La creciente ruptura entre la sociedad civil y las fuerzas armadas

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No puede existir elemento más trascendental en la agenda política del gobierno entrante que la violencia que azota al país. 

La guerra que comenzó Felipe Calderón a finales del 2006 y que continuó, sin cambio alguno, Enrique Peña Nieto ha arrastrado al país a uno de los periodos más sombríos de la historia reciente. En cincuenta años los textos de historia narrarán (si es que son críticos) que del 2006 al 2018 se vivió una guerra en el país, con un saldo de más de 200 mil muertes. 

¡Así es, una guerra! No hay justificación para disminuir la gravedad de la situación que vive actualmente México. Las cosas deben ser nombradas de forma equivalente a lo que son: guerra, feminicidio, genocidio, etc.

A diferencia de lo que siempre se cree, las palabras condicionan la percepción de un fenómeno, ya que las palabras no son meras entidades semánticas, sino que se encuentran revestidas de poder. 

Si alguien se atreviera a llamar genocida a Calderón o a Peña Nieto, seguramente más de uno se exaltaría y afirmaría que el uso de dicha palabra es sólo para los grandes villanos de la historia: Mao, Stalin, Hitler, Pinochet o Pol Pot.

Sin embargo, si uno enlista los casos en los cuales los cuerpos militares o federales se enfrentaron contra sectores de la sociedad civil -Tlatlaya, Ayotzinapa, Nochixtlán, Tanhuato, Apatzingán, Palmarito y otros casos que no han salido a la luz- , teniendo consecuencias mortales para la sociedad, el término ya no resulta escandaloso. 

Es cierto que los casos de tortura, ejecución extrajudicial, desaparición forzada y detención arbitraria por parte de las fuerzas armadas pueden no ser órdenes provenientes directamente del Ejecutivo, sin embargo, el Presidente es jefe de las fuerzas armadas, lo que lo convierte en responsable, en última instancia, de las actuaciones de dicha institución. 

Es este contacto directo entre las fuerzas armadas y la sociedad civil lo que ha transformado la percepción que tiene la segunda de la primera. La militarización en múltiples municipios en los cuales la población convive cotidianamente con el Ejército o la Marina ha generado tensión entre ambos bandos. 

Sergio Aguayo señaló la semana pasada en su columna del periódico Reforma que en la masacre de Tlatelolco la sociedad civil no fue la única perdedora, también lo fue el Ejército, pues fue señalado como el gran villano. 

De esa manera, el 68′ marca una ruptura en la relación sociedad-fuerzas armadas, en el que la población da los primeros indicios de desconfianza hacia la institución responsable de la seguridad nacional. 

El desgarramiento de la relación continúa actualmente y es promovida por la política en seguridad actual. El despliegue de las fuerzas armadas para combatir frontalmente al crimen organizado -subestimando la estructura organizativa y su arraigo en distintas comunidades. fue contraproducente: la violencia se ha disparado, así como las violaciones a los derechos humanos por parte de las fuerzas armadas. 

Y es que los soldados rasos, adiestrados al interior de la infraestructura institucional del ejército y forjados por su estructura jerárquica, se han enfrentado con una realidad distinta para lo que fueron entrenados, teniendo como consecuencia la búsqueda de la posición dominadora frente a la sociedad y subsecuentemente derivando en la objetivación de ésta. 

Su ejercicio acontece en el campo de batalla y su objetivo es la eliminación del enemigo, sin considerar los efectos colaterales. Además, por su adiestramiento, carecen de la capacidad de cuestionar y cumplen tajantemente las órdenes que provienen de arriba. 

A las fuerzas armadas no les compete la seguridad pública, sino nacional; el constante contacto con la sociedad civil puede generar efectos irreversibles en la percepción de ésta sobre aquéllas. 

El gobierno entrante debe de colocar la violencia que acaece como punto primordial a resolver: la militarización del país debe de terminar.    

#HojaDeRuta: “Ayotzinapa: el pasado que no pasa”

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El problema del pasado es que no pasa. Así se refirió el sociólogo portugués Boaventura de Sousa a la revolución rusa al reflexionar sobre su centenario en 2017. Lo mismo podría decirse de la desaparición forzada y asesinato de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. Es un pasado que, por más que algunos quieran desterrar, no se irá a ninguna parte.

El crimen ahí ocurrido dejó una marca indeleble no solo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, sino en la historia mexicana. A la conmoción nacional e internacional se sumó la burda actuación de la entonces Procuraduría General de la República, cuyo titular era Jesús Murillo Karam, quien calificó como “verdad histórica” la versión oficial de los hechos.

Lo único que pasó a la historia fue la incapacidad del gobierno federal de llevar y facilitar un proceso convincente que permitiera esclarecer el caso y acceder a esa tierra que rara vez está a la vista de los tripulantes del navío mexicano: la justicia.

En días pasados, el caso Ayotzinapa tuvo una importante novedad: un tribunal federal con sede en Tamaulipas ordenó crear una Comisión de la Verdad para reponer la investigación de la PGR, considerando que la indagatoria hecha por la dependencia federal “no fue pronta, efectiva, independiente ni imparcial”.

La reacción internacional no se dejó esperar: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a cumplir la sentencia del tribunal. 

Esta novedad jurídica se da justo en el contexto de las elecciones presidenciales. Hasta ahora, AMLO ha sido el único candidato que ha pisado Iguala, Guerrero. En un mitin celebrado hace un par de semanas, se comprometió frente a los padres de los normalistas a crear una comisión de la verdad. Tras la noticia de la sentencia por el tribunal tamaulipeco, Ricardo Anaya se pronunció a favor de reabrir el caso.

Aunque también hay un debate jurídico respecto a los alcances de la sentencia emitida por el tribunal federal, es un hecho que la narrativa se ha instalado: la versión existente no es confiable, por ende, para saber la verdad se requiere una nueva indagatoria. Pase lo que pase el primero de julio, las condiciones parecen estar dadas para avanzar en el esclarecimiento del crimen.

Además de abrirse un camino a una eventual justicia para las víctimas y sus deudos, una nueva investigación sobre los 43 también rompería con la nociva práctica de pretender enterrar verdades incómodas. Crímenes como Tlatelolco, el Halconazo, Acteal y Aguas Blancas siguen sin ser resueltos de manera convincente.

Contrastan casos como el chileno. Tras la dictadura de Pinochet y el retorno del sistema democrático en 1990, han existido 4 comisiones de la verdad que han buscado conocer con claridad el número de víctimas, las circunstancias de sus decesos, señalar a los responsables y buscar hacer reparaciones. La más reciente dio su informe en 2011.

Además de las obvias razones humanitarias, éticas y legales, hay un argumento político para reabrir el caso: si se pretende retomar una transición democrática, pasando de un sistema autoritario a uno democrático por la vía pacífica e institucional, esto no puede hacerse sin una reconciliación con el pasado, sin el reconocimiento de las víctimas y el señalamiento público a los victimarios. Sin memoria no hay democracia.

En este sentido, una eventual Comisión de la Verdad, el reconocimiento de las víctimas y la limpieza de sus nombres, así como el procesamiento de quienes resulten responsables, sería oxígeno puro para recuperar un poco de credibilidad y legitimidad en las instituciones del Estado Mexicano.

El pasado no pasa. Está entre nosotros, y solo hay un camino para avanzar: verlo a los ojos, hacerle justicia y mantenerlo en la memoria. 

“The past is what you remember, imagine you remember, convince yourself you remember, or pretend you remember.”

#ElTalónDeAquiles: “Parteaguas electorales”

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Durante años, se han analizado las olas de cambio político que dibujaron y redibujaron América Latina. Al populismo de primera parte del siglo XX, el de Perón (Argentina) y Vargas (Brasil), siguieron líderes autoritaros: Pinochet (Chile), Stroessner (Paraguay), y Videla (Argentina), entre otros. La década 1980, sin embargo, trajo cambios. Por un lado, una ola de democratización barrió la región. Por el otro, la izquierda radical, sobre todo la centroamericana, se organizó en frentes guerrilleros. Ambos bandos prometieron justicia y bienestar, pero ambos quedaron debiendo. En el primer caso, el neoliberalismo, que nos habrá tal vez sacado de la crisis económica, disipó los beneficios que eventualmente podían resultar del nuevo marco democrático. De hecho, la centro-izquierda de Duarte (El Salvador), Alwyin, Frei, y Lagos (Chile), terminó siendo también victima del neoliberalismo, confundiénsose con la centro-derecha de Menem (Argentina), Arias, Calderón, Figueres, Rodríguez, Pacheco, y Chinchilla (Costa Rica), y Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, y Peña-Nieto. En el segundo caso, mucha de la izquierda radical impulsó luego el llamado “socialismo del siglo XXI”, que llevó al poder a Chavez (Venezuela), Morales (Bolivia), Correa (Ecuador), los Kishner (Argentina), Lula (Brasil), Lugo (Paraguay) y Zelaya (Honduras), pero cuyos resultados en materia de calidad de vida de las poblaciones, siguen siendo, con la plausible excepción de Brasil y de Ecuador, debatibles.

Estudiar el cambio en el mapa político latinoamericano que acontece en 2018 amputado de este marco histórico es incapacitante pues sin él, es imposible identificar las diferencias entre las elecciones en donde hay procesos de inercia, de aquellas con potencial de convertirse en parteaguas. Por ejemplo, fuimos testigos en abril de la asención al poder de Miguel Díaz Canel en Cuba. Es refrescante ver, por primera vez desde 1959, a un no-Castro al frente de la isla. Pero más allá del simbolismo, el nuevo presidente ha multiplicado sus declaraciones a favor del sistema de partido único. Además, Raúl Castro sigue siendo jefe del Partido Comunista. También en abril, en Paraguay, el Partido Colorado, bajo el liderazgo de Mario Abdo (hijo del exsecretario privado de Stroessner), triunfó sobre la alianza de centroizquierda GANAR (Gran Alianza Nacional Renovada) de Efraín Alegre. Abdo se declaró contra el matrimonio homosexual y el aborto. Hoy, en Brasil, Lula está en la cárcel, y Jair Bolsonaro, un exmilitar, homofóbico, favorable a la tortura, puede ganar. ¿Y qué decir de las elecciones en Venezuela? En este caso, quien vaticine el triunfo opositor, demuestra las virtudes y excesos de la imaginación. 

Ahora, otros procesos electorales, que también acontecen actualmente en la región, sí tienen potencial de inyectar nuevas formas de hacer política. En Costa Rica, el oficialismo consolidó una ruptura casi milagrosa con el bipartidismo tradicional. Con una minoría parlamentaria y un sistema multipartidista que no termina de consolidarse, el nuevo presidente debió formar un gabinete multipartidista llamado a generar gobernabilidad. El cambio es vulnerable, pero prometedor. En Colombia, de los resultados de la elección de mayo depende el futuro del proceso de paz, el cual está a medias en la tarea de acabar con un conflicto armado que duró más de medio siglo, y que a duras penas avanza con el Ejército de Liberacion Nacional (ELN). Le toca a Gustavo Petro, exmilitante del M-19 y líder de la coalición “Colombia Humana”, la misión de derrotar a Ivan Duque, candidato uribista, quien dirige la alianza “Gran consulta por Colombia”, y que defiende esa forma de ver y de hacer la política que eternizó el conflicto en ese país por décadas. El legado de Juan Manuel Santos es frágil. En fin, México está poniendo término al gobierno de Enrique Peña Nieto. Si el candidato de la “Coalición Juntos haremos Historia”, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), logra llegar a Los Pinos, existe potencial, por lo menos más que si llega Anaya (PAN) o Maede (PRI), de que suceda algo diferente a lo que ha sido la historia de ese país desde 1982. De lo contrario, para bien o para mal, será más de lo mismo. 

Hoy, América Latina se debate entre regresar al pasado o aventurarse en el siglo XXI. No hay más olas: la región se parte en trayectorias diversas. El regreso al pasado, o la defensa de lo existente, es propuesto en algunos países con fuerza, sin complejos. Y en aquellos casos en donde progreso hay, el mismo es endeble, no solo porque la derecha es experta en recordar las catástrofes de la izquierda radical y en matizar los éxitos de la izquierda democrática, sino también porque a pocos les gusta salirse de su zona de confort. Y sin embargo, la aspiración por justicia social, el desencanto con élites políticas poco creativas, a menudo corruptas, e insensiblemente tecnocráticas, nutren un voto que penaliza más de lo mismo ante un pasado en el cual todos quedaron debiendo. 

La lucha ya no es hoy ni entre izquierda y derecha, ni entre populismo y tecnocracia, sino entre conservadurismo y progresismo. Conservador es quien objeta el cambio, sea este de izquierda o de derecha; progresista es quien cree que el cambio tiene el potencial de ser positivo, sobre todo cuando las recetas probadas y reprobadas del pasado, han dado suficientes muestras de no satisfacer las expectativas sociales. Y entonces yo me pregunto: ¿Si insatisfacción hay, cómo esperar resultados diferentes eligiendo siempre a los mismos?

Fernando A. Chinchilla

Montreal (Canadá), mayo de 2018

#HojaDeRuta: “Carne y plomo”

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Ayer pasé frente a una carnicería donde ejecutaron a un hombre. Un cajón de estacionamiento sitiado por cintas amarillas rompía su simétrica monotonía con una mancha de sangre: patrón irrepetible, vida encharcada en el concreto. Personajes en trajes blancos que colocaban conos amarillos donde aterrizaron casquillos completaban la escena entre patrullas y mirones. En el restaurant de enfrente, seis señoras bien vestidas charlan sin prisa, y me pregunto: ¿Escucharon los estruendos? ¿Truena el cielo o truena el suelo? ¿Hay alguna diferencia? Joven, más café, por favor.

A unas horas de los disparos, me llegó un meme ofreciendo un chaleco anti-balas en la compra de dos kilos de bistec. Los mexicanos siempre nos hemos reído de la muerte, pero esto es diferente. La barca nacional parece estar tan aguas adentro del río de las almas que estamos ya en pleno naufragio.

Solo en un país donde más de 230,000 personas han sido asesinadas en los últimos once años podría explicarse la irrelevancia de la muerte. Para dimensionar la tragedia humanitaria que México ha normalizado, basta una comparación: el funesto régimen militar de Pinochet en Chile, asesinó y desapareció a poco más de 3,000 personas en 17 años (El País, 2011).

El asesinato de los estudiantes de cine de Guadalajara, ultimados con una brutalidad inconcebible, habría puesto de cabeza a prácticamente cualquier país civilizado. Un solo caso de esta naturaleza debería ser suficiente para derrumbar por completo la credibilidad de un gobierno. Debería ser suficiente para determinar el rumbo de una elección. No parece ser en caso. En México también la capacidad de indignación se va disolviendo en ácido.

La seguridad y la corrupción son los temas centrales de la campaña presidencial, porque aún en la época de las fake news, la realidad es demasiado terca como para borrarla a clicks o pantallazos. La realidad estalla en el estacionamiento de cualquier carnicería.

Debería ser una obviedad hasta absurda de mencionar que la estrategia basada en el uso de la fuerza debe cambiar. Debería ser una idiotez pensar que la criminalidad está separada de la mitad del país viviendo en pobreza, del salario que pierde poder adquisitivo y compra menos leche, de los abismos de desigualdad que se estiran y nos separan.

Esta noche, mientras la carretera se aquieta y se escucha el mecer de los follajes, se quitarán las cintas amarillas, se levantarán los metales que fueron lanzas, se lavará la sangre del pavimento. Va a amanecer, y de nuevo se llenará de tráfico y gentes, seguirá el hambre y ardiendo los carbones de los asadores como arden los calcinados incontables. Seguirán las cosas aparentemente igual. Disculpe, joven: ¿A cuánto tiene el kilo de Rib-Eye? 

Modernismo en el Estado Mexicano

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En los últimos meses hemos visto decisiones polémicas e interesantes de elementos del Estado Mexicano con respecto a temas polémicos. Se discutió en la Suprema Corte el tema del matrimonio igualitario y el amparo a cuatro personas sobre el consumo de mariguana. Lo interesante acá es que este progresismo ha sido provocado por el modernismo presente en nuestra política y en el mundo entero. Tiene mucho que ver el concepto de “neoliberalismo”, dado que ha potenciado ciertos debates y abordado temas con otros enfoques. Sin embargo, el término tiene una connotación negativa desde el gobierno de Pinochet en Chile y las privatizaciones en México a finales de los 80s.

El modernismo que en la primera década del siglo pasado, Pio X en su encíclica “Pascendi Dominici gregis” lo condenaba como algo hereje, ahora es algo aplaudible y hasta fomentado por ciertos actores sociales.

Esto cambios de paradigma que busca el modernismo buscan reconfigurar lo existente, así la política antidroga se “moderniza” evitando el combate frontal y buscando golpear otras áreas.

Básicamente el modernismo, y después el post-modernismo, motivan a re-examinar cada aspecto de la existencia misma desde la filosofía hasta el comercio, desde la religión hasta el arte. Se fomenta cambiar la mentalidad de la sociedad de manera progresiva fomentando nuevos criterios y nuevas maneras de ver las cosas, como la separación Iglesia-Estado o privatización de industrias estatales.

En México, este modernismo no es algo nuevo, desde los 80s se privatizaron los bancos, los ferrocarriles, el teléfono, el gas natural, la industria siderúrgica, entre otras. Próximamente, la electricidad, el petróleo e incluso el IMSS. Esto cambios de paradigma que busca el modernismo buscan reconfigurar lo existente, así la política antidroga se “moderniza” evitando el combate frontal y buscando golpear otras áreas. Políticos e incluso expresidentes, como Fox, la semana pasada lanzaron frases como “el Estado no tiene derecho a imponer conductas”. Esto es parte de este cambio en donde hay que reducir el estado, fomentar el libre mercado y quitar lo coercitivo a un sistema aparentemente improductivo e ineficaz.

El modernismo puede traer muchos beneficios a la sociedad como la equidad de género y la multiculturalidad, pero hay que estar alerta porque del progresismo pueden salir algunos chacales “neoliberales”.

El modernismo puede traer muchos beneficios a la sociedad como la equidad de género y la multiculturalidad, pero hay que estar alerta porque del progresismo pueden salir algunos chacales “neoliberales”, a privatizar hasta la risa sólo por privatizar sin sentido. La CFE van en camino de esto con la reforma energética, lo mismo PEMEX y el IMSS con el mismísimo Seguro Popular que sigue el esquema de las prepago. Si el modernismo llegó al Vaticano y al Islam, que no llegue a los despachos de nuestros servidores públicos…

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