La administración de Javier Milei ha oficializado una serie de medidas que eliminan el acceso gratuito a los servicios de salud y educación para extranjeros que no residan de manera legal en Argentina. El portavoz presidencial, Manuel Adorni, indicó que esta resolución tiene como fin “ordenar las finanzas públicas” y se enmarca dentro de una “reforma integral al régimen migratorio”.
Adorni señaló que los hospitales públicos dejarán de ofrecer atención médica gratuita a personas sin residencia legal en el país. La decisión sobre los aranceles y condiciones de atención recaerá en los organismos de salud correspondientes. “Nos despedimos de los famosos tours sanitarios que, por desgracia, gozan de tanta fama en la Argentina”, expresó. Como referencia, mencionó el caso de Salta, donde una medida similar generó una reducción del 95% en la atención a extranjeros y un ahorro de 60 millones de pesos.
En cuanto al ámbito educativo, las universidades nacionales tendrán la posibilidad de establecer aranceles para los estudiantes extranjeros que no sean residentes, siendo cada institución la encargada de decidir si aplica o no esta medida. Adorni expuso que “uno de cada tres estudiantes de Medicina es extranjero”, subrayando que este tipo de cobros constituirían una nueva “fuente de financiamiento para las casas de estudio”.
También se comunicó que en los próximos días se publicará un Decreto de Necesidad y Urgencia para avanzar con una reforma migratoria más rigurosa, la cual incluirá “nuevos causales de expulsión y limitaciones para obtener residencia”. “Los malandros, los ocupas y los oportunistas deben quedarse del otro lado de la frontera”, afirmó Adorni.
La propuesta contempla, además, la deportación inmediata de extranjeros que sean sorprendidos cometiendo delitos, que sean detenidos en flagrancia o que ingresen con documentación apócrifa. “Si un delincuente comete un delito, lo expulsaremos y no podrá reingresar al país”, declaró el vocero.
De acuerdo con el Ejecutivo, estas reformas tienen como propósito “priorizar los derechos de los ciudadanos argentinos en áreas clave como la salud y la educación”, al mismo tiempo que se busca “fortalecer el control de fronteras y la seguridad interna”.