Recién la semana pasada el Secretario de Hacienda anunció con bombo y platillo la implementación de gravámenes como el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto sobre la Renta a:

1) Descarga o acceso a contenido multimedia

2) Intermediación entre terceros oferentes de bienes o servicios y los demandantes de los mismos

3) Clubes en línea y aplicaciones de citas

4) Enseñanza a distancia o páginas de test

Lo anterior se suma a los gravámenes impuestos a servicios digitales como plataformas de entretenimiento streaming, entrega de comidas, transporte por medio de aplicaciones, y otras más.

Las medidas que cito en el párrafo que antecede definitivamente son un duro golpe al comercio electrónico que en tiempos de crisis no era necesario un gravamen sino estímulos.

Pero las medidas que anunció la semana pasada el Secretario de Hacienda constituyen una insensibilidad, insensatez, abuso, retroceso y estancamiento.

Aun seguimos padeciendo la pandemia del COVID-19 y nos encontramos lejos, según la Organización Mundial de la Salud, de volver a la normalidad como la conocemos.

Aunque cierto es que ya se están desarrollando vacunas y medicamentos en todo el mundo, también es cierto que aun no se han probado en humanos y mucho menos podrían ser comercializadas para poder volver a la vida cotidanta pre COVID.

Es alarmante la cifra de contagios y defunciones en México y que la misma Organización Mundial de la Salud pronostica de manera poco alentadora.

De modo que las estimaciones para volver a la vida cotidana pre COVID se estiman al menos hasta enero de 2021, y esto implica la mayoría de los trabajos presenciales y por supuesto el sector académico.

Al pretender gravar la enseñanza a distancia o la descarga de contenido multimedia se afecta gravemente a alumnos de preescolar, primaria, secundaria, bachillerato, licenciatura y posgrado, es decir, a todos, y por supuesto a los padres de familia, tanto en planteles educativos públicos como privados.

En los planteles privados es evidente que el costo aumentaría por educación puesto que a las inscripciones y colegiaturas habría que añadir el costo del uso de plataformas en línea y de la descarga de los contenidos multimedia.

Sin embargo en los planteles educativos públicos, al no contar la Secretaría de Educación Pública ni las autoridades educativas estatales con una plataforma lo suficientemente desarrollada, ni los alumnos el acceso en algunos casos ni siquiera a internet, representa una insensatez de proporciones épicas.

Si las autoridades educativas decidieran crear una plataforma educativa a distancia para planteles públicos, el costo de la misma sería un duro golpe a las finanzas públicas por la cantidad de alumnado y el tamaño de servidores y tecnología que esto implicaría, amen de las vicisitudes que implicaría para las familias mexicanas la adquisición de equipo electrónico y acceso a internet.

En cambio, si las autoridades educativas decidieran contratar una plataforma, ésta tendría que someterse al nuevo gravamen que anunció la Secretaría de Hacienda y con esto aumentaría el costo ya sea para la autoridad educativa, en caso de que ésta se haga cargo del gasto, o bien, para las familias mexicanas que en lugar de pagar uniformes tendrían que pagar el acceso a una plataforma que eliminaría la gratuidad de la educación consagrada en el artículo 3º Constitucional y en diversos tratados internacionales de los que México es parte.

El fin recaudatorio de la autoridad hacendaria podría lesionar aun más la ya muy lastimada economía de los mexicanos afectados por una crisis sanitaria que además se suma al -10% que estima el Fondo Monetario Internacional para el Producto Interno Bruto al final de este año y a la tasa de desempleo sin precedentes en nuestro país.