“Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual.” — Un epigrama de Jean-Baptiste Alphonse Karr en la publicación de enero de 1849 de su diario Les Guêpes (“Las avispas”).

Me había propuesto que estas publicaciones pudieran funcionar más allá de la coyuntura en que se lean, es decir, hablar de ideas y no de noticias. Sin embargo, hoy es necesario abordar un tema coyuntural que será el marco teórico para entender lo que sucederá en las próximas décadas en nuestro país.

Lo que ocurra durante septiembre de 2024 promete marcar el rumbo de la nación. Y no, no me refiero a las últimas semanas de La Casa de los Famosos. Es sorprendente lo poco mediático que ha sido el tema de la transición presidencial, en la cual, durante un mes, coinciden la nueva legislatura y los últimos días del actual presidente. Para sorpresa de nadie, resulta más cómodo ver 24 horas de un reality show que tomar conciencia de la compleja realidad que vive y vivirá nuestro país.

La nueva legislatura que entra en funciones este mes trae consigo una reconfiguración del poder digna de los giros más dramáticos de cualquier guion televisivo. La coalición Morena-PT-Partido Verde no solo ha asegurado la mayoría en ambas cámaras, sino que ha alcanzado la codiciada mayoría calificada. En términos prácticos, esto significa que tienen los votos suficientes para modificar la Constitución sin necesidad de negociar con la oposición.

Este “Congreso oficialista” llega en el momento más oportuno para el presidente López Obrador, quien se encuentra en la recta final de su sexenio. Con apenas un mes por delante, AMLO tiene la oportunidad de consolidar su legado a través de una serie de reformas que podrían aprobarse de manera “fast track”.

Este último tema ha sido especialmente polémico para quienes han seguido de cerca las elecciones de los últimos meses. Existe un término político llamado “sobrerrepresentación”, que ocurre cuando un partido obtiene, en función del mecanismo electoral correspondiente, un porcentaje de curules superior al porcentaje de votos obtenidos o permitido por ley. Sin embargo, esta limitante dejó de aplicarse para las coaliciones a principios de este milenio. La coalición que impulsó a la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, obtuvo el 59.7% de los votos en las elecciones presidenciales, y hoy cuenta con 373 diputados (el 74.6% de la Cámara de Diputados), quedándose solo a un curul de la mayoría calificada. De manera similar, alcanzan 83 escaños en el Senado, de los 128 disponibles.

A partir de esta semana y hasta el último día de su mandato, el presidente tiene la oportunidad de impulsar una cantidad considerable de iniciativas, pero sobre todo retomar aquellas que no lograron convencer al Congreso en su momento.

Entre las iniciativas que más resuenan está la polémica reforma al Poder Judicial. Este proyecto de ley, presentado originalmente el 5 de febrero de 2024 por el todavía presidente López Obrador, incluye 20 iniciativas que abarcan diversas modificaciones constitucionales y reformas secundarias.

La reforma judicial propone un cambio radical en el funcionamiento actual del Poder Judicial a nivel federal. En el centro de la reforma está la “democratización” de la elección de autoridades judiciales, sometiendo a elecciones populares más de 1,600 puestos gubernamentales, incluidos jueces, magistrados y ministros. En 2025, se elegirían ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito; la otra mitad sería elegida en 2027. También se plantea reducir el número de ministros de la Suprema Corte de 11 a 9, con un sistema de rotación para la presidencia cada dos años. Además, se propone sustituir al Consejo de la Judicatura Federal por un nuevo órgano encargado de administrar (y controlar) al Poder Judicial, y limitar las remuneraciones de magistrados y jueces, quienes no podrían percibir salarios superiores al del presidente.

Busquemos argumentos a favor…

No es ningún secreto que el sistema de justicia mexicano no es motivo de orgullo, plagado como está de corrupción y nepotismo. Los defensores de la reforma argumentan que la elección popular de jueces aumentará la transparencia y la rendición de cuentas, permitiendo que la justicia sea más accesible para todos los ciudadanos y fomentando una mayor participación ciudadana. La reforma se presenta como un paso hacia la democratización del sistema judicial, “asegurando que jueces y magistrados reflejen mejor la voluntad del pueblo”.

Cuanto más cambian las cosas, más permanecen igual…

La realidad es que la reforma al Poder Judicial nos dejará en el mismo lugar, quizá incluso algunos pasos atrás. Una reforma de este calibre en un sistema de justicia donde solo el 10% de los delitos son denunciados, y de esos casos, apenas el 1% llega a ser presentado ante un juez, no cambiará nada. La reforma no toca las fiscalías, ni las policías estatales, locales o comunitarias, donde ocurren las primeras injusticias sociales.

Me cuesta trabajo imaginar a cualquier ciudadano tratando de seleccionar a jueces entre hasta mil 600 boletas. La Reforma permitirá que los jueces deban favores políticos, inclusive anonimizando su participación en juicios a su placer. Hoy será posible ser parte del sistema judicial con 8 de promedio y la “recomendación” de un vecino.

La reforma, tal como se presenta, es una oportunidad desperdiciada para robustecer la justicia en nuestro país, donde la corrupción no termina, solo cambia de manos cada sexenio. La reforma quebrantará la autonomía de uno de los tres poderes, haciendo al partido hegemónico casi “dueño” de todos ellos: controlando el poder Ejecutivo con Claudia, el Legislativo con un Congreso sobrerrepresentado, y el Judicial con un sistema politizado que hace “valer la voluntad del pueblo”. Un pueblo manipulado, desconcertado, cansado y que ha decidido creer que las cosas cambiarán tanto, pero tanto, hasta dejarlas igual.