El presidente estadounidense, Donald Trump, emitió este lunes una orden ejecutiva que plantea sanciones penales para quienes realicen actos de protesta quemando la bandera nacional.
“Si quemas una bandera, tendrás un año de cárcel, sin salidas anticipadas ni excepciones”, afirmó Trump en el Despacho Oval.
No obstante, el decreto no fija castigos específicos, sino que encarga a la fiscal general, Pam Bondi, y al Departamento de Justicia, investigar estos hechos y aplicar la normativa penal o civil que consideren adecuada.
Aunque en 1989 el Tribunal Supremo, a raíz del caso de Gregory Lee Johnson, reconoció la quema de la bandera como una manifestación política protegida por la Primera Enmienda, la administración Trump argumenta que este tipo de actos pueden “incitar disturbios o acciones ilegales”, por lo que deberían ser castigados.
La orden también introduce disposiciones en materia migratoria: instruye a los Departamentos de Estado y de Seguridad Nacional a negar o retirar visas, permisos de residencia y beneficios migratorios a extranjeros que participen en actos de “profanación de bandera”, e incluso abre la posibilidad de procesos de deportación.
Esta acción se suma a otras impulsadas por su gobierno, como la ley sobre estatuas y monumentos, que establece condenas de hasta diez años de prisión por dañar símbolos históricos. Si bien la constitucionalidad de la nueva orden podría ser cuestionada en los tribunales, su entrada en vigor ya abre un nuevo capítulo en el debate sobre los límites de la protesta en el país.