El trágico asesinato de Sara “la Millerey” en Antioquia, Colombia, durante este fin de semana, ha conmocionado a todo el país, poniendo la lupa sobre una de las comunidades más vulneradas de todo el país.

La mujer trans de 32 años fue víctima de una brutal golpiza antes de ser lanzada la quebrada Playa Rica, en el municipio de Bello. Lo anterior con el objetivo de que no pudiera nadar hasta la orilla y pedir auxilio en tierra firme.

Según las autoridades, Sara alcanzó a ser rescatada del agua por los cuerpos de bomberos y la Policía local en la tarde del 4 de abril, para después ser transportada a un hospital cercano. Sin embargo, los daños irreversibles en su cuerpo y las lesiones provocaron que muriera el 5 de abril.

Este hecho visibiliza, una vez más, la grave situación de violencia que enfrenta la población trans en Colombia.

Según la Defensoría del Pueblo, durante 2024 se intensificaron los actos de violencia contra esta comunidad, que históricamente ha sido víctima de discriminación y exclusión.

Un informe del organismo, publicado a finales de ese mismo año, reportó 258 casos de violencia basada en prejuicios contra personas transgénero y no binarias entre enero y octubre, lo que representa un incremento del 29,6 % en comparación con el mismo periodo de 2023. Las regiones más afectadas fueron Norte de Santander, Santander, Meta, Antioquia y Valle del Cauca.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación reportó el asesinato de 26 personas transgénero en ese periodo, equivalente a un promedio de dos homicidios mensuales.

Frente a este panorama, la Defensoría urgió al Estado colombiano a reforzar las políticas de protección dirigidas a las personas trans.

Subrayó la necesidad de asignar recursos técnicos y económicos suficientes para implementar medidas efectivas, entre ellas, la ejecución del CONPES-LGBTIQ+ y la actualización de la Política Pública Nacional LGBTI.

Asimismo, propuso la implementación del “Mecanismo para la Prevención y Atención Integral de Violencias y Actos de Discriminación hacia la Población LGBTIQ+”, diseñado para responder de forma integral a las múltiples formas de violencia y discriminación que enfrentan estas comunidades, y para asegurar una protección real y efectiva de sus derechos fundamentales.