Cáncer Sindical

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Lo que en el siglo XIX comenzó como un genuino interés de proteger a los obreros que eran explotados en fábricas y obligados a trabajar en condiciones inhumanas, se convirtió en una poderosa estructura de poder que ejerce presión incluso en las decisiones transcendentales del país.

En los años 20, el sindicalismo obtuvo una enorme fuerza y poder social debido a la dupla formada por el gobierno y las organizaciones obreras a propósito de reconstruir el estado mexicano quebrantado en la década de 1910.

Personajes como Luis Morones fueron clave en el fortalecimiento del movimiento sindical, apoyado en gran medida por Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles y otros jefes políticos que encontraron beneficios en el ordenamiento sindical.

“Los líderes actuaban mediatizando las demandas obreras y las decisiones eran tomadas en función de la alianza entre los dirigentes sindicales con los jefes políticos”, cita José Manuel Lastra, en su libro El sindicalismo en México. [1]

Durante todo el siglo XX y en la actualidad, los sindicatos han servido como un arma política y una impresora de votos que difícilmente algún candidato ha rechazado. Y es esta co-dependencia y beneficio mutuo la que ha alimentado su poderío y preservación en perjuicio de la actividad productiva del país.

Tanto la hacienda pública como la iniciativa privada son víctimas del gasto económico que representan los sindicatos. Por ejemplo “entre 2007 y 2015, el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) ha recibido del erario más de 671.8 millones de pesos (mdp) por conceptos de apoyo económico al Comité Ejecutivo; festejos del Desfile del 1 de mayo; festejos de aniversario para la expropiación petrolera y gastos para la revisión del Contrato Colectivo de Trabajo”, escribe Gerardo Villafranco en Forbes México. [2]

La cantidad de recursos públicos que son destinados por concepto de prestaciones laborales al personal sindicalizado representa para los tres niveles de gobierno un importante gasto que impide a las finanzas públicas dirigir ese dinero a inversión o servicios públicos.

 




Para el sector privado, la constante amenaza de que estalle una huelga si no se aceptan las condiciones propuestas por el sindicato en el contrato colectivo de trabajo merma la productividad de las empresas y, por ende, el de nuestro sistema económico.

“La falta de un auténtico liderazgo y representación de las organizaciones obreras no ha respondido a las exigencias de la clase trabajadora, quien ha rebasado en mucho las expectativas de sus líderes, comprometidos, en política, con intereses personales y apetencias de poder y riqueza, no de defensa ni de mejoramiento de la clase que representan”, expone Lastra en el libro anteriormente citado.

En concordancia con la cita anterior, líderes sindicales como Elba Esther Gordillo y Carlos Romero Deschamps, por nombrar algunos, se han enriquecido estrepitosamente producto de la dirigencia del sindicato de maestros y de PEMEX, respectivamente, denotando la incongruencia entre los principios de un sindicato y los resultados reales de liderar uno. El poder político emanado de su cargo les ha permitido influenciar ampliamente en las decisiones transcendentales del país, incluso ejerciendo presión sobre distintos presidentes de la república.

 




Elba Esther Gordillo, quien fungió hasta 2013 como líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, fue arrestada por operación con recursos de procedencia ilícita, lavado de dinero y defraudación fiscal; Carlos Romero Deschamps se presume que participó en un desvío de más de $1,500 millones de pesos para la campaña de Francisco Labastida en 2000; Napoleón Gómez Urrutia, líder minero, se exilió en Canadá tras ser denunciado por un desvío de más de $55 millones de dólares del fideicomiso minero.

En la práctica, la representación de los trabajadores es eclipsada por la corrupción de los líderes sindicales, cuyo poder político y económico contraviene los motivos por los cuales los sindicatos fueron creados en un principio.

El sindicalismo en México representa una obstrucción al avance económico y al desarrollo de los trabajadores, quienes bajo el manto protector del sindicato, pueden llegar a ejercer mediocremente sus labores sin poder ser removidos ni sancionados.

Atendiendo a la primacía de la realidad, el líder sindical se enriquece y empodera con el apoyo de sus agremiados, éstos a su vez reciben prestaciones laborales más allá de las merecidas y ejercen un co-poder contra el patrón; donde, finalmente, este último se encuentra en desventaja ante exigencias económicas que sobrepasan la prudencia. Las características del sistema económico actual requieren empleados mejor capacitados y con mayor apertura a las exigencias de un mundo cada vez más competitivo.

[1] https://revistas-colaboracion.juridicas.unam.mx/index.php/anuario-mexicano-historia der/article/view/29632/26755
[2] http://www.forbes.com.mx/el-enorme-costo-de-los-sindicatos-en-mexico/#gs.gEIbLHI

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Reestructura de la deuda del Estado y bursatilización de la REA

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Ya son dos importantes organizaciones nacionales de la Iniciativa Privada que no solo apoyan, sino que peticionan expresamente a los Diputados del Congreso de Nuevo León la aprobación de las solicitudes del Ejecutivo sobre la reestructuración de la deuda de la parte centralizada del Gobierno Independiente, así como la de bursatilizar ingresos futuros de la Red Estatal de Autopistas (REA): La Coparmex y la CMIC (Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción), ambos por medio de sus respectivos Presidentes, César Montemayor y Marco Córdova.

Y es que tras el lamentable suceso ocurrido la semana pasada en nuestro recinto parlamentario local (protagonizado por el Partido Acción Nacional, causando la interrupción abrupta de la sesión y consecuente clausura del periodo extraordinario), que impidió la discusión en el Pleno sobre estas temáticas fundamentales en la revitalización de las finanzas del estado tras el desastre financiero orquestado por administraciones anteriores, el Ejecutivo se vio en la necesidad de volver a solicitarle a la Diputación Permanente del Congreso la apertura de un período extraordinario versando sobre estas temáticas.

Es importante hacer del conocimiento de la opinión pública, aunque sea sucintamente, los beneficios que conllevaría la aprobación de ambas solicitudes.

…el Ejecutivo se vio en la necesidad de volver a solicitarle a la Diputación Permanente del Congreso la apertura de un período extraordinario versando sobre estas temáticas. Es importante hacer del conocimiento de la opinión pública, aunque sea sucintamente, los beneficios que conllevaría la aprobación de ambas solicitudes.

Sobre la reestructura de la deuda, la Coparmex considera que realizarla sería benéfico en el saneamiento de las finanzas estatales. Tomando como punto de referencia la opacidad en el destino de la deuda en los sexenios de 2003 hasta 2015, afirman que es imperativo que ahora sí se transparenten de manera total los detalles de la misma, lo cual coincide cabalmente con lo anunciado por parte del Gobierno Independiente al respecto. La idea toral sobre este tema es que puede conseguirse una tasa de interés más favorable que la actual, ahorrando alrededor de 600 millones de pesos, que en vez de pagársele a un banco, se invertirían en los ciudadanos de Nuevo León.

Sobre la bursatilización de la REA, es menester señalar el problema principal a resolverse con su aprobación: La saturación vehicular de la Carretera Nacional al sur de la ciudad (tráfico que todos hemos padecido en horarios pico), así como de otras avenidas principales que están saturadas por camiones de carga y vehículos de otra procedencia que no tienen otra ruta qué tomar. El dinero que se obtendría a través de este mecanismo se utilizaría exclusivamente para la tercera etapa del periférico, construyendo una autopista que abarcaría los municipios de Juárez, Cadereyta, Allende y Montemorelos. Este mecanismo permite que el financiamiento obtenido prácticamente “se pague solo”, pues se pagaría con las cuotas de peaje que se obtengan de las personas que transiten por dicha autopista.

Sobre la bursatilización de la REA, es menester señalar el problema principal a resolverse con su aprobación: La saturación vehicular de la Carretera Nacional al sur de la ciudad (tráfico que todos hemos padecido en horarios pico), así como de otras avenidas principales que están saturadas por camiones de carga y vehículos de otra procedencia…

Además de desahogar el tortuoso tráfico de la carretera nacional, la CMIC puntualiza los beneficios de la derrama económica que conllevaría, así como la creación de 6.5 mil empleos directos e indirectos durante el siguiente año.

¿Les gusta el proyecto? Invitemos a los Diputados a no sujetarse a intereses partidistas en este tema ni utilizar (como lo ha hecho Acción Nacional) la aprobación de las cuentas públicas como “moneda de cambio” sobre un tema ajeno, cuyo único beneficiado será el ciudadano.

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