Presenta el Panal a Clara Luz como su candidata a la gubernatura de Nuevo León

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Tras el visto bueno del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL) a la coalición “Juntos Haremos Historia por Nuevo León”, el partido Nueva Alianza (Panal) presentó a la alcaldesa con licencia de Escobedo, Clara Luz Flores, como su precandidata a la gubernatura.

Durante una rueda de prensa, Flores anunció que el ex funcionario federal y estatal, Waldo Fernández, se incorporó a su equipo de trabajo como jefe de Campaña, esto de cada a las próximas elecciones de junio.

La precandidata a la gubernatura aseguró que está comprometida con los ideales del partido, entre ellos, dignificar a los maestros y a los servidores públicos.

“La significación de cualquier profesión incluye el reconocimiento a su esfuerzo de trabajo y hay políticas públicas para poder dignificar las condiciones del magisterio y de todas las profesiones. Los maestros son una autoridad real en la vía pública, autoridad no es un órgano de control, sino que algo que invita a crecer a los ciudadanos, son uno de los pilares importantísimos en la sociedad”, señaló Flores.

Por otro lado, agregó que ya tiene las propuestas para apoyar el sector magisterial, sin embargo, no las revela debido a que los tiempos electorales se lo impiden y las dará a conocer en su momento.

Aseguró que todo el proceso electoral será con transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a las campañas.

Por su parte, el dirigente estatal del Panal, José Isabel Meza, señaló que el objetivo de la alianza conformada con Morena, Partido Verde Ecologista de México, y el Partido del Trabajo, es formar un gobierno que ofrezca oportunidades a todas las personas.

Da Tribunal Electoral visto bueno a coalición “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”

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El Tribunal Estatal Electoral de Nuevo León (TEENL) dio visto bueno a la coalición conformadas por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Partido del Trabajo (PT) y Nueva Alianza (Panal) y que es abanderada por la alcaldesa con licencia de Escobedo, Clara Luz Flores.

El proyecto a cargo de la magistrada Claudia Patricia de la Garza y que planteaba revocar el acuerdo por el que la Comisión Estatal Electoral (CEE) que avaló la coalición conocida como “Juntos Haremos Historia en Nuevo León”, fue rechazó con votos en contra de los magistrados Jesús Eduardo Bautista y Carlos César Isla.

“La ponencia considera que el Consejo General de la CEE aprobó de manera ilegal el acuerdo de referencia al no cumplirse los requisitos legales para el registro de coaliciones, dado que no verificó que la decisión de Morena de conformar una colación con los partidos mencionados haya sido autorizada por el órgano competente de conformidad con sus estatutos”, se señala en la resolución rechazada a los juicios JDC-103/2020 y sus acumulados 104, 105, 106, 107, 108, 109 y JI04/2020.

Con los votos en contra, la magistrada Claudia Patricia de la Garza reasignó el proyecto al magistrado Isla para que elabore una nueva sentencia donde avale el acuerdo de la CEE excepto una cláusula.

“Atendiendo al turno de reasignaciones, la suscrita determina que sea la ponencia a cargo de la ponencia del magistrado Carlos César Isla Garcia el que ajuste el proyecto definitivo del juicio de referencia con las consideraciones y razonamientos jurídicos de la mayoría”, declaró la magistrada.

Acción afirmativa para el Tribunal Electoral de Nuevo León

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El pasado 25 de septiembre la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Senado de la República aprobó el Acuerdo por el que se remiten a la Comisión de Justicia los expedientes de los candidatos a ocupar el cargo de Magistrada o Magistrado de los órganos  jurisdiccionales locales en materia electoral. Para el caso del Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL), hay quince personas que cumplieron con los requisitos señalados en la Convocatoria emitida el 10 de septiembre. De estas personas, 5 son mujeres y 10 hombres. Sostengo que el nombramiento para la renovación de la vacante de magistratura electoral del TEENL debe recaer en una mujer.

En primer lugar, recordemos que el TEENL se integra actualmente con tres magistraturas (artículo 44 de la Constitución de Nuevo León). Desde 1996 a la fecha, esto es por más de veinte años de historia del TEENL, de 30 personas que han integrado el órgano jurisdiccional únicamente 4 han sido mujeres (13.33%) y 26 han sido hombres (86.66%). Si vemos por período electoral la conformación del TEENL, esto es, según el número de mujeres magistradas con relación al total de cargos del tribunal, los datos son los siguientes: En 1997 y 2003 existió solamente una mujer y dos hombres (33.33 y 66.66 por ciento, respectivamente); en 2006 y 2009, una mujer y cuatro hombres (25 y 75 por ciento); y en 2000, 2012, 2015 y 2018, solamente hombres (100 por ciento).

Ahora, desde el 7 de junio pasado que entró en vigor la reforma constitucional, el principio de paridad entre géneros en la integración de gabinetes de los ejecutivos Federal y estatales, así como de órganos autónomos (Diario Oficial de la Federación del 6 de junio de 2019), existe la inobjetable obligación jurídica de realizar todas las medidas necesarias para fomentar la integración de las mujeres no solamente en los cargos electivos, sino también en las funciones de gobierno.

Esta obligación no puede eludirse aduciendo que para los Tribunales Electorales les aplica más bien la disposición que se contiene en el artículo 94 reformado, cuyo texto es el siguiente: “La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género.” No es así, porque esta regla se refiere a la carrera judicial en el Poder Judicial de la Federación y no a los órganos jurisdiccionales locales en materia electoral. Más bien, la obligación de paridad se sustenta en que los Tribunales Electorales tienen la naturaleza de órganos autónomos, incluso después de la reforma de 2014 y aunque la facultad de nombramiento recaiga ahora en el Senado.

Por otro lado, la obligación de que la designación de la magistratura vacante del TEENL recaiga en una mujer, no se sustenta solamente en la reforma constitucional de junio pasado, lo cual debería ser suficiente por sí mismo para justifcar una medida afirmativa; esta afirmación también puede tener justificación teórica en, como afirma Anne Phillips (1998), la “extraordinariamente deficitaria representación de las mujeres en los organismos políticos mundiales”. Y en este sentido, aunque la autora se refiera a cargos electivos, también podríamos predicarlo de cargos de nombramiento como los de la magistratura electoral: “[c]uando las características de los elegidos se desvían en grado significativo de las del electorado como un todo hay una razón evidente para decir que algo está mal.” (“¿Qué tiene de malo la democracia liberal?”, en La democracia en sus textos, del Águila, Rafael et al., Alianza Editorial, Madrid, 321). Ya vimos cómo, en veinte años de existencia, el TEENL ha estado integrado con un escaso 13.33% de mujeres y un abrumador 86.66% de hombres. Algo debe andar mal en la integración del Tribunal cuando la participación de mujeres no ha llegado en todo este período visto de forma global ni siquiera al 30 por ciento, porcentaje mínimo con el que inició la historia de las cuotas electorales en México; o bien al menos llegar a los porcentajes de mujeres en los tribunales constitucionales en el mundo, por continente, que si bien no son suficientes, sí son muchos más amplios que el “récord” del TEENL: En efecto, en América Latina existe un 29% de mujeres en las cortes constitucionales; en Europa occidental, 20%; en Europa oriental, 28%; en África, 25% y en Asia, 11% (Flores Sánchez, “Mujeres en la judicatura federal en México, disponible en: https://www.ijf.cjf.gob.mx/publicaciones/revista/33/05%20Aquiles.pdf). 

Ahora, ¿qué debe hacer el Senado para enmendar esta situación? Lo ideal habría sido que la convocatoria que emitió la JUCOPO hubiese contenido las medidas afirmativas necesarias para cumplir desde una perspectiva material con la igualdad entre mujeres y hombres, tal como fue el caso de la convocatoria que emitió el Consejo de la Judicatura Federal para el Primer concurso interno de oposición para la designación de Juezas de Distrito (DOF del tres de julio de 2019) o como el concurso dirigido solamente a mujeres para cubrir vacantes del Servicio Profesional Electoral que emitió el Instituto Federal Electoral en 2013; esto, desafortunadamente ya no fue así como se puede verificar en la convocatoria de la JUCOPO del pasado 10 de septiembre y la cual no contiene medida especial alguna como acción afirmativa. 

No obstante, tanto la Comisión de Justicia a la que se remitieron ya los expedientes de las personas aspirantes al cargo que cumplieron los requisitos, como el Pleno del Senado cuando vote el dictamen respectivo, tienen una clara obligación: ¡Cumplir con la Constitución! En ese sentido, si la JUCOPO violó nuestra Ley Fundamental, como afirma Ma. del Carmen Alanís (El Universal, 26 de septiembre de 2019), porque la convocatoria es omisa en hacer cumplir el principio de paridad de género en estos órganos autónomos, corresponde ahora a la Comisión de Justicia y al Pleno del Senado reparar esta omisión. Las medidas para las vacantes que se cubrirán en todo el país, según concluye Alanís, deben consistir en alguna de estas: “a) si la magistratura vacante se da en algún tribunal conformado solo por magistrados hombres, deberá designarse a una mujer; 2) si se dan dos vacancias simultáneas, al menos una tendrá que ser para una mujer, y 3) la magistratura vacante deberá ser ocupada por mujer en todos los estados donde la diferencia en número entre hombres y mujeres con la conformación actual supere a uno.”

Nuevo León está en el primer supuesto, por tanto, el nombramiento que para el TEENL emita el Senado próximamente debe recaer en una mujer. Aun con esta medida el órgano jurisdiccional electoral de Nuevo León, apenas alcanzaría su máximo histórico de mujeres: 33.33%. Sin duda, muy lejos de una democracia paritaria.

 

 

La rebelión de los autónomos

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Los órganos constitucionales autónomos están en rebeldía. La rebelión se ha manifestado en contra de actos y omisiones relacionados con el núcleo de aquello que les permite funcionar de forma autónoma e independiente: los presupuestos.

En efecto, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó el pasado 23 de enero que presentó ante la SCJN una controversia constitucional en contra de la Cámara de Diputados, por considerar que “la reducción de 950 millones de pesos, efectuada al presupuesto originalmente planteado, representa una clara vulneración a la autonomía e independencia del Instituto.” (https://centralelectoral.ine.mx/2019/01/23/presenta-ine-ante-scjn-controversia-constitucional-presupuesto-egresos-la-federacion-2019/). El INE ha expresado que la organización de los comicios en los estados pueden ponerse en riesgo y, además, que incluso se afectan condiciones generales de trabajo de servidoras y servidores del Instituto. En suma, que esta reducción injustificada y sin expresión de razones jurídicas y fácticas, “viola su autonomía financiera y su independencia económica, sometiéndolo a la necesidad de dejar de cumplir con sus obligaciones, o bien, gestionar ampliaciones presupuestales con el gobierno federal.”

En ese mismo sentido, la SCJN ya tiene en su conocimiento la controversia constitucional 5/2019 que presentó el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)  en contra de la Cámara de Diputados porque, desde su perspectiva, este órgano legislativo fue omiso en cumplir con su deber constitucional de “realizar el examen y discusión exhaustiva (…) para justificar debidamente la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 2019.” (https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/acuerdos_controversias_constit/documento/2019-01-15/MP_ContConst-5-2019.pdf). Al decir de este órgano constitucional, el recorte de 280 millones en su presupuesto para este año “vulnera la función regulatoria (…) prevista en el artículo 28 de la Constitución.” (https://www.eleconomista.com.mx/empresas/IFT-interpondra-controversia-constitucional-20190110-0056.html). 

En el orden local, la Fiscalía General del Estado anunció igualmente que utilizaría el mecanismo de la controversia constitucional ante la SCJN para combatir el recorte de su presupuesto del orden de 33 por ciento respecto del que proyectó para el ejercicio 2019. Esto lo harán porque, como sostuvo su titular: “este mecanismo de defensa garantiza su autonomía e independencia contra cualquier otro órgano o poder del estado, eso para garantizar la procuración de justicia.” (https://www.reporteindigo.com/reporte/fiscalia-a-la-scjn-por-recorte-funcionarios-siguen-con-megasueldos-presupuesto/). En este caso, las autoridades demandadas serían el Poder Ejecutivo del Estado y el H. Congreso del Estado.

Otro órgano constitucional autónomo del estado de Nuevo León, la Comisión Estatal Electoral (CEE), recién ha perdido la primera batalla de su lucha por garantizar su autonomía, independencia y cumplimiento de sus programas esenciales para 2019. En efecto, el pasado 25 de enero el TEENL resolvió el recurso de apelación 001/2019 por medio del cual la CEE había combatido, por una parte, el ajuste o recorte que realizó el Ejecutivo respecto del proyecto de presupuesto que le envió el órgano electoral únicamente para su inclusión en el general que debía hacerse llegar al Legislativo; y por la otra, la omisión del Congreso del Estado de pronunciarse de forma fundada y motivada sobre el referido proyecto original de la CEE. (file:///Users/admin/Desktop/RA-001_Desetimatoria%20vs%20ajuste%20presupuesto%20CEE.pdf). En el caso de este órgano constitucional autónomo, el recorte fue del orden de 157 millones de pesos.

Más allá de la racionalidad y de la eficiencia en los presupuestos, estos casos permitirán justipreciar si la doctrina constitucional de los órganos autónomos en México tiene futuro o deberíamos dar la vuelta de hoja hacia la subordinación de los entes públicos frente a los Ejecutivos y los Legislativos.

En principio, porque, tal como señala la teoría constitucional, los órganos constitucionales autónomos tienen las notas características de ser a) necesarios, b) indefectibles, c) expresión de la separación coordinada de poderes y de su equilibrio y d) órganos en paridad de rango respecto de los demás órganos constitucionales, particularmente porque tienen coparticipación en la soberanía y no existe dependencia jerárquica entre ellos (Rodríguez-Zapata). En este sentido, la SCJN ha dicho que estos órganos deben, además, “contar con autonomía e independencia funcional y financiera.” (Tesis P./J. 12/2008). 

La esencialidad de estos órganos y su función dentro de los estados democráticos constitucionales de derecho, hace muy fácil prever que puedan entrar cotidianamente en conflicto con los Poderes clásicos, particularmente con los Ejecutivos y los Legislativos. Esto es así, porque el régimen democrático espera de estos órganos un “deber de ingratitud” (Rosanvallon), esto es, que una vez integrados, tomen decisiones difíciles, incómodas e, incluso, contrarias a los intereses de los referidos poderes. 

En este sentido, una pulsión natural de los poderes respecto a los autónomos es intentar incidir en sus decisiones, sea por la interferencia extra jurídica en las designaciones de sus titulares, sea por la injerencia ilegítima en el control sobre sus presupuestos. Es en esta segunda dimensión en donde se observa la rebelión de los autónomos. 

La SCJN ha definido criterios en el sentido de que la división de poderes acepta grados de afectación: intromisión, dependencia y subordinación. (Tesis P.J. /80/2004). También, respecto de poderes judiciales locales, este máximo tribunal ha sostenido que “la limitación de su autonomía en la gestión presupuestal implica violación al principio de división de poderes.” (Tesis P.J./ 83/2004). Por su parte el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ha sostenido que “la autonomía de la gestión presupuestal de los organismos públicos locales electorales debe regir como principio fundamental para hacer efectiva la independencia de su función.” (Tesis XV/2017). En suma, la SCJN ha sostenido que los órganos constitucionales autónomos deben gozar de garantías institucionales para la “protección constitucional a su autonomía y (…) sus características orgánicas y funcionales esenciales.” (Tesis 2ª. CLXV1/2017 [10ª]).

El INE, el IFT, la Fiscalía General del Estado y la CEE, han iniciado lo que ahora se ve solo como un atisbo de rebelión, pero que, sin duda, con la participación de otro poder, el Judicial, permitirá equilibrar el ejercicio del poder en México y, sobre todo, hará posible justipreciar el valor o la irrelevancia de los órganos constitucionales autónomos: Si no defienden la importancia de sus presupuestos, ¿qué podemos esperar sobre el ejercicio independiente y autónomo de sus funciones?

Cambian descripción de Adrián de la Garza en Wikipedia

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Un usuario anónimo en internet cambio la descripción del alcalde reelecto de Monterrey, Adrián de la Garza y lo describe como el principal responsable del “fraude electoral” en las elecciones del pasado mes de julio para la alcaldía de Monterrey.

La imagen que ya comienza a circular en las redes sociales pone a De la Garza como “Organizador de fraude electoral de las elecciones 2018 por la alcaldía de Monterrey”.

El viernes de la semana pasada, el Tribunal Electoral del Estado de Nuevo León (TEENL) revirtió el resultado de los comicios del 1 de julio, quitando la victoria al panista Felipe de Jesús Cantú y dándosela a Adrián de la Garza, del PRI. Lo que provocó el inicio de un plantón por parte de los panistas en la parte baja del Palacio de Gobierno municipal.