Presentan Agenda Naranja para Segundo Período

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La Bancada Naranja dio a conocer hoy los temas medulares que componen su agenda para el Segundo Período Ordinario de Sesiones, que inicia formalmente el 1 de febrero.

Como parte de la agenda mínima se prevén reformas de diversas disposiciones legales en materia de: Reactivación Económica y Generación de Empleo; Salud; Regreso a Clases Paulatino y Responsable; Seguridad; Justicia Efectiva, Respeto a los Derechos Humanos, Inclusión y No Discriminación; Medio Ambiente; Combate a la Corrupción, y Movilidad.

“Necesitamos un nuevo trato por la paz. Una paz que incluya seguridad integral, seguridad con inteligencia, con el uso de tecnologías, con el equipamiento a policías, pero también que se haga desde la prevención. Necesitamos trabajar coordinadamente con otras autoridades y hacer nuestro trabajo desde el Legislativo para propiciar ese trato por la paz”, afirmó Eduardo Gaona, líder de la Bancada Naranja, con respecto al tema de Seguridad.

“Movimiento Ciudadano tiene como identidad las luchas históricas que se han vivido en nuestro partido. Los puntos irreductibles en la agenda son los que ya nos han visto luchar por ellos: el tema de paridad, el combate a la corrupción no lo vamos a quitar de nuestra agenda, el tema educativo también es importante, la seguridad y el medio ambiente… vamos fuerte por eso”, declaró.

En cuanto a Reformas Constitucionales se incluye, entre otros temas, armonizar la Constitución local con la Constitución federal en materia de paridad total.

“Quiero hacer énfasis en las reformas de homologaciones constitucionales que tenemos que realizar: una de ellas, muy importante y que ha quedado a deber muchísimo, es la homologación en cuanto a paridad total. Vamos por esa paridad total presentando nuevamente esa iniciativa, porque lo que existe en esta primera vuelta no sirve”, afirmó la Vicecoordinadora Sandra Pámanes

Por su parte, la Diputada Brenda Sánchez declaró que “también empujaremos temas como el medio ambiente, la calidad del aire y la movilidad urbana, por eso es una agenda de la mano de la gente y sobre todo rescatando el principio del Derecho a la Ciudad, el derecho que tenemos todos de vivir en paz en nuestra comunidad”.

La Diputada Tabita Ortiz comentó lo previsto en el área de Salud.

“Estamos viviendo una crisis de salud, que afecta también a la economía y a la salud mental. La salud mental es un tema muy importante que tenemos que atender y vamos a generar iniciativas para fortalecer nuestra Ley de Salud del Estado y también nuestra Ley de Salud Mental”, adelantó Ortiz.

En materia de combate a la corrupción, la Diputada Iraís Reyes comentó los asuntos pendientes y lo que se abordará en el próximo período.

“El Sistema Estatal Anticorrupción está totalmente parado, no han avanzado las designaciones en vista de un amparo, y eso nos pone en alerta de que es una agenda que tiene muchísimos intereses ocultos… durante este período vamos a trabajar en robustecer de nueva cuenta el SEA”, dijo.

Norma Benítez subrayó que la Agenda Naranja del Estado va de la mano con la agenda nacional de Movimiento Ciudadano.

“Es una agenda que va en paralelo con la agenda nacional de MC, totalmente enfocada al medio ambiente y sobre todo a los derechos humanos, estaremos tomando esta batuta”, dijo.

Por su parte, Carlos Rodríguez señaló que “esta bancada en su agenda impulsa el fomento al campo; es muy importante de una vez por todas fortalecer al campo neolonés y estaremos luchando puntualmente desde este Legislativo para que se lleve a cabo”.

Guadalupe Guidi abordó la problemática del agua en el Estado, especialmente en los municipios rurales.

“Estaremos muy pendientes en el tema del agua, que nos afecta mucho en el sur del Estado. Es una de las prioridades que tenemos en la agenda”, señaló.

Observatorio Ciudadano exhibe nulos resultados en combate a corrupción

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El Observatorio Ciudadano dio a conocer la evaluación a los organismos que integran el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), entre los que destacó la falta de resultados, opacidad y desinterés.

En una rueda de prensa virtual, los integrantes del Observatorio presentaron el Segundo Informe de Avances del SEA enfocado principalmente en el desempeño del Comité de Participación Ciudadana, el Congreso local y la Contraloría del Estado.

Carmelo Cattafi, integrante del Observatorio y catedrático del Tecnológico de Monterrey, detalló que en el caso de la Contraloría, en los últimos seis años recibieron un total de 3 mil 135 denuncias de octubre de 2015 a septiembre de 2021, sin embargo, sólo se tradujeron en 393 sanciones, entre las cuales fueron destituciones, aunque no se conoce el detalle de estas resoluciones, ya que no son públicas.

“Pese a que entre sus responsabilidad principales está la transparencia del Gobierno del Estado, en el historial de la Contraloría no aparecen publicadas resoluciones ni laudos emitidos”, expresó Cattafi.

Además indicó que actualmente hay un rezago de más de 2 mil expediente en fase de investigación y de 4 mil asuntos en proceso sancionador.

Por otro lado, señalaron que el Congreso del Estado en la Legislatura 75, de 2018 a 2021, evidenció un desinterés para atender temas relacionados con el SEA, ya que en 36 meses la Comisión Anticorrupción sesionó en 15 ocasiones, un promedio de una sesión cada 4 meses.

De las 15 sanciones sólo 9 fueron con temas que impactan al Sistema Estatal Anticorrupción.

“En total quedaron 42 asuntos a resolver en la Comisión Anticorrupción de la Legislatura pasada”, se dio a conocer.

Añadió, que el desinterés afectó directamente en la integración de los comités y organismos ciudadanos que se requieren para que funcione adecuadamente el SEA.

“Fue tal el desinterés de los diputados que para el 2021 la representación ciudadana en el Sistema Estatal Anticorrupción quedó prácticamente desmantelada”.

En el caso del Comité de Participación Ciudadana (CPC) sólo estuvo completo cuando se creó en 2018, pues actualmente nada más queda uno de los cinco integrantes y es inoperante.

“Durante estos 3 años de operación del Comité de Participación Ciudadana, el organismo cumplió con 15 de 21 de sus atribuciones legales, es decir, un 71.5 por ciento de sus responsabilidades, la mayoría de corte administrativo. Mientras que de combate a la corrupción, su principal eje de trabajo, continúa quedando como materia pendiente”.

El monstruo de la corrupción

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Uno de los grandes retos de México ha sido enfrentar de manera efectiva la corrupción y sus consecuencias sociales, políticas y económicas. En 2019, el costo calculado de la corrupción fue de 12,770 millones de pesos de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) del INEGI. Esto es dos años de presupuesto de Monterrey, aproximadamente. 

Una de las problemáticas ha sido lograr entender en su totalidad su impacto y sus múltiples facetas y presentaciones. Para darnos una idea de cómo se puede presentar la corrupción, les comparto un pequeño listado de las faltas administrativas y delitos de corrupción: cohecho, peculado, desvío de recursos, uso indebido de información, abuso de funciones, conflicto de interés, contratación indebida, enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, encubrimiento, desacato, soborno, chantaje, procedimientos ilícitos, entre otros tantos. Para complicar más las cosas no hay claridad legal para saber cuándo estos actos serán considerados faltas administrativas y cuándo serán delitos. 

No sólo es una maraña de delitos y faltas administrativas, también son un mundo de instituciones las que deben estar involucradas y coordinadas en la persecución de estos hechos ilegales que plagan nuestro día a día. Desde órganos internos de control, contralorías, auditorías, fiscalías especializadas y juzgados administrativos. Esta coordinación no se ha dado y no parece que haya interés para que se dé. 

En México 62% cree o ha escuchado que existe corrupción en trámites de gobierno, 44% conoce a alguien que refirió actos de corrupción en sus trámites y 15% han experimentado un caso de corrupción en su trámite. En general 87% de la población consideramos que los actos de corrupción son frecuentes. A nivel nacional, el acto más frecuente de corrupción es al tratar con la seguridad pública, y en Nuevo León en segundo y tercer lugar encontramos los trámites de propiedades y trámites para la apertura de empresas respectivamente. También vemos como hay casos donde al hacer un trámite hay largas filas, te pasan de una ventanilla a otra, te mandan a un lugar muy lejano, hay requisitos excesivos, horarios restringidos y costos excesivos. Todas pequeñas acciones que incitan a la corrupción por parte de ciudadanos y funcionarios. 

Durante la presidencia de EPN se cristalizó un esfuerzo de la sociedad civil organizada, donde miles de personas y organizaciones impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y los Sistemas Estatales Anticorrupción (SEA), los cuales tienen como objetivo coordinar a los actores nacionales y estatales para desarrollar estrategias y políticas que identifiquen, investiguen y sancionen todos los hechos de corrupción. 

A pesar de estos esfuerzos el cambio de gobierno llegó con un cambio de timón claro en el combate a la corrupción donde el SNA y los SEA no parecen tener cabida. Ya contamos con la legislación, pero el reto entra en su fase crítica de implementación al mismo tiempo que no hay voluntad política que siga impulsando estos sistemas. El Gobierno Federal actual ha declarado una lucha contra la corrupción en el discurso, pero sigue siendo la misma lucha partidista de décadas de defensa a mis amigos y justicia a mis enemigos. 

La corrupción es compleja y prácticamente universal. Hemos visto que puede ir desde un proveedor a nivel municipal, hasta la misma presidencia. Para combatirla efectivamente lo que se necesita es una pelea institucional, donde la identificación, investigación y sanción no dependa de quien está en el poder sino de los contrapesos institucionales. Ya está la ley y las herramientas para recopilar las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los funcionarios, ahora necesitamos líderes políticos que busquen implementar y profesionalizar el sistema. 

El SNA y los SEA son un primer intento para combatir la corrupción, pero urge seguir en esa dirección con contralorías municipales independientes, auditorías apartidistas, análisis de contratos y declaraciones patrimoniales con inteligencia artificial y blockchain para protección de datos personales. Todo esto es posible si desde la sociedad civil, la academia y la ciudadanía seguimos impulsando por enfrentar la corrupción con acciones concretas y no palabras, con expertos y profesionales y no buenas intenciones. Porque si no enfrentamos con instituciones y contrapesos la corrupción seguiremos teniendo Casas Blancas, casas de Bartlett, desvíos de Polevnsky, propiedades de Ackerman y Sandoval, Estafas Maestras y Odebrechts.

Rechazan a Bronco frenar Anticorrupción

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Monterrey(13-Junio-17).-El día de hoy un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hoy suspender la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), impugnado por el Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.

El Ministro negó la suspensión solicitada por el Gobernador  en la controversia constitucional 169/2017, presentada el pasado 30 de mayo.

La controversia fue admitida a trámite este lunes, pero los Ministros podrían tomar más de un año para dictar sentencia de fondo.

Como fue negada la suspensión,el Congreso de Nuevo León tiene la obligación de emitir la convocatoria para designar al Comité de Selección del SEA, lo cual debe ocurrir hoy martes.

Por la misma negativa de suspensión,  el Comité podrá lanzar convocatorias para designar al Fiscal General de Nuevo León, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, y el Magistrado Especializado en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa.

El Gobernador puede impugnar la negativa de suspensión mediante el recurso de reclamación, pero dicho recurso no será resuelto antes del receso judicial que inicia el 15 de julio, por lo que será dictaminado en agosto.

 

Los diputados se comprometieron a responder

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A finales de diciembre 2016, el Congreso de Nuevo León concluyó la votación en primera vuelta de la iniciativa de reforma constitucional que crea las bases del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Luego de ese proceso, las comisiones unidas de Legislación, Puntos Constitucionales y Anticorrupción realizaron el 9 de febrero pasado una mesa de trabajo abierta, para revisar y comentar el dictamen de primera vuelta antes de la segunda.

Reconociendo que en primer proceso, el Congreso sí tomó en cuenta algunas aportaciones de la ciudadanía, pero que la reforma quedó incompleta, la Coalición Anticorrupción insistió nuevamente en la integración de las propuestas ciudadanas presentadas desde el año 2016.

En el análisis y discusión de la semana pasada, los miembros de la Coalición instaron a los integrantes de las Comisiones de Anticorrupción, Legislación y Puntos Constitucionales revisar a fondo las propuestas, al considerar que la reforma en su estado actual no permitirá sentar las bases del mejor SEA, ni atacar de manera frontal la corrupción y la impunidad.

La Coalición Anticorrupción planteó:

  • Que se le dé al Comité de Selección del SEA, integrado por ciudadanos, un rol preponderante en el diseño de las convocatorias, método de selección e integración de ternas, para todos los cargos clave del SEA. Asimismo, se propone que este Comité sea elegido por ciudadanos para evitar cualquier partidización.
  • Que los funcionarios culpables de actos de corrupción sean inhabilitados por un periodo igual o superior a 40 años.




  • Que el fiscal general y el fiscal anticorrupción ocupen sus cargos por cuatro años, con la posibilidad de una reelección.
  • Que la extinción de dominio sea independiente de los procesos penales y se tenga un término suficiente para recuperar bienes robados al erario.
  • Que haya corresponsabilidad de los funcionarios por actos de corrupción de lleven a cabo sus subalternos.




  • Que sean suspendidos de sus funciones quienes estén siendo procesados por hechos de corrupción.
  • Que la Auditoría Superior del Estado publique un resumen claro y entendible para cualquier ciudadano de las cuentas públicas que se entregan al Congreso, incluyendo resumen de observaciones más graves, montos, y seguimiento a sanciones impuestas a funcionarios y denuncias penales, entre otros.

Al respecto, los legisladores se comprometieron a tener reuniones posteriores a la mesa de la semana pasada, así como responder por escrito y punto por punto, sobre las propuestas que los ciudadanos tuvieron a bien hacerles llegar con respecto a la reforma constitucional. Por lo que ahora la Coalición se encuentra en espera de la fecha para recibir las respuestas.

Asimismo, los legisladores se comprometieron a llevar un diálogo abierto e incluyente con la ciudadanía, con el análisis de los aspectos jurídicos y definiciones básicas.

Recordemos que la Coalición Anticorrupción es un esfuerzo conjunto de organizaciones, especialistas y ciudadanos a título personal enfocados en crear el mejor Sistema Estatal Anticorrupción del país, que permita acabar con la impunidad, convirtiéndose así en un ejemplo nacional.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”