Organización Internacional del Trabajo

La discriminación laboral: uno de los principales problemas en las empresas mexicanas

by Carlos Osoria Polo
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La Organización Internacional del Trabajo (OIT) hace algunos años lanzó un informe sobre la discriminación en el empleo. En dicho documento la OIT señaló que esta práctica es un problema importante en todo el mundo y que, aunque se han emprendido acciones notables para contrarrestarla, la discriminación sigue siendo un tema preocupante en los centros de trabajo de todo el planeta.

 En México, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) realizó un estudio sobre la discriminación en el empleo, en este se detalla, a través de datos oficiales, como es que ciertos grupos de la población se enfrentan a situaciones acentuadas de discriminación en el empleo. Por ejemplo, las mujeres, personas con discapacidad, personas indígenas, personas afrodescendientes o personas de la comunidad LGBTIQ+ viven situaciones diferenciadas y preocupantes de discriminación para acceder y permanecer al empleo. 

Ante lo anterior se han hecho acciones importantes; por ejemplo, la discriminación está prohibida desde la Constitución, y la Ley Federal del Trabajo, así como la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación contemplan sanciones cuando se comentan actos discriminatorios. Además, tenemos herramientas importantes como la Norma Oficial Mexicana NOM 035 y la Norma Mexicana NMX 025, instrumentos que buscan que las empresas y centros de trabajo mejoren sus condiciones laborales en favor de las personas trabajadoras. 

Desde la Sociedad Civil también se están realizando acciones importantes, por ejemplo, el Centro Eugenio Garza Sada pone a disposición de las empresas el programa “Capitalismo Social Aplicado: Ejemplos para el liderazgo humanista”, Ejemplos para el liderazgo humanista”, el cual consta de siete sesiones en las que se enseñan estrategias para que las empresas contribuyan al bien común y tengan éxito, a través del ejemplo de otras empresas que han implementado exitosamente prácticas en favor de la dignidad humana.

Para alcanzar una eliminación efectiva de la discriminación en los centros de trabajo es indispensable fomentar la igualdad de oportunidades y el respeto a la dignidad humana en las empresas, garantizando que derechos como la jubilación, el salario adecuado, la capacitación y el ascenso en condiciones de igualdad sean un imperativo que no se deje de lado. 

El Derecho a la Vivienda: El debate

by Rene Ramírez
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Las diputadas Martha Ávila y Valentina Batres del Congreso de la Ciudad de México, presentaron una Iniciativa para modificar el Código Civil de dicha entidad, cuya intención es dar frente a una problemática real y con efectos que serán exponencialmente mayores por la pandemia de COVID-19. Hay que recalcar que esta propuesta legislativa tiene como origen el esfuerzo de diversos activistas en materia de derechos humanos y colectivos como son la Coalición Internacional para el Hábitat, 06000 Plataforma Vecina, el Observatorio de la Colonia Juárez, entre otros. Ello, como bien plasma la iniciativa en su exposición de motivos, tiene como punto central el derecho a la vivienda, mismo se encuentra consagrado a nivel constitucional local en el artículo 9 apartado E; también y desde un plano internacional, la Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales menciona que los Estados deberán tomar diversas medidas para poder ejercer plenamente el derecho a la vivienda, entre ellas, la iniciativa en cuestión hace énfasis en la seguridad jurídica, asequibilidad y gastos soportables, que al ser conjugados, nos permite garantizar una vivienda digna para todas las personas. 

El panorama mundial y nacional respecto a esta pandemia, nos ha obligado a tomar diversas medidas para mitigar sus efectos, entre ellas, el confinamiento y aislamiento social; sin embargo, ello presupondría que para tomar dichas medidas como “quedarse en casa” debemos analizar el estado que guarda el derecho a poder acceder a una casa. También, un gran problema que se añade a esta desigualdad de acceso, se encuentran los estragos económicos, ya que la misma Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé un incremento del desempleo global entre 5.3 a 24.7 millones de personas y la disminución de ingresos, así como la incertidumbre económica y los efectos en los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, incrementado la pobreza y pobreza extrema a corto plazo. Es aquí donde radica la importancia de poner sobre la mesa una iniciativa de esta naturaleza,. 

Esta iniciativa modifica diversos artículos del Código Civil de la Ciudad de México en los cuales se propone, en primer término, reconocer una figura jurídica denominada “arrendamiento de vivienda” el cual es un contrato de arrendamiento pero con un fin social, ello para maximizar dicho derecho humano con alternativas jurídicas. Se establecen derechos del arrendatario haciendo énfasis en la seguridad jurídica de dicho contrato escrito; de igual manera, se contemplan mecanismos alternativos de solución de controversias sobre las condiciones que impidan el cumplimiento de un contrato para que pueda replantearse. 

Los tiempos actuales nos invitan reflexionar soluciones que puedan dar frente a las grandes dificultades, como son el acceso a derechos cuyo ejercicio se ve impedido aún más por este contexto. Por supuesto que las críticas y comentarios no se hicieron de esperar, generando que diversos sectores empresariales, políticos y de oposición de dicho partido proponente, califiquen la iniciativa como una medida “comunista” o que elimina la “propiedad privada”, sin embargo, considero sumamente grave que en lugar de reconocer un problema latente que afecta a miles de personas en la Ciudad de México, construir un producto legislativo de calidad y amplio, se prefiera simplemente el tergiversar y descalificar. Cualquier iniciativa es perfectible y habrá que ver el procedimiento legislativo y los comentarios que se realicen en la Comisión encargada de su Dictaminación, pero que no quede duda de la urgencia de soluciones, las dimensiones del problema y la necesidad de replantear figuras jurídicas con las necesidades y fenómenos sociales y económicos actuales, respetando en todo momento los derechos humanos y los principios constitucionales. Debate, dialogo y más debate. 

reneramirezbenitez@gmail.com 

La propuesta de un Ingreso Básico toma fuerza en México

by Gybram Vásquez Hernández
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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

Organismos como la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) de la ONU y la Organización Internacional del Trabajo apoyan el establecimiento de un ingreso vital de emergencia otorgado por el Estado Mexicano a las familias en mayor vulnerabilidad durante la pandemia.

CONEVAL ha calculado al menos 10 millones de personas que podrían entrar en pobreza y el INEGI calcula en 12 millones las personas que han perdido su empleo o al menos parte de sus ingresos.

En México la propuesta inicial la realizaron diputadas federales de diferentes corrientes políticas, Lorena Villavicencio, Laura Rojas, Martha Tagle y Verónica Juárez. Hasta ahora se han sumado más de 120 legisladores. 

Un Ingreso Vital temporal y no condicionado por $3,746.00 pesos mensuales por tres meses a la población más necesitada por la pérdida de ingresos a raíz del COVID-19.

Los últimos en añadirse han sido legisladores de Morena, quienes presentaron una iniciativa para establecer un Ingreso Básico Ciudadano con el propósito de disminuir los niveles de pobreza.

Mauricio Merino, profesor investigador del CIDE y miembro de la ONG Nosotrxs que respalda la iniciativa, señala que México tiene recursos suficientes para impulsar esta medida a nivel federal.

Según el investigador el SAT está recuperando fuertes sumas de impuestos pendientes y Hacienda ha renegociado la deuda a corto plazo. Además de que México recibió una nueva línea de crédito del Banco Mundial en el marco de la emergencia. 

De acuerdo a Merino, el implementar el Ingreso Básico sería una decisión completamente distinta a la del FOBAPROA que entregó el dinero a los más ricos en nombre de la estabilidad financiera: “aquí se pide lo opuesto, que el dinero se ponga en manos de los más pobres porque solo así se podrá rescatar al país”.

Comparado a lo que puede significar evitar que millones de personas caigan en la pobreza, el costo de establecer un Ingreso Único Vital (significaría alrededor del 1% del PIB), así sea temporal, no solamente sería asequible, sino una buena inversión. No se trata de “regalar dinero”, sino de apoyar la supervivencia de familias e impulsar su pronto regreso a la economía.

Parece existir un consenso entre los partidos políticos, incluido Morena, por lo que en primera instancia todo indica que la iniciativa puede prosperar. Quien pudiera convertirse en el mayor obstáculo es el propio presidente: aunque en efecto la propuesta embona con su visión y políticas, provino de la oposición, que podría rebasarlo por la izquierda en este tema.

Como lo apunta Merino, no se trata de descalificar los programas sociales del presidente, sino de reconocer que estos fueron diseñados para otras circunstancias y no responden a la urgencia presente.

Jóvenes, los que más sufren económicamente por la pandemia

by Gybram Vásquez Hernández
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Esta columna es parte del análisis que realizamos en Reporte-19, un producto de Altius Consultores para orientar en la toma de decisiones. Consulta el reporte completo en https://bit.ly/Reporte19 

La Organización Internacional del Trabajo advierte que de no fortalecer la capacidad de respuesta ante los efectos desproporcionados que ha tenido la crisis sanitaria en los trabajadores jóvenes, existe el riesgo de que los efectos del virus acompañen a las sociedades durante décadas. 

De acuerdo con la OIT, antes de la pandemia más de 267 millones de jóvenes en el mundo no tenían empleo ni participaban en ningún programa educativo. La proporción de mujeres rebasaba 31%, frente a 13.9% en el caso de los hombres.

Un análisis de El Universal muestra que entre marzo y abril de 2020, el número de trabajadores menores de 30 años se redujo en 375 mil 714 plazas, cifra que representa 55% de los 685 mil 840 puestos eliminados en el periodo. 

Siete de cada 10 jóvenes que perdieron su empleo eran hombres y tres eran mujeres. 

Este golpe se da en un escenario laboral que de por sí ya era adverso para la juventud, pues la precarización del trabajo es un fenómeno que no ha dejado de agudizarse: la ausencia de seguridad social, la eliminación de esquemas de antigüedad y la desaparición de la relación laboral con plataformas digitales son ejemplos.

Las entidades federativas que reportaron las mayores pérdidas de personal de entre 15 y 29 años fueron: Ciudad de México, con 65 mil 876 plazas; Quintana Roo, con 49 mil 584 puestos; Nuevo León, 30 mil 689; Jalisco, 25 mil 970; Estado de México, 21 mil 173, y Querétaro, 15 mil 174.

En el caso de Nuevo León, hasta abril pasado había 526 mil 23 trabajadores registrados en el IMSS menores de 30 años de edad, quienes representan un 33 por ciento del total de los trabajadores formales.

Los jóvenes con educación universitaria son el segmento más afectado por el desempleo que ha generado el COVID. Esto podría tener un efecto político adverso para AMLO y Morena, dado que el segmento que más ha crecido en desaprobación hacia el presidente son las personas con educación universitaria.

Desde antes del Covid, México se ha caracterizado por ser un país donde las y los jóvenes se desempeñan en condiciones laborales precarias. De acuerdo a la organización YouthBuild International en México, 8 de cada 10 no cuentan con los ingresos suficientes para adquirir una canasta básica para dos personas, mientras que el 51% carecen de seguridad social.

Precisamente por el poco alentador panorama, resulta urgente diseñar políticas públicas y mecanismos para evitar que esta generación y las siguientes caigan -o se mantengan- en ciclos de pobreza y baja movilidad social. Entre las recomendaciones de la OIT están establecer mecanismos de ayuda financiera y fiscal a gran escala para trabajadores y empresas.

Alerta OIT por desempleo de jóvenes en pandemia

by Redacción
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Uno de cada seis jóvenes en el mundo perdió su empleo estos meses, los que lo mantuvieron vieron caer sus horas de trabajo 23 por ciento, y la formación de muchos más se detuvo, según un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) con un sombrío panorama para la “generación postCovid”.

El estudio muestra que la juventud, ya antes especialmente vulnerable en el mercado laboral y que aún sufría las consecuencias de la crisis financiera de 2008, ha sido uno de los grupos de edad más afectados por los confinamientos y otras medidas de freno al Covid-19, lo que puede tener adversos efectos a largo plazo.

“La Covid-19 no hizo sino agudizar las vulnerabilidades que los jóvenes trabajadores tenían ya en el mercado laboral”, resume en una entrevista la colombiana Susana Puerto, experta en empleo juvenil de la OIT y responsable del sondeo con el que se han extraído muchos de los datos del informe.

Al menos 73 millones de jóvenes más sin empleo

La encuesta muestra que 17 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 29 años en todo el mundo dejaron su empleo durante los meses de confinamiento, lo que supondría al menos 73 de los 429 millones que antes trabajaban.

La cifra real, aclara la autora del sondeo, podría variar e incluso ser mayor, ya que la encuesta se hizo a través de internet y muchos de los empleados jóvenes más vulnerables no tienen acceso a un ordenador en red.

A ese dato negativo se suma que el 98 por ciento de los centros de formación en todo el mundo se cerró a las clases presenciales durante los momentos álgidos de la pandemia, afectando a buena parte de los 496 millones de jóvenes en formación.

“Estos jóvenes van a terminar aplazando sus estudios o incluso saliendo de ellos porque demorar la formación genera gastos adicionales que muchos no van a poder cubrir”, subraya Puerto.

Esto, unido a la caída de la oferta de nuevos trabajos que también ha producido la crisis sanitaria, va a generar “una demora en la transición de la escuela al trabajo”, advierte la experta colombiana.

Una sociedad con más “ninis”

Todo ello anticipa un aumento en el número de jóvenes que ni estudian ni trabajan, los conocidos como “ninis”, que antes de la actual crisis eran 267 millones, recordó Puerto.

La especialista señaló que en esta situación se encuentran más chicas (31 por ciento del total de mujeres jóvenes) que chicos (14 por ciento).

En estas circunstancias no es de extrañar que la encuesta haya mostrado también que la mitad de los sondeados siente miedo o desconfianza hacia el futuro, lo que abre la posibilidad de caer en estados de ansiedad o depresión, advirtió la experta.

Aunque el informe de la OIT no separa datos por regiones, se teme que Latinoamérica pueda ser una de las que presente un futuro más incierto para los trabajadores jóvenes, teniendo en cuenta que 53 por ciento de la economía en esos países es informal, y que tres de cada cuatro jóvenes que trabajan en el mundo están en ese sector.

“Esos jóvenes no tienen un acceso directo a la protección social, y eso también les dificulta llegar a subsidios y otras medidas de apoyo que se aprueben, pues de alguna manera son invisibles a las bases de datos de los gobiernos”, señaló Puerto.

Políticas sociales de choque

Para paliar esta situación, la OIT recomienda en su informe la aplicación de algunas recetas que ya se tuvieron en cuenta tras la crisis de 2008, basadas en políticas fiscales expansivas que puedan estimular la economía y apoyar la creación de empleo, en palabras de la experta.

Políticas que son importante que integren oportunidades para que los jóvenes hagan su transición (de la formación al mercado laboral) o puedan reintegrarse en la educación o el trabajo, indicó.

Invertir en sectores en crecimiento, como el tecnológico, y proteger los más golpeados por la crisis (manufacturas, comercio y servicios, inmobiliario, etc) son otros deberes para poder salir de la difícil situación económica que se anticipa y hacerlo sin olvidar a los trabajadores de menor edad.

“Si no invertimos en los jóvenes los efectos a largo plazo en la sociedad van a ser devastadores”, advirtió Puerto, quien como el informe de la OIT recomendó mayor inversión en educación y formación para hacer frente a la crisis laboral que se avecina.

La experta predice un trasvase de jóvenes desde los sectores más golpeados a otros donde encuentren más oportunidades.

“Por ejemplo, los que estaban empleados en aerolíneas podrían entrar a sectores donde sí haya demanda, como la economía de los cuidados”, vaticina.

Muchos otros podrían llegar al teletrabajo, que ha tenido un inmenso auge con la pandemia, aunque en la OIT todavía hay un debate en torno a los pros y los contras de estas actividades en casa, reconoció.

(Fuente: EFE)

Coronavirus dejará 11,5 millones de nuevos desempleados en Latinoamérica en 2020: Cepal/OIT

by Redacción
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La crisis económica causada por la pandemia del coronavirus dejará 11,5 millones de nuevos desempleados en el 2020 en América Latina, lo cual incrementará el número total de desocupados a 37,7 millones de personas, estimó este jueves un informe de la CEPAL y la OIT.

La contracción económica en América Latina que CEPAL estima será de un 5,3% este año -la peor desde 1930- y tendrá “efectos negativos” sobre la tasa de desocupación de la región, que pasará de un 8,1% el 2019 a un 11,5% este año, según las proyecciones presentadas por ambos organismos en su sede regional en Santiago.

“Se proyecta un aumento de la tasa de desocupación de al menos 3,4 puntos porcentuales, lo que equivale a más de 11,5 millones de nuevos desempleados”, indicó el informe “Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe. El trabajo en tiempos de pandemia: desafíos frente a la enfermedad por coronavirus (covid-19)”.

Junto al aumento de la desocupación, ambas organizaciones esperan un marcado deterioro de la calidad del empleo en la región donde la tasa media de trabajos informales ya alcanza al 54%, afectando principalmente a los sectores más vulnerables.

La organización Internacional del Trabajo (OIT) estima la reducción de un 10,3% de las horas de trabajo, lo que afectará a unos 32 millones de personas, esto debido a la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento tomadas por los países latinoamericanos.

Las cifras de desempleo afectarán duramente a los más vulnerables de la región, provocando el aumento de la pobreza en 4,4 puntos porcentuales  y la pobreza extrema 2,6 puntos porcentuales con respecto a 2019.

“Esto implica que la pobreza alcanzaría entonces a 34,7% de la población latinoamericana (214,7 millones de personas) y la pobreza extrema a 13% (83,4 millones de personas)”, alertó la CEPAL.

Ambas instituciones ven un futuro incierto para el mercado laboral regional y estiman una recuperación bastante lenta de los empleos perdidos, que requerirá una profunda formación y educación de los trabajadores en seguridad sanitaria, protocolos de salud y horarios desfasados de ingreso y salida para evitar aglomeraciones y focos de contagio.

“Para ello son necesarios recursos institucionales y presupuestarios reforzados que garanticen su cumplimiento”, señaló el informe.

El coronavirus ha provocado más de 600.000 contagiados y más de 33.000 muertos en toda América Latina, según el último recuento de la AFP.

Sistema de Pensiones: Reto a Futuro

by Jesús Alberto Elizondo Salazar
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Para nadie es secreto que el tema de las pensiones en México es un problema cuyos efectos aún no hemos sentido del todo. En México la edad promedio es de 27 años y estamos viviendo el bono demográfico más grande en la historia de nuestro país y que difícilmente podrá repetirse. La gran oferta de mano de obra y las inversiones extranjeras para instalar sus plantas de producción en nuestro país han hecho posible que podamos mantener el esquema actual de pensiones. La reforma al SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) ha traído beneficios como el incremento del ahorro y la calidad del mismo lo cual habla bien de la maduración de los trabajadores mexicanos en comparación con otros países en desarrollo, pero aún así hay grandes áreas de oportunidad.

Según Carstens la informalidad representa el principal reto que enfrenta el sistema de pensiones en nuestro país, de cada 10 empleados 6 son informales. Un indicador que nos da una idea de la gravedad del asunto es que la informalidad creció 1.8 veces más que la economía en su total. En los últimos años el gobierno federal ha ido buscando la forma de combatir la informalidad con programas como “Crezcamos Juntos”  pero aún así  la informalidad sigue creciendo sobre todo en los estados más marginados.

En la Segunda Convención Nacional de Afores el aún Gobernador del Banco de México (hasta finales de noviembre) enfatizó 3 puntos débiles del actual sistema de pensiones. El primero es el nivel de cobertura, seguido por la percepción que tienen los trabajadores respecto al sistema de pensiones actual. Muchos sin conocer cómo funcionan las AFOREs y demás conceptos del sistema prefieren no afiliarse o toman decisiones erróneas en sus manejos para el retiro lo cual complica aún más los números de cobertura y es parte de la desconfianza que le tienen los ciudadanos a estas instituciones. La falta de información y el conformismo generan que muchos prefieran no tener cobertura ni tener una cultura del ahorro, lo cual podría ocasionar un grave problema social en las próximas décadas son miles de familias que tendrán que mantener a sus padres por falta de planeación financiera.

Los números de personas que cotizan en la bolsa en México son menores a otros países de Latinoamérica, mientras aquí la cobertura apenas alcanza el 27% de cobertura en países como Chile (40%), Costa Rica (41%), Panamá (47%) y Uruguay (65%) las coberturas son mucho mayores según datos de la Organización Internacional del Trabajo. No solo es un tema de ampliar la cobertura sino mejorar la calidad de la misma e informar a la población sobre el tema para que se convierta en un aspecto básico de la planeación financiera de cada familia como lo es en Europa o Estados Unidos.

Existen propuestas para adoptar esquemas creativos como lo han hecho en otros países en desarrollo. Una de las propuestas sugeridas por Carstens se basa en algunos conceptos del Premio Nobel de Economía 2017 Richard Thaler quien propone enrolar a los trabajadores en un esquema donde aporten una proporción de su salario a un plan preestablecido para su retiro desde el momento que entra a una empresa, independientemente que pueda hacerlo de forma separada. Muchos son los retos pero el tema no debe pasarse por alto si es que queremos evitar enfrentar situaciones como las de España y Japón con mayorías poblacionales entrando en etapa de vejez.

La búsqueda de niñas y niños desaparecidos y la Alerta Amber

by Waldo Fernández
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Según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cada año 1 millón 200 mil niñas y niños son objeto de trata. Esta actividad delincuencial varía de región en región; sin embargo, se señala que la mayor parte de los factores por los cuales se puede tratar a un niño es para: prostitución infantil, trabajos agrícolas, industriales, servidumbre y para ser mano de obra barata.

La trata de personas viola todos los derechos de las niñas y los niños al mismo tiempo, es una forma moderna de esclavitud y uno de los delitos que gobierno y sociedad deben combatir por todos los medios al alcance. La trata es un delito que viola los derechos de los niños y niñas alrededor del mundo, los coloca en una situación de vulnerabilidad y son objeto de prostitución, matrimonio forzado, adopción ilegal, mano de obra barata, incorporación a grupos armados, servidumbre en casas, y por tanto están expuestos a contraer enfermedades como el VIH SIDA, por mencionar alguna de las más relevantes.

Ante esta situación existen diversos acuerdos y convenciones en materia legal internacional como la Convención sobre los Derechos del Niño del año 1989, su artículo 35 solicita a los Estados Partes que “tomen todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma”, de igual manera el artículo 39 de la misma convención estipula que se deberá “promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima”.

Otros convenios son el Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía; la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional; y desde luego el Convenio 182 de la OIT sobre la prohibición contra las peores formas de trabajo infantil.

El Registro Nacional de Personas Extraviadas, en el año 2015 se reportó 6 mil 342 casos de niñas, niños y adolescentes en el fuero común y 193 más en el fuero federal, y las cifras van en creciente aumento.[1]




Al seno de esta problemática que es nacional y mundial, nació el Programa ALERTA AMBER en Dallas, Texas en 1996 por iniciativa del padre de Amber Hagerman ante la desaparición de su hija quien fue secuestrada y asesinada, donde tuvo apoyo de los medios de comunicación y la ciudadanía; este programa es uno de los más exitosos. Por ello el 2 de mayo de 2012, el Gobierno de la República puso en operación el Programa Nacional Alerta AMBER México, como una herramienta que contribuye a la difusión, búsqueda, localización y recuperación de niñas, niños y adolescentes.

El programa muestra resultados promisorios en nuestro país ante la participación de ciudadanía y sociedad civil organizada, por ejemplo, la empresa telefónica AT&T envió más de cuatro millones de mensajes de texto a sus usuarios, apoyando en la localización de niños, niñas y adolescentes del país. Cuando se activa una Alerta AMBER, AT&T envía mensajes de texto para convocar a su base de usuarios de telefonía móvil a participar. Según datos de esta empresa, hasta el momento, en siete de cada diez alertas en las que participa la comunidad AT&T, el menor ha sido encontrado y entregado a sus familiares (72%).[2]

Por ello, el que firma estas líneas ha propuesto una iniciativa al Congreso de la Unión para que todas las compañías telefónicas estén obligadas a enviar de manera estratégica un mensaje de texto a sus bases de usuarios cada vez que una ALERTA AMBER sea emitida, así serán más los ciudadanos que podrán conocer el suceso y ayudar en la recuperación del niño, niña o adolescente desaparecido; considerándose en evidencia el informar, como ya se hace, a distintos organismos del Estado y medios sobre la sustracción de un infante, para concitar la participación de la ciudadanía.

La persecución de este delito debe unir todo el sistema de justicia penal, a la sociedad civil y a los tres órdenes de gobierno, se trata de uno de los delitos más inclementes que existan en la realidad humana, una forma de hacerlo es encontrar a los niños, otra es perseguir el delito e imponer las penas que correspondan con toda la fuerza del Estado.




[1] Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPED), Consejo Nacional de Seguridad Pública en la Sesión Ordinaria XL, Agosto, 2016, pp. 44 y 52

[2] https://www.att.com.mx/noticias/att-pgr-reportan-alianza-alerta-amber.html

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”