Hallan conexión en Nuevo León con desvíos para PRI

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Tras revelarse el desvío de 650 millones de pesos de recursos públicos de siete estados presuntamente para financiar campañas electorales priistas, ahora queda al descubierto que 133 millones se transfirieron a Monterrey.

Documentos financieros consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que la conexión con Nuevo León se dio por medio de una empresa “fantasma”: Productos Hermanos Garza Saucedo, creada en el 2015 y cuyos supuestos socios viven en modestas casas de sectores populares.

Según la investigación de MCCI, realizada a partir de declaraciones ministeriales de ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua, procesados por desvíos de recursos, la empresa regiomontana recibió transferencias millonarias por lo menos entre abril y junio del 2016.

Como se dio a conocer el 21 de noviembre, la Operación Safiro, nombrada así por sus orquestadores, fue un mecanismo implementado en el 2016 por priistas para triangular recursos desde los gobiernos del PRI de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Edomex y la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.

Estas administraciones “pagaron” en total 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma por servicios no brindados.

Ricardo Yáñez y Karla Arely Jurado, ex secretario y ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación de Chihuahua, ambos sentenciados por desviar recursos declararon que las firmas utilizadas estaban protegidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En ese entonces, el dirigente nacional del PRI era el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el titular del SAT era Aristóteles Núñez Sánchez, quien dependía del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Cuatro de las 12 compañías implicadas triangularon millones de pesos a Productos Hermanos Garza Saucedo, que registró un domicilio en la Avenida Real de Cumbres, de la Colonia del mismo nombre, en donde sólo hay una vivienda de dos pisos, en medio de un negocio de barbacoa y un consultorio dental.

El 8 de octubre pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó que la empresa regiomontana simulaba operaciones.

La documentación consultada por MCCI indica que, después de haber cobrado 55 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, y 4 millones más al de Sonora, Servicios y AsesorÌas Sinnax transfirió a la empresa regiomontana 57 millones de pesos en abril del 2016.

En otro caso, Productos Hermanos Garza Saucedo recibió 41.2 millones del Despacho de Profesionistas Futura, que previamente había cobrado 90 millones a la administración chihuahuense.

Asesorías Samex y Constructora y Abastecedora Cofex, que recibieron contratos en Chihuahua, Sonora y Morelos, también le enviaron dinero a la empresa regiomontana.

Los accionistas de Sinnax, Futura, Samex y Cofex, entre los que se encuentra un ex policÌa arrestado por robo, tienen nexos familiares.

La empresa regiomontana fue constituida en septiembre del 2015 por Víctor Manuel Ramos Villarreal y María Isabel Villela Díaz, ambos con domicilios en sectores populares.

Él dijo vivir en la Colonia 18 de Marzo, en Monterrey, y ella en la Colonia Paraje San José, en García.

En el primer caso, la persona que vive ahí aseguró no conocer a ningún Víctor Manuel, aunque añadió que no es la primera vez que le preguntaban por él.

En el segundo caso, el esposo de Villela aseguró que ella no es empresaria, ni ha tenido contratos millonarios.

Sin embargo, dos días después, un hombre llamado Gerardo Reyna se comunicó con el equipo de reporteros, presentándose como el contador de Villela y de la empresa Productos Hermanos Garza Saucedo, misma que, aseguró, ya no realiza operaciones.

Ante el Registro Público del Comercio aparece como representante legal de la empresa un Juan Gerardo Cardoza Reyna.

En la documentación disponible no se aclara qué ruta siguió el dinero tras ser recibido por la firma regiomontana.

ONGs advierten que perdón a corrupción es pacto de impunidad

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Representantes de varias organizaciones de la sociedad civil, advirtieron que argumento del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, de que perseguir corruptos del pasado desestabilizaría al País hace pensar que hay un pacto de impunidad.

“En el mejor de los casos es una amnistía, y en el peor de los casos es un pacto de impunidad, creo que estamos más cerca de este extremo”, dijo María Amparo Casa, presidente ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Por su parte, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, aseguró que combatir la corrupción si desestabiliza, pero a un sistema, no a un País.

“La pregunta centra es: desestabiliza a quién, protege a quién debilita a quién. ¿Qué sabe el Presidente electo que no quiere compartir?” Si el Presidente electo toda la vida fue tan cauteloso y sabe de corrupción de quien por mucho tiempo señaló abiertamente, hoy tranquilamente se reúne con el Presidente de la República, a quien agradece la transición, entonces no hay una coherencia”, comentó la activista.

De México Evalúa, Edna Jaime, señaló que la decisión de López Obrador de no perseguir los actos de corrupción, evidencian el control que hablar sobre el sistema de justicia del País, en la siguiente Administración.

“Nos está anunciando, el próximo Presidente, que tendrá el control sobre el aparato de persecución criminal del Estado mexicano. Si es él el que va a decir, si se juzga o no a presuntos responsables de actos de corrupción, nos está anunciando que él va a tener el control del aparato de persecución criminal, lo que no es distinto a lo que tenemos”, advirtió Jaime.

Claudio X. González, de Mexicanos contra la Corrupción, cuestionó en sus redes sociales, la declaración del político tabasqueño.

Cabe recordar que el pasado martes, López Obrador aseguró que perdonaría a funcionarios que hayan cometido actos de corrupción. Ayer, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, dijo que investigar la corrupción, sería conspirar contra la estabilidad política del país. Luego se comprometió a realizar una consulta nacional para decir sobre el tema.

Por negligencia y corrupción cayeron edificios.- MCCI

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Los edificios que cayeron en el sismo del 19 de septiembre de 2017 colapsaron por negligencia de autoridades, Directores Responsables de Obra, ingenieros y de los constructores o responsables de los edificios.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) llegó a esta conclusión tras indagar los antecedentes de 28 edificios que cayeron o se dañaron durante el sismo, de acuerdo con las conclusiones presentadas este martes del proyecto ‘¿Por qué se cayó mi edificio?’.

“El terremoto del 19 de septiembre del 2017 es una tragedia sin explicación oficial, una catástrofe sin juicio a los responsables de las más graves de sus consecuencias y una lección no aprendida para la capital de la república”, abundó Salvador Camarena, Director de la Unidad de Periodismo de MCCI.

“Por parte de las distintas autoridades no se conocen a plenitud las causas de los daños, el origen de todas y cada una de las decisiones humanas que pudieron haber incidido en el colapso de inmuebles donde murieron al menos 228 personas y donde miles quedaron en desamparo”.

No se ha sancionado por la vía de tribunales y del juicio de la opinión pública a quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía bien desde un puesto público, desde la gestión empresarial o también se dan casos desde la ciudadanía misma, señaló.

Por ejemplo, Emiliano Zapata 56 fue construido sin respetar materiales y técnicas; en Bolivar 158 las conclusiones apuntan a que había advertencias de Cenapred de que existía un riesgo por una antena colocada en la azotea.

Thelma Gómez, coordinadora de las 28 investigaciones periodísticas, expuso que las autoridades locales obstruyeron la investigación de los colapsos.

“La mayoría de esas solicitudes no fueron contestadas incluso se reservaron expedientes”, advirtió.

Por ejemplo, la Delegación Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo A. Madero negaron o entorpecieron el acceso a la información ante más de 800 solicitudes.