Gobierno encuentra 31 contratos con empresas fachadas por Pegasus: SSPC

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Esta mañana en conferencia de prensa la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, expuso que tras una revisión en archivos de la Segoby Cisen se encontraron 31 contratos con diversas empresas fachada relacionadas con Pegasus, por conceptos como el uso de tecnología de inteligencia. 

Rodríguez detalló que durante los sexenios de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, se destinaron 61 millones de dólares para adquirir software, hardware, bases de datos, plataformas y mantenimiento de equipos.

Añadió que los contratos con los montos serán entregados a la Fiscalía General de República (FGR), para que se realicen las investigaciones correspondientes, se sancione a los responsables y se acabe con esa práctica que violó la intimidad de cientos de personas. 

Refirió que la empresa israelí NSO Group Technologies desarrolló el programa de espionaje Pegasus que adquirió la entonces Procuraduría General de la República por medio de la empresa Grupo Tech Bull S.A. De C.V.

Dijo que la empresa israelí usó compañías fachadas “llevando a cabo una simulación de contratos relacionados con Pegasus” en diferentes  instancias del gobierno federal.

(Fuente: Luis Cárdenas MX)

PGR dice que indagará a proveedores y tecnología usada para espiar a periodistas

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Este miércoles  La Procuraduría General de la República (PGR) informó  sobre el inicio de una carpeta de investigación por los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática, después de que periodistas y activistas denunciaran que fueron espiados con un software llamado Pegasus que ha sido adquirido por diferentes dependencias del gobierno mexicano.

“Se llevarán a cabo las diligencias ministeriales y periciales que resulten necesarias, como el análisis de números telefónicos afectados, identificación de la procedencia de los mensajes que hayan sido recibidos por las y los denunciantes, la geolocalización de los equipos que hubieran remitido los mensajes, así como la forma en la que opera  este tipo de malware, aunado a la identificación de las aplicaciones instaladas de los dispositivos telefónicos, señaló la PGR por medio de un comunicado

Se agregó que se investigará los posibles proveedores de tecnología utilizada para realizar este tipo de actos y, en su oportunidad, les solicitará informen a qué dependencias federales y estatales y, en su caso, a qué empresas privadas les han facilitado este tipo de equipo de intervención.

La PGR apuntó que una de sus fiscalías especializadas, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), fue quien inició la carpeta de investigación, y que se garantizará el derecho de las y los denunciantes para coadyuvar en las indagatorias,  por sí o a través de sus representantes.

El espionaje se realizó con un software llamado Pegasus, que solo es vendido a gobiernos por la empresa israelí NSO Group Technologies, con el objetivo de combatir el terrorismo y amenazas a la seguridad nacional.

La investigación del Citizen Lab, iniciada originalmente por el caso de un activista árabe en los Emiratos Árabes Unidos, reveló que México es el principal comprador de este malware espía.

#ElPesoDeLaResponsabilidad: “Gobierno Abierto en México: ¿La Alianza que no fue?”

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En términos generales, Gobierno Abierto es un concepto que se emplea para caracterizar a aquel gobierno que inaugura un proceso de interacción con los ciudadanos, a través de una relación de doble vía, en la que éstos expresan sus opiniones sobre políticas públicas, coparticipan en la producción de bienes o servicios públicos, e intervienen activamente en el control y evaluación de la gestión gubernamental.

El concepto ha estado en el centro de numerosos estudios de Ciencia Política desde hace, por lo menos, una década. Quizás tomó su mayor proyección cuando en 2011 se creó la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), con el propósito de construir la mayor instancia institucional global de intercambio y evolución conjunta en la materia. Precisamente, México fue uno de los ocho fundadores de esa alianza, junto a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica. Actualmente son 75 países los que se han adherido a la Alianza, realizando más de 2500 compromisos para hacer que sus gobiernos sean más abiertos y responsables (para más información sobre la Alianza se puede consultar: goo.gl/MyqZ4n).

La importancia del tema –y, aún más, de la Alianza– radica en que los instrumentos de cualquier gobierno que se considere “abierto” deben estar basados en tres principios fundamentales: 1) transparencia y acceso a la información; 2) participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos; y 3) colaboración entre diferentes sectores (público, privado y sociedad civil), con el fin de incrementar la eficiencia de la gestión del Estado y mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de toda la población, aprovechando las ventajas del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Así, resulta evidente que este modelo pretende establecer nuevos elementos sobre la manera en cómo los gobiernos se relacionan con los ciudadanos. Uno de esos elementos es, sin duda, el valor de la confianza. Valor que, por naturaleza, debe ir en dos direcciones: de los ciudadanos a los gobernantes, y viceversa.

Me interesa escribir sobre este tema debido a que apenas el pasado lunes 19 de junio diversos medios de comunicación informaron, con base en un reportaje de The New York Times, a su vez elaborado a partir en un estudio del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que diversos representantes de la sociedad civil habían sido espiados a través de sus teléfonos celulares por medio de un software conocido como Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group Technologies, cuyo capital y oficinas centrales se encuentran en Israel. Como lo escribió ayer Salvador Camarena, el artículo del diario estadounidense amplía los hallazgos del reporte “Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, dado a conocer por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (documento que se puede revisar en el siguiente vínculo: https://goo.gl/r8pt89).

Sin embargo, este no es el primer caso de espionaje contra integrantes de la sociedad civil que se da en nuestro país. Ya en mayo pasado, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) determinó retirarse de los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto en el plano federal, argumentando que han perdido la confianza en el Secretariado Técnico, institución tripartita en la que participan representantes del Ejecutivo y del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), como órgano garante. En este sentido, organizaciones como Fundar, GESOC, Transparencia Mexicana y CIDAC, entre otras, censuraron la actitud asumida por las autoridades frente a evidencias de que se había violentado la privacidad de algunos de sus miembros. Sin confianza no pueden continuar participando en la Alianza, argumentaron.

Avanzar para que la construcción de los Sistemas de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción incorporen las exigencias de organizaciones civiles, académicas y empresariales, es un elemento indispensable para restaurar la relación Estado-sociedad. Como lo mencionó Jacqueline Peschard en su toma de protesta como presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, no basta que los ciudadanos sepan qué hacen los gobiernos, por vía de la transparencia, sino que deben ser actores directos de las decisiones y políticas que aquéllos adoptan. Se trata, pues, de una nueva relación entre sociedad y gobierno, y para que prospere es indispensable que exista un dialogo basado en el respeto mutuo y la confianza de las partes.

El establecimiento de políticas relacionadas con Gobierno Abierto, construidas a partir de mecanismos transparentes y con aportaciones ciudadanas, ha demostrado ser eficaz en otras regiones del mundo. México no debe ser la excepción. Con todo –como se argumenta desde la Ciencia Política– se debe reconocer que Gobierno Abierto, como idea y como práctica, continúa siendo un concepto en construcción. Por desgracia, el contexto actual lleva a suponer que la idea difícilmente se podrá materializar mientras siga existiendo un déficit de confianza entre las partes. Toca ahora al gobierno actuar para recuperarla. Cuidado, si no lo hace, se puede perder una oportunidad que no regresará.