“La ilusión de que entendemos el pasado fomenta el exceso de confianza en nuestra capacidad para predecir el futuro.” (Daniel Kahneman)
Normalmente, a finales de año, las empresas comienzan a realizar proyecciones financieras en las que visualizan ingresos y gastos del siguiente ciclo, ajustándolos a sus objetivos y metas. Esto también aplica a los gobiernos. Cada año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presenta el Paquete Económico, un conjunto de consideraciones económicas y fiscales que define cómo se gastarán los recursos públicos y cómo se recaudarán los ingresos necesarios para respaldar ese gasto.
El Paquete Económico tiene dos partes fundamentales: la Ley de Ingresos, que proyecta la recaudación esperada, y el Presupuesto de Egresos, que asigna los recursos a distintas iniciativas, sectores y proyectos. Este documento se entrega a la Cámara de Diputados (este año fue el 15 de noviembre), y tiene hasta el 31 de diciembre para aprobarlo. En caso de ser aprobado, el decreto final se publica en el Diario Oficial de la Federación.
Entonces… ¿cuánto estima gastar el gobierno en 2025?
Partamos de dónde está parado el gobierno en términos de gasto. El cierre del sexenio pasado dejó una disciplina fiscal debilitada. Los costos políticos de dejar obras inconclusas fueron un riesgo que la administración anterior no quiso correr, lo que llevó a un gasto público atípicamente alto.
Sin embargo, el presupuesto de 2025 parece buscar la “Austeridad Republicana” que caracterizó el inicio del sexenio anterior. La meta principal es reducir el déficit fiscal, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos. Para ello, el gobierno busca disminuir los Requerimientos Financieros del Sector Público (la deuda necesaria para cubrir gastos) del 5.9% del PIB en 2024 al 3.9% en 2025. En términos absolutos, el gasto público se estima en 9.30 billones de pesos, lo que representa una disminución real del 3.3% respecto a 2024.
¿Cuáles fueron los principales cambios?
La reducción del gasto se concentra en el componente programable, que abarca recursos destinados a la ejecución directa de políticas públicas. Este rubro caerá 7.3%, al pasar de 6.68 billones de pesos en 2024 a 6.45 billones en 2025.
El mayor recorte se encuentra en la inversión física o infraestructura (-12.7%). Este ajuste afecta a sectores clave como la Secretaría de la Defensa Nacional (-43.8%), Seguridad y Protección Ciudadana (-36.2%), y Salud (-34.1%). En contraste, instituciones como el IMSS, ISSSTE y CFE tienen incrementos modestos, mientras que Pemex es la única entidad que verá una reducción en su presupuesto (-7.5%).
Por otro lado, los organismos autónomos experimentan un comportamiento mixto: el INE incrementa su presupuesto en 18.4% para garantizar la organización de las elecciones al Poder Judicial (aunque argumentan que es insuficiente para llevar a cabo elecciones de esa magnitud), mientras que el INEGI enfrenta una reducción de 17.6%.
Las prioridades de gasto en 2025 se reflejan en los programas y proyectos de inversión prioritarios de la nueva administración, los cuales contarán con un presupuesto total de 1.02 billones de pesos (11.0% del gasto total): 17 programas sociales (835.7 mmdp) y 10 proyectos de inversión (189.0 mmdp).
Recaudación: La clave para llegar a la meta
A pesar de los recortes, el gobierno aún necesita garantizar ingresos suficientes para evitar un déficit presupuestario mayor. La recaudación tributaria y los ingresos petroleros son las principales fuentes de financiamiento. Para 2025, se estiman ingresos de 8 billones de pesos, de los cuales 5.3 billones provendrán de impuestos, representando un aumento proyectado del 2.6% respecto a 2024.
El Paquete Económico que busca aprobación este año estima un crecimiento económico de entre 2 y 3% para el PIB en términos reales. Lo cual se trasladaría en mayor pago de impuestos (directa e indirectamente) por parte de los mexicanos.
No culpo de ninguna manera que el gobierno quiera ser optimista con sus proyecciones, sin embargo, es preocupante contrastarlo con lo que dicen los expertos que sucederá para el país el año siguiente. Hoy el Fondo Monetario Internacional estima un crecimiento de apenas 1.3%, 1.5% por parte del Banco Mundial y hasta 0.8% por parte de Citibanamex.
Caso Pemex
El presupuesto de 2025 estima un aumento en los ingresos petroleros, a pesar de que Pemex ha reducido su producción diaria de barriles de petróleo en un 5% entre 2023 y 2024. La empresa recibirá el 75.4% de los ingresos petroleros, lo que representa un aumento respecto al año anterior. Este escenario plantea dudas sobre la sostenibilidad de estas proyecciones, especialmente si la producción no logra mantenerse al nivel esperado.
Los otros supuestos del modelito…
Para que el Excel del modelito de presupuesto no truene, nos tenemos que creer también los siguientes supuestos: Crecimiento del PIB real entre 2 y 3%; inflación de 3.3%; tipo de cambio promedio del periodo de 17.9 pesos por dólar y 18 a diciembre; tasa de interés nominal promedio 8.1% y precio promedio de 58.4 dólares por barril de petróleo ¿Le atinarán?
Proyectar con entusiasmo, tal vez en exceso
El Paquete Económico de 2025 refleja un deseo evidente de equilibrar disciplina fiscal y gasto social. Sin embargo, su ejecución descansa sobre proyecciones optimistas que contrastan con las expectativas de organismos internacionales y mercados. Aunque es alentador que el gobierno priorice los programas sociales y busque mantener la austeridad, preocupa el sacrificio en áreas como la infraestructura no turística, clave para el desarrollo sostenible y la competitividad nacional.
Planificar con los pies en la tierra implica ajustar expectativas a la realidad. El “segundo piso” de la Cuarta Transformación está apostando por la continuidad de programas sociales, pero lo hace centralizando funciones y debilitando organismos esenciales. Más allá de los debates sobre la autonomía de instituciones como la COFECE, el IFT o el Poder Judicial, el verdadero riesgo radica en la pérdida de avances en transparencia, acceso a información y datos estadísticos. No podemos permitirnos, por ejemplo, un INEGI débil; sin datos confiables, no hay justicia ni políticas públicas efectivas que defender.
*Las opiniones descritas en este texto corresponden exclusivamente al autor y no a sus enlaces profesionales