La designación inconstitucional del Secretario Técnico del Sistema Anticorrupción de Nuevo León

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El 1º de octubre pasado, inició la operación completa del Sistema Estatal Anticorrupción en nuestro estado (SEANL). En efecto, en esa fecha se instalaron el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador y el Organo de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEANL. Además, se designó a la persona que por cinco años ocupará la Secretaría Técnica del Sistema Estatal Anticorrupción: el ciudadano Joaquín Ramírez de la Cerda.

Esta persona era, hasta unas cuantas horas antes de su designación, integrante del Comité de Selección y, por ende, había participado tanto en los actos y decisiones que prepararon el acto definitivo de nombramiento del H. Congreso del Estado en los casos de la Fiscalía Anticorrupción y la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa; así como en la designación de las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana.

Desde mi perspectiva, esta designación es inconstitucional por las razones que en adelante desarrollaré: i).- La existencia de un real conflicto de intereses; ii).- La violación al derecho de acceso a las funciones públicas del país, en condiciones generales de igualdad; y iii).- La afectación al derecho al acceso a la información que facilite el control social de las decisiones públicas.

i).- Quien designa es favorecido por aquellos a quienes antes él designó

En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se define como “conflicto de Interés: La posible afectación del desempeño imparcial y objetivo de las funciones de los Servidores Públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios.” La Secretaría de la Función Pública ha interpretado que “cuando un conflicto de intereses se ignora, se actúa indebidamente y de manera deliberada sobre éste o influye en ciertas decisiones, las conductas, acciones u omisiones (…) se pueden configurar otras conductas que violan la ley como ejercicio abusivo de funciones, tráfico de influencias y otras.” En este sentido, la OCDE ha concluido que en la colisión entre el deber público y los intereses privados, éstos no se limitan a los intereses financieros o patrimoniales, o a aquellos intereses que proporcionan un beneficio personal directo al empleado. Un conflicto de intereses puede implicar a actividades privadas, relaciones personales, intereses familiares, si se considera que esos intereses pueden razonablemente influir indebidamente en el ejercicio de sus obligaciones oficiales.

¿Habrá alguien quien razonablemente pueda argüir que no existe un beneficio personal cuando quien es designado para un cargo público recibe el voto aprobatorio de tres personas a quienes él mismo designó antes, y de dos personas más respecto de cuyos procedimientos de designación participó en la preparación del acto definitivo?

La Ley del SEANL se hace cargo de estos potenciales conflictos de intereses cuando prohíbe, expresamente, que dentro de los seis años siguientes a su encargo, las y los integrantes del Comité de Selección funjan como integrantes del Comité de Participación Ciudadana. Sostengo que, de forma analógica a esta prohibición y a mayoría de razón, debe existir esta prohibición para quien, habiendo sido integrante del Comité de Selección por la mañana, sea designado Secretario Técnico por la tarde.

La forma en que se designó a este funcionario público, no hace sino reforzar lo que se conoce como la captura de los puestos públicos. Esta práctica de la administración pública mexicana, desafortunadamente, impide garantizar “el ingreso y el desarrollo de los funcionarios con base en criterios objetivos como el mérito, la certeza, la igualdad y la independencia.”

ii).- ¿Y dónde está la Convocatoria?

En una publicación en la red social Facebook, las y los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SEANL afirman que realizaron juntas de trabajo informales desde el día en que tomamos protesta de ley en fecha 1º de septiembre de 2018 (…) con el único objeto de preparar lo que sería el inicio de nuestras funciones y avanzar lo más rápido posible en la implementación de las labores del sistema y las tareas que nos corresponden, siendo indispensable sin duda alguna para la debida operación del Sistema, contar con el Secretario Técnico en funciones… Por su parte, apenas el pasado 19 de octubre, el Organo de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEANL publicó el Acuerdo No. 1 en donde consta el nombramiento del referido Secretario Técnico. En ambas comunicaciones se señala que se cumplió con los artículos 36 y 40 de la Ley del SEANL; sin embargo, en ningún momento refieren como fundamento del nombramiento el numeral 41. A fin de ser más claro respecto a la obligación del Comité de Participación Ciudadana de emitir una convocatoria pública para el cargo, comparo dos disposiciones normativas, una de la Ley General del SNA y la otra de la Ley del SEANL, únicamente en lo que se refiere a la convocatoria para el cargo:

Comparación de requisitos para ser Secretario Técnico
LEY GENERAL DEL SNA LSEANL
Artículo 34.Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los requisitos siguientes:

(…)

VII. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

VIII. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional o estatal en algún partido político en los últimos cuatro años anteriores a la designación;

IX. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los cuatro años anteriores a la fecha de emisión de la convocatoria, y

X. No ser secretario de Estado, ni Procurador General de la República o Procurador de Justicia de alguna entidad federativa, subsecretario u oficial mayor en la Administración Pública Federal o estatal, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, ni Gobernador, ni secretario de Gobierno, Consejero de la Judicatura, a menos que se haya separado de su cargo con un año antes del día de su designación.

Artículo 41. Para ser designado Secretario Técnico se deberán reunir los siguientes requisitos:

(…)

  1. No haber sido registrado como candidato, ni haber desempeñado cargo alguno de elección popular, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal o municipal en algún partido político, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No haber sido miembro, adherente o afiliado a algún partido político, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No desempeñar ni haber desempeñado cargo de Coordinador Ejecutivo de la Administración Pública del Estado, Secretario o Subsecretario de alguna dependencia del Gobierno Estatal, Fiscal General de Justicia, Gobernador, o Consejero de la Judicatura, Magistrado o Juez, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;
  1. No haber sido titular de los órganos constitucionalmente autónomos, estatales o federales, durante los últimos diez años previos a la fecha de la convocatoria;

¿Quién puede tener duda de la obligatoriedad de la emisión de una convocatoria pública para el cargo cuando, en el caso del Sistema Nacional, de una sola mención se derivó la obligación de la convocatoria pública respectiva? Por el contrario, ¿cómo se puede justificar que de cinco menciones expresas en la Ley local el Comité de Participación Ciudadana haya realizado solamente “juntas de trabajo informales” y no una convocatoria pública?

Afirmo que a cualquier ciudadano de Nuevo León interesado en participar para el cargo, le fue violentado su derecho de acceso a las funciones públicas del país, en condiciones generales de igualdad, toda vez que ni siquiera se tuvo la oportunidad de ser considerado en el procedimiento respectivo que debió derivarse de la convocatoria pública para la integración de la terna y el nombramiento de la persona que ocupe el cargo de Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del SEANL. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el artículo 23.1.c] del Pacto de San José,  no establece el derecho a acceder a un cargo público, sino a hacerlo en “condiciones generales de igualdad”. Esto quiere decir que el respeto y garantía de este derecho se cumplen cuando “los criterios y procedimientos para el nombramiento, ascenso, suspensión y destitución [sean] razonables y objetivos” y que “las personas no sean objeto de discriminación” en el ejercicio de este derecho(…). En el mismo sentido, el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha afirmado que: Si el acceso a la administración pública se basa en los méritos y en la igualdad de oportunidades, y si se asegura la estabilidad en el cargo, se garantizará su libertad de toda injerencia o presión política. Igualmente, se incumplió con la obligación establecida en el artículo 7, inciso a) de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, dado que al no haberse emitido convocatoria alguna, el procedimiento de designación del Secretario Técnico no se basó “en principios de eficiencia y transparencia y en criterios objetivos como el mérito, la equidad y la aptitud.” Esto es, se impidió, como dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el acceso a la función pública sea acorde a los principios de eficiencia, mérito y capacidad.

iii).- Ausencia de información, transparencia y rendición de cuentas

De nueva cuenta, el consenso universal hace énfasis en lo siguiente: Habida cuenta de la necesidad de combatir la corrupción, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará las medidas que sean necesarias para aumentar la transparencia en su administración pública, incluso en lo relativo a su organización, funcionamiento y procesos de adopción de decisiones, cuando proceda. (Art. 10 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción).

Defiendo que al no haber existido convocatoria pública alguna, a cualquier persona interesada en participar para el cargo, o a cualquier persona que desease controlar el ejercicio de esta facultad de nombramiento, se le impidió tener acceso a información pública relevante, como por ejemplo la que a continuación se señala de forma enunciativa mas no limitativa:

a).- Información acerca del período dentro del cual podrían inscribirse las personas interesadas. b).- Información respecto a los medios oficiales y de circulación local en que se publicaría la convocatoria pública. c).- Información sobre el lugar y hora para la entrega de las solicitudes y documentos necesarios para acreditar los requisitos. d).- Información respecto a los documentos idóneos para acreditar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 41 de la LSEANL. e).- Información acerca de la consecuencia jurídica de no acompañar algún o algunos documentos para acreditar los requisitos. f).- Información sobre las actuaciones o diligencias que permitieran apreciar los conocimientos, aptitudes y méritos de las y los aspirantes, tales como entrevistas públicas, ensayos, y/o exámenes. g).- Información acerca de requisitos derivados de otras normas constitucionales como por ejemplo, una garantía de paridad de género en la conformación de las y los finalistas a integrar la terna (recuerden que la “terna” que conoció el Organo de Gobierno estuvo conformada solamente por hombres). h).- Información respecto a la fecha límite en la cual el órgano competente habría efectuar el nombramiento.

¿Cómo controlar las decisiones de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción si impiden el acceso a la información pública respecto de una decisión tan importante como la designación del único funcionario del Sistema al cual se le debe exigir el mayor conocimiento técnico en la prevención, sanción y combate de la corrupción?

Finalmente, más allá de los argumentos normativos que he expresado, creo que como sociedad debemos formularnos  la siguiente pregunta: ¿Esta primera decisión de los órganos del Sistema Estatal Anticorrupción en realidad respetó el deber general de las autoridades anticorrupción de servir de ejemplo de honradez, transparencia, rendición de cuentas y garantía de los derechos humanos?

La designación de la Magistratura Anticorrupción en Nuevo León: Una oportunidad perdida

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El 24 de noviembre de 2017 el Congreso del Estado de Nuevo León designó a nueve personas como integrantes del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción. La decisión derivó de un procedimiento en donde el Congreso contó con el apoyo técnico del Grupo Ciudadano de Acompañamiento, lo que dotaría de legitimidad al resultado; además, los perfiles y el origen de las personas nombradas anunciaban que el Comité de Selección sería un filtro ciudadano en los nombramientos de los titulares de órganos esenciales para el Sistema.

Además de designar al Comité de Participación Ciudadana, el Comité desempeñaría una importante labor en las designaciones de los titulares de la Fiscalía General del Estado, de la Fiscalía Anticorrupción, de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y de la Magistratura de la Sala Especializada en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. 

Por lo que hace a la Magistratura Anticorrupción, así como las Fiscalías, el Comité de Selección tiene la atribución de opinar sobre el contenido de la convocatoria pública para ocupar dichos cargos; definir quiénes de los aspirantes cumplen con los requisitos, así como analizar y evaluar los perfiles de las y los candidatos.  Para la evaluación, en las convocatorias se determinó que se llevaría a cabo “mediante una entrevista de sus antecedentes y trayectoria.” 

Todo parecía indicar que la función del Comité de Selección del SLA-NL cumpliría la expectativa de “promover designaciones con mecanismos abiertos, competidos, transparentes y basados en perfiles técnicos que dignifiquen el servicio público en todos sus niveles y reduzcan el control político de los partidos sobre los procesos.”

La importancia de la Magistratura Anticorrupción en el SLA-NL deriva del alcance de su facultad sancionadora para combatir la corrupción y la impunidad:  Disuasión de conductas infractoras, cumplimiento forzoso de la ley, castigo y presencia de la autoridad. De ahí justamente lo nuclear de que los procedimientos para su designación fueran abiertos, competidos y transparentes. Como justificaré, el Comité de Selección perdió la oportunidad de constituir un verdadero filtro ciudadano en la designación de la referida Magistratura.

Para la Magistratura Anticorrupción se inscribieron 37 personas. El Comité de Selección del SLA-NL acordó el formato para la entrevista de evaluación de las y los aspirantes. Las entrevistas fueron el 14, 15 y 16 de este año. El 20 de marzo, el Comité acordó la lista de las 36 personas que cumplieron los requisitos; presuntivamente, ese mismo día envió al Congreso del Estado una lista con cinco nombres como finalistas. Por último, y previa comparecencia de las personas integrantes de la terna formada por el Congreso, el 23 de marzo se designó a Mario Treviño Martínez para el cargo.

La oportunidad que perdió el Comité de Selección del SLA-NL se evidencia con lo siguiente:

1).- La entrevista no permitió interacción y fue insuficiente para evaluar los perfiles y el conocimiento técnico de los aspirantes. Este modelo no respondió a la definición de una entrevista, y permitió a las y los aspirantes conocer con antelación las preguntas.

2).- No hubo transparencia en cuanto al contenido de las cédulas a utilizar durante la entrevista y, más grave aún, no hubo parámetros objetivos, claros, previos y públicos para la evaluación.

3).- No se han hecho públicas las razones según las cuales se conformó la lista de los cinco finalistas.

4).- El Comité de Selección no ha rendido cuentas de sus decisiones. No se han publicado las actas o minutas de las sesiones que celebró para este procedimiento de designación.

5).- El Comité se desapega de los principios esenciales de un Gobierno Abierto: Transparencia y rendición de cuentas. En este sentido, contrario a lo que esperaríamos de un órgano público ciudadano, el Comité se ha mimetizado en un órgano público de servidores públicos tradicionales, por lo que no se ajusta a ninguna de las tres dimensiones de la transparencia: a) pasiva, b) activa y c) focalizada.

El producto de la intervención de este órgano ciudadano en la designación del Magistrado Anticorrupción, dejó de responder a “un proceso transparente y abierto de cara a la sociedad, que garantizara el contraste de capacidades técnicas y la certeza de que las personas nombradas son idóneas para ese cargo.”

En suma, una oportunidad perdida de construir una democracia de interacción que “tiene por actores al mundo militante de las asociaciones, cuyo movimiento dibuja una especie de doble cooperador y contradictorio del poder…” 

La intervención del Comité de Selección del Sistema Local Anticorrupción de Nuevo León en la designación de la Magistratura Anticorrupción privilegió la cooperación, más que el contrapeso al poder.

Rechazan a Bronco frenar Anticorrupción

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Monterrey(13-Junio-17).-El día de hoy un Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó hoy suspender la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), impugnado por el Gobernador, Jaime Rodríguez Calderón.

El Ministro negó la suspensión solicitada por el Gobernador  en la controversia constitucional 169/2017, presentada el pasado 30 de mayo.

La controversia fue admitida a trámite este lunes, pero los Ministros podrían tomar más de un año para dictar sentencia de fondo.

Como fue negada la suspensión,el Congreso de Nuevo León tiene la obligación de emitir la convocatoria para designar al Comité de Selección del SEA, lo cual debe ocurrir hoy martes.

Por la misma negativa de suspensión,  el Comité podrá lanzar convocatorias para designar al Fiscal General de Nuevo León, al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el Fiscal Especializado en Delitos Electorales, y el Magistrado Especializado en Responsabilidades Administrativas del Tribunal de Justicia Administrativa.

El Gobernador puede impugnar la negativa de suspensión mediante el recurso de reclamación, pero dicho recurso no será resuelto antes del receso judicial que inicia el 15 de julio, por lo que será dictaminado en agosto.

 

Los diputados se comprometieron a responder

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A finales de diciembre 2016, el Congreso de Nuevo León concluyó la votación en primera vuelta de la iniciativa de reforma constitucional que crea las bases del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA). Luego de ese proceso, las comisiones unidas de Legislación, Puntos Constitucionales y Anticorrupción realizaron el 9 de febrero pasado una mesa de trabajo abierta, para revisar y comentar el dictamen de primera vuelta antes de la segunda.

Reconociendo que en primer proceso, el Congreso sí tomó en cuenta algunas aportaciones de la ciudadanía, pero que la reforma quedó incompleta, la Coalición Anticorrupción insistió nuevamente en la integración de las propuestas ciudadanas presentadas desde el año 2016.

En el análisis y discusión de la semana pasada, los miembros de la Coalición instaron a los integrantes de las Comisiones de Anticorrupción, Legislación y Puntos Constitucionales revisar a fondo las propuestas, al considerar que la reforma en su estado actual no permitirá sentar las bases del mejor SEA, ni atacar de manera frontal la corrupción y la impunidad.

La Coalición Anticorrupción planteó:

  • Que se le dé al Comité de Selección del SEA, integrado por ciudadanos, un rol preponderante en el diseño de las convocatorias, método de selección e integración de ternas, para todos los cargos clave del SEA. Asimismo, se propone que este Comité sea elegido por ciudadanos para evitar cualquier partidización.
  • Que los funcionarios culpables de actos de corrupción sean inhabilitados por un periodo igual o superior a 40 años.




  • Que el fiscal general y el fiscal anticorrupción ocupen sus cargos por cuatro años, con la posibilidad de una reelección.
  • Que la extinción de dominio sea independiente de los procesos penales y se tenga un término suficiente para recuperar bienes robados al erario.
  • Que haya corresponsabilidad de los funcionarios por actos de corrupción de lleven a cabo sus subalternos.




  • Que sean suspendidos de sus funciones quienes estén siendo procesados por hechos de corrupción.
  • Que la Auditoría Superior del Estado publique un resumen claro y entendible para cualquier ciudadano de las cuentas públicas que se entregan al Congreso, incluyendo resumen de observaciones más graves, montos, y seguimiento a sanciones impuestas a funcionarios y denuncias penales, entre otros.

Al respecto, los legisladores se comprometieron a tener reuniones posteriores a la mesa de la semana pasada, así como responder por escrito y punto por punto, sobre las propuestas que los ciudadanos tuvieron a bien hacerles llegar con respecto a la reforma constitucional. Por lo que ahora la Coalición se encuentra en espera de la fecha para recibir las respuestas.

Asimismo, los legisladores se comprometieron a llevar un diálogo abierto e incluyente con la ciudadanía, con el análisis de los aspectos jurídicos y definiciones básicas.

Recordemos que la Coalición Anticorrupción es un esfuerzo conjunto de organizaciones, especialistas y ciudadanos a título personal enfocados en crear el mejor Sistema Estatal Anticorrupción del país, que permita acabar con la impunidad, convirtiéndose así en un ejemplo nacional.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”