PAZ EN COLOMBIA: ¿COLOMBIA EN PAZ? DEL DICHO AL HECHO, HAY MUCHO TRECHO

Y se hizo la paz… El 24 de agosto, representantes del Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de ColombiaEjército del Pueblo (FARC-EP) anunciaron la consecución, después de cuatro años de negociaciones, de un pacto final de paz. Son 52 años de conflicto, que probablemente generaron más de los 220,000 muertos, 45,000 desaparecidos, y 5 millones de desplazados contabilizados, los que hoy podrían estar terminando.

En esta tercera (y última) entrega de esta serie del Talón de Aquiles dedicado al proceso de paz en Colombia, detallo la descripción sobre lo acordado ya iniciada en el artículo anterior e identifico algunos de los retos más apremiantes en el corto plazo para avanzar en el camino del establecimiento de una paz sostenible.

El Acuerdo General de Paz, cuyo nombre oficial es “Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera” es el resultado de seis acuerdos parciales alcanzados a lo largo de los últimos cuatro años: el de “Reforma Rural Integral” (26/05/2013), el de “Participación Política: Apertura Democrática para Construir la Paz” (6/11/2013), el de “Solución al Problema de las Drogas Ilícitas” (4/05/2014), el de “Víctimas” (15/12/2015), el de “Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo y Dejación de las Armas” (23/06/2016), y el de “Mecanismos de implementación y Verificación” (24/08/2016).

En el acuerdo definitivo no aparecen los pactos parciales necesariamente en el orden cronológico en el que fueron firmados, lo cual se explica por el imperativo de dotar de coherencia al texto final. Conviene también recordar que la negociación fue compleja.

El acuerdo de cese del fuego, por ejemplo, contiene dos sub-acuerdos: el de “Reincorporación de las FARC-EP a la Vida Civil – en lo Económico, lo Social, y lo Político – de Acuerdo con sus Intereses”, y uno con un nombre un tanto largo: el de “Garantías de seguridad y lucha contra las Organizaciones Criminales responsables de homicidios y masacres o que atentan contra Defensores de Derechos Humanos, Movimientos Sociales, o Movimientos Políticos, incluyendo las Organizaciones Criminales que hayan sido denominadas como sucesoras del Paramilitarismo y sus redes de apoyo, y la persecución de las conductas criminales que amenacen la implementación de los acuerdos y la construcción de la paz”. Los acuerdos son complementados por una serie de anexos. Declaran los negociadores que en su conjunto, este marco es un “todo indisoluble”.

¿Qué se firmó?

El acuerdo de desarrollo agrario se enfoca en corregir lo que las FARC-EP interpretan como las “causas históricas del conflicto”, ligadas a la necesidad de una reforma agraria. Por ello, crea una “Jurisdicción Agraria” para proteger derechos de propiedad, entregar predios a los “sin tierras”, formalizar las fincas de pequeños y medianos propietarios, e implementar programas de reconversión productiva (desarrollo con enfoque territorial).

Los planes tienden a borrar las brechas entre el mundo urbano y el rural, pues son guiados por lineamientos del uso del suelo y financiados por esquemas de crédito y estímulo a la productividad (entre ellos la economía social solidaria). El acuerdo también busca garantizar la seguridad alimentaria y nutricional.

El pacto de participación política abre el sistema a la participación de nuevas fuerzas. Resalta la aceptación, por parte de las FARC-EP, de la democracia como un sistema legítimo. También llama la atención el énfasis para promover la inclusión de las mujeres en la política activa y la idea de establecer sistemas de “alerta temprana” y “planes de evacuación” para salvaguardar la vida de la reinsertados.

Estas dos últimas medidas son comprensibles si se recuerda la masacre a las que fueron expuestos los líderes de la Unión Patriótica durante los años 1980. Además, crea el pacto “Circunscripciones Especiales de Paz” para que las regiones más golpeadas por el conflicto puedan elegir legisladores bajo un régimen especial.

Falta determinar cómo entienden las FARC-EP la “democracia”, si bien la referencia a la participación ciudadana comunitaria y regional, y a las veedurías ciudadanas, entre otros, sugiere una concepción más cercana a la democracia “participativa”.

El acuerdo sobre la cuestión de las drogas parte de la premisa que las causas del conflicto no tienen que ver con el narcotráfico. Dicha concepción se contrapone a la que se ha venido manejando por las autoridades gubernamentales al menos durante los últimos quince años. Además, el acuerdo propone un plan de sustitución y erradicación de cultivos ilícitos ideado por autoridades nacionales, regionales y locales, para que las comunidades inmersas en esta economía ilegal puedan reconvertirse.

Paralelamente, se plantea abordar el consumo de drogas como un asunto de salud pública (lo cual implica crear un sistema nacional de atención para favorecer la rehabilitación y reinserción social de los consumidores). Se propone también focalizar las políticas de lucha contra el crimen organizado en las altas esferas y en el lavado de activos. En una referencia implícita al Plan Colombia, señala el acuerdo que esta política debe estar guiada por los principios de soberanía nacional y de no intervención extranjera en los asuntos del Estado colombiano.

El acuerdo sobre víctimas crea una Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia, y la no Repetición. Se crea también una Unidad para la búsqueda de personas desaparecidas, se fortalece el programa de reparación integral para víctimas de la violencia y se establece una Jurisdicción Especial para la Paz. Dicho organismo es autónomo y, con la idea de contribuir a la verdad y la reparación, se concentra en indagar delitos de lesa humanidad, genocidio, y crímenes de guerra (toma de rehenes, tortura, desplazamiento forzado, ejecuciones extrajudiciales, y violencia sexual, entre otros).

En fin, las garantías de no repetición se relacionan con cambiar las condiciones sociales, económicas, y políticas que causaron el conflicto y que lo han alimentado durante décadas. Mención especial merece aquí la lucha contra la impunidad, tan presente en Colombia como en otros países de la región, y a la cual me referiré, con mayor detalle, en otra ocasión.

El acuerdo sobre el fin del conflicto establece una hoja de ruta para que el proceso de desarme y desmovilización, bajo la responsabilidad de la ONU y de representantes del Gobierno y de las FARC-EP, haya finalizado a más tardar 180 días después de la firma del acuerdo final.

Se autoriza el despliegue de observadores desarmados de países miembro de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). Se ordena a al Ejército reorganizarse para dejar pasar a las columnas de las FARC-EP hacia una de las 23 zonas de concentración designadas para la “transición y la normalización”.

Se trata de zonas desmilitarizadas en donde las ordenes de captura quedan sin efecto, y en donde se prohíben, salvo algunas excepciones, militares o guerrilleros armados. Y, por supuesto, se establece un mecanismo de solución de controversias. El pacto contiene también compromisos para facilitar la conversión de las FARC-EP en partido político (disposiciones legales, de financiamiento, acceso a medios, seguridad, representación, creación de un centro de pensamiento, etc.), clarifica el camino que deben seguir los niños soldados que salgan de las zonas de concentración, y otros.

En fin, se crean medidas de seguridad contra posibles sabotajes por parte de grupos ligados a los antiguos paramilitares, previsión comprensible si se recuerdan los sabotajes por parte de estos grupos a los que estuvo expuesto el proceso de paz impulsado por el Presidente Andrés Pastrana (1998-2002).

En fin, el acuerdo de implementación y verificación establece la “Comisión de Implementación, Seguimiento, y Verificación del Acuerdo Final de Paz y de Resolución de Diferencias”, la cual quedó instalada al día siguiente de la firma final de paz. Este acuerdo focaliza en los elementos logísticos del acuerdo de paz.

Lo difícil comienza ahora

Es momento de celebrar con optimismo. El acuerdo es inédito en múltiples aspectos. Hablar de “reforma agraria” en Colombia es, en sí, revolucionario, y constituye un cambio retórico profundo en las élites políticas del país. Proponer tratar el tema del consumo de drogas como un asunto de salud pública está en línea con las tendencias de buscar nuevos enfoques para tratar el tema sin “criminalizarlo” y alejándose de las restrictivas consideraciones de “seguridad”.

Indicar explícitamente que se requieren garantías de no-repetición equivale a reconocer implícitamente que de poco sirve pactar, desarmar, desmovilizar, y reinsertar si poco tiempo después hay rearme, movilización, y reactivación de grupos armados no-estatales. Y hablar de equidad de género, incluir una reflexión sobre el multiculturalismo en Colombia, y mencionar explícitamente los derechos de la comunidad LGBTI, constituyen, en mi opinión, innovaciones sustanciales en materia de diseño de acuerdos de paz.

La celebración, sin embargo, debe ser sobria, y el optimismo mesurado, pues lo difícil comienza ahora. El camino a la paz está plagado de violencia. El proceso, por supuesto, es vulnerable. Primero, existe una fuerte y dinámica oposición al mismo, la cual indica que la justicia transicional – el “Tribunal del Terrorismo” como lo llaman – dejaría crímenes sin castigar. Los acuerdos señalan que quienes admitan haber cometido delitos como secuestro y ejecuciones recibirían penas reducidas.

Crímenes menos graves, como el tráfico de drogas, podrían también ser amnistiados (si bien el pacto identifica casos en donde no aplica la amnistía). Se trata aquí del clásico vaivén de los procesos de paz, muy delicado por cierto, entre justicia y perdón. Todos no pueden ser encarcelados, pero tampoco se debe permitir que crímenes graves queden impunes.

La oposición también señala que la reinserción premia la militancia armada. Concretamente, el expresidente Álvaro Uribe indica que el proceso desacredita a la democracia y legitima a insurgentes que no tienen razón de ser, pues no lucharon contra un régimen autoritario como los existentes en la América Latina de antaño. La campaña del plebiscito se anuncia entonces intensa, entre un Gobierno creíble a nivel internacional pero impopular a nivel interno, y una oposición poco creíble a nivel internacional pero popular en el país.

En cuanto a las FARC-EP, uno de sus principales retos es salvaguardar su cohesión. En marcos de pacificación, no es extraño observar fraccionamientos internos entre aquellos que respetan lo negociado y los que no. Así ha sucedido en África, en Centroamérica, así sucedió en Colombia en el pasado, y puede volver a suceder.

El punto es garantizar que la mayoría adhiera al proceso, que la disidencia sea insignificante. Pero ello no es necesariamente fácil. Una guerrilla constituida hoy por los nietos de sus fundadores, por personas que nacieron, crecieron, y se educaron en la selva, en un ambiente militar, y cuyas redes sociales están intrínsecamente ligadas a la insurgencia, no se irán simplemente a un pueblo para fundar un restaurante o una zapatería.

O, más exactamente, tal vez es eso lo que el proceso de paz pide a muchos de estos exguerrilleros. La “reinserción” social nunca es fácil; aun menos lo es cuando más bien se trata, en muchos de los casos, de una “inserción”. Además, el peligro de ser asesinado en el proceso es real. Y, por supuesto, existe el reto de aprender a ser un “político”: no es lo mismo ser un guerrillero que lucha por un proyecto de sociedad revolucionario, que ser un político “insertado” en el sistema, y que busca reformas paulatinas. El Frente Primero de las FARC-EP (Provincia de Guaviare) ya indicó que una de sus facciones no se adhiere al proceso.

Procesos de Paz de Colombia (tercera parte)

Este proceso demuestra que en Colombia solo tienen éxito las iniciativas de paz en las cuales los insurgentes ya habían decidido dejar las armas antes de sentarse a negociar. En decir, la voluntad de desarmarse en este país no es un resultado de procesos de paz (como sí lo es en otros casos), sino un requisito para iniciarlos. Ahora, este proceso tiene especificidades que merecen ser mencionadas. El acuerdo tiene una programación clara, un rol bien establecido para la verificación internacional, y protocolos concretos que indican cómo implementarlo.

En ese sentido, se trata de una propuesta seria. Además, parece generar apoyo de las instituciones nacionales. El 19 de julio, la Sala Constitucional aprobó el plebiscito para la paz y se fijó su fecha de realización para el 2 de octubre. Indicaron los magistrados que el resultado es vinculante para el Presidente (no así para los otros poderes públicos).

A nivel financiero – uno de los retos de la reconstrucción en todo post-conflicto es el financiamiento – el Gobierno de Colombia suscribió un crédito externo con el Banco de Desarrollo Alemán de hasta USD 100 millones para financiar temas de paz durante diez años. La Unión Europea está también considerando la posibilidad de crear un fondo fiduciario para ayudar con las tareas de establecer una paz sostenible.

Como lo indiqué en mis anteriores entregas sobre este tema, no se entra a una etapa de “post-conflicto” hasta que no haya un acuerdo de paz definitivo con todos los actores armados, lo cual incluye en este caso al Ejército de Liberación Nacional (ELN), una guerrilla que hoy en día sigue activa.

En marzo, el Gobierno y los elenistas anunciaron el inicio de una negociación paralela al de las FARC-EP. Parece entonces haber conciencia sobre la importancia de evitar un escenario de “paz fragmentada”. En la actualidad, sin embargo, el proceso está en un punto muerto. De hecho, se sabe que algunos de los guerrilleros de las FARC-EP, que no aceptan la desmovilización, han decidido “pasarse” al ELN. En suma, si bien es cierto que del dicho al hecho hay mucho trecho, vale la pena aceptar el reto de convertir lo dicho en hecho, aunque haya que caminar con cuidado para no terminar maltrecho. Por una Colombia en Paz, si pudiera yo votaría “Sí”.

Fernando A. Chinchilla
Ciudad de México (Septiembre de 2016)

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Espacio para el deporte

El área metropolitana de Monterrey es un conglomerado urbano que concentra al 88% de la población del estado de Nuevo León. La problemática que afecta a nuestra ciudad es muy variada y en años recientes se han acentuado algunos de estos problemas. En el año 2010 sufrimos el embate del huracán Alex, de cuyos devastadores efectos aún no hemos podido sobreponernos, destrozó varias avenidas y nos trastocó la vialidad. El trabajo realizado por el gobierno anterior para reparar los daños que dejó el huracán dejó mucho que desear, tanto la calidad de las obras de pavimentación, como las obras viales, no fueron lo esperado para resolver la problemática.

Aunado a este problema, también la ciudad se vio afectada por una crisis de seguridad sin precedentes. La vida diaria de los regiomontanos se vio afectada de una manera terrible, la inseguridad nos obligó a cambiar nuestros patrones de conducta. Ya no era posible socializar, ni tener acceso a lugares de esparcimiento; la desconfianza y el temor se apoderó de la sociedad.

En el año 2010 sufrimos el embate del huracán Alex, de cuyos devastadores efectos aún no hemos podido sobreponernos, destrozó varias avenidas y nos trastocó la vialidad.

Uno de los efectos palpables en la sociedad ha sido el aumento del stress en las personas, diariamente vemos la agresividad e impaciencia con la cual se comportan la mayoría de los conductores de vehículos por las calles. Esta agresividad es producto de la frustración que generan los embotellamientos viales, los cuales a su vez son causados por la deficiente planeación de la vialidad en el área metropolitana, a los múltiples baches y a las obras pendientes de terminar.

Otro de los efectos devastadores que nos dejó a su paso el huracán Alex fue, la pérdida de un gran espacio para el deporte y el esparcimiento con el que contábamos. Para quienes no conocieron la ciudad antes del paso de huracán Alex, tal vez les resulte increíble enterarse que lo que es el lecho del Rio Santa Catarina, en un tiempo fue un parque deportivo lineal que albergaba cientos de canchas deportivas para el uso de todos los ciudadanos.

En ese lecho del Rio, además de las canchas, también se encontraban albercas públicas (a la altura de Pino Suárez), además se hacía espacio para que se alojaran temporalmente circos y ferias. Entre broma y orgullo los regiomontanos denominábamos a este espacio “el estadio más grande del mundo”.

Es indudable la necesidad de recuperar este espacio para el deporte y el esparcimiento de la sociedad. Todos los ciudadanos: niños, jóvenes y adultos, disfrutábamos de las canchas y atracciones del Rio Santa Catarina. Los beneficios de contar con un espacio de esta magnitud son muchos, además del buen efecto en la salud pública que acarrea la práctica de los deportes, también son una válvula de escape social y son un alivio para el stress que vivimos los ciudadanos en el día a día.

Los beneficios de contar con un espacio de esta magnitud son muchos, además del buen efecto en la salud pública que acarrea la práctica de los deportes, también son una válvula de escape social y son un alivio para el stress que vivimos los ciudadanos en el día a día.

Es imperativo que los nuevos gobernantes, tanto del estado como de los gobiernos municipales, pongan empeño en rehabilitar este espacio y lo vuelvan a poner a la disposición de los habitantes. Sin embargo, también es importante que sea un espacio público y de libre acceso para la población, ya que también hemos pasado por la experiencia de verlo privatizado y no ha sido una buena experiencia.

Los ciudadanos requerimos de más espacios para el deporte y el sano esparcimiento social

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

Vacunar no es cuestión de creencias

Guanábana, bicarbonato de sodio, pensamiento positivo, alimentos orgánicos, acupuntura, dietas paleolíticas. Múltiples alternativas han sido invocadas como sustitutas a la medicina tradicional, la cual, a decir de los conspiratistas, ha sido secuestrada por una industria farmacéutica con comportamientos indolentes, carniceros y mafiosos.

Desde quienes negaron la existencia de la influenza en 2009, hasta Jaime Maussan publicando un vídeo en el que se asegura que el cáncer es un hongo curable con bicarbonato, sin olvidar a las celebridades de Hollywood que se posicionan en contra de las vacunas o, por supuesto, a quienes hicieron de la venta de remedios alternativos su sustento económico, la medicina es retratada como la ciencia más fraudulenta de la historia, un engaño que consiste en lucrar con la enfermedad en lugar de buscar la cura.

Al mismo tiempo, los remedios alternativos han logrado convencer a múltiples personas alrededor del planeta. Quizá por ser naturales, ancestrales o por no contribuir al lucro de la industria farmacéutica (pero sí a la industrial alternativa), lo cierto es que, con un burdo maniqueísmo, se presenta a lo oriental, antiguo y natural como el opuesto correcto respecto a lo occidental, moderno y capitalista.

…los remedios alternativos han logrado convencer a múltiples personas alrededor del planeta. Quizá por ser naturales, ancestrales o por no contribuir al lucro de la industria farmacéutica (pero sí a la industrial alternativa), lo cierto es que, con un burdo maniqueísmo, se presenta a lo oriental, antiguo y natural como el opuesto correcto respecto a lo occidental, moderno y capitalista.

De pronto, hay quienes aseguran que las plantas son mejores remedios por no estar procesadas. Desconocen, sin embargo, que quien receta plantas en ocasiones ignora el principio activo que proporciona la solución buscada y por lo tanto no se estandariza la concentración de éste ni mucho menos realiza una separación de moléculas lo que tiene como consecuencia que consumir una planta resulte en estar consumiendo cosas que tu cuerpo no necesita, sin dejar de lado que constitución de las plantas puede variar drásticamente de acuerdo a las condiciones en que haya sido cultivada: una planta en el Congo puede no presentar las concentraciones que una plantada en Campeche.

Por su parte, los medicamentos, aunque no son infalibles, se basan en estudios clínicos y no sólo en observación simple. Sólo deben recetarse de acuerdo a variables que el médico necesita conocer, tales como tus síntomas, edad, género, resultado anhelado, etcétera.

¿Por qué ocurre esto? Los factores involucrados son muchos. La dificultad de los pacientes de lidiar con la desesperanza, la promesa de resultados milagrosos por parte de los remedios alternativos, el trato a veces frío de los profesionales de la medicina en comparación con la calidez y mayor cercanía que brindan algunos alternativos o casos lamentables como el del despreciable Martin Shkreli, dueño de los laboratorios Daraprim al comprar un medicamento para tratar el SIDA y aumentar exageradamente su precio.

Aunque considero que quienes lucran con la ignorancia o la desesperación deberían de ser sancionados, también creo que las personas adultas son libres de elegir el tratamiento que quieran, tenga o no sustento científico.

Sin embargo, en relación con los menores de edad, estos movimientos han tenido consecuencias muy lamentables. Recientemente, un bebé canadiense de 19 meses falleció de meningitis debido a que sus padres, David y Collet Stephan, no creían en las vacunas. Asimismo, los rebrotes de enfermedades como la tos ferina, el sarampión, paperas, difteria, varicela, rubéola y hasta polio, reflejados en un deprimente mapa publicado por la Council on Foreign Relations, inevitablemente nos hacen cuestionar a este tipo de movimientos.

…en relación con los menores de edad, estos movimientos han tenido consecuencias muy lamentables. Recientemente, un bebé canadiense de 19 meses falleció de meningitis debido a que sus padres, David y Collet Stephan, no creían en las vacunas.

Ya en 2012, la Corte Suprema de Justicia de la Nación Argentina, en una interesante sentencia, obligó a unos padres a vacunar a su hijo. Dentro de los argumentos expuestos, señaló que “La vacunación no alcanza sólo al individuo que la recibe, sino que excede dicho ámbito personal para incidir directamente en la salud pública, siendo uno de sus objetivos primordiales el de reducir y/o erradicar los contagios en la población”, anteriormente, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires había indicado que: “Cuando colisionan y no se pueden armonizar los derechos de los niños con los de los adultos, deben priorizarse los primeros” y respecto a la patria potestad concluyó: “El límite a la libertad parental en lo que atañe al cuidado de la salud de sus vástagos es su propio beneficio. No exponer a los hijos a sufrir daños que la ciencia ha logrado prevenir. La patria potestad se otorga únicamente para cumplir los deberes que la misma impone”.

Los argumentos son interesantes, debido a que la patria potestad no es absoluta y aunque existe una libertad de los padres para elegir la forma de educar a sus hijos, el acceso a la salud no es discutible ni por creencias religiosas o posturas personales.

Negar el acceso a la salud por aversión a soluciones respaldadas por el método científico, es un acto ciertamente negligente y las consecuencias de ello no sólo pueden afectar gravemente a los menores en cuestión sino a la población en general. El tema no es de fe o de elegir creer sino de evidencia.

La pregunta obligatoria es si debemos establecer sanciones para quienes nieguen este acceso y cuáles deben ser esas sanciones.

La vacunación obligatoria, sanciones económicas o incluso la pérdida de la patria potestad.

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