Los orígenes de la violencia en México

Comparte este artículo:

¿Cómo llegamos a alcanzar el nivel de violencia que se vive hoy en día en el país? ¿En qué momento despertamos y nos percatamos de que México vive uno de sus peores momentos en su historia reciente?

A doce años del comienzo de la guerra contra el crimen organizado, comenzada por Calderón y continuada por Peña Nieto, el enfrentamiento militar ha tomado más de doscientas mil muertes y ha provocado la desaparición de más de treinta cinco mil personas. 

El fenómeno del crimen organizado no es un resultado espontáneo en la historia de México, sino que expresa el resultado de una multiplicidad de causas. Entre ellas, la eterna corrupción mexicana y su correlato en la impunidad. 

El crimen organizado no se puede entender a partir de la declaratoria de guerra de Felipe Calderón. Su pasado se remonta a principios de la década de los ochenta con la concentración del poder y la centralización administrativa en el cártel de Guadalajara. 

Éste representa la primera gran organización delictiva dedicada a la producción y distribución de mariguana. Su capacidad de articular múltiples plazas del noroeste del país para vender un producto proveniente de un solo plantío fue trascendental. Con ello, lograron controlar la producción y, por ende, el precio de su valor a nivel nacional e internacional.

Para ello, tuvieron que formarse de un sistema de protección proveniente desde fuerzas municipales y estatales, incluyendo gobernadores, hasta entidades de seguridad federal como es el caso de la Dirección Federal de Seguridad (DFS); entidad desconcentrada de la Secretaría de Gobernación. La colusión a favor del crimen organizado permeaba en altos niveles del poder político, todos viéndose beneficiados del lucrativo negocio de las drogas. 

El cártel de Guadalajara, liderado por Miguel Ángel Félix Gallardo, fue capaz de erradicar la vieja usanza de las peleas por las plazas entre pandillas y generar un nuevo sistema organizativo de la producción y comercialización de la mariguana. Con aquel nace el crimen organizado mexicano como lo conocemos actualmente; un negocio sumamente complejo y diversificado que opera como una empresa multinacional y se rige por el mismo apotegma: la maximización de las ganancias. 

Félix Gallardo logró en México lo que “Lucky” Luciano hizo en Estados Unidos en la década de los cincuenta: establecer un sindicato del crimen organizado. Luciano pudo unificar a la mafia estadounidense de ascendencia italiana bajo un mismo régimen. Éste es el padre de la mafia moderna americana, aquella que se distancia de la mafia siciliana, en la cual existían constantes enfrentamientos entre los capos por el acaparamiento del mercado ilegal de las drogas y la extorsión. 

Bajo este sistema, en el cual existía una distribución relativamente equitativa de las zonas de influencia de cada familia, y en el cual la figura del capo di tutti capi despareció para conformarse en una Junta de Gobierno presidida por los líderes de cada una de las familias, el índice de violencia disminuyó considerablemente en la ciudad de Nueva York. Luciano asentó un paradigma en la historia del crimen: el empresario-criminal. 

Por ello, la nueva serie Narcos, producida por Netflix, es una gran aproximación del nacimiento del crimen organizado y el origen de la problemática que generó y que vivimos actualmente. A diferencia de las “narco-novelas”, que exaltan la figura de los narcotraficantes y promueven una cultura de veneración y admiración por estos, Narcos muestra una acervo periodístico y bibliográfico fidedigno. Expresa una realidad, o más bien las causas de nuestra realidad, de forma honesta, sin mostrar a los capos como los antihéroes de la historia: figuras que nos generan admiración o compasión. 

La trama de la primera temporada gira alrededor del secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Camarena, quien se enfrenta al corrupto sistema de justicia de México y a los intereses de los grandes políticos involucrados.

La serie es una gran muestra descriptiva y crítica del origen del crimen organizado en México. Es necesario conocer las causas del grave problema al cual nos enfrentamos hoy en día. Ante la caída del cártel de Guadalajara, éste se fragmentó en dos grandes cárteles: el de Sinaloa y el de Tijuana. Los Félix Arellano se enfrentaron al “Güero” Palma y al “Chapo” Guzmán. 

Poco a poco otros reivindicarían su parte en el gran negocio lucrativo de la droga; la lucha por las plazas nuevamente comenzaría. Y años después la violencia sería catapultada por la declaración de guerra de Calderón, decisión que nos arrastraría a la desgracia y la desintegración social que vivimos hoy y la cual no parece cesar. 

Acusan a militares ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad en Chihuahua

Comparte este artículo:

Organizaciones sociales nacionales e internacionales denunciaron ante la Corte Penal Internacional (CPI) crímenes de lesa humanidad cometidos presuntamente por militares y autoridades civiles contra más de un centenar de víctimas durante el Operativo Conjunto Chihuahua (OCCh).

En un comunicado, los grupos ciudadanos señalaron que “integrantes de las fuerzas armadas que participaron en el marco de la política de seguridad para combatir a las organizaciones criminales (guerra contra las drogas), con el conocimiento de los más altos mandos civiles y militares, cometieron crímenes de lesa humanidad en la modalidad de asesinatos, torturas, privaciones graves de la libertad física, violación, violencia sexual y desapariciones forzadas“.

Entre las organizaciones firmantes, que respaldan la denuncia, están la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas y Todos”.

También el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, Renacer Lagunero, Idheas, Litigio Estratégico. y el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD).

En su mensaje, detallaron que los “casos documentados demuestran la existencia de una política clara de actuación de las autoridades contra la población civil“.

Asimismo, agregaron, “se confirmó el uso de recursos públicos para cometer los crímenes, como por ejemplo vehículos militares para detener arbitrariamente a ciudadanos, el empleo de instalaciones militares como recinto para torturar a la población civil, así como la participación de personal médico militar en dichas prácticas de tortura“.

Detallaron que, para presentar su denuncia, analizaron 35 casos, que involucran a 121 víctimas directas de crímenes que cometieron militares en la primera fase del Operativo Conjunto Chihuahua.

Las organizaciones acusaron que recurren a la Corte Penal Internacional, “ante la falta de independencia e imparcialidad de la Procuraduría General de la República, así como por la inexistencia de procedimientos nacionales auténtico”.

Más respeto para los criminales

Comparte este artículo:

Cuando el video de la tortura de Elvira Santibañez Margarito se hizo público, muchos criticaron que se castigara a los culpables. Sí, Santibañez era miembro del crímen organizado, pero esto no justifica lo que le hicieron. El rol de la policía y de los militares no es el de saciar la sed de venganza de la sociedad, sino procesar y castigar a los culpables con apego a la ley.

Si la opinión pública le da el pase a las autoridades en esta ocasión solo porque se trata de una criminal, entonces implícitamente se le está dando un pase para que torturen a otras personas que no han sido procesadas y que por lo tanto son potencialmente inocentes. Cuando esto sucede (porque se da seguido en este país), entonces esas mismas voces que aplauden la tortura de esta mujer, protestan ante la tortura de los detenidos inocentes.

Si la opinión pública le da el pase a las autoridades en esta ocasión solo porque se trata de una criminal, entonces implícitamente se le está dando un pase para que torturen a otras personas que no han sido procesadas y que por lo tanto son potencialmente inocentes.

Este problema no es endémico, hace poco más de un año la CIA se vio envuelta en un escándalo cuando se publicó que se recurría a éstas prácticas. Muchos pensarán que la tortura es necesaria, que es la única forma en la que se puede sacar información a los detenidos, pero la realidad es que la mayoría de la gente tiene una noción equivocada de lo que se logra a través de la tortura.

John Oliver argumenta que las series de televisión y las películas nos hacen pensar que es una forma de extraer información legítima, pero en la vida real, la evidencia indica lo contrario. Ningún caso documentado por la CIA prueba que se haya obtenido información relevante después de torturar a los detenidos. De hecho, hasta se menciona que uno de los torturados “confesó” sobre una acción de reclutamiento terrorista, que al final de cuentas resultó ser falsa. [1]

No es nada difícil imaginar que las confesiones que son extraídas bajo tortura sean falsas, ¡y es que uno diría cualquier cosa! Recordemos que hace unos siglos muchas mujeres fueron obligadas de esta manera a confesar que eran brujas… ¡Confesaron algo físicamente imposible con tal de no ser torturadas! Entonces, por ejemplo, cuando el GIEI dice que hubo tortura de testigos en el caso Ayotzinapa, ¿cuál es la credibilidad de estas declaraciones?

John Oliver argumenta que las series de televisión y las películas nos hacen pensar que es una forma de extraer información legítima, pero en la vida real, la evidencia indica lo contrario. Ningún caso documentado por la CIA prueba que se haya obtenido información relevante después de torturar a los detenidos.

La tortura y las matanzas extrajudiciales perpetradas por las autoridades les restan legitimidad y credibilidad y afectan la imagen de nuestro país a nivel internacional. Pero, ¿cuáles son los métodos alternos? Jack Cloonan, ex-agente del FBI, argumenta que la mejor forma de lograr que un detenido coopere es ofrecerle una alternativa; hacer que acepte que no puede volver a su vida anterior, pero que al ayudarle a las autoridades podría, por lo menos, llegar a un compromiso. [2]

Nuestras autoridades deben de seguir las reglas hasta cuando se trata de asesinos. El imitar las tácticas inservibles de otros criminales (un ojo por ojo), no logra más que una sensación de desquite temporal. La tortura no funciona, está comprobado y ellos deben estar entrenados para seguir las tácticas más efectivas y no brincarse los procesos legales. Porque, nunca sabes… si te llegas a ver en un malentendido ¿qué garantiza que no se los vayan a brincar contigo?

[1] LastWeekTonight, Last Week Tonight With John Oliver: Torture (HBO), YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=zmeF2rzsZSU.

[2] Ibid.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”

La Seguridad Pública: ¿Una estratégica política?

Comparte este artículo:

Últimamente, está en boca de la mayoría de la población el incremento de los brotes de violencia en el Estado, sobretodo en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Últimamente, está en boca de la mayoría de la población el incremento de los brotes de violencia en el Estado, sobretodo en la Zona Metropolitana de Monterrey.

Y es que la cosa no da a menos. En 26 días del año 2016 (contados al día de hoy martes), ha habido un total de 37 personas sin vida, documentadas en fuentes abiertas, entre ejecuciones por parte de la delincuencia organizada así como en hechos delictivos del fuero común.

De estos hechos destaca la ejecución de 7 personas, en un mismo hecho, el día 9 de Enero en el municipio de Santa Catarina, atribuida según la Procuraduría de General de Justicia en el Estado (PGJE) a la disputa entre pandillas involucradas en actividades de narcomenudeo.

Pero, ¿cómo es esto tomado por las autoridades? Hemos visto que en lugar de hacer labores de coordinación e inteligencia, en materia de seguridad pública, se ha tomado como un estandarte político por parte del gobierno en turno.

Esto lo podemos ejemplificar de manera sencilla: cuando suceden brotes de violencia, como los que están ocurriendo, lo más común por parte de las autoridades es referir que es debido a que en equis administración pasada “se bajó la guardia”; o bien, que estas acciones obedecen a un reacomodo por parte de los cárteles de la delincuencia o incluso que son hechos aislados que son reacción de lo bien que se está haciendo el trabajo en seguridad pública.

Es más fácil “echarle la pelotita a otro” que aceptar que hay fallas que se pueden solventar en nuestras acciones.

Este discurso repetitivo, sin un sustento pero con gran aceptación por parte de la ciudadanía, ha sido la principal forma de justificación de los hechos que se registran en la entidad. Y es que es más fácil “echarle la pelotita a otro” que aceptar que hay fallas que se pueden solventar en nuestras acciones.

Pero, y ¿cuál es la estrategia política en todo esto? Hemos podido observar que se trata de una estratagema donde se busca responsabilizar a las nuevas administraciones de los hechos violentos, señalándose que estos “nuevos” funcionarios no son capaces de controlar y solventar el problema de seguridad. Es mejor regresar a lo que ya teníamos y a lo que estamos acostumbrados, justificando que la problemática delictiva que se presente al momento, no es particular de la entidad y que es parte de un entramado de la mismas organizaciones delictivas, que se “pelean el control” del trasiego y venta de estupefacientes en el Estado. Es problemática general y no es un caso particular del Estado.

¿No sería más efectivo mantener un efectivo control de las policías a reestructurarlas cada 3 ó 6 años? Financieramente, así será más sano, y estructuralmente, también; sin embargo, políticamente, no lo es.

¿Cuál ha sido la respuesta de las actuales administraciones? El minimizar los hechos delictivos, como ya se mencionó antes. Por otra parte, la creación, reestructuración, depuración, incremento, etc. de los cuerpos de seguridad pública. ¿No sería más efectivo mantener un efectivo control de las policías a reestructurarlas cada 3 ó 6 años? Financieramente, así será más sano, y estructuralmente, también; sin embargo, políticamente, no lo es.

Y es que esto implica que la reestructuración o renovación de los cuerpos policiacos, buenos y malos elementos por igual, es debido a que estos arrastran viejos vicios, y con las modificaciones en curso, podrán resarcirse el daño que se ha tenido, y de no ser así, se podría justificar al señalar: “Es una nueva policía, que se afronta a nuevos retos. Sin embargo, hay que darles tiempo para dar resultados.”

La seguridad pública ha sido utilizada como un factor político más al servicio de los gobernantes. La tendencia de los gobiernos, no sólo a nivel local si no también nacional es la de militarizar los cuerpos policiales.

La seguridad pública ha sido utilizada como un factor político más al servicio de los gobernantes. La tendencia de los gobiernos, no sólo a nivel local si no también nacional es la de militarizar los cuerpos policiales.

El incrementar el número de policías (sin una estrategia definida, pensando que un mayor número de elementos pueden disuadir a los criminales) y el colocar mandos de extracción militar y la construcción de cuerpos policiales semi militarizados, si bien han dado resultados en un corto plazo, no son la estrategia que se debe de seguir para combatir este mal que está por resurgir de nuevo. No obstante, es una carta política que es bien aceptada por la población en general.

La descomposición de los cuerpos policiacos, debido a los controles laxos y a la infiltración del crimen organizado, así como al poco interés que se les ha brindado al considerárseles como uno de los últimos eslabones para generar simpatía, ha generado una desconfianza general hacia las policías.

El haber tenido congelado por tanto tiempo temas tan importantes que son base para las efectivas políticas públicas y sociales como lo son las reformas en materia de seguridad, la importancia de la prevención del delito, la importancia de la participación de la ciudadanía dentro de las políticas, entre otros menesteres, solo sirvió para que la inseguridad se fuera desbordando hasta el punto de no poder contenerla efectivamente.

Si bien, los mandos militares han dado resultado en ciertos escenarios, está claro que la militarización de los cuerpos de seguridad no es el camino. La formación castrense no puede ser impuesta a los cuerpos policiales, cuya esencial es que son civiles.

Esta propuesta surge a razón que las fuerzas armadas son las que tienen una mejor percepción ante la ciudadanía, y es a través de su estructura y formación estricta, privilegiando el uso de la fuerza, como se reducirá la delincuencia.

Se debe de incidir más en el diseño de políticas de seguridad donde se privilegie la participación ciudadana desde un punto de vista multifactorial, donde se vea a la delincuencia desde un punto de vista multicausal, donde se hagan efectivas las reformas en materia seguridad y donde el trabajo policiaco se dignifique.

Hay que dejar de lado a la seguridad pública como estandarte político a favor o en contra de cierta administración.

Hay que dejar de lado a la seguridad pública como estandarte político a favor o en contra de cierta administración. Hay que construir con base en lo que ha dado resultado, reestructurar lo que no ha funcionado como se esperaba, adaptarse a los cambios propios de la dinámica del Estado y crear una coordinación entre corporaciones, donde el protagonismo pase a segundo plano, y los resultados sean los que hablen por sí solos. La mejor manera para conocer la percepción de seguridad, es cuando no se comenta de la misma (incongruente, pero cierto).

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”