A pesar de que el gobierno federal tiene planeado destinar 18 mil 948 millones de pesos para abordar la cuestión migratoria en 2024, más del 90% de esos fondos están asignados a actividades de aseguramiento, contención y deportación, en lugar de ayudar humanitariamente o proporcionar asistencia.

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2024, que se espera sea aprobado sin modificaciones por la mayoría oficialista, solo contempla un gasto de 51 millones de pesos para la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), a pesar de la crisis migratoria y el aumento en las solicitudes de asilo, que podrían llegar a 150 mil este año.

Mientras tanto, 17 mil millones se destinan al mantenimiento de más de 31 mil efectivos de la Guardia Nacional encargados de la vigilancia en las fronteras norte y sur, y mil 897 millones se presupuestan para el Instituto Nacional de Migración (INM).

Así, la mayor parte de los recursos destinados a la cuestión migratoria se canaliza a través de la Guardia Nacional (GN), que recibirá 70 mil 767 millones 434 mil 577 pesos en su presupuesto total para 2024, representando casi el 70% del presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para ese año.

Hasta junio de 2023, 31 mil 730 efectivos de la Guardia Nacional, de un total de 128 mil, están desplegados en actividades de contención migratoria en las fronteras norte y sur, según su comandante, David Córdova Campos. Esto significa que aproximadamente el 23% de esta fuerza policial-militar se dedica a labores de detección, lo que se traduciría en alrededor de 17 mil millones de pesos destinados a lo que algunos organismos de derechos humanos y activistas han calificado como la «Border Patrol Mexicana».

Además, no se deben pasar por alto los recursos y personal de las secretarías de Marina y Defensa destinados a operativos, retenes y redadas en las fronteras, así como a lo largo de la ruta migratoria, lo que incluye carreteras, estaciones de autobuses y cruces fronterizos.

A pesar de un aumento de 2 millones 862 mil 874 pesos (equivalente al 5.5%) en el presupuesto de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en el PEF 2024, que asciende a 51 millones 201 mil 931 pesos, esto no se corresponde con la creciente crisis de solicitudes de asilo y refugio, que podrían superar las 150 mil este año. Los migrantes se ven obligados a esperar hasta 10 meses para ser atendidos por la Comar, lo que los lleva a cruzar el país sin documentos y exponerse a deportaciones y peligros al recurrir a rutas alternativas, ferrocarriles y coyotes como guías.

En cuanto al INM, su presupuesto para 2024 se incrementa en 128 millones 568 mil 908 pesos en comparación con 2023, alcanzando mil 897 millones 727 mil 910 pesos. Sin embargo, expertos y activistas en asuntos migratorios señalan que la mayoría de estos recursos no se destinan a labores humanitarias ni a la mejora de las condiciones en las instalaciones de detención ni a proporcionar alimentos de calidad, sino a operaciones de deportación.

Durante el primer semestre de 2023, se gastaron alrededor de 252 millones de pesos en actividades de deportación, como el alquiler de autobuses y operativos para repatriar a extranjeros a sus países de origen o la frontera sur.

Eunice Rendón, de Agenda Migrante, señala que los presupuestos destinados a este sector son insuficientes y carecen de paridad para abordar la crisis que se vive en ambas fronteras. La Comar se enfrenta a una sobrecarga de trabajo con apenas 40 millones de pesos anuales, lo que es insuficiente para atender las más de 100 mil solicitudes de refugio que se han presentado en cada uno de los últimos cuatro años. Jerónimo del Río, de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, argumenta que la política migratoria en México y los presupuestos asignados se centran en la persecución y detención de los migrantes en las instalaciones del INM con el objetivo de deportarlos. Se trata a los migrantes como delincuentes en lugar de personas que huyen de la violencia y situaciones extremas, negándoles el estatus de refugiados.

En resumen, a pesar de la creciente crisis migratoria, la asignación de recursos en el proyecto de PEF 2024 sugiere que la política migratoria de México sigue enfocada en la detención y deportación en lugar de brindar asistencia humanitaria adecuada a quienes buscan refugio y protección en el país.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)