Esposa de Lozoya es investigada por lavado de dinero

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La esposa del ex-director de Pemex Emilio Lozoya Austin, Marielle Helene Eckes, está siendo investigada por la  Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Se está manteniendo “contra la pared” a Eckes y su empresa Yacani por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

 

De acuerdo a información compartida por la organización no-gubernamental (ONG) Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), la Fiscalía General de la República (FGR) ha encontrado vínculos entra Emilio Lozoya  su familia y los operadores de AHMSA.  Según la investigación de UIF, la empresa de Eckes, Yacani, está ligada con “(…) presuntos sobornos que la empresa AHMSA, habría entregado al entonces director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, luego de que la empresa productora del Estado adquiriera la planta Agro Nitrogenados.”

 

Dentro de esta misma investigación sale el nombre de Tania Beatriz López Abud, quien tenía un puesto importante en la empresa de Alonso Ancira y además formaba parte de la empresa Yacani, cuya fuente de capital es principalmente Alemania.

 

“Cabe destacar que la empresa Yacani fue constituida ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a finales del 2014 con el siguiente RFC: YAC141125RJ5 que cuenta con domicilio en calle Presa Falcón en la colonia Irrigación, perteneciente a la alcaldía de Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, cerca del Museo Soumaya.”

 

(Con información de Eje Central)

Peña, Moreira y Del Mazo contrataron a empresa que ayudó a Odebrecht en sus corruptelas

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Una empresa fantasma fue encontrada como supuesta intermediaria de sobornos a través de mensajes secretos de Odebrecht. Recibió contratos de casi 180 millones de pesos por parte de la administración federal del ex-presidente Enrique Peña Nieto y de los gobiernos de los priístas Rubén Moreira en Coahuila y Alfredo del Mazo en el Estado de México. El concepto bajo el cual se recibió esta cantidad fue “de lavandería y limpieza”, según confirman documentos encontrados por Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

 

En documentos revisados por MCCI se encontraron transacciones de Odebrecht por 13 millones de dólares que involucran a 3 empresas mexicanas. Este dinero estaría ligado con actos de corrupción en México y otros países latinoamericanos como Ecuador y Venezuela. Casi 5 millones de dólares de este monto involucran a una empresa veracruzana creada en el 2008 con el nombre de PLC Servicios SA de CV y con domicilio fiscal en Monterrey, México. El Servicio de Administración Tribunaria (SAT) declaró a esta empresa “fanstasma”, ya que se determinaba que simulaba operaciones.

 

“Los mayores contratos a la presunta intermediaria de Odebrecht los otorgó la administración del actual gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, que entre diciembre de 2017 y agosto de 2018 desembolsó 172 millones de pesos.”

 

(Con información de Bajo Palabra)

Gobierno de AMLO adjudica sin licitar el 74% de los contratos

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Durante los 116 días que lleva la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se han adjudicado de manera directa 74.3% de los contratos registrados en Compranet, informó Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

De 28 mil 458 contratos subidos a la plataforma, solo en el 18.3% se utilizó la licitación pública y en el 7% la invitación restringida.

“En los 116 días que lleva este Gobierno se ha configurado un patrón recurrente de ejercicio de los recursos públicos a través de adjudicaciones directas o de invitación restringida que va en contra del espíritu de la Constitución y sus principios”, indicó el organismo en un comunicado.

Un ejemplo de estas adjudicaciones, destacó, son los contratos de los estudios para el Tren Maya por un total de 90.8 millones de pesos; la adquisición de 671 pipas para el abasto de gasolina por 1,765 millones de pesos o siete contratos de Pemex de “invitación restringida” por 44 mil millones de pesos.

En lo que va de la administración, Pemex ha adjudicado -por invitación restringida- al menos siete contratos por alrededor de 44 mil millones de pesos.

Estos contratos, señaló, corresponden a servicios de construcción de infraestructura, instalaciones de plataformas petroleras, servicios de perforación en campos terrestres, certificación de volúmenes de reservas, así como servicios de consultoría para un plan de acción ambiental de activos de Pemex.

“Este patrón de comportamiento se ha justificado con base en argumentos ad hoc de emergencia nacional, urgencia, prisa, sostener el ritmo de la nueva estrategia del Gobierno por acelerar la producción nacional”, destacó MCCI.

De acuerdo con Mexicanos contra la Corrupción, los estudios internacionales señalan que una de las principales herramientas para cerrar las ventanas de oportunidad de corrupción gubernamental es la adopción del método de licitaciones abiertas y transparentes tanto en compras gubernamentales como en infraestructura.

Hallan conexión en Nuevo León con desvíos para PRI

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Tras revelarse el desvío de 650 millones de pesos de recursos públicos de siete estados presuntamente para financiar campañas electorales priistas, ahora queda al descubierto que 133 millones se transfirieron a Monterrey.

Documentos financieros consultados por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) indican que la conexión con Nuevo León se dio por medio de una empresa “fantasma”: Productos Hermanos Garza Saucedo, creada en el 2015 y cuyos supuestos socios viven en modestas casas de sectores populares.

Según la investigación de MCCI, realizada a partir de declaraciones ministeriales de ex funcionarios del gobierno de César Duarte Jáquez en Chihuahua, procesados por desvíos de recursos, la empresa regiomontana recibió transferencias millonarias por lo menos entre abril y junio del 2016.

Como se dio a conocer el 21 de noviembre, la Operación Safiro, nombrada así por sus orquestadores, fue un mecanismo implementado en el 2016 por priistas para triangular recursos desde los gobiernos del PRI de Chihuahua, Durango, Sonora, Morelos, Colima, Edomex y la Delegación Milpa Alta en la Ciudad de México.

Estas administraciones “pagaron” en total 650 millones de pesos a 12 empresas fantasma por servicios no brindados.

Ricardo Yáñez y Karla Arely Jurado, ex secretario y ex directora Administrativa de la Secretaría de Educación de Chihuahua, ambos sentenciados por desviar recursos declararon que las firmas utilizadas estaban protegidas por el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En ese entonces, el dirigente nacional del PRI era el sonorense Manlio Fabio Beltrones Rivera, y el titular del SAT era Aristóteles Núñez Sánchez, quien dependía del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Cuatro de las 12 compañías implicadas triangularon millones de pesos a Productos Hermanos Garza Saucedo, que registró un domicilio en la Avenida Real de Cumbres, de la Colonia del mismo nombre, en donde sólo hay una vivienda de dos pisos, en medio de un negocio de barbacoa y un consultorio dental.

El 8 de octubre pasado, el Diario Oficial de la Federación publicó que la empresa regiomontana simulaba operaciones.

La documentación consultada por MCCI indica que, después de haber cobrado 55 millones de pesos al gobierno de Chihuahua, y 4 millones más al de Sonora, Servicios y AsesorÌas Sinnax transfirió a la empresa regiomontana 57 millones de pesos en abril del 2016.

En otro caso, Productos Hermanos Garza Saucedo recibió 41.2 millones del Despacho de Profesionistas Futura, que previamente había cobrado 90 millones a la administración chihuahuense.

Asesorías Samex y Constructora y Abastecedora Cofex, que recibieron contratos en Chihuahua, Sonora y Morelos, también le enviaron dinero a la empresa regiomontana.

Los accionistas de Sinnax, Futura, Samex y Cofex, entre los que se encuentra un ex policÌa arrestado por robo, tienen nexos familiares.

La empresa regiomontana fue constituida en septiembre del 2015 por Víctor Manuel Ramos Villarreal y María Isabel Villela Díaz, ambos con domicilios en sectores populares.

Él dijo vivir en la Colonia 18 de Marzo, en Monterrey, y ella en la Colonia Paraje San José, en García.

En el primer caso, la persona que vive ahí aseguró no conocer a ningún Víctor Manuel, aunque añadió que no es la primera vez que le preguntaban por él.

En el segundo caso, el esposo de Villela aseguró que ella no es empresaria, ni ha tenido contratos millonarios.

Sin embargo, dos días después, un hombre llamado Gerardo Reyna se comunicó con el equipo de reporteros, presentándose como el contador de Villela y de la empresa Productos Hermanos Garza Saucedo, misma que, aseguró, ya no realiza operaciones.

Ante el Registro Público del Comercio aparece como representante legal de la empresa un Juan Gerardo Cardoza Reyna.

En la documentación disponible no se aclara qué ruta siguió el dinero tras ser recibido por la firma regiomontana.

ONGs advierten que perdón a corrupción es pacto de impunidad

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Representantes de varias organizaciones de la sociedad civil, advirtieron que argumento del Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, de que perseguir corruptos del pasado desestabilizaría al País hace pensar que hay un pacto de impunidad.

“En el mejor de los casos es una amnistía, y en el peor de los casos es un pacto de impunidad, creo que estamos más cerca de este extremo”, dijo María Amparo Casa, presidente ejecutiva de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

Por su parte, el director general del Observatorio Nacional Ciudadano, aseguró que combatir la corrupción si desestabiliza, pero a un sistema, no a un País.

“La pregunta centra es: desestabiliza a quién, protege a quién debilita a quién. ¿Qué sabe el Presidente electo que no quiere compartir?” Si el Presidente electo toda la vida fue tan cauteloso y sabe de corrupción de quien por mucho tiempo señaló abiertamente, hoy tranquilamente se reúne con el Presidente de la República, a quien agradece la transición, entonces no hay una coherencia”, comentó la activista.

De México Evalúa, Edna Jaime, señaló que la decisión de López Obrador de no perseguir los actos de corrupción, evidencian el control que hablar sobre el sistema de justicia del País, en la siguiente Administración.

“Nos está anunciando, el próximo Presidente, que tendrá el control sobre el aparato de persecución criminal del Estado mexicano. Si es él el que va a decir, si se juzga o no a presuntos responsables de actos de corrupción, nos está anunciando que él va a tener el control del aparato de persecución criminal, lo que no es distinto a lo que tenemos”, advirtió Jaime.

Claudio X. González, de Mexicanos contra la Corrupción, cuestionó en sus redes sociales, la declaración del político tabasqueño.

Cabe recordar que el pasado martes, López Obrador aseguró que perdonaría a funcionarios que hayan cometido actos de corrupción. Ayer, en entrevista con la periodista Carmen Aristegui, dijo que investigar la corrupción, sería conspirar contra la estabilidad política del país. Luego se comprometió a realizar una consulta nacional para decir sobre el tema.

Por negligencia y corrupción cayeron edificios.- MCCI

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Los edificios que cayeron en el sismo del 19 de septiembre de 2017 colapsaron por negligencia de autoridades, Directores Responsables de Obra, ingenieros y de los constructores o responsables de los edificios.

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) llegó a esta conclusión tras indagar los antecedentes de 28 edificios que cayeron o se dañaron durante el sismo, de acuerdo con las conclusiones presentadas este martes del proyecto ‘¿Por qué se cayó mi edificio?’.

“El terremoto del 19 de septiembre del 2017 es una tragedia sin explicación oficial, una catástrofe sin juicio a los responsables de las más graves de sus consecuencias y una lección no aprendida para la capital de la república”, abundó Salvador Camarena, Director de la Unidad de Periodismo de MCCI.

“Por parte de las distintas autoridades no se conocen a plenitud las causas de los daños, el origen de todas y cada una de las decisiones humanas que pudieron haber incidido en el colapso de inmuebles donde murieron al menos 228 personas y donde miles quedaron en desamparo”.

No se ha sancionado por la vía de tribunales y del juicio de la opinión pública a quienes defraudaron la confianza de la ciudadanía bien desde un puesto público, desde la gestión empresarial o también se dan casos desde la ciudadanía misma, señaló.

Por ejemplo, Emiliano Zapata 56 fue construido sin respetar materiales y técnicas; en Bolivar 158 las conclusiones apuntan a que había advertencias de Cenapred de que existía un riesgo por una antena colocada en la azotea.

Thelma Gómez, coordinadora de las 28 investigaciones periodísticas, expuso que las autoridades locales obstruyeron la investigación de los colapsos.

“La mayoría de esas solicitudes no fueron contestadas incluso se reservaron expedientes”, advirtió.

Por ejemplo, la Delegación Benito Juárez, Coyoacán y Gustavo A. Madero negaron o entorpecieron el acceso a la información ante más de 800 solicitudes.