Inhabilitan 10 años a ex titular de la Conade

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La Secretaría de la Función Pública (SFP), a través de su titular, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, informó este martes que inhabilitó por desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por un periodo de 10 años a Alfredo Castillo, extitular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

La funcionaria explicó en un comunicado que la sanción deriva de un ejercicio de verificación a la evolución patrimonial que se detectó en el exfuncionario. Castillo fue también comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán, y faltó a la verdad de sus declaraciones de situación patrimonial de tres años: 2014 a 2016.

Se detectó en la Dirección General de Responsabilidad y Verificación Patrimonial de la SFP que omitió declarar seis cuentas bancarias a su nombre y su cónyugue, que en total tendrían 18 millones 300 mil pesos.

El comunicado indica que las omisiones constituyen “una violación al artículo 8 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, vigente al momento de los hechos, que establecía la obligatoriedad de presentar con oportunidad y veracidad las declaraciones de situación patrimonial“.

Con información de El Financiero

Consejero jurídico de AMLO no declaró departamento en Nueva York

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Julio Scherer Ibarra, el consejero jurídico del titular del Ejecutivo Federal, es propietario de un departamento en el Upper East Side de Manhattan, Nueva york, a tan solo unas cuadras de Central Park, esa propiedad no está en ninguna de sus declaraciones patrimoniales públicas presentadas ante la Secretaría de la Función Pública desde que inició su función como servidor público, y del cual todavía en octubre del 2020 declaró impuestos.

De acuerdo con El Universal, este departamento fue adquirido en enero del 2014 por un pago de 1.7 millones de dólares, que en ese momento equivaldrían a 22 millones de pesos. Desde que lo adquirió en 2014 y hasta el 2020, el consejero ha pagado los impuestos año con año por tener dicho departamento en una de las zonas más exclusivas de la ciudad. 

La consulta al Departamento de Finanzas de la Ciudad de Nueva York constan la pertenencia de Julio Scherer, pagando 11 mil dólares al año en impuesto. El último pago se hizo el pasado octubre, a cinco meses de su última declaración patrimonial emitida ante la SFP.

Se destaca que en la declaración patrimonial inicial, presentada en diciembre del 2018, el consejero declaró tener dos propiedades, ambos departamentos pero no se menciona el de Manhattan. Además de que declaró ser propietario de seis autos de lujo y fundador de un despacho que dirigió hasta un día antes de la toma de protesta, donde fue representante legal de grandes empresas. Aseguró que tuvo ingresos mensuales por salario de servidor público e ingresos de “otros” por más de medio millón de pesos mensuales. 

Al ser consultado al respecto, el equipo del consejero respondió que la propiedad en Park Avenue fue cedida a la ahora exesposa del consejero y se envió una acta notariada del 15 de febrero de 2019, donde se explica que Julio Scherer exhibió una copia certificada del convenio y sentencia de divorcio. Dicha sentencia tiene fecha de octubre de 2015, y se estipula que “los bienes de la sociedad conyugal pasarán a ser propiedad 100% de su cónyugue”.

A pesar de ello, a 21 meses de esta acta, el sistema de propiedad de Nueva York continúa apareciendo como el dueño. 

Con información de El Universal

 

Al final de gestión Salvador Cienfuegos aumentó su patrimonio en 10 millones de pesos

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En la última parte de su periodo como secretario de la Defensa Nacional, el general Salvador Cienfuegos Zepeda reportó un crecimiento en su patrimonio, en específico en el saldo de sus cuentas bancarias, según se observa en sus declaraciones patrimoniales.

Fue en el 2004 cuando comenzaron los registros de declaraciones del general Cienfuegos Zepeda como servidor público. No obstante, fue a partir de que asumió la titularidad del Ejército, en el 2013 que comenzó a hacer pública información sobre su patrimonio.

La primera vez que el general hizo público el dato sobre sus inversiones bancarias fue en el 2015, cuando reportó que tenía 3 millones 534,336 pesos en una cuenta; para el 2016, el monto se mantuvo en niveles similares.

En el 2017, los recursos en la cuenta bancaria bajaron a 1 millón 538,296 pesos; para el 2018, reportó tener un saldo de 5 millones 619,730 pesos, igual a un alza de 4 millones 81,434 pesos en comparación con el 2017.

Para el informe sobre sus bienes con motivo de la conclusión de su encargo como titular de la Sedena, al 30 de noviembre del 2018, Cienfuegos indicó tener en un saldo en su cuenta bancaria de 13 millones 865, 443 pesos.

Es decir, el saldo aumentó, de enero a noviembre del 2018, en 8 millones 245,713 pesos.

Cienfuegos declaró en el 2013 ser dueño de cuatro casas: tres adquiridas entre 1973 y 1992, y una más en el 2006.

Para el final de su mandato como secretario de Estado, en noviembre del 2018, el hoy imputado por narcotráfico en Estados Unidos indicó tener dos casas: la que compró en el 2006 y una más adquirida en 1973.

En esta misma declaración, Cienfuegos informó de la venta de dos de sus propiedades cuyas transacciones conjuntas sumaron 6 millones 596,000 pesos, cifra aun por debajo de lo reportado como aumento en su cuenta bancaria en el mismo periodo (8.2 millones).

En tanto, el salario del general Cienfuegos como secretario pasó de 2 millones 400,084 pesos netos anuales en el 2013, a 2 millones 544,865 pesos netos en el 2018.

Durante el tiempo como secretario de Estado, el general declaró que no tenía otros ingresos más que su salario.

En su declaración final el general también reportó la compra, a través de un crédito, de un auto Audi QS cuyo valor fue de 1 millón 659,910 pesos, además de la donación de un auto Hummer modelo 1992 con un valor de 33,431 pesos.

Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por su sigla en inglés), dijo a InSight Crime que había sospechas de la actuación de Cienfuegos desde hace tiempo.

En un artículo firmado por Parker Asmann, InSight indicó que el arresto de Cienfuegos confirmaría las versiones de corrupción al interior de la milicia.

Una de las cuestiones que se destacó en el análisis es el prestigio del Ejército en México, al ser una de las instituciones más confiables entre la población.

Y es que de acuerdo con el último sondeo de Consulta Mitofsky, del 2019, el Ejército se colocó como una institución con confianza alta entre la población mexicana, al obtener siete puntos en una escala de 0 al 10. Su calificación fue la segunda más alta, sólo después de las universidades.

 

 

(Con información de Vanguardia)

Rechaza AMLO propuesta para que INEGI indague riqueza de ciudadanos

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Durante su tradicional conferencia de prensa, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se manifestó el contra de la propuesta de Morena para que el Inegi pueda entrar a los domicilios a verificar el patrimonio de los mexicanos. Al respecto aseguró que “No creo que sea lo correcto, se tiene que mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y todos los mexicanos. La obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales somos los servidores públicos. No es conveniente esa propuesta“.

Para finalizar su comentario respecto al tema, aseguró que “para que no haya tanta desigualdad, lo mejor es que el gobierno ayude a que los mexicanos asciendan en la escala social, pero no se profundice la desigualdad, que no se permitan negocios ilícitos“.

Esto ocurrió luego de que el presidente interino de Morena propuso de facultar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) a “entrar, sin ningún impedimento legal, a revisar el patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas“.

El uso indebido de los recursos públicos, un problema de la región

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Campaña #RecursosTransparentes

Aquello que es considerado como un recurso público no varía demasiado de país en país y, generalmente, es entendido como todo aquel patrimonio que permite al Estado funcionar.

Al tratarse de acervo común, sería esperable que los funcionarios públicos efectuaran rendiciones de cuentas periódicas sobre el uso de dichos recursos y que esta información sea accesible a la ciudadanía.




Sin embargo, esto se da en raras ocasiones llevando a un desconocimiento total de cómo son usados los recursos públicos por los gobernantes.

De la misma manera, la ciudadanía, al encontrarse con poca información y casos recurrentes de corrupción, pierde el interés de involucrarse en la vida democrática. Este panorama es típico de las democracias latinoamericanas donde predomina un debilitamiento de la línea que separa el interés personal o partidario del interés público, tanto entre funcionarios como para la sociedad.

Estas son prácticas que afectan a toda la comunidad, vulneran derechos, debilitan a las instituciones y limitan la vida democrática. Y este debilitamiento se expresa claramente, en la extensión de diversas modalidades de uso indebido de recursos públicos.

Estos modos van, desde un funcionario que se apropia de algún recurso público para enriquecerse a sí mismo o a su partido político, pasando por la utilización de recursos públicos de manera irresponsable, irregular o sin justificación, hasta un funcionario que, si bien dirige el uso de los recursos públicos para la prosecución de fines públicos, en la comunicación de estos actos toma fuertes connotaciones partidistas. Cuando esto sucede se altera la competencia electoral, se violan las leyes, se incurre en hechos de corrupción y se atenta contra la ética pública.

Por esto, afirmamos que el uso del patrimonio del Estado para fines contrarios a los públicos debe ser desnaturalizado, denunciado y sancionado.

Para que esto sea posible, la ciudadanía debe tomar conciencia del problema, involucrarse, exigir la erradicación de estos comportamientos y demandar el funcionamiento íntegro y ético de las instituciones democráticas.

Es por este motivo que desde diversas organizaciones de la sociedad civil latinoamericana se ha decidido lanzar la campaña “Recursos Transparentes”, que tiene por objeto sensibilizar a la ciudadanía para que pueda reconocer y denunciar estos usos indebidos de recursos públicos pero, además, que pueda involucrarse cada día un poco más en el control de las instituciones democráticas. Aquí puede consultarse el video de la campaña.




La presente iniciativa se está llevando a cabo en Argentina, Bolivia, Ecuador y Venezuela a través de Poder Ciudadano, Fundación Construir, Fundación Ciudadanía y Desarrollo y Transparencia Venezuela.

Para leer más sobre la iniciativa “Recursos Transparentes” puede consultarse aquí el documento de posicionamiento.

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– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”