Populismos legislativos: “La pena de muerte en México”

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El debate público de nuestro país está centrado en estos momentos, en la violencia contra la mujer y con principal énfasis en los feminicidios. Los colectivos feministas han logrado posicionar el tema como una prioridad urgente en las políticas públicas nacionales, generando que partidos políticos, asociaciones, empresas y sociedad en general, compartan la urgencia de combatir el panorama de inseguridad contra las  mujeres en México. Sin embargo, dentro de esta discusión y debate público, resurgió un tema que parecía (al menos dentro aspecto jurídico) sobrepasado o superado: la pena de muerte como pena para sentenciados por delitos de índole sexual. Amnistía Internacional la define cómo: “una pena capital que es la negación más extrema de los derechos humanos: consiste en el homicidio premeditado a sangre fría de un ser humano a manos del Estado y en nombre de la justicia. Viola el derecho a  la vida, proclamado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Es el castigo más cruel, inhumano y degradante”. (Mendoza Octavio, 2006, p.  78)

Diversos partidos en la Cámara de Diputados, así como en Congresos Locales, posicionaron propuestas al respecto, llegando incluso a presentar iniciativas para insertar dichas penas en códigos penales. Los proponentes argumentan que este tipo de medidas son las “proporcionales y suficientes para disminuir el índice de delitos sexuales”. Sin embargo, los legisladores solo necesitaban buscar un poco de información sobre la inconstitucionalidad y su contradicción a los diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos, e incluso. Este tipo de iniciativas pertenecen a algo denominado: populismo legislativo. A populismo legislativo me refiero a medidas que “proponen” los legisladores utilizando contextos sin resolverlos; iniciativas que no solucionan problemas sino los politizan, con medidas irreales que se nutren de clamores populares inoperantes. 

Ante el panorama de exigencia de justicia y seguridad para las mujeres en México, estos legisladores populistas, intentan sacar una ventaja política al puro estilo de las épocas precolombinas e inquisición española. Hay que recordarles a los legisladores que la abolición de la pena de muerte inició en Puebla en 1891 y posteriormente a nivel federal en 1929, siendo en 2005 cuando es completamente eliminada de la Constitución Federal en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. También tenemos que recordar la Convención Americana de Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derecho Humanos, y en específico el artículo 4 párrafo tercero del Pacto de San José, donde el Estado Mexicano se compromete a que una vez abolida la pena de muerte, no se puede restablecer, esto en respeto al principio de progresividad de los derechos humanos. Dichos legisladores que proponen este tipo de medidas, desean que nuestro país se una a otros países como Irán, Arabia Saudí, China, Irak, Pakistán y Estados Unidos, los cuales tienen en común sistemas de justicia “profundamente injustos, con circunstancias turbias y poco claras con muchas condenas basadas en confesiones obtenidas mediante torturas”(Pérez Salvador, 2019, p. 6). De igual manera y conectando el  tema con el populismo penal, el derecho penal no es un disuasivo social sino una forma de proteger los bienes jurídicos fundamentales para la sociedad, que impone penas cuando estos son vulnerados, y existe suficiente evidencia sobre  las penas de muerte, ya que no disminuyen la incidencia en el crimen. Otro argumento es que especialistas afirman que se usa de manera discriminatoria, ya que “si eres pobre o perteneces a una minoría racial, étnica o religiosa, tienes más probabilidades que el resto de personas de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia”(Pérez Salvador, 2019, p. 11). 

Es claro que los legisladores a favor de la pena de muerte no entienden que el fondo del asunto es la impunidad, los claroscuros de la procuración e impartición de justicia mexicano y la situación generalizada de inseguridad para las mujeres. La pena de muerte en ningún sentido soluciona la violencia de género y desvía la atención donde realmente debe estar. Es un país sumamente injusto en su sistema de justicia, pensar en la pena de muerte es aumentar una injusticia más.

La ilusión de la pena de muerte, un engaño más del populismo penal

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El pasado 25 de febrero el diputado federal Arturo Escobar y Vega, junto con integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Verde y de MORENA presentaron una iniciativa de ley en la Cámara de Diputados para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constitución Mexicana. La iniciativa busca que se establezca -nuevamente- la pena de muerte en nuestro país, específicamente contra los delitos de:

  1. Violación. Cuando los violadores asesinen a su víctima y ésta sea menor de edad.
  2. Feminicidio. Cuando la víctima sea menor de edad.
  3. Homicidio doloso. Cuando la víctima sea menor de edad.

Además, la propuesta plantea que México denuncie los tratados internacionales que obligan a nuestro país a abolir la pena de muerte, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus protocolos facultativos. Es decir, que estos tratados internacionales ya no sean aplicables para nuestro país. En el continente únicamente dos Estados han denunciado la Convención Americana sobre Derechos Humanos: Trinidad y Tobago en 1998 y Venezuela en el año 2012. 

Para justificar la idoneidad de la pena capital, en la iniciativa se mencionan estudios de dos universidades estadounidenses que entre los años 2003 y 2006 afirmaron que la pena de muerte tiene efectos disuasorios en delitos como el asesinato. Lo que no toman en cuenta los legisladores es que en ese mismo país, 20 estados han abolido la pena de muerte, 7 de ellos después del año 2007.

La propuesta de reforma constitucional responde a algo conocido como populismo penal, el cual consiste en proponer penas más duras y de mayor duración como respuesta inmediata al aumento de índices delictivos. Sin embargo, este tipo de iniciativas no atacan el problema de fondo y no representan una solución real, ya que dejan de lado medidas integrales para atender deberes como la prevención, investigación y sanción de delitos.

En un país como el nuestro en el que impera la impunidad, donde el 98% de los delitos no son castigados, la propuesta presentada no solo es inviable, sino preocupante, ¿de qué sirven mayores penas cuando las que existen difícilmente se aplican?

Además, en México la justicia no está al alcance de todas las personas por igual, por lo que dicha iniciativa terminaría por criminalizar a quienes menos tienen. Vale la pena recordar las palabras de Ndume Olatushani, quien estuvo condenado a muerte en Estados Unidos por un crimen que no cometió y finalmente obtuvo su libertad en el año 2012: “con demasiada frecuencia, es la gente que no tiene voz la que es sometida [a la pena de muerte]… Durante todo el tiempo que estuve allí, nunca conocí a nadie que tuviera dinero, nunca conocí a una persona rica condenada a muerte.”

Ernesto López Portillo, académico de la Universidad Iberoamericana y experto en seguridad lo ha dicho incansablemente, “incrementar las penas, según el conocimiento aceptado por siglos, no tiene el menor efecto para reducir la delincuencia”. La solución está en la prevención, en la profesionalización, en aplicar efectivamente las sanciones que ya existen y en atender los vicios históricos de nuestras instituciones.

Independientemente de su inviabilidad constitucionalidad y convencionalidad, la iniciativa no representa solución alguna a los problemas del país; las soluciones reales no son las más rápidas, ni las más aceptadas mediáticamente. 

Solo en la medida en la que las autoridades dejen de aprovecharse del dolor de las víctimas para lucrar políticamente y comiencen a atender áreas como la procuración de justicia, la prevención del delito, la investigación diligente y el juzgar con perspectiva de género, solo en esa medida podremos aspirar a un mejor país para todos y para todas. 

AMLO rechaza propuesta de pena de muerte

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El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la aplicación de la pena de muerte como alternativa para disminuir la inseguridad.

Comententó que: “Yo no creo en la pena de muerte. No creo que sea una alternativa. Creo en el ser humano, considero que no sea una solución lo de la pena de muerte“.

Se refirió a las entrevistas realizadas a personas que han cometido crímenes y que están recluidas en penales.

Guardando el anonimato preguntan porque toman la decisión de dedicarse a la delincuencia a sicarios y dan las razones, y predomina, la mayoría de ellos habla del mal trato que recibieron en sus familias. Y del entorno tan agreste, tan hostil en el que se desenvolvieron como niños“, expuso.

Esos detenidos, de acuerdo al mandatario, admiten en su mayoría que “aspiraban a matar a sus padres y cuando tenían a sicarios bajo sus órdenes la mayoría no agredía a sus padres. Lo que hacían eran llamar al papá y decirle ‘vete, no te quiero volver a ver, porque si te vuelvo a ver’ (…) en medio de toda esta enajenación“.

Ante esta argumentación se refirió que no sostienene a esa propuesta, por lo que no respaldará la pena de muerte.

Con información de El Economista 

Tras asesinato de su hermano, Julio César Chávez dice que debería de existir la pena de muerte

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El ex boxeador profesional Julio César Chávez, dijo que si el fuera presidente de México ya habría implementado la pena de muerte a asesinos y violadores en nuestro país. Los comentarios de Julio César se dan después de que su hermano, Rafael Chávez, fuera asesinado durante un asalto este fin de semana.

Durante una conferencia de prensa en Culiacán, el ex campeón de box dijo que a los asesinos y violadores se les debería de quemar vivos y frente a toda la sociedad, “para que fuera un escarmiento para todos esos cabrones rateros, matones que se dedican a quitar vidas inocentes”, comento Chávez.

En la conferencia de prensa también dio detalles sobre el asesinato de su hermano Rafael. Con información de la Fiscalía General de Sinaloa, el boxeador dio a conocer que fueron tres personas las que participaron en el asalto y subsecuente asesinato de su hermano. También dijo que las autoridades ya tenían identificadas a los sujetos.

Chávez aseguro que actuaría bajo el marco de la ley y sin tomar justicia por su propia mano o pedir “favores a personas externas”. Pero aseguró que a él le gustaría que le aplicaran la pena de muerte a los responsables del asesinato de su hermano, con tal de asegurarse de que el delito no quedará impune.

LA ÉPOCA DEL EXTREMISMO

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En el mundo actual el pensamiento de distintas culturas, creencias e ideologías radica en el extremismo de una posición que cree tener, a costa de todo y de todos, la verdad absoluta.

Estás con Estados Unidos y la popularidad de Obama o te inclinas por la Rusia de Vladimir Putin; apoyas a la religión aún con sus arcaicas leyes divinas o eres un inhumano que ha caído en el pecado mortal. Eres heterosexual “sano y normal” o eres de los “open mind” con problemas de género.

Lo cierto es que esta cultura ha causado división, confrontación y eventualmente guerras inútiles en donde lo único que se pone en juego es la condición de quién pierde más.

Lo cierto es que esta cultura ha causado división, confrontación y eventualmente guerras inútiles en donde lo único que se pone en juego es la condición de quién pierde más.

Los intelectuales quieren dictar cómo y para qué vive el ser humano, están convencidos de tener la verdad total ignorando que el ser humano no entra en generalidades, que justamente es su espontaneidad la que lo hace único y que las leyes del “buen vivir” hace años que dejaron de funcionar.

En la era de los Millennials asociados a los emprendedores están quienes los acusan de “flojos” o faltos de seriedad, y estos a su vez, criminalizan la antigua cultura laboral en donde la oficina, 8-10 horas y un jefe era la mejor manera de obtener un mejor futuro basado en la seguridad. ¿Quién tiene razón? A ciencia cierta todos y ninguno.

Quieren que tomemos una postura sobre el aborto, sobre la pena de muerte, sobre los matrimonios igualitarios; quieren que apoyemos o ataquemos a la política, que llamemos corruptos a los servidores públicos a menos de que trabaje con ellos. Quieren obligarnos a elegir entre dos opciones totalmente opuestas, niegan la existencia de grises porque todo aquí es blanco y negro.

Ya no se premia la elocuencia, el equilibrio o la ecuanimidad. ¿Por qué tengo que estar en contra o a favor de la pena de muerte?, ¿por qué debo elegir apoyar o criticar a los matrimonios igualitarios?

Estas posiciones hacen más grandes las brechas sociales, marcan y delimitan las divisiones en una sociedad que necesita encontrar cohesión y unión. El mundo está urgido de encontrar grises, de lograr acuerdos en dos posiciones totalmente opuestas y de lograr la supervivencia humana en base a la tolerancia y la libertad.

Ya no se premia la elocuencia, el equilibrio o la ecuanimidad. ¿Por qué tengo que estar en contra o a favor de la pena de muerte?, ¿por qué debo elegir apoyar o criticar a los matrimonios igualitarios? Estas posiciones hacen más grandes las brechas sociales, marcan y delimitan las divisiones en una sociedad que necesita encontrar cohesión y unión.

No confundamos la apatía con la libertad, la tolerancia con el desinterés y mucho menos sigamos permitiendo que un grupo minoritario de personas en el mundo decidan la manera en la que “tienen que vivir” el resto de los seres humanos.

Permitamos que los grises nos ayuden a eliminar el extremismo, encontremos alianzas y acuerdos, toleremos al que le vale madre una u otra posición y solo quiere vivir en paz.

¿Quién dicta la belleza sino los ojos que la miran de diferentes perspectivas?, así mismo para el mundo.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

El paradigma de la Extradición: la solución ante la ineficiencia de las instituciones mexicanas

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En últimos días, México ha acaparado los reflectores en las noticias internacionales a razón de la detención de un importante capo del narcotráfico, no sólo a nivel nacional, sino internacional: Joaquín Guzmán Loera, el “Chapo Guzmán”.

A raíz de la incapacidad que ha mostrado el Estado mexicano, se ha retomado el tema de la extradición de este capo a los Estados Unidos. Sin embargo, y a pesar de los antecedentes que se tienen, hasta el día de hoy no ha sido posible.

Hay que recordar que Guzmán Loera fue recapturado el pasado 8 de enero del presente año. A raíz de la incapacidad que ha mostrado el Estado mexicano, se ha retomado el tema de la extradición de este capo a los Estados Unidos. Sin embargo, y a pesar de los antecedentes que se tienen, hasta el día de hoy no ha sido posible.

A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos sí solicitó formalmente la extradición de Guzmán Loera (el 25 de Junio de 2015, los Estados Unidos realizaron la petición a través de una nota diplomática, cuando Guzmán Loera se había fugado de la prisión de máxima seguridad el Altiplano el día 11 de Julio del mismo año) esta no ha sido satisfactoria.

Pero, ¿qué es en sí y que implica la extradición? Si bien el inicio del tratado de extradición de México y Estados Unidos se remonta a 1978, cuando ambos países firmaron con la intención y el deseo de crear justicia y de generar entre los dos una cooperación más estrecha en la lucha contra la delincuencia, las primeras extradiciones que se realizaron fueron hasta el año de 1995.

En este documento, señala que la extradición debe darse cuando:

Art. 1.- Las partes contratantes se comprometen a entregarse mutuamente, mientras exista una detención referente al tratado internacional, a las personas respecto de las cuales las autoridades ya hayan comenzado un procedimiento penal o que hayan sido declaradas responsables de un delito o que sean reclamadas por dichas autoridades para el cumplimiento de una condena de privación de libertad impuesta judicialmente, por un delito cometido dentro del territorio de la Parte requirente.

Art. 2.- Si el delito fue cometido fuera del territorio de la Parte interesada, la Parte requerida concederá la extradición si:

a) Sus leyes establecen el castigo de dicho delito cometido en circunstancias similares.
b) La persona reclamada es nacional de la Parte requirente, y esta tiene jurisdicción de acuerdo con sus leyes para juzgar dicha persona.

Dentro de este artículo se menciona que la persona también será calificada a la extradición si:

a) Por reconocimiento de cometer un delito; la asociación para prepararlo y ejecutarlo; o la participación.

Solo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes.

Por otra parte se menciona en el tratado, en el apartado de pruebas necesarias, que solo se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la Parte requerida, bien para justificar el enjuiciamiento del demandado si el delito del cual se le acusa hubiese sido cometido en ese lugar, para probar que es la persona condenada por los tribunales de la Parte requirente.

Además, en el tratado se menciona que cuando el delito por el cual se solicita la extradición sea bajo la pena de muerte conforme a las leyes del país que lo requiera (en este caso, Estados Unidos) y las leyes de la país requerido no permitan tal pena para ese delito, la extradición podrá ser rehusada, a menos que la Parte requirente provea las seguridades que la Parte requerida estime suficientes de que no se impondrá la pena de Muerte de que, si es impuesta, no será ejecutada.

En este apartado del tratado de extradición, el abogado de Guzmán Loera alias “El Chapo”, se beneficia al no mandar al capo a una prisión en Estados Unidos por el hecho de que en algunos de los estados cuentan con la pena de muerte puede abogar para que cumpla su condena solo en México.

Por qué recordemos que una de las principales razones de por qué México no efectúa la extradición es que, en la Constitución Mexicana, primero es el Derecho a la Vida por encima de todo.

Por qué recordemos que una de las principales razones de por qué México no efectúa la extradición es que, en la Constitución Mexicana, primero es el Derecho a la Vida por encima de todo.

¿Cómo se realiza la solicitud de extradición? Esta deberá estar a cargo de la Secretaria de Relaciones Exteriores por la vía diplomática; añadiendo que se necesita una copia certificada de la orden de aprehensión librada por un juez u otro funcionario judicial, en este caso de Estados Unidos, además de las pruebas que justificarían la aprehensión y enjuiciamiento del reclamado en caso de que el delito se hubiera cometido allí.

Ahora que se sabe un poco más sobre la extradición y cómo trabajan las partes, México ya ha realizado diversas extradiciones, entre ellas la de Edgar Valdez Villarreal (a) “Barbie” y a otros 12 capos por el delito de narcotráfico.

Los abogados que llevan el caso de “El Chapo Guzmán” han consolidado seis amparos contra la extradición, también advierten que primero se tendrá que emitir un juicio en México antes de que lo hagan en Estados Unidos.

Uno de los pros y contras que tiene la extradición del Chapo:

Pro: se hace justicia, porque también está siendo requerido por la justicia de Estados Unidos. Será encarcelando en cárcel de máxima seguridad, lo que “garantiza” que no se fugaría de nuevo. Es parte de los tratados binacionales. Señal de cooperación y voluntad entre ambos países.

Contra: La justicia mexicana no es suficiente, es ineficiente. No se confía en las instituciones o en el estado mexicano. Una tercera fuga podría resultar en gran golpe políticamente. El que no se extradite, manda una señal de que las instituciones mexicanas son sólidas aunque se puede interpretar que exista un miedo de las autoridades mexicanas al mandar al Capo más buscado del mundo a Estados Unidos y con esto solo empeoraría la situación.

Ahora solo se necesita esperar que se dicte sentencia y que todo resulte favorable para las autoridades mexicanas ya que con esto se tendría la aceptación de la sociedad, medios internacionales, comunidad internacional, etc.

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