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Rechaza Colosio selección de titular para la CEDH

by Redacción
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Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Desarrollo Social, Derechos Humanos y Asuntos Indígenas, reiteró su rechazo hacia la terna que se presentó ante el Pleno para la titularidad de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) por considerar que carece de legitimidad y emitió su voto en contra.

Tras el proceso de comparecencias, la presidencia de la Comisión presentó este jueves una terna con los perfiles mejor calificados tras un amplio análisis y discusión en conjunto con la sociedad civil.
Sin embargo, de último momento, diputados miembros de la Comisión, presentaron una propuesta diferente con perfiles no aptos, pues carecen de sustento y están ligados a fracciones parlamentarias, la cual fue aprobada durante la sesión del Pleno de este viernes.

“En ningún momento fue escuchado durante la sesión la exposición de por qué, la nueva terna era más apta que la presentada por la presidencia de esta Comisión, o bajo cuáles parámetros esas personas cumplían con los requisitos de elegibilidad, de idoneidad”, arremetió Colosio.

Tras aprobar la terna, el Congreso local designó por mayoría como titular de la CEDHNL a Olga Susana Méndez Arellano, quien está ligada a la fracción del PRI, pues ha sido asesora de la diputada Karina Barrón Perales durante las últimas dos Legislaturas.

El nombramiento de Méndez Arellano fue aprobado por mayoría con 32 votos a favor, mientras que Xóchitl Francisca Loredo Salazar tuvo cinco votos a favor, y se registraron cinco votos nulos.

“Nuestra bancada no votará a favor de este dictamen, puesto que no podemos ser cómplices de este tipo de acciones. No debemos permitir que los órganos vigilantes y autónomos sean tomados por grupos de poder político”, comentó el diputado.

Pide CEDH a autoridades en Nuevo León a reconsiderar medidas restrictivas

by Redacción
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) emitió medidas precautorias dirigidas a las secretaría de Salud y Economía del gobierno estatal, por el cierre de negocios dedicados a la distribución de alimentos durante tres sábados y domingos a partir del sábado, con el propósito de reducir defunciones y contagios por COVID-19,

La CEDHNL solicitó al Gobierno estatal reconsiderar las disposiciones sobre los días y horarios de operación de dichos establecimientos, a fin de garantizar el acceso física, social y económico a dichos bienes básicos en todo momento.

Por otro lado, señala que las recientes medidas sanitarias, derivadas de la contingencia por el coronavirus, adoptadas por las autoridades estatales, guardan relación con el derecho a la alimentación.

“La restricción o suspensión de derechos humanos debe estar fundada y motivada dentro de los términos previstos por la Constitución”, se lee en el comunicado de la dependencia.

Por último, pidió a las secretarías de Salud y Economía evitar cualquier restricción que atente contra la igualdad y genere discriminación hacia las personas que ejercen el comercio.

La lucha por nuestra integridad

by María Elizondo
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“El reconocimiento de los derechos humanos depende del momento histórico que se esté contando”, me dijo alguna vez una maestra. La lucha por los derechos humanos ha sido muy larga, dolorosa y sobre todo constante. A lo largo de nuestra historia hemos vivido acontecimientos atroces que nos han marcado profundamente, dejando un rastro de indignación imborrable.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se dejó un mundo adolorido, espantado y con poca esperanza.Por esta razón, los países decidieron unirse y realizar un compromiso: reconocer y respetar los derechos humanos, entendiéndose estos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna; considerándolos universales, inalienables, independientes e indivisibles.

Durante las últimas semanas en Nuevo León, se ha suscitado un debate entre el poder ejecutivo y legislativo, en contra de los criterios implementados por el Poder Judicial. Algunos Alcaldes y legisladores han realizado un llamado de advertencia, en especial al Magistrado Arenas Bátiz (Presidente del TSJNL), considerando sus criterios como ineficientes para la implementación de justicia, trayendo como consecuencia la liberación de “delincuentes”.

Vivimos en un país donde más del 64% de los mexicanos y mexicanas tememos por nuestra integridad física, psicológica y moral si llegamos a ser detenidos por cualquier autoridad.

A través de este conflicto, me ha tocado escuchar diferentes opiniones, pero la que más me llamó la atención, fue la siguiente: “los derechos humanos para algunas cosas están bien, pero para otras no, como por ejemplo cuando dejan delincuentes sueltos”. Entonces: ¿La culpa es de los derechos humanos o de las autoridades encargadas de realizar el proceso?

Amnistía Internacional en su informe “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México”, denuncia que la practica de la tortura en nuestro país es generalizada y persiste, que lleva arraigada en el sistema por más de 50 años, y lo peor es que cada vez aumenta con más frecuencia. Se estima que por lo menos 80.000 personas son victimas de actos violentos relacionados con las detenciones realizadas por el Ejercito, La Marina o la policía [1]. En el año 2014 se presentaron más de 7.000 denuncias de personas que afirmaron haber sufrido tortura durante su detención y sólo 7 tuvieron una condena por un tribunal federal [2].

En Nuevo León la tortura por parte de las autoridades, no es un tema exento, sino todo lo contrario, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León –CEDHNL– emitió en el año 2015, 116 recomendaciones [3] , de las cuales más del 80% son sobre casos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. La autoridad responsable de detener al presunto delincuente, en principio tiene la costumbre de no contar con una orden de aprehensión, pues se determina que han sido detenidos al momento de cometer el delito. Asimismo es una conducta reiterada no poner a la persona a disposición del Ministerio Público más cercano, la autoridad decide la mayoría de las veces llevarla a una casa abandona, lote baldío o en el mismo carro de la autoridad, para proceder al más viejo método de investigación –aceptado por muchos–, el cual consiste en proporcionar: patadas, puñetazos, asfixia (con bolsas de plástico o trapos de tela), toques eléctricos (en los genitales de la persona), y hasta en algunas ocasiones se llega al extremo de la violación sexual; con la finalidad de obtener una confesión y/o infringir un castigo.

Amnistía Internacional en su informe “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México”, denuncia que la practica de la tortura en nuestro país es generalizada y persiste, que lleva arraigada en el sistema por más de 50 años, y lo peor es que cada vez aumenta con más frecuencia.

Si para algunas cosas están bien los derechos humanos y para otras no ¿Entonces no dejarían de ser derechos humanos?, la propia definición lo dice, no están sujetos a ninguna condición. Ahora respecto a los comentarios de un Alcalde, en donde manifiesta que no se está haciendo justicia, yo le diría que si la justicia significa ir en contra de la dignidad humana, no respetar la integridad del acusado, así como no aplicar los derechos constitucionales e internacionales respecto al debido proceso, entonces no sé de qué tipo de justicia estamos hablando, al momento de no respetar el principio de presunción de inocencia que tanto nos costó conseguir y salvaguardar.

El problema no lo tienen los derechos humanos, no lo tienen los jueces y tampoco la ley, el problema lo tienen las autoridades encargadas de realizar las investigaciones, negadas a ir conforme a los lineamientos nacionales e internacionales en la materia, las cuales siguen rigiendo por las practicas inhumanas y arraigadas de un sistema que lo único que han conseguido es tener a más gente inocente adentro. Si existen presuntos delincuentes libres sólo se puede traducir a la baja capacidad investigadora de los policías y el Ministerio Público en México, si se desea que las personas que han cometido un delito, vayan a la cárcel para cumplir su condena, entonces deberían de exhortar a sus policías en realizar una investigación integra, conforme al marco jurídico y respetar en todo momento los derechos humanos.

Vivimos en un país donde más del 64% de los mexicanos y mexicanas tememos por nuestra integridad física, psicológica y moral si llegamos a ser detenidos por cualquier autoridad [4]. Es inadmisible que se tome el estereotipo – en este caso de criminales – como método de justificación de la tortura, para conseguir una supuesta justicia.

[1] Amnistía Internacional, “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México”, 2014, pág. 10. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2014/09/INFORME_TORTURA_AIM.pdf

[2] Amnistía Internacional, Op.cit. págs. 11-12.

[3] Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León, Recomendaciones 2015. Disponible en: http://www.cedhnl.org.mx/recomendaciones.html

[4] Amnistía Internacional, contra la tortura. Disponible en: http://amnistia.org.mx/hacemosn/tortura/

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Sobre el rechazo legislativo de Eduardo Román

by Javier Náñez Pro
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De doble filo es la redacción periodística en la forma editorial, pues si bien pueden capitalizarse puntos de vista importantes sustentados y justificados, que resulten en una aportación favorable a la opinión pública, también pueden exhibir el total desconocimiento del tema tratado por parte de su autor o en el peor de los casos, editoriales amañadas dirigidas a desinformar al auditorio correspondiente. Irresponsable es que abusando de las plataformas periodísticas, un autor se pronuncie con certeza sobre algo cuando tiene una carencia absoluta de elementos o siquiera indicios que pudieran sustentar lo que afirma.

El tema de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos vuelve a cobrar relevancia a raíz del gigantesco desacierto de los diputados albiazules tras rechazar la primera oportunidad de tener un ciudadano verdaderamente ajeno a los grupos políticos ocupando este importante cargo.

Si existe un ente político lastimado tras este lamentable hecho, no es el candidato Eduardo Román, ni quienes participaron en el proceso de designación, sino este mismo grupo de diputados que ahora deberán soportar el costo político que lo anterior acarrea no únicamente con la ciudadanía que verificó y percibió la transparencia, apertura y pureza del proceso, sino con cuatro de las universidades más importantes (UANL, ITESM, UDEM y FLDM), no solo de Monterrey, sino del país.

Quizá les faltó asesoría al analizar su decisión, pero el mensaje enviado a las instituciones educativas es de absoluto demérito a su trabajo, pues todas las horas de estudio, esfuerzo y disposición invertidas en el proceso, parecen carecer de total valor para ellos.

Sobre la materia, un desliz común que pone en evidencia el desconocimiento del mismo en algunas personas (tanto diputados como editorialistas), es la versatilidad ideológica con la erróneamente se percibe la función pública en un puesto como el de la CEDHNL.

Por ejemplo, en el caso del matrimonio igualitario, que además de ser un tema ya definido por la Suprema Corte como jurisprudencia, es consistente con la sintonía en la que la temática se ha desarrollado en luz de los derechos humanos en la escala mundial, tanto en los sistemas regionales como universales, el hecho de tomar como criterio de un candidato a la titularidad de la CEDH su postura sobre el matrimonio igualitario u otros temas de este corte, es vergonzosamente inútil y denota cabal ignorancia, pues concebir la idea de un titular de un órgano de protección a derechos humanos que no únicamente no esté dispuesto a protegerlos, sino que ideológicamente esté en contra de su contenido, sería equivalente a nombrar de obispo a alguien que abiertamente no cree en los santos, la Virgen María y los sacramentos. Risible.

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Transparencia e información como garantía democrática: El procedimiento para la CEDHNL

by Samuel Ramírez Mejía
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El próximo 1° de febrero, el Congreso del Estado iniciará el segundo período ordinario de su primer año legislativo. Entre otros pendientes de la agenda legislativa se encuentra la designación de la persona que deberá fungir por los próximos cuatro años como titular de la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL).

Estas breves líneas las escribo más bien para sostener la validez constitucional y democrática del procedimiento de consulta que se siguió para que el Ejecutivo pudiera enviar su propuesta.

El 14 de enero pasado, el Ejecutivo estatal remitió al Congreso su primera opción como propuesta: el profesor Eduardo Román González. En segunda posición, está la también profesora universitaria Magda Yadira Robles y, como tercer lugar, la actual consejera electoral de la Comisión Estatal Electoral, Sofía Velasco. Aunque por razones profesionales estimo que el mejor perfil es justamente el del profesor Román, estas breves líneas las escribo más bien para sostener la validez constitucional y democrática del procedimiento de consulta que se siguió para que el Ejecutivo pudiera enviar su propuesta.

Tanto el procedimiento seguido como su resultado representan para todas las personas en Nuevo León una garantía democrática.

Afirmo que el resultado del procedimiento no solamente es constitucionalmente sólido, sino, además, y tal vez más importante aún, que el resultado de dicho procedimiento; por primera vez en la historia de la integración del organismo protector de derechos humanos en nuestro estado, se ha permitido que todas las personas antes referidas sean una garantía de seriedad, conocimiento, profesionalismo y honradez en la encomienda de presidir la CEDHNL. En otras palabras, sostengo que tanto el procedimiento seguido como su resultado representan para todas las personas en Nuevo León una garantía democrática.

En efecto, conforme a modelos de democracia participativa o de autonomía democrática, una de sus características fundamentales es un sistema abierto de información con el fin de garantizar decisiones informadas acerca de todas las cuestiones públicas (Held, Modelos de democracia, 1992). Pues bien, el procedimiento delineado en la convocatoria publicada el 16 de diciembre pasado, así como su implementación y posteriores decisiones, fue transparente y permitió, notablemente, que las personas contáramos con información relevante del perfil, trayectoria, plan de trabajo y habilidades de los aspirantes registrados. Valga un solo ejemplo, la etapa de desempate que se realizó entre el profesor Román y la Doctora Robles, resultó un ejercicio de apertura democrática sin paralelo. Todo el procedimiento mismo, ojalá sea considerado para futuras designaciones de órganos públicos con relevancia constitucional.

Por otra parte, el fundamento de la convocatoria misma es un adelanto en la práctica constitucional de nuestro país que no puede tener marcha atrás. Me explico: uno de los fundamentos de la convocatoria es el artículo 102, apartado B, párrafo octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM). Dicho párrafo fue adicionado mediante reforma publicada el 10 de junio de 2011 (Diario Oficial de la Federación), y en él se estableció que los “titulares de los organismos de protección de los derechos humanos de las entidades federativas, se ajustarán a un procedimiento de consulta pública, que deberá ser transparente, en los términos y condiciones que determine la ley.” En los artículos transitorios de la señalada reforma se fijó un plazo de un año a fin de que las legislaturas estatales realizaran la adecuación correspondiente: si el Congreso del Estado no realizó la reforma pertinente, ¿significaba esto que no era constitucionalmente válido realizar un procedimiento de consulta abierto y transparente? Me parece que en un régimen democrático la Constitución es la guía principal en la actuación de las autoridades. Estimo que si la Constitución es en verdad normativa, el procedimiento y su resultado son jurídicamente correctos.

En suma, Constitución y democracia son términos inescindibles. En este sentido, la convocatoria, el procedimiento y el resultado obtenido para la propuesta del Ejecutivo a fin de integrar la Presidencia de la CEDHNL son, a no dudarlo, una garantía objetiva y democrática para las personas que vivimos en Nuevo León. Quien aún tenga dudas al respecto sólo debe analizar los perfiles y trayectorias de las tres personas que llegaron a la terna final. Estoy seguro que cualquiera realizará una excelente labor en la protección de los derechos humanos en nuestro estado.

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Sobre el Proceso de Selección del nuevo Presidente de la CEDH

by Javier Náñez Pro
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Después de leer los comentarios y opiniones negativas en torno al proceso de designación de quien habrá de ocupar la Presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL), es mi deber moral como persona que participó en dicho proceso explicar su desarrollo para que los lectores que han sido malinformados, puedan tener claridad sobre los hechos, y entonces formar su propia opinión sin los sesgos provocados por algunos críticos y hasta participantes que se sometieron al proceso y únicamente después de no ser seleccionados, lo criticaron.

El Ingeniero Jaime decidió instituir un proceso inédito a desarrollar de la mano de la ciudadanía y la sociedad civil para determinar las personas que éste habría de proponerle al Legislativo para dicho cargo.

Partiendo de que la Constitución del Estado consagra la absoluta libertad del Gobernador a proponer como candidato a la Presidencia de la CEDHNL a quien desee, ante el Congreso del Estado, de manera absolutamente voluntaria, sin estar obligado a ello, a propuesta del Secretario General de Gobierno, el Ingeniero Jaime decidió instituir un proceso inédito a desarrollar de la mano de la ciudadanía y la sociedad civil para determinar las personas que éste habría de proponerle al Legislativo para dicho cargo.

Es así como se publica en el Periódico Oficial del Estado una convocatoria abierta a la ciudadanía para quienes tuvieran deseos de ser la próxima ‘ombudsperson’ de Nuevo León. Para que pudieran participar la mayor cantidad de personas, se exigieron los requisitos indispensables que establece la Constitución (E.g.: Título de Licenciatura en Derecho), así como sus currículos y planes de trabajo, para que el Comité Evaluador, en luz de las bases allí establecidas, tuviese gran flexibilidad para elegir.

Se inscribieron aspirantes hasta determinarse que 15 de ellos cumplían con los requisitos establecidos en la convocatoria, por lo que a todos ellos se les dio fecha y tiempo para exponer sus motivos y plan de trabajo en la CEDHNL.

Fueron invitadas en buena medida organizaciones civiles y universidades de renombre en la entidad; unas aceptando formar parte del proceso inédito y otras declinando la invitación.

Los organismos ajenos al propio gobierno representaron una mayoría absoluta en la votación, desplazando la voluntad gubernamental en la toma de decisión.

Así las cosas, se formó un Comité de 8 miembros: 3 representantes de la Secretaría General de Gobierno únicamente, 1 representante de las organizaciones civiles, y 4 representantes de las universidades; todos con acceso a una carpeta con los perfiles de los aspirantes. Cabe destacar que, en su conjunto, los organismos ajenos al propio gobierno representaron una mayoría absoluta en la votación, desplazando la voluntad gubernamental en la toma de decisión.

Destacando el alto nivel de algunos participantes después de las comparecencias, hasta se llegó a un empate en primer lugar, que en la última ronda, creada solo para tal propósito, tras 8 preguntas del Comité y 2 de la ciudadanía por medio de redes sociales (muy al estilo Bronco), se rompió el empate y hubo un ganador.

Todo es perfectible, pero partiendo del dedazo de las pasadas administraciones para su selección (que hasta donde yo recuerdo ni fue criticado), ¿siguen pensando que fue tan malo este ejercicio caracterizado por su transparencia, apertura y participación ciudadana?

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