ley de movilidad
MC plantea que sean delitos alzas sin aval al transporte público
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local, Eduardo Gaona, presentó una iniciativa para modificar el Código Penal a fin de considerar como delito la imposición, modificación o aumento a las tarifas de camiones urbanos que no tengan aval del Gobierno Estatal.
Gaona presentó la iniciativa luego de que el miércoles pasado algunos transportistas aplicaron unilateralmente un incremento de 12 a 15 pesos en las tarifas.
“Comete el delito de ejercicio abusivo de funciones y uso ilícito de atribuciones y facultades el titular de una concesión de prestación de un servicio público que imponga, modifique o aumente la tarifa establecida del servicio de transporte público sin la autorización correspondiente de la dependencia u órgano estatal del ramo”, se lee en la iniciativa presentada por el emecista.
Por otro lado, también se plantea reformas a los artículos 210, 214, 219 Bis, 220 y 221 de la Ley de Movilidad para establecer que la sanción a aplicar considerará la afectación directa en el derecho humano a la movilidad y que ellos se tomará como una agravante.
“Comete delito en contra del derecho humano a la movilidad quien prestando el servicio público del transporte vulnere o resigna el derecho humano a la movilidad imponiendo, modificando o aumentando la tarifa establecida, sin la autorización correspondiente de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad”, se lee en la iniciativa.
MC propondrá castigar tarifazos con cárcel
El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Congreso local, Eduardo Gaona, informó que presentará una iniciativa para sancionar con cárcel el a quienes modifiquen ilegalmente las tarifas autorizadas del transporte urbano en el Estado.
Gaona dio a conocer sus intenciones, después del desafío lanzado por diversos permisionarios, que pasaron de 12 a 15 pesos la tarifa en sus unidades de transporte púbico.
El emecista dijo que propondrá una modificación a la Ley de Movilidad estatal para considerar como delito la imposición, modificación o aumento a las tarifas de camiones urbanos que no tengan aval del Gobierno del Estado.
El diputado de MC adelantó que presentará la iniciativa en la Oficialía de Partes del Congreso del Estado donde plantea imponer una sanción de 3 meses a 9 años de prisión para quien incurra en ese delito.
Detalló que el transporte público es un servicio concesionado por el Estado de interés general, por lo que se debe sancionar cualquier abuso.
“Las personas físicas y jurídicas que deseen prestar el servicio público de transporte colectivo de pasajeros requerirán de una concesión, cuyo otorgamiento y condiciones son de utilidad pública y de interés general”, expresó Gaona.
Además, en la reforma también se propondrá que en caso de que se apruebe una nueva tarifa, los empresarios estarán obligados a difundirla de forma pública y permanente para el conocimiento de los usuarios.
Será Instituto de Movilidad quien avale ciclovías
El Pleno del Congreso del Estado aprobó una seria de reformas a la Ley de Movilidad para establecer que los alcaldes pidan al Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) emitir los dictámenes de factibilidad para la construcción de ciclovías en los municipios del Estado.
Con esto, los alcaldes no podrán imponer ciclovías, pues se modificaron diversas fracciones de los artículos 26 y 119 de la Ley de Movilidad para establecer un proceso transparente para los espacios destinados al uso de las bicicletas.
El diputado local del Partido Acción Nacional (PAN) y prominente de la reforma, Luis Susarrey, dijo que lo que se busca es fomentar el uso de la bicicleta, pero de manera sostenible.
“Les puedo decir que en el distrito que representó hay una polémica muy fuerte por una ciclovía que se realizó, seguramente, con una buena intención, pero que en la práctica no está dando resultados, porque la gente no la está utilizando”, dijo Susarrey.
En lo aprobado también se establece que el titular del IMA tendrá la facultad de emitir una Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Sistema Estatal de Movilidad, cuando en las circunstancias exista una condición de ingobernabilidad.
Propone Luis Susarrey reforma a Ley de Movilidad: Transporte seguro para mujeres.
De esta manera, cada mujer que opte por utilizar el servicio, podrá decidir si desea que su conductor sea una mujer, entablando un camino hacia su destino con mayor confianza y seguridad.
Aunque Uber lanzó la función “Ellas” en 2020 y propició un incremento del 40% de socio-conductoras en México en 2021 (Expansión), Martínez tiene el objetivo que Nuevo León se convierta en el primer estado en el que ese tipo de funcionalidad sea “obligatoria”.
En compañía de Luis Susarrey, se encontraba Brenda Tafich, Coordinadora de Regidores del PAN en San Pedro, Alejandra Sada, Secretaria General del PAN y Karina Guzmán, estudiante de política y derecho.
Además del servicio de mujer a mujer, la reforme a la Ley de Movilidad, propone que se le instruyan a los conductores de plataformas de transporte, temas en relación con la violencia de género por la situación crítica que aborda el estado.
La Movilidad y el Respeto Cívico
Lamentablemente la semana pasada fuimos testigos de hechos de tránsito en el cual lamentablemente perdieron la vida cuatro ciclistas.
Recientemente se aprobó en diciembre del año pasado la nueva Ley de Movilidad para el Estado de Nuevo León que contiene una visión más amplia respecto a la manera de trasladarnos de un lugar a otro dentro de la zona metropolitana y dentro del Estado.
Esta Ley contiene una jerarquización de movilidad empezando y como prioridad el peatón y las personas con movilidad limitada (personas de la tercera edad, niños, etc), posteriormente los usuarios o conductores de medios no motorizados y posteriormente los demás medios motorizados.
En el área metropolitana de Monterrey cada vez vemos menos agentes de tránsito, y cuando los vemos es para atender un accidente que ya sucedió o para operativos anti alcohol, pero no vemos a estos agentes como hace unos 20 años implementando el operativo radar, cuidando las zonas escolares, patrullando para detectar alguna irregularidad vial y temas preventivos.
Esto ha llevado a que la cultura tan mexicanizada de no respetar reglas y no respetar a los demás se salga de orden. Cada vez vemos más en los medios de comunicación y en las redes sociales incidentes de peleas entre conductores porque simple y sencillamente todos se sienten dueños exclusivos de la calle, más alla de las leyes y los reglamentos.
Los ordenamientos jurídicos fueron creados para regular la manera en que convivimos en sociedad, sin embargo, cuando no existe el valor del respeto, poco se puede hacer para respetar el ordenamiento jurídico que nos hace convivir bajo ciertos lineamientos.
México sigue siendo el cuarto lugar a nivel mundial en el Índice Global de Impunidad elaborado por la UDLAP, y esto deriva en que, al no existir castigos o al no implementarse los mismos, cada quien hace lo que le viene en gana e impera la ley del más fuerte, en este caso y en esta semana, lamentablemente la fuerza de un vehículo automotor contra el poco peso y volumen de una bicicleta y el cuerpo humano.
Es el mes de Julio de 2020, siete meses han pasado desde que se publicó la nueva Ley de Movilidad, y no solamente los ciudadanos no la respetan, sino que las autoridades municipales tampoco han armonizado sus reglamentos y tampoco han adaptado las vialidades con carriles confinados para los medios no motorizados como lo establece la nueva legislación.
La pandemia no es pretexto para no cumplir la ley y para que las autoridades no cumplan lo que deben cumplir, ejemplo de ello, es que siguen los trabajos en Calzada del Valle en los que se contempla todo, menos un modelo de calle completa.
Hay quienes, sin el menor síntoma de sensibilidad, acusan a los ciclistas de ocupar un carril, y es fácil emitir un juicio cuando no se trata de un familiar, sin embargo tampoco consideran que en las vialidades en que se suscitaron estas lamentables tragedias no existe un carril confinado a medios no motorizados, ni en esos municipios en donde ocurrieron los hechos existen reglamentos armonizados con la nueva legislación.
Más allá de deslindar culpas, que a nosotros no nos toca, sino a un juez de lo penal, lo que si nos corresponde es tomar responsabilidad sobre respetar a los demás y respetar las normas jurídicas para convivir como sociedad y prevenir lamentables pérdidas humanas.