#ElPesoDeLaResponsabilidad: “Gobierno Abierto en México: ¿La Alianza que no fue?”

En términos generales, Gobierno Abierto es un concepto que se emplea para caracterizar a aquel gobierno que inaugura un proceso de interacción con los ciudadanos, a través de una relación de doble vía, en la que éstos expresan sus opiniones sobre políticas públicas, coparticipan en la producción de bienes o servicios públicos, e intervienen activamente en el control y evaluación de la gestión gubernamental.

El concepto ha estado en el centro de numerosos estudios de Ciencia Política desde hace, por lo menos, una década. Quizás tomó su mayor proyección cuando en 2011 se creó la Open Government Partnership (Alianza para el Gobierno Abierto), con el propósito de construir la mayor instancia institucional global de intercambio y evolución conjunta en la materia. Precisamente, México fue uno de los ocho fundadores de esa alianza, junto a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos, Filipinas, Indonesia, Noruega, Reino Unido y Sudáfrica. Actualmente son 75 países los que se han adherido a la Alianza, realizando más de 2500 compromisos para hacer que sus gobiernos sean más abiertos y responsables (para más información sobre la Alianza se puede consultar: goo.gl/MyqZ4n).

La importancia del tema –y, aún más, de la Alianza– radica en que los instrumentos de cualquier gobierno que se considere “abierto” deben estar basados en tres principios fundamentales: 1) transparencia y acceso a la información; 2) participación activa de los ciudadanos en los asuntos públicos; y 3) colaboración entre diferentes sectores (público, privado y sociedad civil), con el fin de incrementar la eficiencia de la gestión del Estado y mejorar los servicios públicos y la calidad de vida de toda la población, aprovechando las ventajas del uso de las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Así, resulta evidente que este modelo pretende establecer nuevos elementos sobre la manera en cómo los gobiernos se relacionan con los ciudadanos. Uno de esos elementos es, sin duda, el valor de la confianza. Valor que, por naturaleza, debe ir en dos direcciones: de los ciudadanos a los gobernantes, y viceversa.

Me interesa escribir sobre este tema debido a que apenas el pasado lunes 19 de junio diversos medios de comunicación informaron, con base en un reportaje de The New York Times, a su vez elaborado a partir en un estudio del Citizen Lab de la Universidad de Toronto, que diversos representantes de la sociedad civil habían sido espiados a través de sus teléfonos celulares por medio de un software conocido como Pegasus, desarrollado por la empresa NSO Group Technologies, cuyo capital y oficinas centrales se encuentran en Israel. Como lo escribió ayer Salvador Camarena, el artículo del diario estadounidense amplía los hallazgos del reporte “Gobierno Espía, vigilancia sistemática a periodistas y defensores de derechos humanos en México”, dado a conocer por la Red de Defensa de los Derechos Digitales (documento que se puede revisar en el siguiente vínculo: https://goo.gl/r8pt89).

Sin embargo, este no es el primer caso de espionaje contra integrantes de la sociedad civil que se da en nuestro país. Ya en mayo pasado, el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) determinó retirarse de los trabajos de la Alianza para el Gobierno Abierto en el plano federal, argumentando que han perdido la confianza en el Secretariado Técnico, institución tripartita en la que participan representantes del Ejecutivo y del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (INAI), como órgano garante. En este sentido, organizaciones como Fundar, GESOC, Transparencia Mexicana y CIDAC, entre otras, censuraron la actitud asumida por las autoridades frente a evidencias de que se había violentado la privacidad de algunos de sus miembros. Sin confianza no pueden continuar participando en la Alianza, argumentaron.

Avanzar para que la construcción de los Sistemas de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción incorporen las exigencias de organizaciones civiles, académicas y empresariales, es un elemento indispensable para restaurar la relación Estado-sociedad. Como lo mencionó Jacqueline Peschard en su toma de protesta como presidenta del Comité Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción, no basta que los ciudadanos sepan qué hacen los gobiernos, por vía de la transparencia, sino que deben ser actores directos de las decisiones y políticas que aquéllos adoptan. Se trata, pues, de una nueva relación entre sociedad y gobierno, y para que prospere es indispensable que exista un dialogo basado en el respeto mutuo y la confianza de las partes.

El establecimiento de políticas relacionadas con Gobierno Abierto, construidas a partir de mecanismos transparentes y con aportaciones ciudadanas, ha demostrado ser eficaz en otras regiones del mundo. México no debe ser la excepción. Con todo –como se argumenta desde la Ciencia Política– se debe reconocer que Gobierno Abierto, como idea y como práctica, continúa siendo un concepto en construcción. Por desgracia, el contexto actual lleva a suponer que la idea difícilmente se podrá materializar mientras siga existiendo un déficit de confianza entre las partes. Toca ahora al gobierno actuar para recuperarla. Cuidado, si no lo hace, se puede perder una oportunidad que no regresará.

¡Cuidado, México! La guerra puede empeorar




Ha pasado ya una década desde que empezó la guerra contra las drogas en México, y vaya que hemos sufrido las consecuencias. Oficialmente, se estima que entre 2007 y 2014 fueron asesinadas más de 164,000 personas y, para que se den una mejor idea de la magnitud de esta cifra, lo pongo en el siguiente contexto: en Afganistán e Irak fueron asesinadas 103,000 personas en total durante ese mismo periodo [1].

Aunque a paso de tortuga, todo indica que el mundo occidental está abriéndose al debate de estrategias alternas. La guerra contra las drogas no se puede ganar, y esto ha sido evidenciado en el estable incremento de consumo de narcóticos. Un número cada vez mayor de académicos y políticos busca que se le atienda como un tema de salud pública, y no de defensa nacional [2].

Enrique Peña Nieto se abrió al debate [3], pero el gobierno mexicano ha mantenido una postura bastante conservadora, lejos del ejemplo del ex-presidente uruguayo, José Mujica [4]. Pero a esta administración le quedan dos años, y por eso es importante conocer las posturas de quienes pretenden sustituirla. Si no tenemos cuidado, la guerra pudiera ponerse peor.

¿Cómo es que nuestra situación actual puede empeorar? Es cuestión de mirar hacia Filipinas. Filipinas ya tiene tiempo con problemas de drogas; de acuerdo con la ONU, en 2012 este país era el mayor consumidor de metanfetaminas en Asia del este [5]. La guerra contra las drogas en este país apenas va por su tercer mes, y se estima que la cifra de muertos fue de casi 1,800 personas en sus primeras siete semanas [6].




El presidente, recientemente electo, Rodrigo Duterte, es conocido a nivel internacional por sus comentarios desatinados, como: “estaba enojado porque la violaron (…) Pero era tan bonita, que [Duterte] debió haberlo hecho primero. Qué desperdicio.” [7] O, la semana pasada, cuando llamó al presidente Barack Obama “hijo de perra,” provocando la cancelación de su reunión en Laos [8].

Además de ofrecernos titulares escandalosos, este hombre también sirve como una advertencia para México. Las tácticas de guerra de Duterte deben ser evitadas por nuestro país a toda costa. En Filipinas se le ha dado libertad a autoridades y civiles de matar bajo el cobijo del ejecutivo a quienes se sospeche de comercializar o consumir drogas.

A Duterte no le interesan los derechos humanos y ha sido vocal al respecto, ignorando las protestas de la comunidad internacional [9].

Dejemos de lado la cuestionabilidad de la misma guerra contra las drogas, además de las violaciones a los derechos humanos que la estrategia particular de Duterte implica, la falta de un debido proceso judicial pone en duda la criminalidad de los asesinados. Cómo confiar en policías y justicieros que no se basan en evidencias sólidas al fijar un objetivo. Cómo respaldar una estrategia que puede llegar a camuflajear de heroísmo alguna vendetta personal. Es una estrategia explosiva, y no cabe duda que los estragos de la misma se dejarán ver en los próximos meses.

A pesar de esto, Duterte cuenta con la aprobación de la mayoría de los filipinos; del 91% para ser exactos [10]. El pueblo mexicano debe rechazar a candidatos con propuestas parecidas a las de Duterte. La guerra debe terminar ya, y una táctica así la prolongaría indefinidamente.

Analicemos con cuidado a los presidenciables, desde hoy, vigilemos las posturas que tienen ante la guerra contra las drogas. Apoyemos a un candidato que abogue por el diálogo y el debate, y que base sus decisiones en investigaciones científicas; un candidato que pretenda limpiar y reforzar el sistema judicial, en lugar de hacerlo a un lado; un candidato que sea incluyente y que busque parar esta guerra que vamos perdiendo desde hace 10 años.




[1] Jason M. Breslow. “The Staggering Death Toll of Mexico’s Drug War.” PBS. 27 julio 2015. http://www.pbs.org/wgbh/frontline/article/the-staggering-death-toll-of-mexicos-drug-war/.

[2] Eduardo Porter. “Numbers Tell of Failure in Drug War.” The New York Times. 2 julio 2012. http://www.nytimes.com/2012/07/04/business/in-rethinking-the-war-on-drugs-start-with-the-numbers.html?_r=0.

[3] Presidencia de la República. “Conclusiones del Debate Nacional sobre el Uso de la Marihuana.” 21 abril 2016. https://www.gob.mx/presidencia/articulos/conclusiones-del-debate-nacional-sobre-el-uso-de-la-marihuana-29292.

[4] Gerardo Lissardy. “José Mujica sobre la legalización de la marihuana: ‘Los retrógrados se van a asustar’.” BBC Mundo. 7 mayo 2014. http://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/05/140506_uruguay_entrevista_jose_mujica_jgc.

[5] Manuel Mogato y John Chalmers. “As Duterte takes over in Philippines, police killings stir fear.” Reuters. 29 junio 2016. http://www.reuters.com/article/us-philippines-duterte-killings-idUSKCN0ZE300?feedType=RSS&feedName=worldNews&utm_source=Twitter&utm_medium=
Social&utm_campaign=
Feed%3A+Reuters%2FworldNews+%28Reuters+World+News%29
.

[6] Rishi Iyengar. “Almost 1,800 People Have Died in Seven Weeks in the Philippines’ War on Drugs.” Time. 23 agosto 2016. http://time.com/4462382/philippines-duterte-1800-killed-drug-war/.

[7] Travis M. Andrews. “Leading Philippine presidential contender: Gang rape victim ‘so beautiful’ he wishes he had ‘been first’.” The Washington Post. 18 abril 2016. https://www.washingtonpost.com/news/morning-mix/wp/2016/04/18/leading-philippines-presidential-contender-gang-rape-victim-so-beautiful-he-wishes-he-had-been-first/?tid=a_inl.

[8] Sheena McKenzie y Kevin Liptak. “After cursing Obama, Duterte expresses regret.” CNN Politics. 6 septiembre 2016. http://edition.cnn.com/2016/09/05/politics/philippines-president-rodrigo-duterte-barack-obama/

[9] Simon Lewis. “U.N. Experts Condemn Duterte’s ‘Incitement to Violence’ in the Philippines.” Time. 7 junio 2016. http://time.com/4359466/un-duterte-philippines-incitement-violence/.

[10] Miguel Syjuco, “This Is Why Philippine President Rodrigo Duterte Will Get Away With Murder.” Time. 16 agosto 2016. http://time.com/4453587/philippines-rodrigo-duterte-dictator-impunity-marcos/.

______________________________
– “Todos los puntos de vista son a título personal y no representan la opinión de Altavoz México o sus miembros.”