Presenta el Panal a Clara Luz como su candidata a la gubernatura de Nuevo León

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Tras el visto bueno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL) a la coalición “Juntos Haremos Historia por Nuevo León”, el partido Nueva Alianza (Panal) presentó a la alcaldesa con licencia de Escobedo, Clara Luz Flores, como su precandidata a la gubernatura.

Durante una rueda de prensa, Flores anunció que el ex funcionario federal y estatal, Waldo Fernández, se incorporó a su equipo de trabajo como jefe de Campaña, esto de cada a las próximas elecciones de junio.

La precandidata a la gubernatura aseguró que está comprometida con los ideales del partido, entre ellos, dignificar a los maestros y a los servidores públicos.

“La significación de cualquier profesión incluye el reconocimiento a su esfuerzo de trabajo y hay políticas públicas para poder dignificar las condiciones del magisterio y de todas las profesiones. Los maestros son una autoridad real en la vía pública, autoridad no es un órgano de control, sino que algo que invita a crecer a los ciudadanos, son uno de los pilares importantísimos en la sociedad”, señaló Flores.

Por otro lado, agregó que ya tiene las propuestas para apoyar el sector magisterial, sin embargo, no las revela debido a que los tiempos electorales se lo impiden y las dará a conocer en su momento.

Aseguró que todo el proceso electoral será con transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a las campañas.

Por su parte, el dirigente estatal del Panal, José Isabel Meza, señaló que el objetivo de la alianza conformada con Morena, Partido Verde Ecologista de México, y el Partido del Trabajo, es formar un gobierno que ofrezca oportunidades a todas las personas.

Acción afirmativa para el Tribunal Electoral de Nuevo León

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El pasado 25 de septiembre la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República aprobó el Acuerdo por el que se remiten a la Comisión de Justicia los expedientes de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado de los órganos  jurisdiccionales locales en materia electoral. Para el caso del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL), hay quince personas que cumplieron con los requisitos señalados en la Convocatoria emitida el 10 de septiembre. De estas personas, 5 son mujeres y 10 hombres. Sostengo que el nombramiento para la renovación de la vacante de magistratura electoral del TEENL debe recaer en una mujer.

En primer lugar, recordemos que el TEENL se integra actualmente con tres magistraturas (artículo 44 de la Constitución de Nuevo León). Desde 1996 a la fecha, esto es por más de veinte años de historia del TEENL, de 30 personas que han integrado el órgano jurisdiccional únicamente 4 han sido mujeres (13.33%) y 26 han sido hombres (86.66%). Si vemos por período electoral la conformación del TEENL, esto es, según el número de mujeres magistradas con relación al total de cargos del tribunal, los datos son los siguientes: En 1997 y 2003 existió solamente una mujer y dos hombres (33.33 y 66.66 por ciento, respectivamente); en 2006 y 2009, una mujer y cuatro hombres (25 y 75 por ciento); y en 2000, 2012, 2015 y 2018, solamente hombres (100 por ciento).

Ahora, desde el 7 de junio pasado que entró en vigor la reforma constitucional, el principio de paridad entre géneros en la integración de gabinetes de los ejecutivos Federal y estatales, así como de órganos autónomos (Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2019), existe la inobjetable obligación jurídica de realizar todas las medidas necesarias para fomentar la integración de las mujeres no solamente en los cargos electivos, sino también en las funciones de gobierno.

Esta obligación no puede eludirse aduciendo que para los Tribunales Electorales les aplica más bien la disposición que se contiene en el artículo 94 reformado, cuyo texto es el siguiente: “La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género.” No es así, porque esta regla se refiere a la carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación y no a los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral. Más bien, la obligación de paridad se sustenta en que los Tribunales Electorales tienen la naturaleza de órganos autónomos, incluso después de la reforma de 2014 y aunque la facultad de nombramiento recaiga ahora en el Senado.

Por otro lado, la obligación de que la designación de la magistratura vacante del TEENL recaiga en una mujer, no se sustenta solamente en la reforma constitucional de junio pasado, lo cual debería ser suficiente por sí mismo para justifcar una medida afirmativa; esta afirmación también puede tener justificación teórica en, como afirma Anne Phillips (1998), la “extraordinariamente deficitaria representación de las mujeres en los organismos políticos mundiales”. Y en este sentido, aunque la autora se refiera a cargos electivos, también podríamos predicarlo de cargos de nombramiento como los de la magistratura electoral: “[c]uando las características de los elegidos se desvían en grado significativo de las del electorado como un todo hay una razón evidente para decir que algo está mal.” (“¿Qué tiene de malo la democracia liberal?”, en La democracia en sus textos, del Águila, Rafael et al., Alianza Editorial, Madrid, 321). Ya vimos cómo, en veinte años de existencia, el TEENL ha estado integrado con un escaso 13.33% de mujeres y un abrumador 86.66% de hombres. Algo debe andar mal en la integración del Tribunal cuando la participación de mujeres no ha llegado en todo este período visto de forma global ni siquiera al 30 por ciento, porcentaje mínimo con el que inició la historia de las cuotas electorales en México; o bien al menos llegar a los porcentajes de mujeres en los tribunales constitucionales en el mundo, por continente, que si bien no son suficientes, sí son muchos más amplios que el “récord” del TEENL: En efecto, en América Latina existe un 29% de mujeres en las cortes constitucionales; en Europa occidental, 20%; en Europa oriental, 28%; en África, 25% y en Asia, 11% (Flores Sánchez, “Mujeres en la judicatura federal en México, disponible en: https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/33/05%20Aquiles.pdf). 

Ahora, ¿qué debe hacer el Senado para enmendar esta situación? Lo ideal habría sido que la convocatoria que emitió la JUCOPO hubiese contenido las medidas afirmativas necesarias para cumplir desde una perspectiva material con la igualdad entre mujeres y hombres, tal como fue el caso de la convocatoria que emitió el Consejo de la Judicatura Federal para el Primer concurso interno de oposición para la designación de Juezas de Distrito (DOF del tres de julio de 2019) o como el concurso dirigido solamente a mujeres para cubrir vacantes del Servicio Profesional Electoral que emitió el Instituto Federal Electoral en 2013; esto, desafortunadamente ya no fue así como se puede verificar en la convocatoria de la JUCOPO del pasado 10 de septiembre y la cual no contiene medida especial alguna como acción afirmativa. 

No obstante, tanto la Comisión de Justicia a la que se remitieron ya los expedientes de las personas aspirantes al cargo que cumplieron los requisitos, como el Pleno del Senado cuando vote el dictamen respectivo, tienen una clara obligación: ¡Cumplir con la Constitución! En ese sentido, si la JUCOPO violó nuestra Ley Fundamental, como afirma Ma. del Carmen Alanís (El Universal, 26 de septiembre de 2019), porque la convocatoria es omisa en hacer cumplir el principio de paridad de género en estos órganos autónomos, corresponde ahora a la Comisión de Justicia y al Pleno del Senado reparar esta omisión. Las medidas para las vacantes que se cubrirán en todo el país, según concluye Alanís, deben consistir en alguna de estas: “a) si la magistratura vacante se da en algún tribunal conformado solo por magistrados hombres, deberá designarse a una mujer; 2) si se dan dos vacancias simultáneas, al menos una tendrá que ser para una mujer, y 3) la magistratura vacante deberá ser ocupada por mujer en todos los estados donde la diferencia en número entre hombres y mujeres con la conformación actual supere a uno.”

Nuevo León está en el primer supuesto, por tanto, el nombramiento que para el TEENL emita el Senado próximamente debe recaer en una mujer. Aun con esta medida el órgano jurisdiccional electoral de Nuevo León, apenas alcanzaría su máximo histórico de mujeres: 33.33%. Sin duda, muy lejos de una democracia paritaria.

 

 

Decisiones para la integración del Congreso del Estado

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En mi colaboración anterior me referí a la sentencia del Tribunal Electoral del Estado que reconfiguró, por breve tiempo, el Congreso del Estado (JI-257/2018 y acumulados). En esta ocasión presento el efecto de eterno movimiento que se aprecia en el Congreso en el número de diputaciones por ambos principios, por partido político, como consecuencia del dictado de sentencias y acuerdos de los órganos y tribunales electorales. Asimismo, sintetizaré las razones que motivaron en definitiva estos cambios.

En primer lugar, debe destacarse que entre el 10 de julio y el 31 de agosto se requirieron 2 acuerdos de distribución y asignación por parte de la Comisión Estatal Electoral, 1 sentencia del Tribunal Electoral del Estado y 2 sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Sala Monterrey y Sala Superior). Para apreciar mejor este movimiento presento el siguiente cuadro:

Cuadro 1. Decisiones emitidas para la integración del Congreso del Estado
Decisión No.  Fecha (2018) Contenido de la Decisión Emitida por
1 10 de julio 1ª distribución y asignación de curules por el principio de representación proporcional Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
2.1 10 de agosto Modificación de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional y orden a la CEE de realizarla de nueva cuenta conforme a los parámetros señalados en la sentencia Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León
2.2 13 de agosto 2ª distribución y asignación de curules por el principio de representación proporcional, en cumplimiento a lo ordenado por el TEE Consejo General de la Comisión Estatal Electoral
3 27 de agosto Revocación de la sentencia del TEE de fecha 10 de agosto, deja sin efectos el acuerdo de la CEE de fecha 13 de agosto, y en plenitud de jurisdicción realiza la asignación de las diputaciones de representación proporcional Sala Regional Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
4 31 de agosto Modificación de la sentencia de Sala Regional Monterrey de fecha 27 de agosto Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
Fuente: Elaboración propia con los datos de los acuerdos y sentencias dictadas por los referidos órganos y tribunales

Si bien esta cadena de decisiones no podría evitarse por la forma en que está diseñado nuestro sistema de justicia electoral, una explicación de la percepción de incertidumbre en los resultados, al menos en lo que hace a las decisiones de la CEE, se produce porque este órgano lleva a cabo la asignación de diputaciones de representación proporcional inmediatamente después de realizar el cómputo definitivo de la elección de mayoría relativa para el Congreso. Esto es, asigna diputaciones de representación proporcional con una votación (la de mayoría relativa) que aún no ha sido impugnada y que, por ende, puede variar según las inconformidades que se presenten.  A diferencia de este modelo, el Consejo General del INE lleva a cabo la asignación de curules federales de representación proporcional “una vez resueltas por el Tribunal Electoral las impugnaciones que se hayan interpuesto (…) y a más tardar el 23 de julio del año de la elección.” (Art. 327.2 LGIPE). 

Sin embargo, la mayor fuente de problematización en los resultados está en la interpretación que de las normas jurídicas del sistema electoral para la integración del Congreso realizan los órganos y los tribunales electorales. Veamos, también por medio de un cuadro, el movimiento que tuvo la integración del Congreso a lo largo de estos 45 días, en cuanto al total de diputaciones por ambos principios:

Cuadro 2. Total de diputaciones por ambos principios por partido en cada decisión y mayor diferencia entre dos decisiones
Partido Decisión 1

(CEE)

Decisión 2.1 (TEE) /

Decisión 2.2

(CEE)

Decisión 3

(TEPJF Sala Monterrey)

Decisión 4

(TEPJF Sala Superior)

Diferencia entre  decisión local (1 ó 2) y decisión definitiva  (4)
PAN 16 16 15 15 -1
PRI 6 8 6 6 -2
PT 4 4 4 4 0
PVEM 1 1 1 1 0
MC 3 3 4 4 +1
NA 1 1 1 1 0
MORENA 8 6 8 8 +2
PES 3 3 3 3 0
TOTAL 42 42 42 42 N/A
Fuente: Elaboración propia con los datos de los acuerdos y sentencias dictadas por los referidos órganos y tribunales

Como puede apreciarse, el núcleo del movimiento en la integración del Congreso se centra en cuatro partidos políticos: PAN (-1), PRI (-2), MC (+1) y MORENA (+2). Particularmente resalta el caso del PRI que solo con la sentencia del TEE alcanzó 8 curules en total. Veamos las razones definidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que configuraron en definitiva el número de curules por partido con representación en el Congreso del Estado.

El principal tema de interpretación que modificó la integración del Congreso fue lo relativo a la sobre representación y a la sub representación, particularmente respecto a dos cuestiones. En primer lugar, si la Coalición Juntos Haremos Historia debía ser tomada en cuenta como un solo partido político para la asignación y por ende para la verificación de dichos límites; y, en segundo lugar, el momento en que debía llevarse a cabo la verificación de ambas cuestiones (sobre y sub representación) y, respecto a lo segundo, cómo debía compensarse.

Con relación al primer problema, contrario a lo que sostuvo en su decisión del 10 de agosto el TEE, tanto la Sala Regional Monterrey (SM-JDC-721/2018 y acumulados, p. 19) como la Sala Superior (SUP-REC-1036/2018 y acumulados, p. 26), confirmaron que la asignación de representación proporcional debe ser por partido político y no por coalición. Sobre el segundo problema, afirmaron que la verificación de la sobre y la sub representación debe realizarse en tiempos distintos: a) Por lo que hace a la sobre representación, debe tener lugar en cada una de las etapas de asignación; b) y respecto a la sub representación, ésta se efectuará solamente al concluir el procedimiento. Esto último fue lo que distorsionó la integración del Congreso derivado de la decisión del TEE el 10 de agosto pasado, porque este tribunal llevó a cabo tres rondas para compensar la “sub representación” del PRI (JI-257/2018 y acumulados, p. 35).

Respecto a la compensación, cuando un partido político se encuentra en sobre representación en cualquiera de las etapas de asignación, dicho partido deja de continuar en la asignación y su votación debe ser descontada para depurar las siguientes operaciones con los partidos que aún tienen derecho a que se les repartan curules. (Art. 267 LEE). Sin embargo, esta regla no es posible aplicarla tal cual cuando, al final de las operaciones, se advierte que un partido político está sub representado, como fue el caso del PRI; en este caso, la pregunta es a qué partido político se le debe restar una curul de representación proporcional para compensar al ente partidista sub representado: Según la sentencia definitiva de la Sala Superior, la compensación debe realizarse con aquel partido político que, aun cuando esté dentro de sus límites constitucionales, cuente con mayor sobre representación; este fue el caso del PAN, de forma que fue a este partido al que se le restó una curul para compensar la sub representación del PRI en el Congreso de Nuevo León para esta Legislatura, quedando el PAN con 15 diputaciones y el PRI con 6, por ambos principios.

Aunque no afectaron el número de curules de representación proporcional para cada partido político, el TEPJF también definió otros criterios respecto a género y a la simultaneidad de candidaturas por mayoría relativa y por representación proporcional, lo que impactó más bien a quién se le debía expedir la constancia de una diputación de representación proporcional.

En efecto, respecto a lo primero, la Sala Superior revoca la decisión de la Sala Regional Monterrey del pasado 27 de agosto en donde la y los Magistrados habían decidido, contrario a lo que se señala expresamente en el artículo 263 de la Ley Electoral del Estado, que la compensación por género debía iniciarse con los partidos políticos más votados al efecto de armonizar los principios de autodeterminación de los partidos políticos y democrático. Por ello la Sala Superior confirma que la Sala Regional debió haberse ajustado tanto a la Ley como a los Lineamientos emitidos por la CEE, porque no se advertía una “razón clara y objetiva que justifique la inaplicación de las directrices establecidas por el legislador local y reglamentadas por el instituto electoral estatal.” (SUP-REC-1036/2018 y acumulados, p. 62).

Finalmente, la Sala Superior del TEPJF decidió que (a) cuando una fórmula de candidaturas al Congreso es registrada de forma simultánea para contender tanto por un distrito electoral de mayoría relativa como en la lista plurinominal; (b) la fórmula es exactamente igual en cuanto a propietario y suplente; y (c) es electa por mayoría relativa en un distrito uninominal, la fórmula completa está obligada a acceder al Congreso por este principio. Este fue el caso de las fórmulas registradas por el PAN para dos distritos uninominales y a la vez para la lista plurinominal.

En resumen, las decisiones de los órganos administrativos y de los tribunales en donde se interpretaron las reglas que conforman el sistema electoral de Nuevo León llevaron a que, en escasos 45 días, el número de curules de representación proporcional por partido en el Congreso del Estado se viera modificado hasta en cuatro ocasiones. Sin duda, debería hacerse una adecuación en la legislación electoral para que, al menos, la asignación de las diputaciones de representación proporcional sea realizada por la CEE hasta que estén firmes en el nivel local las elecciones de mayoría relativa al Congreso; además, el Poder Legislativo debería realizar un esfuerzo para crear o modificar normas con mayor claridad y, sobre todo, evitar la inclusión de múltiples principios jurídicos en una sola norma, tal como acontece en el artículo 263 de la Ley Electoral del Estado.

La sentencia que reconfiguró el Congreso del Estado

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Todo sistema electoral busca fundamentalmente “traducir los votos en escaños ganados por partidos y candidatos” (Proyecto ACE). Las familias de sistemas electorales, según Colomer (2001), se clasifican en tres tipos: i) sistemas mayoritarios (reglas de un solo ganador); ii) sistemas proporcionales (reglas de múltiples ganadores), y iii) sistemas mixtos. El sistema electoral para integrar el Congreso del Estado de Nuevo León es mixto: 26 diputaciones electas por mayoría relativa (MR) y 16 diputaciones electas por el principio de representación proporcional (RP).

La aplicación de las reglas jurídicas sirvieron de fundamento para que la Comisión Estatal Electoral (CEE) determinara que para la Legislatura 2018-2021 el Congreso se integraría de la siguiente forma: el PAN con 16 curules (12 de MR y 4 de RP); el PRI, 6  (2 de MR y 4 de RP); el PT, 4 (3 de MR y 1 de RP); el PVEM, 1 (solo RP); MC, 3 (1 de MR y 2 de RP); PNA, 1 (solo RP); MORENA, 8 (5 de MR y 3 de RP); y PES, 3 (solo de MR). (Acuerdo CEE/CG/2017/2018). 

El total de escaños que correspondieron al PRI fue producto de que este partido se encontraba sub representado. En efecto, en el artículo 116, fracción II de la Constitución General se establece que “en la integración de la legislatura, el porcentaje de representación de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.” Para la CEE, el PRI estaría sub representado con 5.6850 diputaciones, por ende, el cálculo final para este partido fue de 6 curules: 2 de MR y 4 de RP.

En contra del acuerdo se presentaron 11 juicios de inconformidad ante el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEE), por diversas causas. Una de las que el TEE les dio la razón a los inconformes, fue que la CEE debió estimar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) en la entidad como un partido político, para efectos de la asignación de diputados por el principio de representación proporcional, incluidas las fórmulas sobre los límites de la sobre y sub representación política. (JI-257/2018 y acumulados). Para ello, el Tribunal estimó aplicable una tesis relevante de 2007 en la cual se establece que los límites de sobrerrepresentación les aplican a las coaliciones como si se trataran de un partido (Tesis XXIII/2007). Un razonamiento esencialmente igual fue utilizado por el Tribunal Electoral del Estado de México y con ello se le restaron a MORENA 10 escaños del Congreso de ese estado. (JDCL/434/2028 y acumulados). Incluso, el TEE afirmó en la sentencia que la CEE obró de forma incorrecta porque cuando los partidos coaligados (MORENA, PT y PES)  registraron sus listas plurinominales, debió habérseles advertido que debían presentar una sola lista por la coalición para tener derecho al reparto de curules por representación proporcional (p. 15). 

Como consecuencia de este criterio del TEE, la nueva distribución se modificó toda vez que para el Tribunal al PRI le correspondían dos diputaciones más de representación proporcional para compensar la sub representación en la que aún se encontraba y, por ende, dichos escaños se tomaron de la Coalición Juntos Haremos Historia, uno de MORENA y otro más del PT. Los demás partidos quedaron exactamente igual que en el acuerdo original de la CEE.

El criterio utilizado por el TEE en su sentencia del 10 de agosto reconfiguró la integración del Congreso del Estado. No obstante, desde mi perspectiva, se trata de una reconfiguración cuya vida será efímera. Enseguida mis razones.

En primer lugar, considerar a la Coalición Juntos Haremos Historia (JHH) para efectos de la distribución de escaños y la verificación de límites constitucionales,  desatiende el espíritu de la reforma de 2008 conforme a la cual, las candidaturas que compiten en coalición aparecen en las boletas tantas veces como partidos estén coaligados. Desde este sentido, las labores de escrutinio y cómputo en casilla deben contemplar las distintas formas de combinación de las coaliciones, porque a nivel de casilla lo que importa es saber cuántos votos obtuvo cada candidatura (art. 426 del Reglamento de Elecciones), sin embargo, la distribución de los votos entre los partidos coaligados para efectos de los cómputos y la distribución de escaños, debe realizarse “igualitariamente entre los partidos que integran la coalición; de existir fracción, los votos correspondientes se asignarán a los partidos de más alta votación” (arts. 311.1.c] de la LGIPE y 81 BIS 7 de la Ley Electoral del Estado). Estas normas se crearon para que los partidos coaligados no se otorgaran votos entre sí de forma artificial a través del convenio de coalición, y su fuerza electoral fuese solo el producto de los votos emitidos por los electores, en las diversas combinaciones de votación para cada coalición. En efecto, tal fue la intención del legislador en 2008, según puede corroborarse en la exposición de motivos del Decreto por el que se expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales: 

La Iniciativa propone que, en todo caso, cada uno de los partidos coaligados aparezca en la boleta con su propio emblema, y que los votos se sumen a favor del candidato de la coalición y cuenten, por separado, a favor de cada partido. En consecuencia, los partidos coaligados deberán registrar, por sí mismos, listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional y a senadores por el mismo principio. (DOF del 14 de enero de 2008).

La sentencia del TEE parece olvidar esta razón y por ello, incorrectamente, considera a la Coalición JHH como un solo partido, cuando la distribución y la sobre y sub representación debe observarse para cada partido coaligado.

En esta misma línea argumentativa, la tesis que usa el TEE para fundar su criterio es, primero que nada, solo un criterio orientador, dado que no constituye jurisprudencia; y en segundo término, su creación como tesis relevante es, precisamente, anterior a la reforma de 2008 que antes señalé, por lo que resultaba inaplicable para la reconfiguración del Congreso.

En segundo lugar, si el TEE hubiese investigado, así fuera de forma superficial, el comportamiento del INE en el acuerdo de distribución y asignación de curules de representación proporcional de la elección de 2015, habría corroborado que la distribución de curules y, por ende, la verificación de la sobrerrepresentación, se realiza por cada partido político, y no considerando a cada coalición como un partido político. De hecho, apenas hace un par de días, el Consejo General del INE emitió el acuerdo correspondiente para 2018 y en ningún momento considera a la Coalición JHH como un solo partido político (INE/CG1181/2018); en efecto, en el acuerdo se determina que el PT, no la Coalición JHH, se encontró en sobrerrepresentación (p. 36). Por qué el Tribunal toma un criterio sin sustento en los precedentes del órgano regulador de las elecciones en el país es una incógnita. Lo que me parece claro es que su razonamiento podrá ser revocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

En efecto, y este sería mi tercer argumento, recientemente, la Sala Toluca del TEPJF modificó la sentencia del Tribunal Electoral del Estado de México a que hice mención líneas arriba. En su sentencia, la Sala Toluca determinó que MORENA, PT y PES tenían razón en sus agravios porque para efectos de representación proporcional no conforman una unidad y, por ende, los límites de sobrerrepresentación están referidos “a los partidos políticos en lo individual, en función del origen de los candidatos y del grupo parlamentario al que pertenecerán de resultar electos y, no así a todos los partidos que conformaron la coalición.” (ST-JRC-135/2018 y acumulados). Muy probablemente este podrá ser un criterio que utilice la Sala Regional Monterrey y, por tanto, la reconfiguración del Congreso ordenada por el TEE tendrá una muy breve duración.

Por último, no logro explicarme cómo es que un juzgador puede dejar de observar la voluntad expresa del legislador. Como se sabe, en 2017 se aprobó una reforma electoral que, entre otras cosas, introdujo al sistema electoral de Nuevo León la figura de las listas plurinominales. Una de las novedades fue que, además de las candidaturas de mayoría relativa, “cada partido político registrará una lista de dos fórmulas de candidatos por la vía plurinominal, compuestas cada una por un propietario y un suplente del mismo género. Cada formula será de un género distinto y ambas fórmulas podrán ser registradas por las dos vías de manera simultánea.”  Esta fue la voluntad expresa del legislador: que cada partido político, no cada coalición, registrara las candidaturas plurinominales. El TEE desconoce con su sentencia la voluntad expresa del legislador y, además, obvia el modelo que para la elección de diputaciones federales plurinominales determina la Legislación General: “La solicitud de cada partido político para el registro de las listas completas de candidaturas a diputados por el principio de representación proporcional…” (art. 238.4 LGIPE). De hecho, no solo desconoce la voluntad del legislador, también deja de ser congruente con sus propias sentencias, como la que dictó el 28 de febrero de este año, en el expediente JI-15/2018, en donde, para resolver el problema planteado por el PAN en el sentido de si los partidos estaban obligados a registrar las dos fórmulas plurinominales, el TEE en ningún momento razona en su sentencia que esta obligación corresponde tanto a partidos como a coaliciones.

En síntesis, la sentencia del TEE que reconfiguró el Congreso del Estado tendrá efectos efímeros, porque para la distribución y asignación de diputaciones de representación proporcional, y para la verificación de límites constitucionales como la sobrerrepresentación, no se debe tomar a las coaliciones como un solo partido político.

Cambian descripción de Adrián de la Garza en Wikipedia

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Un usuario anónimo en internet cambio la descripción del alcalde reelecto de Monterrey, Adrián de la Garza y lo describe como el principal responsable del “fraude electoral” en las elecciones del pasado mes de julio para la alcaldía de Monterrey.

La imagen que ya comienza a circular en las redes sociales pone a De la Garza como “Organizador de fraude electoral de las elecciones 2018 por la alcaldía de Monterrey”.

El viernes de la semana pasada, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL) revirtió el resultado de los comicios del 1 de julio, quitando la victoria al panista Felipe de Jesús Cantú y dándosela a Adrián de la Garza, del PRI. Lo que provocó el inicio de un plantón por parte de los panistas en la parte baja del Palacio de Gobierno municipal.