Sanción a la abstención

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El 24 de octubre de 2019, la Senadora Nadia Navarro Acevedo, integrante del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, presentó una iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en materia de obligación del voto.

Misma, que fue turnada para su estudio a las Comisiones Unidas de Gobernación; y de Estudios Legislativos.

En la referida iniciativa, esencialmente se propuso reformar los artículos 128, 447 numeral 1 y 456 numeral 1 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a efecto de combatir el abstencionismo electoral.

Lo anterior, considerando como nueva causal de infracción la no emisión del voto sin que exista causa justificada y, sancionando al infractor impidiéndole realizar gestiones o trámites ante los entes públicos federales, estatales o municipales durante el lapso que fije la autoridad electoral.

Siendo oportuno precisar, que no se pretende sancionar a quien libremente acude a las urnas y decide anular su voto pues no lo convencen las propuestas de los candidatos, sino por el contrario, únicamente se sancionará a aquellos que sin causa justificada se abstienen de cumplir con su obligación como ciudadanos de la República de acudir a las urnas en las elecciones.

Sobre el particular, considero que esta reforma es necesaria, pero sobre todo congruente con el texto de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en adelante CPEUM). 

Necesaria, puesto que tal y como lo señaló la Senadora Nadia Navarro Acevedo el abstencionismo electoral golpea fuertemente la democracia, siendo imperativo adoptar medidas para su disminución, sin contar el elevado costo financiero que esta práctica representa para el Estado Mexicano.

Máxime, que según se advierte del “estudio comparativo sobre la participación ciudadana en las Elecciones Federales de 2009, 2012 y 2015“, en México el promedio de participación ciudadana (contando elecciones intermedias y presidenciales) desde 1991 a 2015 es del 57.58%, es decir, existe un preocupante 42.42% de abstencionismo electoral.

Situación anterior, que evidencia la necesidad del Estado Mexicano, por una reforma como la que hoy nos ocupa.

Por su parte, la reforma es congruente con el texto de nuestra CPEUM, pues si bien es cierto, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 35 de la CPEUM votar en las elecciones populares es un derecho de la ciudadanía, lo cierto es que el alcance del referido derecho debe interpretarse como la facultad que tiene el ciudadano mexicano para ejercer su voto libremente en las urnas y no así, como la facultad del ciudadano mexicano para decidir sí acude a ejercer el derecho o no.

Lo anterior, puesto que a la par del derecho de la ciudadanía para votar en las elecciones populares, subsiste la obligación contenida en la fracción III, del artículo 36 de la CPEUM, que expresamente establece que son obligaciones del ciudadano de la república votar en las elecciones y en las consultas populares.

Esto, pues tal y como lo señaló, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en sus “Apuntes de Derecho Electoral” atendiendo a que la norma tiene que permitir el cumplimiento de lo ordenado, y la omisión de lo prohibido, encuentra significado el aserto de que todo mundo tiene el derecho de cumplir con sus obligaciones.

No es óbice, que lo anterior aparentemente resulte una contradicción, pues desde una perspectiva lógico-jurídica, votar se trata de una obligación que se traduce en la función pública de integrar los órganos de elección popular y que funda, a su vez, el derecho del ejercicio obligatorio de votar.

En este orden de ideas, siguiendo con la lógica-jurídica de que a todo incumplimiento de una obligación debe corresponder una sanción, es que resulta congruente la reforma que hoy se comenta.

Finalmente, espero que nuestros legisladores logren advertir la necesidad y congruencia de la reforma propuesta y, sea aprobada a la brevedad con las modificaciones técnicas correspondientes.

#Kleroterion: “Las elecciones, los candidatos y la invención del conflicto pre-electoral”

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Las candidaturas independientes son un eje nuevo en el sistema electoral mexicano de acuerdo con el INE representan la vía para que ciudadanos sin afiliación a algún partido político, puedan contender por cargos de elección popular de acuerdo con la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Esta forma de participación ciudadana es inédita porque en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales del año 1990 se estableció que eran derechos y obligaciones de los mexicanos 1) Constituir partidos políticos nacionales y agrupaciones políticas y afiliarse a ellos individual y libremente; 2) Es una obligación de los ciudadanos mexicanos el integrar las mesas directivas de casilla en los términos del código; y 3) Es derecho exclusivo de los ciudadanos participar como observadores de los actos de preparación y desarrollo del proceso electoral. Así, el derecho político ciudadano de votar y ser votado, sólo podía cumplirse mediante los partidos dejando fuera a quien no quisiera tener una representación partidista. Inclusive en reformas posteriores a este Código se asentó en el Artículo 281 que sólo los partidos podían postular candidatos a cargos de elección popular.

Sin embargo, cuando se promulgó la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales tras la elección presidencial del año 2012 se estableció la figura de candidato independiente y se abrió la posibilidad a las personas para contender en elecciones libres; hoy día, para registrarse como candidato independiente en las elecciones de Presidencia de la República, Senaduría o Diputaciones Federales debe presentarse la manifestación de intención ante la instancia correspondiente de acuerdo con el cargo de elección, conformar una Asociación Civil, abrir una cuenta de banco y reunir el número de firmas que corresponda al cargo de elección mediante la APP “Apoyo Ciudadano” desarrollada por el INE que corresponda. Para la candidatura a la Presidencia se estableció el 1% por ciento de la lista nominal de electores, equivalente a 866 mil 593 firmas, que deben distribuirse en 17 entidades federativas; para el caso de senadurías y diputaciones debe presentarse el 2 por ciento de la lista nominal de electores de la demarcación.

En los primeros días que los candidatos independientes comenzaron a recabar firmas cuestionaron la APP “Apoyo Ciudadano” por considerar que, en lugar de facilitar la recaudación de firmas hacía lento el proceso. María de Jesús Patricio Martínez expresó que el proceso discriminaba a los sectores menos privilegiados, puesto que se requería del uso de un dispositivo móvil de gama mediana y tener acceso a internet, así como luz eléctrica, servicios de los que carecían muchos de quienes que la apoyan y viven en municipios de alta marginación. Debido a esas críticas, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos del INE autorizó que se recabaran firmas en papel en los municipios de más alta marginación del país dado que existían problemas tecnológicos.

Si bien es cierto que algunos problemas con la implementación operativa del conteo de firmas y la aplicación electrónica, eso no debe significar descalificar el trabajo del Instituto Nacional Electoral, ni caer en descalificaciones ex ante en comicios tan competidos y complejos como los que se avecinan en nuestro escenario electoral. Es sustancial que los actores políticos independientes así como los partidos asuman que la elecciones mexicanas precisan estabilidad y compromiso que todos debemos atenernos a las reglas del juego,  que las elecciones implican transparencia y asumir que ninguna acción debe estar por encima del derecho, y ser responsables con lo que se dice. Jugar a tener legitimidad dañando a las instituciones democráticas es un despropósito porque miles de personas trabajan cada día para que en México tengamos elecciones libres, confiables y legítimas. Avanzar en tratar de construir conflictos pre-electorales es una apuesta con el absurdo, los partidos políticos y los candidatos independientes deben entender de una vez que las instituciones electorales (INE, TEPJF, y FEPADE) son torales en el proceso, que representan el interés de la ciudadanía, y que ningún bien se le hace al país con demeritarlas.

Recursos y campañas políticas

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En materia de recursos para los partidos políticos y las campañas básicamente hoy dos grandes modelos en el mundo. Uno de baja regulación que permite la participación de los privados, las empresas y diversos sectores para financiar las campañas políticas. El ejemplo de este modelo es Estados Unidos. Cuando tuve la oportunidad de acudir a la Convención Nacional Demócrata el año pasado una de las cosas que más llamó mi atención era que compañías privadas se ostentaran como patrocinadoras de dicho evento.

El otro existente es uno que tiende a regular los recursos en los procesos de elección pública, sobra decir que nuestro país debido a diferentes razones se encuentra en este segundo grupo. Prácticamente cada acto de los procesos electorales está normado, y desde hace por lo menos 20 años se crean nuevas leyes.

Sin embargo, la realidad de las cosas es que existe una percepción y evidencias mayores respecto a que los procesos electorales se mueven desde márgenes en que se busca cumplir la ley para no cumplirla. Las campañas cuestan mucho más de lo que reciben los partidos políticos, el día de la jornada electoral se presentan operativos de compra del voto, y bajo el signo de las libertades políticas diferentes actores hacen campaña año con año, haya o no haya elecciones, ya sea con la excusa de ser Presidentes de un partido o líderes de un movimiento social alimentado con recursos públicos.

Hoy nuevamente el financiamiento a los partidos políticos y sus candidatos está a debate, el cual gira sobre aspirantes a cargos de elección popular que se promocionan y hacen gastos que no son considerados en la ley electoral, por lo que se presume rompen con el principio de equidad en futuras contiendas. El tema es que estos actores sin ser candidatos, ocupando un cargo público y sin estar vigente el proceso electoral invierten en posicionamientos que van más allá del gasto en comunicación social, es decir, se trata de inversiones para buscar que sectores amplios de la población los conozcan y con ello dispongan de mayores márgenes de  negociación política, lo cual por cierto es ingenuo y no al mismo tiempo.

La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 242 punto 3 asienta “Se entiende por propaganda electoral el conjunto de escritos, publicaciones, imágenes, grabaciones, proyecciones y expresiones que durante la campaña electoral producen y difunden los partidos políticos, los candidatos registrados y sus simpatizantes, con el propósito de presentar ante la ciudadanía las candidaturas registradas”; así las cosas se regulan elecciones con periodos establecidos, empero hay actos que salen del esquema, casos en los que funcionarios públicos o actores políticos que “no están en campaña”, pero se comportan como si estuvieran; por tanto, cabría preguntarse qué regulación aplicaría si se parte del supuesto de que destinan recursos públicos para promover aspiraciones futuras, las cuales son inciertas. Tocaría el turno entonces a las flamantes: Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción; Ley General de Responsabilidades Administrativas, y lo que corresponda de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, sin embargo será por demás complicado ponerles freno, dada la tendencia a que actúen con amplios márgenes de discrecionalidad en este y otros rubros.

En su caso, habría de preguntarse si la autoridad electoral regularía esta materia para evitar que los funcionarios en lugar de trabajar atendiendo sus responsabilidades ocupen cargos y recursos de áreas comunicación social para posicionarse.  También está el caso de que sin destinar recursos públicos, grupos de interés si los destinen para posicionar al actor político en cuestión. Sólo que la pregunta es cómo se podría evitar esto, si existe un régimen de libertades y cada quien puede apoyar a quien quiera más aún sino hay elecciones.

Las respuestas están en las leyes porque en un país con tantas carencias no deberían gastarse miles de millones de pesos cada año en campañas con o sin elecciones, además hay que reconocer que la última reforma electoral aunque trató de ser equitativa terminó por fortalecer a las castas, pues lo únicos que aparecen en los medios son los que tienen un puesto público, coartando la libertad de ser votados para el resto ante la imposibilidad de generar conocimiento ante la opinión pública. Pero la respuesta sustancial está en la ética política, materia casi olvidada ante la creencia de que en política todo se vale, sólo que eso no es política.

#IntimidadesPúblicas: “El sueño de la segunda vuelta electoral en 2018”

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Es el 1 de julio del 2018. La jornada electoral de las elecciones federales ha concluido y los resultados respecto a la elección presidencial arrojan un importante resultado: nadie obtiene más del 50% de la votación.

La competencia entre los candidatos y la oferta electoral entre los partidos políticos fue dura. La votación de los candidatos ronda entre el 30% y 20%. La diferencia entre el primero y el segundo lugar es de tal sólo 3%, habrá segunda vuelta electoral.

La elección por segunda vuelta se celebrará en dos semanas más. Por un lado, un candidato impulsado por la izquierda y por el otro, la centra derecha impulsan al propio. Son dos semanas vitales para que quienes aparecerán en las boletas hagan todo lo posible para conseguir el mayor respaldo posible, desde las bases ciudadanas hasta las negociaciones con los partidos políticos que no pasaron a esta etapa.

Llega el domingo 15 de julio, la jornada electoral transcurre con algunas dudas. Después de todo, se ha optado por utilizar una nueva variable en nuestro sistema democrático que busca fortalecerlo después de una grave crisis por la que ha transitado.

Es así, como después de 30 años, se elige a un Presidente de la República con más del 50% de la votación de la elección, comenzará con la legitimidad suficiente que le permita tener la fuerza y empuje necesario para gobernar a un país como México.

Pero este escenario hipotético respecto a las elecciones del siguiente año no será posible aunque muchos crean que puede llegar a serlo. La Constitución en su artículo 105 es clara al mencionar que “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse…” y la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 225 menciona que “El proceso electoral ordinario se inicia en septiembre del año previo al de la elección y concluye con el dictamen y declaración de validez de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos”, por lo que dicho plazo ha vencido.

Independientemente de esto, valdría la pena cuestionarnos acerca de que tan positivo puede llegar a ser que se implemente una segunda vuelta electoral en nuestro país. ¿Cuáles serían sus alcances? ¿Se fortalecería la democracia? ¿Qué soluciona?

En lo personal, considero que dicha medida podría ayudar a que aquel candidato que resulte electo tenga mayor “legitimidad” al inicio de su mandato. Es decir, forzosamente más de la mitad de los electores habrán votado por él. Pero ¿votarían por él por ser la mejor opción o porque era “lo mejor” que había en la segunda vuelta? ¿Qué esto en todo caso no genera una legitimidad ficticia?

Dicho de otra forma, puede llegar a existir la concepción de que un candidato obtuvo un triunfo que genera más legitimidad, pero esto no quiere decir de ninguna forma que dicha legitimidad se traduzca en gobernabilidad. La gobernabilidad dependerá de muchas otras variables más allá del voto recibido por un sector de la población -el cual reitero podría considerarse como una “mayoría falsa” respecto a lo que el elector realmente quiso en la primera vuelta-, será necesario acoplar variables como: una conformación del Congreso distinta, una elección limpia, el apoyo organismos de la sociedad civil organizada, la obtención de votaciones favorables en Entidades Federativas clave, por nombrar algunas.

Desafortunadamente, en la actualidad quienes utilizan como discurso el tema de su aprobación en lugar de buscar fortalecer nuestra democracia es porque parecen estar más preocupados por buscar la forma de ser competitivos mediante esta fórmula, tal vez porque no ven posible serlo sin ella.

En fin, este tema podrá ser materia de discusión para próximas elecciones Presidenciales, pero queda jurídicamente descartado para el 2018.

Cierran Casillas, sigue los PREPs

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En punto de las 18:00 horas como lo marcan la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el INE ha iniciado el cierre de casillas en Coahuila, Veracruz y Estado de México.

Ante el cierre de casillas, los resultados de la jornada electoral procederán al sistema de escrutinio y cómputo, donde los ciudadanos podrán seguir el conteo en tiempo real en los siguientes enlaces:

Para Veracruz: http://www.ine.mx/prep-veracruz/

Para Coahuila: http://www.iec-prep.org.mx/Gobernador.html

Para Estado de México: http://www.prepieem.org.mx/rptDistrital.html

Para Nayarit: http://prep2017-nay.ine.mx/

Recuerda seguir en vivo las transmisiones por cadenas locales televisivas y el conteo directo del INE para mayor fidelidad.