En Puebla, una iniciativa legislativa ha encendido el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la regulación del ejercicio periodístico. Se trata de la llamada “Ley Villegas” o “Ley Censura”, propuesta por el diputado de Morena, Andrés Villegas Mendoza, la cual plantea imponer sanciones a medios o comunicadores que difundan información considerada falsa, dañina para la reputación de funcionarios, o que contenga errores “voluntarios”.

El proyecto busca garantizar la veracidad de la información y proteger la vida privada de los servidores públicos, además de establecer lineamientos para los convenios de publicidad oficial. Sin embargo, organizaciones como Artículo 19 han advertido que los términos de la propuesta son vagos y ambiguos, lo que podría facilitar su uso como herramienta para censurar contenidos críticos o incómodos para el poder.

Una de las principales preocupaciones es que no se contempla un organismo independiente que supervise su aplicación, lo que dejaría en manos de autoridades la decisión de qué se considera una falta o daño reputacional. Esto, según especialistas, representa un riesgo directo para el ejercicio libre del periodismo.

A esta polémica se suma otra iniciativa que propone sancionar con hasta seis años de cárcel y multas económicas la difusión de “fake news” durante situaciones de emergencia. Aunque sus impulsores aseguran que se trata de una medida contra la desinformación, críticos temen que sea usada para limitar el flujo de información ciudadana y reforzar discursos oficiales.

El tema ha cobrado especial relevancia luego del caso de la periodista Ruby Soriano, a quien el Instituto Electoral de Puebla pidió retirar una publicación crítica hacia una diputada, bajo el argumento de violencia política de género. El hecho fue señalado como un intento de censura y ha reforzado los temores sobre el uso político de las leyes contra la prensa.

Aunque los legisladores afirman que la intención es evitar campañas de desprestigio y proteger la privacidad, el gremio periodístico insiste en que estas reformas representan un retroceso para la libertad de expresión en Puebla. El debate continúa en el Congreso local, mientras distintas voces exigen que cualquier legislación en la materia garantice el respeto a los derechos fundamentales y no se convierta en un mecanismo para silenciar la crítica.