Ayuntamientos Ciudadanos

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No es un mito ni secreto en la sociedad mexicana, que en política, la ciudadanía no es representada por sus autoridades y que no en todos los cargos de elección popular el ciudadano realmente tiene el poder de decidir con su voto. Claro ejemplo de ello, es la forma en la que se elige a los Regidores que integran el Ayuntamiento de los Municipios de Nuevo León, que desde la reforma político-electoral a nivel federal en 1988, en los municipios del estado de Nuevo León se sigue aplicando.

Pese al unipartidismo en el que México vivió durante décadas, en Nuevo León un periodo de “bienestar social” legitimó a gobiernos emanados del Partido Revolucionario Institucional durante décadas, sin embargo, diversos acontecimientos, además de una clase empresarial inconforme con el régimen local fue impulsando la alternancia y apoyando diversos movimientos para lograrlo. A finales de la década de los setenta grupos como la CAINTRA, CANACO y el CCINLAC conformaron un importante grupo de oposición que abanderara el Partido Acción Nacional, logrando la alternancia en 1997. Sin embargo, a nivel municipal, desde la década de los setenta diversos Ayuntamientos lograron la alternancia, cambiando al sistema unipartidista de la época.

Desde 1997 a 2003 en Nuevo León se llevaron a cabo tres reformas electorales, en la cual solamente una en el año 2000 estaba relacionada directamente con el proceso de elección de los Ayuntamientos. En la reforma electoral, solamente fue modificado el Artículo 10 de la Ley Electoral del Estado, en donde se establece que para ser parte de una planilla de elección de Ayuntamiento debería acreditar la residencia del municipio, pues antes solamente bastaba con acreditar la residencia de alguno de los municipios del área metropolitana de Monterrey.

El Municipio tiene funciones y atribuciones que toma decisiones a través del Ayuntamiento que son de suma importancia para el desarrollo de la ciudadanía, por lo que, debe garantizarse la representación popular en la elección de los integrantes del Ayuntamiento.

Hoy en día, los Ayuntamientos son órganos al servicio del Alcalde en turno y su partido, requerimos cambiar el sistema de elección para que la ciudadanía esté en el centro de las decisiones a nivel municipal, para que se integre de forma democrática, representativa y que esté realmente al servicio de la ciudadanía. Por todo esto, será fundamental la participación de la ciudadanía organizada en el proceso electoral del 2018.

Más recursos para el estado y municipios, necesitan de más vigilancia ciudadana

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Además de la Tenencia, el Congreso aprobó al estado más deuda, más impuestos y derechos, a los municipios se les autoriza incrementar el predial y el ISAI, en suma se carga la mano al ciudadano y en el gobierno no se mueven sus sueldos y mantienen una burocracia VIP con prestaciones exorbitantes.




Estado, Congreso, Poder Judicial, Municipios y los órganos autónomos tendrán más ingresos en 2017, por lo que hacemos un llamado a los ciudadanos de Nuevo León para que visiten, naveguen y consulten las páginas de transparencia del Gobierno del Estado, Congreso, Poder Judicial y los Municipios, y ejerzan el derecho humano de acceso a la información pública (que comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información) y así verifiquen de primera mano en qué se están gastan los recursos públicos,  ya que solo de esta forma se puede hacer material la rendición de cuentas.

A partir de la segunda semana de enero, en Redesquintopoder daremos capacitaciones gratuitas a los ciudadanos, para que conozcan la importancia de la Ley de Acceso a la información y con tutoriales aprendan cómo y por qué medios pueden realizar una solicitud de información pública, cuándo y cómo deben contestarles y como realizar recursos de inconformidad.

LA TENENCIA

Para el cambio en la fórmula de la tenencia, abundan las justificaciones que van desde las financieras, que se trata de uno de los mejor impuestos pues es progresivo y otras que son las medio ambientales,

En el Congreso los diputados le endilgaron el costo político, de cambiar la eliminación de la tenencia, al gobernador, la cual Jaime Rodríguez aceptó (sin ponerse bronco).

La ciudadanía ve este cambio como una traición, esto tendrá como consecuencia un incremento de la desconfianza en los representantes, no es un tema de popularidad o asumir costos políticos, el cambio en la tenencia afecta seriamente la relación entre gobernante y gobernados, se dijo una cosa hace un año y ahora se dice otra (nada garantiza que no hagan lo mismo en 2017).




Es como cuando en la relación de pareja hay un engaño, se puede hablar, reflexionar e inclusive perdonar, pero nunca será lo mismo.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

¿Qué tan pública es una consulta ciudadana?

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En días recientes el municipio de San Pedro Garza García puso en consulta cambios en su plan de desarrollo urbano incluyendo algunos proyectos viales de gran tamaño y de interconexión con el municipio de Monterrey.

De acuerdo al reglamento se invitó a los residentes del municipio a conocer los proyectos y dar su opinión. Un centenar de vecinos, en su gran mayoría entrados en canas, asistieron preocupados a ver como su municipio se les va de las manos y deja de ser lo que ellos conocieron.

Y en esta buena iniciativa de consulta pública puede estar también el problema de una buena toma de decisiones.

¿A quien se debe consultar un proyecto vial en una metrópoli compuesta por varios municipios?

San Pedro Garza García ha dejado de ser una zona residencial de baja densidad y se ha convertido en una de usos mixtos en donde la demanda por espacios corporativos, comerciales, educativos y residenciales en condominio ha ido creciendo.

 




Se dio la libertad que así fuera y revertir la tendencia es prácticamente imposible.

Gente de todos los municipios del área metropolitana llega a diario a trabajar a San Pedro. Hay horas del día en que el número de autos supera al número de habitantes. La población flotante que entra y sale del municipio en auto privado es altísima, el transporte público está saturado de usuarios y las condiciones de movilidad peatonal para los que viven la zona en horario laboral es deficiente.

El número de vecinos reales que les atañe una decisión urbana es muy superior a los que lo pueden demostrar con una credencial de elector. ¿O acaso no son vecinos los que pasan más horas del día en sus trabajos que en sus propias casas y viven a diario los problemas viales?

También hay otros grupos que su opinión es valiosa en una decisión y que no necesariamente son vecinos del sector.
La opinión de grupos de la sociedad civil, colectivos ciudadanos enfocados en temas de movilidad y seguridad vial, académicos, asociaciones de urbanistas e investigadores pueden dar una visión más global de un tema metropolitano que sume a la opinión de vecinos.

Es tiempo de dejar de ver al municipio como “La Colonia” y verlo de manera integral dentro de la ciudad.

Y en especial hay que dejar de ver la cuidad con nostalgia queriendo recuperar lo perdido y verla con los ojos de una generación millennial a la que se debe fomentar su participación. Ellos serán los que vivirán por más tiempo las decisiones que se tomen.

 




Bienvenida la consulta pública. Pero también será bienvenida la apertura a otros participantes.

La verdadera ciudad empieza cuando se deja de ver de manera individual a los municipios que la forman.

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¿Qué es una Calificación Crediticia?

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Una buena forma de juzgar la situación financiera de una empresa o entidad gubernamental es mediante una calificación crediticia. Éstas sirven como indicadores del riesgo o capacidad de pago de un deudor. Este servicio de análisis emite una opinión sobre la situación financiera y económica que guarda una entidad a fin de que los inversionistas cuenten con información imparcial para la toma de decisiones.

Una calificadora de valores puede realizar el estudio de empresas, afores, gobiernos, fondos de inversión, créditos, emisiones de deuda y proyectos de infraestructura como autopistas. La importancia de estas instituciones del sistema financiero radica en mantener un análisis objetivo de la calidad crediticia de empresas, bancos, estados, municipios, entre otros, para informar oportunamente al público inversionista el nivel de riesgo de invertir en los mismos.

Fitch, Standard and Poor´s y Moody´s son las tres principales agencias calificadoras en el mundo. En México destacan HR Ratings y Verum. Las escalas que utilizan generalmente para indicar la calificación (riesgo) de un emisor comprenden desde AAA, siendo la máxima calificación que indica fortaleza financiera y bajo riesgo de incumplimiento, hasta C, grado más bajo que representa alta probabilidad de impago y baja calidad financiera. Las calificaciones descienden de la siguiente forma: AAA, AA+, AA, AA-, A+, A, A-, BBB+, y así sucesivamente hasta C, y en algunos casos otras siglas que indican que el emisor ha incumplido el pago de deuda, como el caso de Argentina o ICA.

Algunos ejemplos de calificaciones de Standard and Poor´s son la de México con A, similar a España con BBB+ y Nuevo León con A-. En contraparte, países que representan un mayor riesgo son Brasil con BB+ y Grecia con B-. Fitch califica con A- a Cemex y a FEMSA con AAA, denotando una sólida posición financiera y riesgo de impago casi nulo.

Por regulación, cuando una empresa o gobierno desea emitir deuda en el mercado de valores, es necesario contar con una calificación crediticia que brinde un reporte de las condiciones financieras del emisor a fin de que el gran público inversionista conozca el nivel de riesgo que representa invertir en esa empresa, es decir que tan probable es que la empresa incumpla el pago de dicha deuda.

La importancia de estas instituciones del sistema financiero radica en mantener un análisis objetivo de la calidad crediticia de empresas, bancos, estados, municipios, entre otros, para informar oportunamente al público inversionista el nivel de riesgo de invertir en los mismos.

Por ejemplo, la empresa JJJ necesita financiamiento para un proyecto de expansión, por lo que emitirá 100 millones de pesos (mdp) en certificados bursátiles. Para esto, contrata a Moody´s y HR Ratings para que realicen un proceso de calificación y asignen un grado de riesgo que refleje la situación financiera de la empresa. Las dos agencias al estudiar sus estados financieros, expectativas de ingresos, estructura de costos y nivel de pasivo, entre otros factores, asignan una calificación de A+. Este resultado refleja que la compañía calificada representa seguridad para pagar sus deudas, con bajos riesgos crediticios y de impago.

Los comunicados de calificación de esta forma permiten que el público inversionista que desea adquirir los certificados bursátiles de JJJ cuente con más información para tomar su decisión.

Algunos ejemplos de calificaciones de Standard and Poor´s son la de México con A, similar a España con BBB+ y Nuevo León con A-. En contraparte, países que representan un mayor riesgo son Brasil con BB+ y Grecia con B-. Fitch califica con A- a Cemex y a FEMSA con AAA, denotando una sólida posición financiera y riesgo de impago casi nulo.

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Las implicaciones del Mando Único Policial

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Hace poco más de un año el Ejecutivo envió al Legislativo una propuesta para la creación de un mando único policial en cada uno de los estados, con esto se busca crear economías de escala para alcanzar mayor equipamiento y capacitación, así como mantener una sola línea que dirija los esfuerzos de combate del crimen organizado y prevención del delito. La consolidación del mando único se ha dificultado porque actualmente existen más de 1800 grupos policiales, operados por los municipios del país, lo que implica un esfuerzo importante de coordinación en el interior de los estados.

Existen opiniones diversas referentes a las implicaciones de la consolidación de las policías municipales en las entidades.

Por un lado están quienes opinan que esto puede fortalecer a las fuerzas policiales, aplicando los recursos en una misma dirección y combatiendo con mayor fuerza las infiltraciones dentro de estos grupos. Pero hay quienes opinan que los municipios son los que conocen de cerca los problemas de seguridad que enfrenta la población y por lo tanto son ellos quienes deben de tener a su cargo la administración de la policía.

Considero que tener un mando único otorga ventajas importantes para los estados, pero es importante no perder de vista las implicaciones económicas que esto puede tener. Muchos municipios del país no cuentan con los recursos necesarios para capacitar y equipar a sus elementos policiales y la creación del mando único exigirá que los estados destinen dinero para estos conceptos. Las entidades no tendrán los beneficios que esperan con la creación del mando único si no están preparados económicamente para asumir el gasto que representa la consolidación de las policías municipales.

En Nuevo León hemos sido testigos de los buenos resultados que se obtienen cuando a nivel estatal se tiene una policía equipada, capacitada y con estrictos procesos de reclutamiento.Pero esto ha representado un importante gasto para el Gobierno del Estado, que no sólo se detona en el momento de la implementación, sino que se mantiene como parte del gasto corriente de año con año.

Para la creación de un mando único en Nuevo León, los municipios tendrían que ceder al Estado la operación de sus policías municipales y los recursos con los que actualmente operan.

No obstante, estos recursos de los municipios no bastarían para alcanzar el nivel de calidad que se espera que tenga el cuerpo policial estatal, por lo que el Estado tendría que encontrar la forma de destinar mayores recursos que los que actualmente se aportan para el tema de seguridad.

La creación de 32 grandes grupos policiales en el país no será posible sin el apoyo económico de los tres órdenes de gobierno, no solo se trata de unificar los grupos policiales de los municipios, sino de crear toda una estrategia para mejorar las condiciones que tienen estos grupos. El establecimiento de un mando único en cada estado es una estrategia de seguridad de mediano y largo plazo que puede mejorar el nivel de seguridad de las entidades, pero para ello es importante que los gobiernos estén preparados para el impacto que tendrá sobre las finanzas de los gobiernos subnacionales.

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Actualización del Impuesto Predial

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Recientemente se ha comentado que la Asociación Metropolitana de Alcaldes (AMA) se ha pronunciado a favor de actualizar la base del impuesto predial y que varios líderes de bancada en el Congreso avalan la discusión del tema. Este impuesto está calculado en base al valor del suelo y la construcción, los cuales pueden ser actualizados de manera separada, afectando así el pago del impuesto predial. Cuando los municipios quieren realizar los ajustes necesarios para que el valor catastral refleje el valor real de mercado deben de pasar por un largo proceso que va desde la realización de análisis técnicos, hasta la aprobación por parte del Congreso del Estado.

El crecimiento de las ciudades está directamente relacionado con la necesidad de mayores y mejores servicios, lo cual impacta directamente en la economía de los Municipios, quienes son los responsables de administrar impuestos como el predial.

El impuesto predial cobrado por los municipios se utiliza para otorgar servicios como el alumbrado público, recolección de basura, alcantarillado y mantenimiento de las vialidades. El crecimiento de las ciudades está directamente relacionado con la necesidad de mayores y mejores servicios, lo cual impacta directamente en la economía de los Municipios, quienes son los responsables de administrar impuestos como el predial para satisfacer los requerimientos de servicios públicos de la población.

La actualización del impuesto predial es una respuesta responsable de las ciudades que buscan mantener un adecuado estándar en la calidad de vida en sus habitantes, no es posible atender la demanda creciente de servicios públicos con el mismo ingreso año tras año cuando factores como el crecimiento poblacional, la inflación y el crecimiento del PIB impactan en el costo de los municipios para proveer estos servicios. A pesar de lo expuesto anteriormente, algunos Municipios han tardado más de 10 años en actualizar el impuesto predial.

Como algunas contribuciones que se pagan en gobierno, el impuesto predial debería de actualizarse cada año tomando como referencia variables como la inflación anual, ya que el costo de proveer servicios crece año tras año influenciado por este indicador, o bien, llevar a cabo un análisis más detallado y estimar la plusvalía anual de los terrenos y las construcciones. Un tema que afecta directamente a la economía de los municipios y la calidad de vida en las ciudades no debe de ser una discusión política de cada 5 años.

Este año varios de los municipios del Estado han actualizado los valores que se toman como base para el cálculo del impuesto predial, esto es tan solo una solución parcial al problema.

Este año varios de los municipios del Estado han actualizado los valores que se toman como base para el cálculo del impuesto predial, esto es tan solo una solución parcial al problema. El crecimiento de las ciudades rebasa por mucho el tiempo en que los municipios consiguen la actualización del impuesto. Es importante que se analicen mecanismos de indexación que permitan que este ingreso pueda crecer al ritmo necesario para satisfacer la necesidad de servicios públicos de la población.

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+ Capacitación = Mejor desempeño

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“El primer acto de corrupción que un funcionario público comete es aceptar un cargo para el cual no tiene las competencias necesarias”.
-Anónimo

Vivimos en una sociedad donde un número significativo de la población subestima la importancia de la búsqueda del conocimiento. Incluso, en muchas personas, pareciera haber sido requisito intercambiar esa “sed” de conocimiento y aprendizaje por su título universitario.

Sin duda, al trabajar cerca de organizaciones, sin hacer distinción entre el sector público y el privado, una de las cosas que más llama la atención es precisamente la poca importancia que se da a la capacitación y al adquirir nuevos conocimientos.

En ambos escenarios el resultado es el mismo: se tiene personal poco capacitado.

En el caso del sector privado, muchas empresas han tenido dificultad para fijar el sano equilibrio. Por lo regular se capacita a los colaboradores cuando ingresan y cuando se presenta un cambio estructural, lo cual es absolutamente insuficiente; o por otro lado, el temario que se les asigna es tan extenso que requerirían mucho más que su jornada laboral para cubrirlo, orillándolos a hacerlo de manera deficiente. En ambos escenarios el resultado es el mismo: se tiene personal poco capacitado.

Cosa similar sucede en el ámbito gubernamental aunque, a mi parecer, con consecuencias todavía más significativas que las que se generan en una empresa, no por menospreciar los efectos que la inestabilidad empresarial pueda generar en la sociedad, sino porque, en la esfera pública, el impacto que un mal manejo puede gestar afecta a la mayoría de la población.

Lamentablemente, dentro de los gobiernos aún llegan funcionarios que desconocen las tareas que les corresponden, o están tan inmersos en la rutina que van perdiendo esa “sed” de conocimiento y no se esfuerzan por aprender cosas nuevas.

Lamentablemente, dentro de los gobiernos aún llegan funcionarios que desconocen las tareas que les corresponden, o están tan inmersos en la rutina que van perdiendo esa “sed” de conocimiento y no se esfuerzan por aprender cosas nuevas, como políticas exitosas de otros países que podrían servir a su municipio, estado o incluso país. Esto obviamente no se refiere a que las acciones que se llevan a cabo en otros países embonen perfectamente en nuestra realidad, sino precisamente es la “sed” de conocimiento la que empuja a analizar soluciones de otros para adaptarlas a nuestras necesidades.

No se trata solamente de saber qué hacer, sino también saber cómo hacerlo.

Un ejemplo de lo anterior radica en la actitud que han venido asumiendo algunos presidentes municipales en el desempeño de su función, desarrollando infinidad de actividades que no son meramente competencia municipal y descuidando al mismo tiempo aquellas que por ley les corresponde llevar a cabo. Los municipios atienden desarrollo económico, salud, educación, que por normativa no les corresponden, y no atienden el cuidado de calles y avenidas lo cual ha generado, en todo México, una enorme cantidad de baches. Lo anterior sucede precisamente por falta de capacitación respecto a sus facultadas y atribuciones.
Lo correcto sería que los gobernantes estuvieran lo suficientemente capacitados, pero por el momento —y esperemos que no por mucho tiempo— esto es una utopía; la sociedad les debiera exigir capacitación constante. No se trata solamente de saber qué hacer, sino también saber cómo hacerlo.

En cualesquiera de estos dos sectores, es erróneo pensar que adquirir conocimiento mediante capacitaciones implica una distracción y pérdida de tiempo que devalúa el trabajo asignado. Por el contrario, la capacitación es la herramienta para un desempeño laboral exitoso que permite el balance entre desarrollo profesional y desarrollo personal. Pues como dicen: no hay nada más práctico que una buena teoría.

Todo se reduce a la necesidad de mejorar los desempeños a través de la creación de una cultura enfocada al aprendizaje y desarrollo constante. Debemos buscar la manera de introducir dicha cultura simultáneamente en el sector privado, como en el público. En empresas, por medio de capacitaciones; que si bien en un principio se enfoquen en elementos básicos del puesto, se extiendan a lo largo de la estancia del colaborador dentro de la organización. En gobiernos, desde conocer las funciones que VERDADERAMENTE le competen a cada servidor público, hasta aprender la forma más adecuada de llevar a cabo las mejores políticas públicas.

Como bien dijo Thomas Fuller: “La acción es el fruto propio del conocimiento”. Por tanto, si en verdad deseásemos que nuestras acciones fueran realmente significativas, deberíamos siempre buscar la manera de adquirir conocimiento.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”