El Frente Ciudadano Por México, integrado por los grupos parlamentarios del PAN, PRD y MC, presentaron en voz de Clemente Castañeda, coordinador de Movimiento Ciudadano, una iniciativa que reforma la Constitución Política en materia de financiamiento público a los partidos políticos y eliminación de gastos no indispensables para la operación del gobierno.
De esa manera proponen eliminar el financiamiento público, tanto para actividades ordinarias como de campañas de los partidos políticos, e incluyen la significativa reducción “de los excesivos gastos del Ejecutivo, como es la publicidad gubernamental”.
En la exposición de motivos, se argumenta que en el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación presentado por el Ejecutivo federal para 2018, se plantea que el gasto en publicidad sea de 2 mil 623 millones de pesos, lo que representa 3.5 por ciento menos frente a los 2 mil 720, del 2017.
La iniciativa propone, además, que en las visitas de Estado sólo se destinen recursos públicos en carácter de apoyos y gastos sujetos a comprobación de manera limitada.
Asimismo, se suscribe que no podrán destinarse recursos públicos para adquirir seguros de gastos médicos mayores.
También prohíbe la entrega de telefonía celular, vehículos y gasolina, que actualmente se proporciona a los altos mandos, principalmente en el Ejecutivo Federal con cargo al presupuesto público.
En lo que respecta a los partidos políticos, en el documento se detalla que es necesario posibilitar el financiamiento de las actividades de éstos, a través de las aportaciones de particulares, personas físicas y jurídicas, tanto militantes como simpatizantes.
Generar un lineamiento constitucional para que los topes de precampañas y campañas se fijen de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, economía y austeridad, a efecto de que dichos procesos sean consecuentes con la realidad económica que enfrenta el país.
Es urgente crear un mecanismo que transparente y haga deducibles las aportaciones a los partidos y extenderlas a las personas morales, con esta medida se eliminará el financiamiento público y se asegurará que los recursos que llegan a los partidos son de procedencia lícita.