La impunidad es un agravio directo al pueblo y aniquila toda esperanza de un Estado de Derecho. Ello aumenta la desconfianza de los ciudadanos en las instituciones y erosiona la legitimidad de los gobiernos. Sin duda alguna, la impunidad es síntoma de un Estado ausente. El jueves, la Fiscalía General de la República, a través de un comunicado en redes sociales, dio a conocer que después de “analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el General Salvador Cienfuegos, concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó ejercer el no ejercicio de la acción penal”. Esto, ante la detención del ex Secretario de la Defensa Nacional en octubre del año pasado en Los Ángeles, California, debido a acusaciones de la DEA por tráfico de drogas, lavado de dinero y favorecer al Cártel H-2 del hermano de Beltrán Leyva, cuando fungió como Secretario, posteriormente el Departamento de Justicia de dicho país removió los cargos y el llamado “Padrino” fue trasladado a México. 

La decisión de la FGR por supuesto tendrá repercusiones políticas, pero lamentablemente, en un país como el nuestro donde la impunidad supera el 90%, dolorosamente no es ninguna sorpresa. Este era el momento indicado para que el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, diera un golpe de timón a una institución tan cuestionada y deslegitimada. Esta decisión indigna en muchos sentidos, no sólo desde un punto de vista político, sino que de una manera tan simple y sin llevarlo ante un juicio para abiertamente perseguir y litigar e intentar que llegue a sus últimas consecuencias, la Fiscalía General sencillamente no hizo nada. Por supuesto que Cienfuegos tiene y debe respetarse su derecho a la presunción de inocencia, pero Gertz Manero pudo exponer el caso ante el poder judicial de manera abierta, argumentando y haciendo su trabajo. 

Y el hecho de que no suceda nada en país con violaciones sistemáticas a los derechos humanos, en país donde las víctimas de delitos viven infiernos para que se haga justicia, en un país donde ser pobre muchas veces se traduce cómo el único elemento para ser encarcelado, el hecho de que un militar de tan alto nivel tuviera tanto privilegio sólo confirma que en México la justicia es selectiva. 

Duele, porque las víctimas del crimen organizado continuarán esperando a que algún día muy lejano se haga justicia. Enoja, porque esta administración ha dicho hasta  el cansancio que “Al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie” pero los hechos suenan más fuertes. Si  bien, la FGR es autónoma, la decisión de traer a nuestro país a “El Padrino” fue de la Presidencia de la República y ahí tendrán que rendir cuentas. 

Ante un debate sobre la importancia y eficacia de los organismos autónomos, la decisión del Fiscal sólo aumenta la necesidad de consolidar autonomías verdaderas y no simuladas que se someten a las exigencias de los intereses y poderosos, nuevamente somos testigos de cómo la autonomía de papel no funciona y es una obligación moral, constitucional y política, el proponer o abonar para que podamos gozar de instituciones alejadas del poder político para que puedan funcionar. Y mientras somos testigos de una militarización del país, el caso Cienfuegos sienta un precedente y nos demuestra los alcances que tiene este poder. 

El no ejercicio de la acción penal en el caso del ex Secretario de la Defensa Nacional marca un momento crítico y triste para la procuración de justicia en México, elimina las pocas esperanzas que tenemos de un sistema de justicia que funcione, y también nos debe motivar aún más para seguir luchando por las víctimas y sus familias y el sueño de ver y vivir y alcanzar la tierra prometida de la justicia.