poder ejecutivo

¿Rumbo a un “sexenio perdido”?

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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Ya han pasado 4 años desde aquel día en el que, luego de dos sexenios donde el Partido Acción Nacional se mantuvo en el poder ejecutivo, el Partido Revolucionario Institucional volvió a los pinos; para algunos, esto significó el regreso del autoritarismo y del estado de censura apreciable en décadas anteriores, para otros tal retorno simbolizó, la llegada de un PRI “renovado”, el cual podría brindar mejores resultados y contribuiría a “limpiar” la imagen que dicha agrupación había construido a lo largo del tiempo. Ahora bien, encontrándonos a dos años de cumplirse el sexenio del ejecutivo Enrique Peña Nieto, uno no puede evitar preguntarse: ¿Qué se ha ganado y que se ha perdido durante estos casi seis años de gobierno?

…pareciera ser que actualmente contamos con un gobierno que elude las propias leyes que dice defender, y en su lugar, da paso a una serie de acciones arbitrarias basadas en el beneficio individual y no en el bien común, mucho menos en los principios que posee la sociedad en su conjunto.

Entre lo que pudiera considerarse como aspectos de carácter positivo del casi sexenio de EPN, pudiera destacarse la captura de figuras prominentes que desde tiempo atrás los gobiernos previos habían intentado procesar, tanto de la esfera política como del crimen organizado. Entre ellos se pueden mencionar la líder sindical Elba Esther Gordillo, así como la lograda detención “doble” (hasta la fecha) de Joaquín Guzmán, alias “El Chapo”.

Ahora bien, en cuanto a los aspectos negativos que se han apreciado a lo largo de esta administración, se encuentra la clara y abierta complicidad entre ciertos sectores empresariales y el mandatario, Peña Nieto. Para ahondar en tal tópico, basta con ver la estrecha relación entre la empresa Grupo HIGA y el gobierno federal: desde el escabroso asunto de la casa blanca, así como el asunto del excesivamente caro avión presidencial hasta la actualidad con la situación en la comunidad de Xochicuautla, en la cual, policías federales junto con empleados de la empresa previamente mencionada, desalojaron a los habitantes de dicha comunidad con el fin de proceder a la demolición de tales hogares para iniciar la construcción de una carretera; a lo anterior se suma el hecho de que, además de atropellarse totalmente el respeto hacia los asentamientos de las agrupaciones de pueblos originarios, se atropella el derecho constitucional de amparo que cada mexicano posee: los habitantes de Xochicuautla habían obtenido la suspensión definitiva de la construcción de la mencionada carretera, el cual aseguraba la interrupción de la obra hasta haber finalizado el juicio de amparo.

Sumando la poca, si no es que nula, eficiencia de las “reformas estructurales” tan difundidas en su momento, e igualmente, el aumento de la violencia a lo largo del país y los abusos de autoridad, el gobierno de EPN pareciera encaminar al país a lo que podría denominarse, un sexenio perdido.

Por esto mismo, pareciera ser que actualmente contamos con un gobierno que elude las propias leyes que dice defender, y en su lugar, da paso a una serie de acciones arbitrarias basadas en el beneficio individual y no en el bien común, mucho menos en los principios que posee la sociedad en su conjunto. Sumando la poca, si no es que nula, eficiencia de las “reformas estructurales” tan difundidas en su momento, e igualmente, el aumento de la violencia a lo largo del país y los abusos de autoridad, el gobierno de EPN pareciera encaminar al país a lo que podría denominarse, un sexenio perdido. Se entiende como sexenio perdido a aquellas administraciones públicas, no solo ineficientes en los resultados y rendición de cuentas, sino también regresivas en lo que se refiere al avance de los derechos humanos y vinculación con la sociedad.

Considero que, a lo largo de estos cuatro años de gobierno, no solo no se ha avanzado, sino que se ha retrocedido en la mayoría de los ámbitos fundamentales: derechos, transparencia, desigualdad, unidad. Si no exigimos y dejamos claro que, en una democracia el pueblo decide su destino y el gobierno contribuye a la realización del mismo, (y no al revés) en unos años, además de contar a las nuevas generaciones como la nación pasó seis años de retrocesos y nulos avances, vamos a presenciar cómo pasa lo mismo con el gobierno de ese momento.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La lucha por nuestra integridad

by María Elizondo
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“El reconocimiento de los derechos humanos depende del momento histórico que se esté contando”, me dijo alguna vez una maestra. La lucha por los derechos humanos ha sido muy larga, dolorosa y sobre todo constante. A lo largo de nuestra historia hemos vivido acontecimientos atroces que nos han marcado profundamente, dejando un rastro de indignación imborrable.

Después de la Segunda Guerra Mundial, se dejó un mundo adolorido, espantado y con poca esperanza.Por esta razón, los países decidieron unirse y realizar un compromiso: reconocer y respetar los derechos humanos, entendiéndose estos como derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna; considerándolos universales, inalienables, independientes e indivisibles.

Durante las últimas semanas en Nuevo León, se ha suscitado un debate entre el poder ejecutivo y legislativo, en contra de los criterios implementados por el Poder Judicial. Algunos Alcaldes y legisladores han realizado un llamado de advertencia, en especial al Magistrado Arenas Bátiz (Presidente del TSJNL), considerando sus criterios como ineficientes para la implementación de justicia, trayendo como consecuencia la liberación de “delincuentes”.

Vivimos en un país donde más del 64% de los mexicanos y mexicanas tememos por nuestra integridad física, psicológica y moral si llegamos a ser detenidos por cualquier autoridad.

A través de este conflicto, me ha tocado escuchar diferentes opiniones, pero la que más me llamó la atención, fue la siguiente: “los derechos humanos para algunas cosas están bien, pero para otras no, como por ejemplo cuando dejan delincuentes sueltos”. Entonces: ¿La culpa es de los derechos humanos o de las autoridades encargadas de realizar el proceso?

Amnistía Internacional en su informe “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México”, denuncia que la practica de la tortura en nuestro país es generalizada y persiste, que lleva arraigada en el sistema por más de 50 años, y lo peor es que cada vez aumenta con más frecuencia. Se estima que por lo menos 80.000 personas son victimas de actos violentos relacionados con las detenciones realizadas por el Ejercito, La Marina o la policía [1]. En el año 2014 se presentaron más de 7.000 denuncias de personas que afirmaron haber sufrido tortura durante su detención y sólo 7 tuvieron una condena por un tribunal federal [2].

En Nuevo León la tortura por parte de las autoridades, no es un tema exento, sino todo lo contrario, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León –CEDHNL– emitió en el año 2015, 116 recomendaciones [3] , de las cuales más del 80% son sobre casos de tortura, tratos crueles inhumanos y degradantes. La autoridad responsable de detener al presunto delincuente, en principio tiene la costumbre de no contar con una orden de aprehensión, pues se determina que han sido detenidos al momento de cometer el delito. Asimismo es una conducta reiterada no poner a la persona a disposición del Ministerio Público más cercano, la autoridad decide la mayoría de las veces llevarla a una casa abandona, lote baldío o en el mismo carro de la autoridad, para proceder al más viejo método de investigación –aceptado por muchos–, el cual consiste en proporcionar: patadas, puñetazos, asfixia (con bolsas de plástico o trapos de tela), toques eléctricos (en los genitales de la persona), y hasta en algunas ocasiones se llega al extremo de la violación sexual; con la finalidad de obtener una confesión y/o infringir un castigo.

Amnistía Internacional en su informe “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México”, denuncia que la practica de la tortura en nuestro país es generalizada y persiste, que lleva arraigada en el sistema por más de 50 años, y lo peor es que cada vez aumenta con más frecuencia.

Si para algunas cosas están bien los derechos humanos y para otras no ¿Entonces no dejarían de ser derechos humanos?, la propia definición lo dice, no están sujetos a ninguna condición. Ahora respecto a los comentarios de un Alcalde, en donde manifiesta que no se está haciendo justicia, yo le diría que si la justicia significa ir en contra de la dignidad humana, no respetar la integridad del acusado, así como no aplicar los derechos constitucionales e internacionales respecto al debido proceso, entonces no sé de qué tipo de justicia estamos hablando, al momento de no respetar el principio de presunción de inocencia que tanto nos costó conseguir y salvaguardar.

El problema no lo tienen los derechos humanos, no lo tienen los jueces y tampoco la ley, el problema lo tienen las autoridades encargadas de realizar las investigaciones, negadas a ir conforme a los lineamientos nacionales e internacionales en la materia, las cuales siguen rigiendo por las practicas inhumanas y arraigadas de un sistema que lo único que han conseguido es tener a más gente inocente adentro. Si existen presuntos delincuentes libres sólo se puede traducir a la baja capacidad investigadora de los policías y el Ministerio Público en México, si se desea que las personas que han cometido un delito, vayan a la cárcel para cumplir su condena, entonces deberían de exhortar a sus policías en realizar una investigación integra, conforme al marco jurídico y respetar en todo momento los derechos humanos.

Vivimos en un país donde más del 64% de los mexicanos y mexicanas tememos por nuestra integridad física, psicológica y moral si llegamos a ser detenidos por cualquier autoridad [4]. Es inadmisible que se tome el estereotipo – en este caso de criminales – como método de justificación de la tortura, para conseguir una supuesta justicia.

[1] Amnistía Internacional, “Fuera de control: tortura y otros malos tratos en México”, 2014, pág. 10. Disponible en: http://amnistia.org.mx/nuevo/wp-content/uploads/2014/09/INFORME_TORTURA_AIM.pdf

[2] Amnistía Internacional, Op.cit. págs. 11-12.

[3] Comisión Estatal de Derechos Humanos Nuevo León, Recomendaciones 2015. Disponible en: http://www.cedhnl.org.mx/recomendaciones.html

[4] Amnistía Internacional, contra la tortura. Disponible en: http://amnistia.org.mx/hacemosn/tortura/

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Democratización del poder judicial: ¿Un bien necesario?

by Jorge Robertt Rodríguez Hernández
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“Una gran democracia debe progresar o pronto dejará de ser o grande o democracia.”
–Theodore Roosevelt

Desde que México se ha pronunciado, de acuerdo al artículo 40 constitucional, como una “República representativa, democrática, laica, federal, compuesta de Estados libres y soberanos”, se ha concebido al voto de la ciudadanía como un derecho y obligación para designar a los poderes ejecutivo y legislativo. No obstante, en un esfuerzo por analizar y obtener conclusiones en base a la realidad, habría que cuestionarse ¿Qué hay del poder judicial? ¿Por qué si o por qué no debería de someterse a un proceso de “democratización”?

Retornando al aspecto constitucional, en la carta magna se estipulan dentro del capítulo IV, los procesos que designan a los integrantes del poder judicial; sea a través de una terna sometida por el poder ejecutivo que sea considerada por el senado, o por medio del mismo poder judicial, en cada nombramiento no hay presencia alguna de sufragio. A lo mucho, podría argumentarse en el caso de la terna convocada por el presidente electo para cubrir las vacantes de ministro de la suprema corte, una tenue aparición del voto popular. Lo anterior claro, en el supuesto en el que la ciudadanía sepa de esta facultad que posee el ejecutivo, e igualmente, que tal conocimiento influya en la elección por el candidato, lo cual dudo enormemente.

…La democracia, al igual que los derechos fundamentales, deberán ser progresivos, por lo que considero menester el hecho de evaluar la posibilidad de incluir el sufragio dentro del sistema judicial, tal como se realiza en los Estados Unidos y en algunos países de Europa.

En base a lo anterior, y en observancia de la misma situación en cuanto a las constituciones locales de cada entidad federativa, se puede afirmar lo siguiente: Actualmente no existen cargos en el poder judicial que sean designados democráticamente. Lo único que se aprecia en la designación de los puestos judiciales es una intervención exclusiva de dos de los tres poderes de la unión, en este caso el ejecutivo y el mismo poder judicial, dejando de lado a quien le deben su existencia: al pueblo.

Bien podrían establecerse argumentos para justificar esta ausencia de democracia, como aseverar que es necesario contar con personas preparadas para ostentar tales cargos. No obstante, frente a este argumento a favor de la inexistencia de la democracia en el poder judicial, cabría preguntarse lo siguiente: ¿Y no es necesario también disponer de personas capaces para algo tan importante como la creación de leyes, en el caso del poder legislativo? ¿No es imprescindible contar con un ciudadano con la debida preparación para ocupar el cargo de presidente de la república?

Estas interrogantes habrían de llevarnos a reconocer que en los tres poderes de la unión se necesitan personas preparadas, lo cual no debe por un lado, suspender la problemática planteada, ni por otro aseverar que la única solución para tal problemática sea el aumento de requisitos para algunos cargos públicos de elección popular (habría que tomarse en cuenta otras opciones, como la creación de un sistema de evaluación para funcionarios públicos, o bien, la revocación de mandato). Aparte de lo planteado, cabría incorporar, además de las cuestiones previas, una tercera pregunta: ¿Cómo es posible que el pueblo designe a quién creará, reformará y adicionará las normas (poder legislativo), pero no designe a quienes vayan a garantizar su cumplimiento (poder judicial)?

Actualmente no existen cargos en el poder judicial que sean designados democráticamente. Lo único que se aprecia en la designación de los puestos judiciales es una intervención exclusiva de dos de los tres poderes de la unión, en este caso el ejecutivo y el mismo poder judicial, dejando de lado a quien le deben su existencia: al pueblo.

Puntualizando los cuestionamientos anteriores, concluyo con lo siguiente: La democracia, al igual que los derechos fundamentales, deberán ser progresivos, por lo que considero menester el hecho de evaluar la posibilidad de incluir el sufragio dentro del sistema judicial, tal como se realiza en los Estados Unidos y en algunos países de Europa.

Finalmente, cierro con una frase que hace tiempo mencionaba alguien cercano a mi “Si como ciudadanos confiamos por medio del voto la tarea de cambiar nuestra constitución y la tarea de que alguien nos represente como presidente de la república frente a otras naciones, por supuesto que habríamos de confiar a través de ese voto a quienes nos vayan a juzgar al momento de encontrarnos en conflicto con la ley”.

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