta 6 años de cárcel por acoso sexual digital

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El Senado aprobó este jueves la llamada Ley Olimpia para tipificar diversos delitos relacionados de acoso digital, en particular en lo referido a la difusión de contenido íntimo y sexual, con penas de hasta 6 años de cárcel.

Por unanimidad, con 87 votos a favor, la Cámara alta aprobó con algunas modificaciones el dictamen propuesto por la Cámara de Diputados, a donde ahora volverá el texto para extender a nivel federal una ley que la mayoría de estados del país ya habían aprobado con diferentes sanciones.

El texto votado por los senadores califica como violencia digital “toda acción dolosa realizada mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmite, comercialice, oferte, intercambie o comparta” imágenes, audios o videos decontenido íntimo sexual de una persona “sin su consentimiento, sin su aprobación o sin su autorización”.

Entre los cambios que hicieron los senadores a la minuta que recibieron de los diputados está la inclusión de la violencia digital como una modalidad que abarca todas las agresiones en contra las mujeres, niñas y adolescentes.

Además, se incorporó la violencia que se desarrolla en los medios de comunicación, así como la tipificación de estos delitos en el Código Penal Federal.

La Ley Olimpia, llamada así por el nombre de la activista del estado de Puebla que inició la lucha a nivel nacional, también castiga la violencia mediática.

Es decir, “todo acto a través de cualquier medio de comunicación, que de manera directa o indirecta promueva estereotipos sexistas, haga apología de la violencia contra las mujeres y las niñas” o que permita o produzca un discurso de odio sexista.

Las penas establecidas van de los 3 a los 6 años de cárcel y una multa económica.

Las sanciones pueden aumentar hasta en una mitad cuando el delito sea cometido por el cónyuge o pareja, por cualquier persona con la que la víctima tenga o haya tenido una relación sentimental, afectiva o de confianza, o por un servidor público en ejercicio de sus funciones.

La lucha por la ley empezó en 2014 en el estado de Puebla, donde la activista Olimpia Coral Melo sufrió de violencia digital cuando en redes sociales comenzó a circular un video en el que ella, con apenas 18 años, practicaba sexo con su novio.

La propia activista, presente este jueves en el Senado, celebró y agradeció en un video en Twitter la aprobación de la ley por parte de los senadores, pero recordó “el trabajo y la rabia de todas las (mujeres) que nos ha arrebatado el machismo, el sistema”.

“Para nosotras no hay límites”, aseguró antes de advertir que la lucha por los derechos de la mujeres seguirá “hasta que la dignidad se haga costumbre”.

Coral estuvo acompañada en el video por la senadora del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) Martha Lucía Micher, la impulsora de la ley en la Cámara alta y que consideró la aprobación como “una gran reforma, es una respuesta, es una deuda” con todas las mujeres.

“Ojalá les haya gustado (a los diputados) cómo reformulamos la ley y la aprueben y se aplique en todo el país. Y ahora, a los estados donde no esté la ley, que se reforme”, zanjó.

(Fuente: EFE)

Pide PAN suspender sesiones tras fallecimientos de senador de Morena

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La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República envió una carta a la Mesa Directiva y a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en la que pidió se suspendan las sesiones luego del fallecimiento del senador Joel Molina este fin de semana debido a COVID-19 y los contagios que se han dado al interior del recinto.

Por otro lado, solicitó implementar sesiones a distancia y cuando se tengan que hacer sesiones presenciales se realicen pruebas PCR a todos los asistentes, incluyendo legisladores, sus equipos de trabajo y trabajadores en general un día antes para conocer la situación de cada persona y así evitar la dispersión del virus SARS-COV-2.

“Que el día previo a cada sesión del pleno del Senado de la República, se realicen pruebas PCR, no sólo a las y los Senadores de la República, sino a todo el personal / Que se pospongan todas las actividades legislativas, entre las que se encuentran: (i) las sesiones ordinarias, (ii) las reuniones de comisiones ordinarias, extraordinarias y especiales, (iii) los foros, (iv) las reuniones de trabajo, (v) entre otras, hasta que se den a conocer los resultados de las pruebas mencionadas en el párrafo que antecede”, se lee en la carta firmada por el coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kuri.

Ante ellos, el presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, señaló en un mensaje que el Senado de la República va a seguir trabajando pues es la mejor forma de homenajear a Joel Molina quien estuvo comprometido con el movimiento de la Cuatralbos Transformación.

“Para honrar su memoria no basta hacer homenajes… debemos continuar trabajando en lo que él creía y por lo que él luchaba. Seguiremos transformando el marco legislativa que nos propusimos, y continuaremos caminando en unidad de propósitos y con firmeza, a pesar de la miseria y la ruindad que, aun en la desgracia que nos enluta y entristece, se ha utilizado para atacarnos y para medrar sobre nuestras causas”, se lee en el comunicado de Monreal.

Cabe recordar que el senador Joel Molina, originario de Tlaxcala, murió este fin de semana luego de haber dado positivo y haber estado en la sesión del 21 de octubre en la que se eliminaron 109 fideicomisos, motivó que generó el conflicto pues los panistas consideraron que los senadores se vieron obligados a acudir a esa votación.

Durante semanas anteriores los senadores han estado teniendo actividades presenciales tanto en el Pleno como en Comisiones entre las que resaltan contagios como el del senador de Morena, Alejandro Armenta; la panista, Guadalupe Saldaña y la enemista Verónica Delgadillo.

A mitas de septiembre al interior del Senado de la República se habían contabilizado 84 positivos luego de haber iniciado a aplicar pruebas a inicios de septiembre cuando se reanudaron las sesiones presenciales, posteriormente a mitad de octubre la senadora Margarita Valdéz señaló su preocupación porque en el Senado ya se habían elevado a casi 200 los casos.

Senado aprueba en lo general la desaparición de 109 fideicomisos

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El pleno del Senado de la República aprobó en lo general la desaparición de 109 fideicomisos y fondos públicos, cuyos recursos ahora serán administrado directamente por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

La minuta de la reforma a diversas leyes presentada por Morena fue aprobada en lo general con 65 votos a favor, 51 en contra y 2 abstenciones.

Con la aprobación en lo general, se dio inicio a la discusión de las más de 500 reservas a la reforma, donde se incluyen cambios a las leyes de Cinematografía; de Víctimas; de Ciencia y Tecnología; de la Cultura Física y Deporte; para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; y del Fondo de Nacional Financiera, entre otras.

Cabe señalar que la sesión se tuvo que llevar a cabo en la antigua sede del Senado, ubicada en la casona de Xicoténcatl de la calle de Donceles, debido a que el actual edificio de la cámara alta estuvo bloqueado durante varios días por manifestantes que se oponen a la desaparición e los fideicomisos.

Durante la discusión, el senador por Morena, Alejandro Armenta, pidió a los partidos de oposición no confundir a la opinión pública señalando que la eliminación de los fideicomisos significará el fin de los apoyos a ciencia, tecnología, artes y deportes, así como a víctimas de la violencia.

Lo que se termina con la aprobación de la ley, señaló el también presidente de la Comisión de Hacienda y crédito Público del Senado, es “el arte de desaparecer el dinero público”, creado en sexenios pasados, recalcó.

“Los fideicomisos significaron un saqueo por 3.8 billones de pesos; hoy concluye esa fase de saqueo el país”, declaró Armenta.

Por su parte, el senador independiente, Emilio Álvarez Icaza, señaló que los legisladores de la llamada cuatro transformación han traicionado al pueblo de México con la extinción de los fideicomisos al dejar en el desamparo a defensores de derechos humanos y periodistas.

Álvarez Icaza señaló que debería ser motivo de vergüenza una reforma “regresiva” y “restrictiva” como la presentada por un gobierno “que se dice de izquierda” pero tiene que sesionar en una sede alterna por el descontento social.

“Es una vergüenza y una derrota ética y política que la mayoría legislativa se empeñe en legislar la extinción de los fideicomisos”.

 

Reportan presencia de policías antimotines en plantón de víctimas en el Senado

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Organizaciones de familiares de desaparecidos y víctimas de la violencia, reportaron que al plantón en las calles de Madrid y París, frente a los accesos al Senado de la República, arribaron policías con equipo antimotines, con la intención de “desalojar” e “intimidad” a las personas que se encuentran en la zona.

La señora Yesenia Zamudio reportó alrededor de las 22:50 horas la presencia de policías de lo que antes se conocía como “granaderos”.

“Nos mandaron una cantidad exagerada de policías, son más de 20 camiones de granaderos. La mayoría son hombres. Nos tienen encapsuladas”, publicó.

Cabe recordar que familiares de personas desaparecidas y víctimas de la violencia, así como personas desplazadas de estados como Guerrero y Tamaulipas mantienen un plantón en las inmediaciones del Senado para demandar a los legisladores frenar la aprobación de la minuta que extingue los fideicomisos para la protección de periodistas y defensores de Derechos Humanos, así como el fondo para al protección a víctimas de la violencia.

“No nos vamos a mover de aquí, muchas de las entradas permanecen cerradas, las compañeras estaban dormidas”, agregó Zamudio.

En videos compartidos por participantes del plantón, se observa la llegada de policías con escudos antimotines y que se instalaron en los accesos al Senado por las calles de Madrid e Insurgentes, así como París y Madrid, a espaldas del Senado.

(Con información de El Universal)

Senado aprueba, en lo general y particular, dictamen sobre consulta popular para enjuiciar a expresidentes

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Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) enviara al Senado de la República el oficio sobre el aval de una consulta popular para enjuiciar a ‘actores políticos’ y que este fuera turnado a la Comisión de Gobernación, inició en el Pleno la discusión de la trascendencia nacional del ejercicio.

El dictamen por el que se expide la consulta popular fue aprobado en lo general con 65 votos a favor, 49 en contra y una abstención.

En lo particular, el dictamen fue aprobado con 64 votos a favor, 43 en contra y una abstención.

“Aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se declara procedente y de trascendencia nacional la petición de consulta popular presentada por el presidente de la República”, dijo el presidente del Senado, Eduardo Ramírez Aguilar.

Acto seguido, Ramírez Aguilar informó que el dictamen se turnaría a la Cámara de Diputados.

Al grito de “¡sí se pudo, sí se pudo!” y aplausos, legisladores de Morena celebraron la aprobación del dictamen.

(Fuente: López-Dóriga Digital)

Va Morena por impuestos al refresco, herencias e ingresos

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El Grupo Parlamentario de Morena en el Senado de la República contempla en su agenda legislativa gravar las gerencias, aumentar un 317% el impuesto al refresco y abrir la discusión sobre progresividad fiscal en busca d cobrar más a los sectores de mayores ingresos.

En su agenda legislativa, destacan la reforma para gravar las herencias y alentar una política de progresividad fiscal.

En el apartado Economía y sistema Financiero, se prevé una reforma al Código Fiscal de la Federación para establecer un impuesto a la Herencia, aunque no se dan detalles a fondo del mismo.

En el mismo capítulo aparecen dos puntos orientados a promover reformas en materia de progresividad, que en los hechos no es más que un aumento a los impuestos, ya sea entre empresas o personas físicas de mayores ingresos.

Entre otras de las propuestas, se contempla dar mayores facilidades de pago de impuestos para los segmentos de menor ingreso.

El senador morenista, Salomón Jara, agendó ayer una propuesta de ley para aumentar de 1.20 pesos a 5 pesos el impuesto por litro de refresco.

“Es momento de realizar un ajuste sustancial e incrementar significativamente el impuesto a bebidas saborizadas y alimentos no básicos de alta densidad calórica. al incrementar el impuesto de 1.20 pesos a 5 pesos por litro de refresco, de 8 a 25 por ciento, el Gobierno podría tener recursos para aumentar la disponibilidad de agua potable, promover el consumo de bebidas y comidas saludables, mejorar la atención a la salud y promover cambios en la agricultura e industria hacia comidas y bebidas saludables”, expuso el senador.

Por su parte, el coordinador de la bancada morenista, Ricardo Monreal, dijo esta semana que era inevitable que se discutiera en el periodo ordinario de sesiones que comenzó ayer, la adopción de una reforma fiscal de carácter progresiva, vista la severidad de la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19.

“A pesar de que el presidente hizo un ofrecimiento de que no enviaría ninguna iniciativa de carácter fiscal en los primeros tres años, la terca realidad se nos impondrá y tenemos que revisar con mucha urgencia la política fiscal progresiva”, señaló Monreal.

El morenista sostuvo el domingo pasado que no sabía si la revisión de dicha política fiscal contemplaría nuevos impuestos.

“La política fiscal es que tengan que pagar más lo que más tienen, capital, ingresos, y no es nuevo ni tampoco es comunismo”, dijo.

Cabe señalar que esto va en contra de la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de no buscar incrementar impuestos al menos en sus primeros tres años de Gobierno.

Oposición en tiempos de Coronavirus

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Como cualquier otro asunto público que acapara la discusión y urgencia nacional, las medidas para controlar y mitigar los efectos de la pandemia de Coronavirus COVID-19 en México también han entrado al complejo campo de la política. En todos los Congresos locales, la Cámara de Diputados, el Senado de la República, redes sociales y mensajes en medios de comunicación, la oposición tomó una postura de ataque contra el Gobierno Federal. Durante las primeras semanas, hemos visto a actores políticos de la oposición día con día tomar acciones frontales contra las medidas en materia salud, ya sea sobre los modelos de vigilancia epidemiológica, los datos proporcionados, los mensajes técnicos, las iniciativas en el legislativo con el contexto actual, etc. No me malinterpreten, considero imperativa la obligación de análisis, crítica y propuestas de la oposición, ellos son los que tienen una labor fundamental de estar siempre pendientes y exigentes con las acciones del gobierno en turno contra el COVID-19. Sin embargo, en diversas ocasiones, la información y narrativa que muchas veces utilizaba la oposición parecían provenientes de una actitud colérica en lugar de una labor responsable. 

Ante todo esto, surge una pregunta obligada: ¿Cuál debe ser el papel de la oposición durante esta emergencia? Para poder responder esta pregunta, es importante hacer una lectura sobre Portugal y su situación política en estos días de emergencia. En dicho país, el gobierno en el poder es uno identificado con el socialismo, cuyas medidas de administración y gestión sanitaria han sido calificadas como efectivas, y es interesante el rol de la oposición política portuguesa en esta ecuación, ya que el Partido Social Demócrata y los partidos de derecha, iniciaron una estrategia de colaboración con el gobierno. ¿esto se ha traducido en impunidad y falta de crítica? no, simplemente apostaron a la unidad nacional ante una situación sin precedentes. Esta emergencia esta siendo una oportunidad para que la oposición logre generar mayor legitimidad social en ese país, incluso, el líder opositor Rui Rio en un comunicado mencionó que “No es patriótico criticar en estos momentos al Gobierno”. Como bien retrata la editorial del periódico español “El País” del 25 de abril respecto la situación política de Portugal: “toda la oposición ha adoptado desde el primer momento -incluso antes de que empezaran a producirse fallecidos- una actitud crítica, pero un límite claro y explícito: la necesidad de unidad en torno al Gobierno para superar una potencial situación dramática para el país”. Si hacemos un ejercicio comparativo en México, el comportamiento político de la oposición es completamente distinto, y nos da una sensación de que los diversos sectores opositores han aprovechado la emergencia nacional para intentar  capitalizarse y ante embates de sectores empresariales y partidos, es claro que existe una brecha  muy grande entre el gobierno federal y su oposición, sin abonar al dialogo, apostándole solo a la confrontación, como escribió Lorenzo Meyer: “suponer que hoy en México un líder de la derecha decidiera apelar a la ética y al patriotismo de sus correligionarios para convocarlos a desactivar temporalmente los ataques al gobierno que debe hacer frente a una emergencia nacional, es tanto como suponer que se puede arar en el mar”.

Resulta desconcertante ver que todo el sector opositor es reactivo y no proactivo, ya que pareciera que se oponen por el simple hecho de oponerse, sin mayor consenso o ejercicio político. Considero fundamental e imperativo ver un nuevo papel y desarrollo de aquellos opositores, no podemos esperar que todo  falle para decir “se los dije”, al contrario, su trabajo es contribuir a la buena administración de la crisis sanitaria que vivimos, ello sin menoscabar su papel crítico y de vigilancia. 

Sobre los métodos y aspectos generales de este sector, creo que es importante retomar el análisis que Steven Levitksy y Daniel Ziblatt hicieron respecto a la situación de Estados Unidos en su obra How Democracies Die, que si bien, existen diferencias, podemos vislumbrar similitudes y aprendizajes. En dicho país, el Partido Demócrata ha sido fuertemente criticado por la ausencia de una estrategia agresiva contra el Partido Republicano, a diferencia de México, en nuestro vecino del norte, la oposición no ha utilizado los mismo métodos que el partido en el poder utiliza contra ellos, “deberían luchar como republicanos” dicen algunos. Para Levitsky y Ziblatt, realizar una estrategia política de este tipo es errada, ya que “estarían jugando a favor de los autócratas”, y a esto le denominan “tácticas de tierra arrasada” las cuales tienen una tendencia a beneficiar más al partido en el poder, ya que los indecisos o moderados no encuentran un  atractivo a este tipo de tácticas, solo ven confrontación vacía. Para llegar a esta conclusión, analizaron los casos de Venezuela y Colombia. En el primero, en tiempos de Hugo Chávez, la oposición apoyó un golpe militar que terminó fallando y erosionando su discurso demócrata, posteriormente hicieron un llamado de paro nacional que duró dos meses y le costó a su economía 4 mil quinientos millones de dólares aproximadamente, dejando un panorama aún más difícil, todo esto le dio mayor fuerza al partido en el poder en las elecciones intermedias para el Congreso, dandole la mayoría a Chávez; en el caso colombiano, la situación y estrategia fueron totalmente distintas, durante le presidencia de Álvaro Uribe, quien intentó adjudicarse facultades extraconstitucionales, generó que su oposición utilizara los Congresos y Tribunales para combatirlo, la situación llegó a tal punto, que incluso la Corte Constitucional colombiana declaró como Inconstitucional la postulación de Uribe para un tercer mandato. Como concluyen estos autores que analizaron a Venezuela y Colombia, utilizando el caso de Estados Unidos en contextos de profundo conflicto entre oposición y gobierno, las oposiciones deben ser “firmes, pero destinadas a preservar, en lugar de vulnerar, las reglas y normas democráticas”, para ello es necesario generar legitimidad en el Poder Legislativo y Judicial, y ello no se logra con sólo una confrontación agresiva, si la oposición utiliza los métodos institucionales y constitucionales, con prácticas de dialogo y construcción mutua, es más efectivo insertar en la agenda del gobierno en turno los puntos de vista y sus contrapropuesta, y ello se refleja, indudablemente, en el electorado. 

Las formas son importantes, porque determinan el fondo. Es urgente una reformulación de los ejercicios opositores, vemos pequeños destellos de liderazgo opositor, pero no se puede percibir una agenda conjunta y alternativa, y esto tiene que ver con su desdibujamiento del debate público y un intento desesperado, no por construir un mejor país, sino por ganar poder político. Estamos en un momento de mucha reflexión y acción por parte de los actores públicos, y sería un buen punto de inicio una agenda única nacional de ambos sectores para lograr, no una cuarta transformación, simplemente una cambio y bienestar para todos, sin importar el espectro ideológico. Es hora de que la oposición evolucione a la modernidad, y vea los puntos en común para construir y no para destruir. 

Diputados avalan #LeyCachito, para rifa del valor del Avión Presidencial

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Con 295 votos a favor (Morena, PT, PES y Partido Verde) y 143 en contra (PRI, PAN, PRD y MC), el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este jueves la llamada #LeyCachito, que permite los sorteos para la enajenación de bienes de la nación.

Estas reformas al artículo 132 de la Ley General de Bienes Nacionales, así como los artículos 31 y 38 de la Ley Federal para la Administración y Enajenación de Bienes del Sector Público, permitirán a la Administración de Andrés Manuel López Obrador rifar el avión presidencial.

El dictamen que fue enviado al Senado de la República para su revisión y eventual aprobación, permite que aquellos bienes que no logren venderse por licitación pública o subasta se puedan sortear.

También se podrán sortear cualquier tipo de bienes del país, no solo los que provengan de la delincuencia organizada o de la lucha anticorrupción.

La oposición lamentó que los legisladores sigan atendiendo y legalizando los caprichos del Presidente López Obrador.

“¿Al rato qué vamos a tener aquí? ¿Un sorteo del Palacio de Bellas Artes? ¿O van a venir a sortearnos el Ángel de la Independencia? ¿O qué más se les va a ocurrir que hay que sortear?”, cuestionó la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, quien advirtió que el problema no es el tema del avión, sino que se abre la posibilidad de enajenar cualquier bien nacional por la vía del sorteo.

Los diputados del PAN, por su parte, se subieron a la tribuna con las réplicas de los billetes del sorteo del próximo 15 de septiembre en la boca, después de quedarse unos segundos callados, los retiraron de sus rostros y los rompieron.

“Ningún cachito va a callar a los diputados de Acción Nacional para defender al pueblo de México. Que lo escuchen y lo escuchen muy, muy claro”, expresó Cecilia Patrón Laviada.

“No seremos cómplices de una ocurrencia más para engañar a los mexicanos con la supuesta venta del avión presidencial”, dijo el también panista Marcos Aguilar.

México y Cannabis: la aprobación que viene

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El día de ayer, las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda del Senado de la República, analizaron, discutieron y aprobaron el Dictamen que regula el consumo de cannabis en nuestro país, el cual resultó ser un tema que dividió a los Senadores ante un escenario delicado respecto a la violencia relacionada al crimen organizado. La cannabis sativa (marihuana) es una de las plantas cuyas propiedades generan una fuerte discusión respecto a su consumo tanto en nuestro país como en el mundo. Ya sea desde un uso recreativo, médico o en rituales, la comúnmente llamada marihuana, ha ocasionado debates desde perspectivas jurídicas, políticas, médicas y sociales. 

Sin embargo, como escribe Juan Ramón de la Fuente: “La marihuana es quizá el producto más conocido y también el más controvertido, pues dentro del imaginario social su consumo como droga (más allá de sus bases químicas, potencialmente dañinas para la salud) está ligado a un estigma que identifica a sus usuarios con la enfermedad y la delincuencia”.Y es, en este sentido, libre de preconcepciones que aluden a una catástrofe de salud debido a una asociación a la violencia o adicciones, donde debemos ubicar el análisis y discusión a favor de una política pública en materia de salud que tome en cuenta las distintas visiones médicas y científicas con perspectiva de derechos humanos tiene como origen la determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desde finales del  2019, en donde mandaba que el Senado de la República debe emitir legislación en la materia. La Corte ha establecido que el Estado está obligado a garantizar el derecho a la protección de la salud desde dos dimensiones; una, individual que se traduce en la atención específica de la salud y bienestar de una persona y; otra, la social en donde se encuentran las “acciones necesarias para alcanzar ese fin, como el desarrollo de políticas públicas, controles de calidad de los servicios de salud, identificación de los principales problemas que afecten la salud que afecten al conglomerado social”. En ese tenor, podemos encontrar estos mecanismos de política en materia de salud, que pretenden colocarse como un método de tratamiento médico como otros existentes. 

Como podemos ver, la discusión en México sobre la regulación del consumo del cannabis se encuentra en dos sentidos: en términos del derecho a la salud y el libre desarrollo de la personalidad, siendo este último, un derecho privilegiado por el mismo tribunal constitucional declarando inconstitucional la prohibición absoluta del consumo lúdico de la marihuana.  El Dictamen propone reformas a la  Ley  General de Salud, al Código Penal Federal y crea la  Ley General para la Regulación y Controles Cannabis. En primer término, dicha propuesta intenta reformar los artículos de la legislación en materia de salud y legislación penal que ya fueron declarados inconstitucionales por la Suprema Corte, además de reformar y adicionar artículos  para que estén conformes a la permisión del consumo de esta planta, permitiendo hasta cuatro plantas  de cannabis controlados y posesión hasta 28 gramos, generando un uso lúdico para asociaciones formalizadas y de investigación, farmacéutico, paliativo e industrial. El punto más importante de la propuesta de Ley en este tema, es la creación del Instituto Mexicano del Cannbis, el cual dependerá de la Secretaría  de Gobernación, el cual tendría como objeto la regulación del uso, control sanitario y coadyuvar con autoridades. La discusión en Comisiones fue sumamente diversa. La bancada del Partido Acción Nacional se posicionó en contra de esta regulación, argumentando que esto no abona a la lucha contra el crimen organizado y que se convierte en una amenaza para el sistema de salud. El PRI fue  sumamente cauteloso al decir que votaban el Dictamen en lo general  pero presentarían propuestas en la discusión particular. Sin  embargo, a pesar de su  aprobación general, existen varios temas pendientes que deben ser aclarados lo más pronto posible. Esta regulación no va más allá respecto a la participación privada en el ramo, que sí bien, plantea una centralización de las semillas, no analiza con mayor profundidad una mayor dinámica en este sector. Otro tema pendiente es una regulación sobre las asociaciones de cannabis y sus requisitos, autoridades de vigilancia a estos centros y cuales serán las condiciones para sus usuarios, así como medidas de atención. Los dos grandes temas que deben plantear los Senadores, son esquemas para la prevención de adicciones y políticas desde un sentido de atención integral con la entrada en vigor de la permisión del consumo de cannabis, y sobretodo, eliminar y armonizar con respeto al principio a un principio de exactitud de los delitos, ya que no queda claro el esquema de penas y delitos en esta materia. Desde otra perspectiva, tampoco queda claro cual será la participación de los estados dentro de esta discusión, ya que los impuestos establecidos para esta planta no son claros sobre si las entidades federativas podrán generar impuestos estatales o serán exclusivamente federales, así como el papel regulatorio de las entidades. 

Debemos celebrar que transitamos de un modelo de criminaliza y penaliza a los consumidores, a uno que respeta sus derechos humanos y que genera nuevos mecanismos para que las personas que decidan consumir esta sustancias, puedan hacerlo en ambientes controlados que reduzcan  algún impacto negativo en la sociedad Sin duda la discusión no es legalizar o no legalizar, sino cómo hacerlo. Estamos ante una oportunidad histórica de justicia social y de iniciar un tramo de justicia transicional con enfoque en derechos humanos que permita un México justo, tanto para los consumidores como los agricultores como los comerciantes y la salud pública.