¿Qué es una Calificación Crediticia?

Una buena forma de juzgar la situación financiera de una empresa o entidad gubernamental es mediante una calificación crediticia. Éstas sirven como indicadores del riesgo o capacidad de pago de un deudor. Este servicio de análisis emite una opinión sobre la situación financiera y económica que guarda una entidad a fin de que los inversionistas cuenten con información imparcial para la toma de decisiones.

Una calificadora de valores puede realizar el estudio de empresas, afores, gobiernos, fondos de inversión, créditos, emisiones de deuda y proyectos de infraestructura como autopistas. La importancia de estas instituciones del sistema financiero radica en mantener un análisis objetivo de la calidad crediticia de empresas, bancos, estados, municipios, entre otros, para informar oportunamente al público inversionista el nivel de riesgo de invertir en los mismos.

Fitch, Standard and Poor´s y Moody´s son las tres principales agencias calificadoras en el mundo. En México destacan HR Ratings y Verum. Las escalas que utilizan generalmente para indicar la calificación (riesgo) de un emisor comprenden desde AAA, siendo la máxima calificación que indica fortaleza financiera y bajo riesgo de incumplimiento, hasta C, grado más bajo que representa alta probabilidad de impago y baja calidad financiera. Las calificaciones descienden de la siguiente forma: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, y así sucesivamente hasta C, y en algunos casos otras siglas que indican que el emisor ha incumplido el pago de deuda, como el caso de Argentina o ICA.

Algunos ejemplos de calificaciones de Standard and Poor´s son la de México con A, similar a España con BBB+ y Nuevo León con A-. En contraparte, países que representan un mayor riesgo son Brasil con BB+ y Grecia con B-. Fitch califica con A- a Cemex y a FEMSA con AAA, denotando una sólida posición financiera y riesgo de impago casi nulo.

Por regulación, cuando una empresa o gobierno desea emitir deuda en el mercado de valores, es necesario contar con una calificación crediticia que brinde un reporte de las condiciones financieras del emisor a fin de que el gran público inversionista conozca el nivel de riesgo que representa invertir en esa empresa, es decir que tan probable es que la empresa incumpla el pago de dicha deuda.

La importancia de estas instituciones del sistema financiero radica en mantener un análisis objetivo de la calidad crediticia de empresas, bancos, estados, municipios, entre otros, para informar oportunamente al público inversionista el nivel de riesgo de invertir en los mismos.

Por ejemplo, la empresa JJJ necesita financiamiento para un proyecto de expansión, por lo que emitirá 100 millones de pesos (mdp) en certificados bursátiles. Para esto, contrata a Moody´s y HR Ratings para que realicen un proceso de calificación y asignen un grado de riesgo que refleje la situación financiera de la empresa. Las dos agencias al estudiar sus estados financieros, expectativas de ingresos, estructura de costos y nivel de pasivo, entre otros factores, asignan una calificación de A+. Este resultado refleja que la compañía calificada representa seguridad para pagar sus deudas, con bajos riesgos crediticios y de impago.

Los comunicados de calificación de esta forma permiten que el público inversionista que desea adquirir los certificados bursátiles de JJJ cuente con más información para tomar su decisión.

Algunos ejemplos de calificaciones de Standard and Poor´s son la de México con A, similar a España con BBB+ y Nuevo León con A-. En contraparte, países que representan un mayor riesgo son Brasil con BB+ y Grecia con B-. Fitch califica con A- a Cemex y a FEMSA con AAA, denotando una sólida posición financiera y riesgo de impago casi nulo.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La privatización del futuro: Las Afores

Las reformas a la ley del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de 1997 y a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) crearon un cambio en la manera de cotizar para acceder al sistema de pensiones en México.

Las leyes del 1997 y 2007 introducen nuevos conceptos, entre algunos está el pago por negativa de pensión, las AFORES y el PENSIONISSSTE, que hace que los trabajadores que tengan que recibir una pensión por riesgo de trabajo e invalidez, después de 1997, tengan que pensionarse por esa ley y no por la ley de 1973. Además de que en el caso de los trabajadores que cotizan ante el IMSS se aumentó de 500 a 1500 semanas el mínimo requisito para acceder a algo.

La nueva ley genera menos dinero para los trabajadores en general, haciendo que a lo mucho un trabajador se lleve por más-menos del 30% del último salario percibido.

En general, la nueva ley genera menos dinero para los trabajadores en general, haciendo que a lo mucho un trabajador se lleve por más-menos del 30% del último salario percibido. Además, hace que forzosamente tengan que ahorrar para mejorar su futura pensión, por supuesto, bajo el auspicio, control y manejo de las AFORES del dinero que el trabajador aporte.

Las AFORES (Administradoras de Fondos de Ahorro para el Retiro) surgen a partir de un concepto chileno de la época del dictador Pinochet de nombre (Asociación de Fondos para Pensiones) que se adapta en México en 1997 como respuesta a la inoperancia, ineficacia y constante malversación de fondos del IMSS en el manejo de los fondos de pensión para los trabajadores.

Desde 1992, el gobierno salinista con el SAR (Sistema de Ahorro para el Retiro) empezó con ese tipo de iniciativas privatizadoras deslindando al gobierno de manejar el sistema de pensiones para los trabajadores dejando este negocio lucrativo a operadoras privadas.

En general, en los primeros años y hasta hace poco, el negocio de las AFORES ha sido hacer a los clientes firmar para incorporarlos. Sin embargo, pocas prestan servicios donde el trabajador se vea favorecido realmente.

Las AFORES básicamente viven de los trabajadores al usar y reinvertir su dinero en diferentes instrumentos con tal de “aumentar” el capital al trabajador.

Las AFORES básicamente viven de los trabajadores al usar y reinvertir su dinero en diferentes instrumentos con tal de “aumentar” el capital al trabajador. Si bien es cierto, el trabajador si se ve favorecido con ese “aumento”, son pocos los que saben su realidad actual, lo que se hace con su dinero y la manera de incrementarlo.

En un país donde la educación financiera es una de las tantas que faltan en el trabajador promedio es difícil de esperar que el trabajador decida incrementar su posible pensión. Lo mismo pasa con las declaratorias de impuestos, manejos de créditos inmobiliarios y tarjetas de crédito.

Si las pensiones van a hacer manejadas por operadores privados, la Secretaría del Trabajo debería poner como curso obligatorio el tema de pensiones y finanzas personales en el área de capacitación de las empresas.

Este negocio es muy redituable para los privados y para el gobierno que se quita una responsabilidad. Sin embargo, el trabajador siempre sale perdiendo dejándolo a la deriva dándole una falsa creencia de tener la opción de elegir a la mejor operadora cuando en cuanto a rendimientos casi todas ofrecen lo mismo o dejarlo sin elegir alguna institución provocando que sus recursos no registren incrementos y se vuelvan raquíticos para acceder a una pensión.

La cultura financiera y de la previsión nunca ha sido parte del mexicano y sin buscar justificar dicha ignorancia, tanto las instituciones y el gobierno tienen como obligación hacer que todos los trabajadores cuenten con la información básica necesaria sobre su panorama al futuro.

Foto fuente: http://mx.advfn.com/organismos-reguladores-del-sistema-financiero-mexicano/consar.png

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