En Nuevo León se ha dado el primer paso a mediados de Abril para construir el camino rumbo a un Gobierno Abierto. Se trata de una alianza plural, abierta y ampliamente participativa por parte de quienes conforman esta iniciativa a nivel local.
Si bien los términos Gobierno Abierto pueden sonar claros a nuestros oídos, nos lleven a cuestionar ¿de qué se trata?, ¿quiénes están involucrados? Tenemos aquí una nueva concepción del ejercicio gubernamental cuyo fin primordial es que la ciudadanía incremente la confianza en sus servidores públicos y gobernantes a través de la colaboración.
Fue justo el 14 del mes pasado cuando organizaciones como el Centro de Integración Ciudadana (CIC), Cómo Vamos Nuevo León y Redes Quinto Poder; así como el Poder Judicial del Estado, el Gobierno estatal y el Congreso local, firmaron una carta de intención para participar en este ejercicio denominado Alianza para el Gobierno Abierto 2016.
Si bien los términos Gobierno Abierto pueden sonar claros a nuestros oídos, nos lleven a cuestionar ¿de qué se trata?, ¿quiénes están involucrados? Tenemos aquí una nueva concepción del ejercicio gubernamental cuyo fin primordial es que la ciudadanía incremente la confianza en sus servidores públicos y gobernantes a través de la colaboración.
Nos encontramos frente a un nuevo paradigma social en que ciudadanía, entidades, partidos políticos, trabajadores públicos y cargos electos pueden participar e interactuar en el debate, definición, creación y evaluación de las políticas del gobierno de manera directa.
Es decir, los principios básicos para un Gobierno Abierto están asociados con la participación, la colaboración y la transparencia de manera que a través de las tecnologías de la información y la comunicación se generen entornos de diálogo que faciliten una conversación directa y fluida entre la comunidad y sus gobernantes.
Y es aquí donde llega el ejemplo más claro acerca de la voluntad y la intención de que organizaciones civiles, autoridades como el Gobierno estatal, el Poder Judicial y el Congreso local hayan firmado la carta para un Gobierno Abierto.
La decisión fue tomada por la Comisión de Justicia del Congreso local, sin consultar ni al Poder Judicial ni a la academia, por lo que las organizaciones civiles emprendimos un llamado para que los diputados involucrados respondieran cinco cuestionamientos de forma personal.
Sucede que el Legislativo, a través de sus dos fracciones mayoritarias, toma la decisión de aprobar las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, el 25 de abril, para reducir de 16 a 14 el número de magistrados ,totalmente contraria a la propuesta inicial de pasar de 16 a 20.
La decisión fue tomada por la Comisión de Justicia del Congreso local, sin consultar ni al Poder Judicial ni a la academia, por lo que las organizaciones civiles emprendimos un llamado para que los diputados involucrados respondieran cinco cuestionamientos de forma personal.
Sin embargo, nuestros representantes dieron por cerrado el tema dejando plantadas a las organizaciones quienes los invitaron a un diálogo para aclarar las decisiones que habían tomado.
Si bien Nuevo León estaba siendo ejemplo nacional al ser el primer estado en el que los tres poderes pactaron una Alianza para el Gobierno Abierto, lamentablemente vemos como la intención de incentivar la participación, la colaboración y la transparencia sigue quedando sólo en intención.
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